Los talibanes disolvieron hoy oficialmente el ministerio afgano para Asuntos de la Mujer, y en su lugar crearon el ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que se encargará de la rígida implementación de las normas islámicas y a cuyo frente estará Mohamad Khalid.

Al menos tres funcionarias del Ministerio de Asuntos de la Mujer confirmaron a Efe la supresión del organismo encargado de promover políticas públicas y derechos para las mujeres, asegurando que bajo el mandato de los talibanes «no existe» un ministerio para mujeres.

“Se abolió el Ministerio de la Mujer, los talibanes nos dijeron que ya no hay ningún ministerio para la mujer y que este se convierte en el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”, dijo a Efe Islamuddin, exfuncionaria de la desaparecida institución.

La eliminación de esta cartera quedó oficializada hoy por las autoridades del Gobierno islamista con la instalación de un nuevo letrero en el que se lee: «Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Emirato Islámico de Afganistán».

Decenas de empleados habían acudido ayer a sus oficinas para reanudar su trabajo, pero los talibanes “no nos permitieron entrar en el ministerio”, dijo Islamuddin.

«PENSAMOS QUE HABÍAN CAMBIADO»

El Ministerio de Asuntos de la Mujer fue creado en 2001 bajo el Gobierno del entonces presidente afgano, Hamid Karzai, como parte de los esfuerzos internacionales para abordar los asuntos de la mujer y tenía alrededor de 850 empleados en todo el país.

Durante las últimas dos décadas, la institución tuvo como misión desarrollar políticas, promover los derechos, eliminar la violencia y la discriminación contra la mujer, así como promover su participación activa en la vida social y política de Afganistán.

“Cuando los talibanes asumieron el poder, pensamos que habían cambiado, pero lamentablemente no vemos cambios en las opiniones y actos de los talibanes», dijo a Efe Dadras, exempleada del ministerio y activista por los derechos de las mujeres.

«El Ministerio de la Mujer fue una voz para las mujeres en Afganistán y en el mundo, pero fue abolido y convertido en otro órgano que no tiene nada que ver con los asuntos de la mujer y es un organismo que castigará al pueblo”, criticó. 

«LO PERDIMOS TODO»

 “¿Dónde está esa comunidad internacional que estuvo hablando de los derechos de las mujeres en los últimos 20 años, hoy nos quedamos atrás y solas, nadie nos escucha”, dijo la activista entre lágrimas.

Para Dadras la llegada de los talibanes, junto a la exclusión de las mujeres del Gobierno, y la pérdida del terreno ganado en los últimos 20 años, deja un camino incierto para el futuro de sus hijas, y las próximas generaciones femeninas de Afganistán.

«¿Por qué la comunidad internacional no nos apoya? Las mujeres lo hemos perdido todo, no tenemos a nadie que nos apoye”, lamentó.

A pesar de todo, algunas activistas creen que estás acciones no podrán silenciar las exigencias de las mujeres.

“No sé por cuánto tiempo vamos a ser testigos de la eliminación de la identidad y el papel de la mujer. Los talibanes deben convencerse de que no podrán eliminar y silenciar a las mujeres mediante la eliminación de un ministerio”, dijo a Efe la activista Basira Taheri.

“Estoy segura de que las mujeres intentarán encontrar la manera de salir de este país”, aseguró.

EL VICIO Y LA VIRTUD

El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ya estuvo en el gobierno del primer régimen talibán en Afganistán, que fue disuelto tras su expulsión de poder con la invasión estadounidense en 2001.

Los afganos todavía tienen presente amargos recuerdos de este organismo que, bajo el anterior régimen talibán 1996-2001, se encargó de supervisar e implementar una dura interpretación de la sharia, la ley islámica.

Los componentes de la llamada «policía religiosa», dependiente de ese ministerio, azotaban a los hombres en las calles por escuchar música, afeitarse, no rezar, y a las mujeres por no usar burka o velo integral, o salir a la calle sin un compañero masculino, padre, marido o hermano. La República.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que aún no se ha vacunado contra la COVID-19, confirmó este viernes que el domingo próximo viajará a Nueva York para participar, dos días después, en la apertura de la Asamblea General de la ONU, a la que presentará «las verdades» de Brasil.

