La decisión de Estados Unidos de autorizar que el Gobierno venezolano financie la defensa legal del derrocado presidente Nicolás Maduro no es un gesto político a su favor, sino, según expertos legales, una maniobra para proteger la integridad del proceso judicial.

Las sanciones estadounidenses al gobierno, así como varios funcionarios y empresas estatales venezolanas habían bloqueado el acceso a fondos vinculados al Estado venezolano, lo que complicaba la capacidad de Maduro de pagar a sus abogados.

Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, de los que se declaró inocente en enero.

Su abogado, Barry Pollack, pidió en febrero al juez federal, Alvin Hellerstein, desestimar el caso, alegando que las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impedían cubrir los honorarios legales y violaban su derecho a un abogado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Hellerstein expresó en una audiencia su escepticismo frente a esa limitación y subrayó que el derecho a la defensa es fundamental, sugiriendo que restringir los recursos legales del acusado podría poner en riesgo la validez del caso.

“La Sexta Enmienda garantiza el derecho a un abogado, y quienes contratan uno tienen derecho, con excepciones limitadas, a elegirlo. De lo contrario, una condena podría ser anulada y el caso tendría que repetirse”, advirtió el abogado y analista de CNN Joey Jackson.

Jackson subrayó, además, que los casos de esta magnitud requieren tiempo y recursos, y que una defensa bien financiada es clave para someter las pruebas de la Fiscalía a un escrutinio riguroso.

“Sin esas condiciones, los fiscales se arriesgan a enfrentar reclamos por ‘asistencia ineficaz de abogado’, otra vía que podría revertir una condena”, dijo Jackson.

Ante ese escenario, Washington acordó a finales de abril permitir que el Estado venezolano cubra los honorarios legales de Maduro bajo ciertas condiciones, en lo que representa una de las primeras victorias legales importantes para su defensa.

“Esto termina siendo una solución práctica y razonable para ambas partes. Para la Fiscalía, insistir en bloquear los fondos podía significar retrasar aún más un caso que ya avanza lentamente, incluso obligando a reiniciar parte del proceso si la defensa cambiaba de abogado,” dijo el exfiscal federal y analista de CNN, Elie Honig.

“Al mismo tiempo, los jueces no tienen la facultad de anular sanciones, que son decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo. En ese contexto, permitir el financiamiento evita un choque innecesario y mantiene el caso en curso”.

Más allá de los tribunales, la decisión también tiene eco en Venezuela, donde algunos la ven como una injusticia en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

“Nosotros realmente ahorita no tenemos esa capacidad adquisitiva. Yo creo que él tiene que pagar”, dijo Jorge Castro durante una protesta laboral el viernes en Caracas.

Ese sentimiento se repite entre quienes cuestionan el uso de recursos del Estado para financiar la defensa de Maduro.

El costo total exacto de la defensa legal de Maduro se desconoce, pero casos complejos como este pueden costar millones de dólares. Algunos abogados, especialmente los de primer nivel en Estados Unidos, llegan a cobrar hasta miles de dólares por hora.

“Hay una crisis humanitaria… y, aun así, del erario público van a salir millones de dólares para defender a (Maduro)”, opinó Estela Romero, otra ciudadana venezolana.

Sea cual sea el costo, no es que pagarlo resuelva los problemas de la población Venezuela. Varios analistas y organismos internacionales coinciden en que la recuperación de los sectores claves de ese país requerirá cientos de miles de millones de dólares.

Aunque Delcy Rodríguez y su administración confirmaron en documentos judiciales que el gobierno venezolano está dispuesto a pagar los honorarios legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según analistas, la decisión también reabre tensiones internas, expone estrategias y deja a la presidenta encargada de Venezuela en una posición incómoda.

El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray explicó en entrevista con CNN que el impacto político de la medida se juega, en gran parte, dentro del chavismo.

“Este llamado ‘chavismo originario’ tiene como punto de honor que se defienda a Maduro, porque lo ven como una derivación de Hugo Chávez. Pero esto lo rechaza mayoritariamente la población”, dijo Mundaray.

