Aunque las reivindicaciones por una vivienda digna han acompañado históricamente a las grandes movilizaciones sociales, será en las primeras décadas del siglo XX cuando las calles de los grandes núcleos industriales vean organizarse las primeras huelgas masivas contra el aumento de alquileres. Varias de ellas derivaron en huelgas generales como la que mañana tendrá lugar en España.

La huelga de Buenos Aires y otras ciudades argentinas como Rosario, La Plata y Bahía Blanca en 1907 fue una de las pioneras. Miles de habitantes de los conventillos (casas de alquiler precarias) dejaron de pagar la renta como protesta contra las subidas abusivas y las malas condiciones de vida. En ella, las mujeres y niños lideraron protestas simbólicas como la famosa «manifestación de las escobas». La protesta acabará en derrota organizativa y represión, pero conseguirá también algunas concesiones parciales.

Durante la Primera Guerra Mundial tiene lugar la Rents Strike de Glasgow. En esta movilización, las mujeres lideraron una huelga de alquileres contra los aumentos de los propietarios aprovechando el contexto bélico. Consiguieron forzar al Gobierno británico a aprobar la Rent Act de 1915, que congelará los alquileres a niveles anteriores a la guerra.

De igual manera, la masiva movilización de inquilinos en los barrios obreros de Nueva York, en 1919, impulsaría las primeras legislaciones de control de rentas en Estados Unidos.

España, con una tradición preñada de luchas sociales y huelgas generales, será también protagonista de algunas de las movilizaciones más multitudinarias por el derecho a una vivienda digna y la rebaja de alquileres.

Barakaldo prende la mecha

La primera huelga por la vivienda de la que tenemos noticia en España es la de Barakaldo en 1905. La chispa prende en esa localidad cuando el 16 de mayo de ese año, un grupo de unas 300 personas, lideradas fundamentalmente por mujeres, consigue frenar un desahucio en la calle de San Juan arrojando piedras a la comitiva judicial. Tras un segundo intento de desahucio el 22 de mayo, las vecinas montan barricadas con los muebles bloqueando las vías del tren y del tranvía y paralizan el tráfico entre Bilbao y Portugalete. El conflicto pronto se extiende a Sestao y acaba confluyendo con una huelga fabril y minera en toda la zona que secundan miles de familias. Frente al estallido social, la autoridad responde como era habitual en la época: declara el estado de guerra y despliega al ejército, cercenando violentamente una lucha que, si bien no consiguió rebajar las rentas de manera instantánea, marcó un hito extendiendo la protesta a la esfera pública e influyendo en futuras normas legales que buscarían paliar en cierta medida la situación.

Precisamente la Ley de Casas Baratas de 1911 fue la primera legislación estatal destinada a facilitar el acceso a la vivienda digna para la clase obrera y frenar los problemas de insalubridad y chabolismo provocados por la revolución industrial. El objetivo de la norma era promover la construcción y adquisición de inmuebles y habitaciones económicas y saludables. Las viviendas gozarían de una exención de impuestos durante 20 años y los contratos de compra de terrenos quedaban exentos del impuesto de transmisión de bienes. Además, impulsaba la creación de cooperativas y patronatos dando origen a diversas colonias obreras en grandes ciudades como Madrid.

La ley supuso el primer reconocimiento del papel del Estado en la vivienda, pero sus resultados iniciales fueron más bien limitados, debido principalmente a trabas burocráticas y a los problemas de financiación. El conflicto por la vivienda y los alquileres seguiría aflorando de manera intermitente en años posteriores.

El Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos

Sevilla protagonizará la siguiente huelga masiva de inquilinos en 1919. La ciudad arrastra una crisis habitacional galopante, causada fundamentalmente por un déficit severo de vivienda asequible y unos precios de alquiler que absorben gran parte de los magros ingresos de la clase obrera y jornalera que lucha por encontrar un espacio donde vivir. En ese contexto, el médico anarquista Pedro Vallina Martínez funda la Liga de Inquilinos de Sevilla, que nace con el objetivo de «luchar contra los desahucios, mejorar las condiciones de vida de las familias que vivían de alquiler y frenar el gran poder de los propietarios y terratenientes».