«Viajo el domingo, hago el discurso de apertura el martes y luego regreso», declaró el mandatario, sin aludir a la polémica que existe en Naciones Unidas sobre la vacunación contra la covid-19, que exige el ayuntamiento de Nueva York, donde está la sede del organismo.

La ONU ha dicho que, como organismo dirigido por los Estados miembros, no puede imponerle condiciones a los gobernantes, pero de todos modos estudia la posibilidad de atender las preocupaciones de las autoridades de Nueva York, que a su vez no tienen control sobre el recinto del organismo internacional.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la obligatoriedad de la vacuna no puede ser impuesta a Bolsonaro en su condición de jefe de Estado, aunque el personal diplomático que le acompañe cumplirá con ese requisito.

Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha y que desde el inicio de la pandemia ha minimizado su gravedad, no se ha vacunado y ha dicho en diversas ocasiones que será «el último» brasileño en hacerlo, si es que llegara a hacerlo.

Aun así, garantizó que el próximo martes estará en la ONU para «mostrar las verdades, las realidades de Brasil y lo que representa para el mundo», sin adelantar detalles sobre su discurso, que en su condición de presidente brasileño, y como es tradicional, será el que inaugurará la Asamblea General.

El único punto que ya adelantó que tocará en su pronunciamiento será un debate sobre los derechos ancestrales de los indígenas brasileños a las tierras que existe en Brasil y es objeto de un juicio en la Corte Suprema.

En ese proceso se delibera sobre el llamado «marco temporal», que solamente reconoce como tierras indígenas aquellas que los pueblos originarios ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución brasileña.

Los indígenas, por su parte, sostienen que esa tesis acaba con sus «derechos ancestrales» y favorecería la legalización de áreas ocupadas antes de esa fecha por terratenientes que expulsaron por la fuerza a sus habitantes originarios a lo largo de décadas.

Según dijeron a Efe fuentes oficiales, ante la Asamblea General de la ONU también abordará el impacto económico de la pandemia, reiterará sus críticas a la situación de Venezuela y presentará a Brasil como un polo para las inversiones extranjeras.

El Gobierno ha informado que Bolsonaro ha incluido en su comitiva a 18 personas, que incluyen a ocho de sus 23 ministros.

Son los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos França; Economía, Paulo Guedes; Justicia, Anderson Torres; Salud, Marcelo Queiroga; Medio Ambiente, Joaquim Leite; Turismo, Gilson Machado; Seguridad Institucional, Augusto Heleno; y Secretaría General, Luiz Eduardo Ramos.

También integran la delegación, entre otros, la primera dama, Michelle Bolsonaro, y el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los cinco hijos del gobernante. EFE (I)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y más de 110 millones de sus compatriotas comenzaron hoy a votar en la primera jornada de unas elecciones legislativas en las que no participa la oposición extraparlamentaria, cuyos líderes han sido marginados, encarcelados o se encuentran en el exilio.

«¡Hagan su elección!», dijo Putin tras depositar su voto de manera electrónica en el despacho de su residencia en Novo-Ogariovo, a las afueras de Moscú.

Putin intentó así animar a sus conciudadanos a votar durante los tres días habilitados para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19, aunque la oposición sospecha que el partido del Kremlin, Rusia Unida, aprovechará las 36 horas de votación para manipular los resultados.

La votación comienza en un viernes

Como es tradición, las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente, fueron las primeras en abrir las urnas. Con todo, a media tarde, menos del 10 % de los rusos habían ejercido su derecho al sufragio.

Aunque la Comisión Electoral Central (CEC) negó irregularidades o problemas con las cámaras de seguridad, su presidenta, Ella Pamfílova, denunció las grandes colas y aglomeraciones en algunos colegios electorales.

«No se respetan las distancias sanitarias. Es inaceptable», dijo.