Según su análisis, el apoyo al chavismo es limitado. Cita sondeos recientes, realizados en las que califica de condiciones restrictivas, que, según él, lo sitúan cerca del 10 % al 15 % de la población, lo que, afirma, obliga al Gobierno interino a tomar distancia de Maduro.

“La misma Delcy Rodríguez ha venido borrando todos los símbolos de lo que es Nicolás Maduro de los espacios públicos y comunicacionales y hasta han hecho llamados a decir que en el pasado se cometieron errores, como si ellos no fueran parte de ese pasado”, dijo.

Aprovechando el anuncio del aumento salarial de la semana pasada, la presidenta encargada hizo un llamado a corregir esos errores.

El objetivo de Rodríguez y otros altos funcionarios es sostenerse en el poder, aseguró Mundaray, incluso a costa de Maduro. “Son a quienes menos les conviene que Maduro salga bien parado de este proceso”.

Esto deja a Delcy Rodríguez en un difícil equilibrio: por un lado, desmarcarse de Maduro y por el otro, retener a una base chavista, aún leal, que exige respaldo al exmandatario.

“Existen señalamientos de que Delcy Rodríguez es una suerte de traidora a aquellos supuestos principios (del chavismo) por el entendimiento que mantiene con los Estados Unidos”, dijo Mundaray.

Rodríguez ha defendido su cooperación con Estados Unidos como una medida pragmática para estabilizar el país y proteger su economía, al tiempo que insiste en que no compromete la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Con el tema del financiamiento resuelto, el proceso puede avanzar.

Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron conjuntamente a la corte una pausa de 60 días antes de la próxima audiencia, fijada ahora para el 30 de junio, un periodo que permitirá a los fiscales entregar a la defensa el volumen de pruebas contra Maduro y a sus abogados para analizar el material y preparar su estrategia.

El próximo paso de Maduro aún está por definirse, pero, según expertos, la defensa probablemente intentará que se desestime el caso por otras vías legales, incluyendo alegatos de inmunidad y cuestionamientos sobre la legalidad de su detención.

Según César de Castro, abogado defensor en casos de narcotráfico de alto perfil en EE.UU., el argumento de inmunidad se centraría en cómo se define el estatus de Maduro.

“En lugar de llamarlo presidente, la acusación lo describe como un gobernante de facto y sostiene que las elecciones en Venezuela fueron irregulares. ¿Pero según quién? ¿Le corresponde al sistema judicial de Estados Unidos hacer esa determinación?”, dijo De Castro.

Aun así, advierte que es poco probable que ese planteamiento prospere. El propio juez Hellerstein ya ha rechazado argumentos similares en el pasado y el precedente se extiende a otros casos contra gobernantes, como el exlíder panameño Manuel Noriega y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (luego indultado por el presidente Donald Trump), quienes intentaron sin éxito alegar inmunidad frente a cargos penales en Estados Unidos.

“La realidad es que los tribunales suelen deferir ampliamente al poder ejecutivo en la determinación de quién tiene derecho a la inmunidad”, agregó De Castro.

“Incluso si fuera reconocido como jefe de Estado, la Fiscalía puede argumentar que el narcotráfico y otras actividades ilícitas no forman parte de sus funciones oficiales”, detalló por su parte Honig, añadiendo que los argumentos que cuestionan la legalidad de la detención de Maduro difícilmente tendrán éxito.

“La ley estadounidense permite un amplio margen en la forma en que se captura a personas en el extranjero. El hecho de que un acusado haya sido llevado a Estados Unidos de manera ilegal no basta para que el caso sea desestimado,” explicó.

Pese a ello, De Castro insiste en que la defensa tiene varios incentivos.

“Desde el punto de vista estratégico, presentar este tipo de mociones obliga a la fiscalía a revelar más información del caso y las pruebas que tienen de la que es pública. Además, el trabajo de un abogado defensor no es solo ganar el juicio, sino también crear argumentos que puedan ser revisados en una apelación”, dijo.

Mientras tanto, los venezolanos siguen de cerca el caso, pendientes del destino del exmandatario.

Lo que para Washington es un proceso legal más, para muchos venezolanos es otro capítulo clave en la lucha por el control, la narrativa y la supervivencia política.

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