Tal y como narra Vallina en sus memorias, «los abusos [eran] de tal índole que pronto germinó una cólera sorda en todas las clases sociales, pues hasta los empleados modestos, incluso sacerdotes pobres y militares de baja graduación, se gastaban un tercio del sueldo en el alquiler de una mala vivienda. Hasta que un día saltó la chispa y prendió fuego al polvorín de odios que se habían ido acumulando».

El Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos, del que Vallina es nombrado secretario y tesorero, lanza un manifiesto llamando al pueblo de Sevilla a la rebelión. La iniciativa tiene un éxito extraordinario y pronto llega a los 33.000 adherentes, «no sólo de la clase pobre, sino también de la media». El Comité toma como primera medida la incautación de las viviendas por quienes las habitan y la decisión de no pagar renta alguna hasta que no se haga realidad una rebaja del 50% en los alquileres y se supriman los intermediarios. La lucha se prolongó durante meses y no faltaron los incidentes violentos con columnas de cientos de personas que, empuñando «toda clase de instrumentos de destrucción y con una celeridad pasmosa», iban recorriendo las calles de la ciudad arremetiendo contra las viviendas «de los propietarios recalcitrantes».

Según cuenta Vallina, pronto se formaría una «cola interminable de propietarios […] pidiendo una hoja sellada y firmada por el Comité, en la que se hacía constar que se había aceptado nuestra demanda». Dicha hoja se fijaba en la puerta de la casa del propietario para que la vivienda fuera respetada. En la victoria de la huelga influyó también la existencia de «un gobierno liberal que no se atrevió a derramar la sangre del pueblo de Sevilla para proteger el egoísmo de la peor clase de propietarios» y evitó que se quemara el «último cartucho» que tenía en reserva el comité, que había decidido que, «en caso extremo, cada inquilino […] prendiera fuego a su vivienda el mismo día y a la misma hora, y después irse a vivir al hermoso parque situado a orillas del Guadalquivir, que reúne condiciones excelentes de higiene».

Otras regiones y ciudades irán recogiendo enseñanzas de esas primeras movilizaciones por la vivienda: en la primavera de 1920 cientos de mujeres, inquilinas de viviendas humildes en la calle Embajadores de Madrid, se manifiestan en la Puerta del Sol para protestar contra la propietaria, que les había subido los alquileres tres veces en dos años. En 1921, las Sociedades Obreras asturianas y distintas ligas de concejos mineros y localidades como Sama, Mieres, Oviedo y Gijón organizan mítines y campañas amenazando con el impago generalizado de las rentas y la posibilidad de llegar a la huelga de inquilinos si no hay acuerdos con los propietarios. Y en 1923 se constituye una Liga de Inquilinos en Tenerife para frenar los abusos en los precios de la vivienda que, pese a su efímera existencia por la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, va a dejar un poso organizativo en los conflictos posteriores de los años treinta en la isla. Son algunos ejemplos de una ola que se va extendiendo por los cuatro puntos cardinales.

100.000 familias dejan de pagar en Barcelona

A finales de la década de 1920, Barcelona vive una expansión sin precedentes gracias a las obras de la Exposición Internacional, la construcción del metro o la urbanización de la montaña de Montjuïc. Dicha actividad ha atraído a miles de inmigrantes de otras zonas de España y ha hecho que la ciudad pase de 600.000 habitantes a más de un millón en la década siguiente. Conforme van finalizando las obras y se sienten los efectos de la crisis provocada por el crac de 1929, la situación social se torna explosiva: el paro y el hambre se extienden por doquier y una ola de desahucios expulsa a decenas de familias de sus casas.

En 1931, recién estrenada la República, el Sindicato de la Construcción de la CNT, organización sindical hegemónica en la ciudad, decide crear un Comité de Defensa Económica (CDE), que busca unir luchas y negociar con la Cámara de la Propiedad y el Ayuntamiento para reducir el precio de los alquileres, paralizar los desahucios, atajar el paro y poner fin a la subida de precios de los alimentos. Ante la cerrazón institucional, el comité hará un llamamiento a la huelga de alquileres, exigiendo, entre otras cosas, la reducción del 40% del precio del alquiler o la exención del pago para los parados. La huelga, que daba comienzo el 5 de julio, era sec...

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