La prensa independiente llamó la atención sobre que esas colas fueron formadas por militares, profesores y trabajadores de empresas e instituciones públicas, granero electoral de Rusia Unida.

La oposición ha acusado en numerosas ocasiones a las autoridades de obligar a los empleados del sector público a votar a la formación oficialista so pena de despido.

«El problema no es la falsificación de los resultados, sino la postura de no hacer nada, ya que nada va a cambiar. Esa es una postura muy común en Rusia», señaló a Efe en castellano Dina, una observadora que vivió en Argentina.

Por ese motivo, ella decidió por primera vez dedicar sus tres días libres a velar por la limpieza de los comicios en representación del partido liberal Yábloko.

«Puede ser que no cambie nada hoy ni el próximo año, pero por lo menos hago algo, lo intento», señaló.

Estabilidad contra cambios

«Mejor que nos quedemos como estamos. Yo quiero continuidad y estabilidad», comentó a Efe Marina, una pensionista, justo después de depositar su voto en un colegio del norte de Moscú.

Rusia Unida, que busca renovar la mayoría constitucional -más de 300 de los 450 escaños de la Duma-, apuesta por los programas sociales para socavar los apoyos a los comunistas, el segundo partido en intención de voto, con más del 16 %, según los sondeos.

De hecho, Putin firmó hoy, en plena jornada electoral, un decreto sobre el pago de 50.000 rublos (casi 700 dólares) a las víctimas del Bloqueo de Leningrado (1941-44) durante la Segunda Guerra Mundial.

«Apoyar a las víctimas del bloqueo es nuestro sagrado deber moral. Todo nuestro país, todo nuestro pueblo siempre recordará la hazaña de los habitantes de Leningrado», aseguró.

Los comunistas informaron a Efe de que ellos no se fían de los tres días de votación, por lo que instaron a sus partidarios a quedarse en casa hasta el domingo.

«¿Los comunistas? Ya estuvieron en el poder. Lo importante es que yo me fío de Rusia Unida», comentó a Efe Alexandr.

Además de no poder participar debido a su encarcelamiento y el ostracismo de muchos de sus correligionarios, el líder opositor, Alexéi Navalni, vio como Google y Apple retiraban hoy de sus tiendas la aplicación sobre el «Voto Electrónico», programa que recomienda votar a los candidatos con más posibilidades de derrotar al oficialista, sean comunistas, liberales o nacionalistas.

Voto por internet

La novedad de estas elecciones es el voto electrónico. Según la CEC, 2,6 millones de rusos pueden utilizar esa opción en Moscú y otras seis regiones rusas.

«Como ustedes ven, en condiciones de restricciones sanitarias, he cumplido con mi deber cívico por internet, en formato electrónico», dijo Putin, como se pudo ver por televisión.

En las imágenes se ve al presidente ruso mientras tecleaba en su ordenador personal. «Gracias, su voto ha sido aceptado», le respondió el sistema informático de voto.

La comisión electoral espera que el voto electrónico supere el 90 % de participación -más de un millón ya lo hizo en Moscú- y que en un futuro se extienda por casi toda la geografía nacional.

«Yo voto con papeleta. Hasta he traído mi bolígrafo. Mi hija me prohibió usar el que nos dan aquí para que no me contagie», dijo una risueña Masha, una octogenaria moscovita.

Pamfílova denunció también una avalancha de ataques informáticos contra el portal estatal utilizado para votar telemáticamente, la mitad de ellos procedentes de EEUU, a cuyos gigantes tecnológicos Moscú ha acusado de injerencia electoral.

También empezaron hoy a votar los ciudadanos rusos de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y del Donbás (este de Ucrania), escenario de un conflicto desde ese mismo año, lo que ha sido condenado por Kiev y Occidente. EFE (I)

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, rompió este jueves su silencio tras la crisis desatada en el Gobierno después de que varios ministros del ala kirchnerista presentaran su dimisión tras la derrota oficialista en las primarias del domingo pasado, y pidió al presidente Alberto Fernández honrar la voluntad del pueblo argentino.

En una extensa carta difundida en su cuenta de Twitter, en la que consideró necesario cambios en el gabinete tras la debacle electoral, Cristina Fernández recuerda a Alberto Fernández que fue ella quien propuso su candidatura a la Presidencia en los comicios de 2019 con ella de segunda, y le solicitó que «honre aquella decisión».

«Pero, por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino», añadió.

La vicepresidenta argentina señaló que en las primarias para las legislativas el peronismo sufrió una derrota electoral «sin precedentes» y dijo que no es ella la que intenta jaquear al presidente sino que es «el resultado de la elección y la realidad».

El origen de la crisis se remonta al domingo pasado, cuando las listas de precandidatos a diputados y senadores de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, fueron más votadas que las del Frente de Todos en la mayoría de provincias durante las primarias en las que los ciudadanos debían elegir a los candidatos para las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Apenas tres días después de la derrota y según confirmaron fuentes oficiales, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y al menos otros cuatro ministros, todos integrantes del sector kirchnerista del Gobierno, liderado por la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, pusieron sus cargos a consideración del presidente, que evalúa si acepta o no las renuncias.

CAMBIOS EN EL GABINETE

Después de «semejante catástrofe política», la vicepresidenta argentina dijo que «uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones».

¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su Gobierno?, se preguntó la vicepresidenta argentina.

Cristina Fernández reveló que el martes pasado, a iniciativa suya y después de transcurridas 48 horas sin que se hubiera comunicado con ella, tuvo lugar su última reunión con el presidente.

En ese encuentro, Cristina dijo que le planteó que «era necesario relanzar su Gobierno» y le propuso nombres como el del Gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para reemplazar a Santiago Cafiero en la Jefatura de Gabinete.

La vicepresidenta argentina advirtió que no va a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre ella y «sobre nuestro espacio político».

 «A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan.. el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio», apuntó.

Además confirmó que se comunicó con el ministro de Economía, Martín Guzmán, «cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al Gobierno».

CRITICAS A LA GESTIÓN ECONÓMICA

Cristina Fernández también señaló que antes de las elecciones en sus reuniones con el presidente le expresó su opinión de que se «estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales».

La vicepresidenta argentina expresó su confianza en que el presidente no solamente «va a relanzar su Gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto».

Resaltó que faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI.. «más del doble de lo ejecutado y restando solo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social».

«No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia», añadió. EFE

Fiscales generales de 24 estados, entre ellos Florida y Texas, que presentan gran incidencia de la covid-19 en las últimas semanas, anunciaron este jueves que presentarán una demanda contra el presidente de EE.UU., Joe Biden, si insiste en obligar a las empresas privadas a la vacunación de sus empleados.

«El Gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas, y esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal», manifestó en un comunicado la fiscal general de Florida, Ashley Moody, al anunciar la iniciativa legal.

Señaló que los 24 fiscales, en su mayoría con Gobiernos republicanos, instaron en una carta enviada este jueves al presidente Biden a eliminar la orden de vacunas si no quiere arriesgarse a «una acción legal».

Los fiscales recuerdan en la misiva que el pasado 9 de septiembre el demócrata anunció una nueva norma de emergencia que afectará a todas las compañías que tengan 100 empleados o más, en las que trabajan al menos 80 millones de personas.

Esas empresas deberán garantizar que sus trabajadores están completamente vacunados o, de lo contrario, deberán mostrar un resultado de test negativo al menos una vez a la semana.

Según los fiscales el presidente se está extralimitando en sus funciones, al señalar que son los estados los que por ley deben velar y proteger la seguridad y salud de sus ciudadanos.

Subrayaron que «los estados están preparados para presentar una demanda después de la implementación del mandato planificado sobre los empleados del sector privado para recibir una inyección de la covid-19, someterse a pruebas semanales o ser despedidos».

Según los fiscales, «los riesgos de propagación de la covid-19 también varían ampliamente según la naturaleza del negocio en cuestión, muchos de los cuales pueden hacer que sus empleados, por ejemplo, trabajen de forma remota».

Biden también firmó un decreto a comienzos de septiembre que establece un mandato de vacunación para los 2,1 millones de empleados del Gobierno federal de Estados Unidos.

La carta está firmada también por los fiscales de generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming. EFE

Entre las personas vacunadas contra el coronavirus con el preparado de Johnson & Johnson hay un mayor porcentaje de contagiados que con otras vacunas, informó hoy el Instituto Robert Koch (RKI).

El ente gubernamental de control de enfermedades infecciosas detalló que hasta ahora, unos tres millones de personas se vacunaron en Alemania con Johnson & Johnson y de ellas 6.106 contrajeron la covid-19 a pesar de estar inmunizadas.

Ello supone que se reportaron aproximadamente 2.000 contagios por cada millón de vacunados con el preparado de Johnson & Johnson.

A modo de comparación, la vacuna más utilizada en Alemania, Biontech-Pfizer, registró unos 675 contagiados por cada millón de personas vacunadas.

La vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus es la única en la Unión Europea (UE) que solo requiere una dosis, según aprobó la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Los vacunados con Johnson & Johnson necesitan más tiempo para producir anticuerpos que los inoculados con vacunas de ARNm, explicó Carsten Watzl, secretario general de la Asociación Alemana de Inmunología, en declaraciones a dpa.

«En algunos casos, los niveles (de anticuerpos) siguen aumentando después de más de un mes de la vacunación», agregó.

Watzl apuntó que la vacuna conocida con el nombre de Janssen podría entonces proteger menos que otras ya que produce menores niveles de anticuerpos, pero sostuvo que, sin embargo, la vacuna protege eficazmente contra el desarrollo grave de la enfermedad covid-19.

Por su parte, una portavoz del gigante farmacéutico Johnson-&-Johnson indicó que actualmente ninguna vacuna contra el coronavirus puede prevenir las infecciones al 100 por cien.

«Se ha demostrado que nuestra vacuna de dosis única ayuda a reducir el riesgo de infección y a prevenir cursos graves (de la enfermedad)», agregó.

En el caso de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson, los datos indicaron una protección sólida y duradera durante un periodo de ocho meses, también contra la Delta y otras variantes del virus.

En tanto, Alemania registró 11.022 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y un descenso por cuarto día consecutivo de la tasa de incidencia en siete días con 74,7 contagios por cada 100.000 habitantes, informó hoy el Instituto Robert Koch (RKI).

El RKI informó de 20 muertes relacionadas con el virus en las últimas 24 horas.

El instituto contabilizó 4.125.878 infecciones confirmadas por Sars-CoV-2 desde el inicio de la pandemia. Es probable que el número total real sea significativamente mayor, ya que muchos casos no se detectan.

La tasa de hospitalización de pacientes por cada 100.000 habitantes en siete días fue hoy de 1,89, mientras que la víspera fue de 1,87. El valor más alto registrado hasta el momento fue de 15,5 en las Navidades pasadas.

En tanto, el RKI cifró en 3.873.700 el número de personas recuperadas, mientras que la cifra de fallecidos a causa de una infección confirmada por Sars-CoV-2 o en relación con la misma ascendió a 92.857. dpa

El Consejo de Ministros de Italia aprobó hoy un decreto para exigir el «pasaporte sanitario» de coronavirus a todos los trabajadores, medida que entrará en vigor el 15 de octubre y que hará de Italia el primer país europeo en pedir este certificado en el empleo.

El ministro italiano de Administraciones Públicas, Renato Bruneta, explicó en la comparecencia tras la reunión que «Italia se pone a la vanguardia en el mundo» con esta decisión, que busca permitir al país afrontar el invierno en mejores condiciones de seguridad para evitar nuevos cierres por la pandemia.

Brunetta destacó que la economía italiana va a crecer en torno al 6 % en el conjunto del 2021, frente a la caída del 8,9 % del 2020, y que esta iniciativa también va en la dirección de proteger esta reactivación.

El certificado, válido digital o en papel, demuestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo, periodo que ahora se amplía hasta las 72 horas, de las 48 de antes.

Este «pase verde», como se llama en Italia, ya se exige para determinadas circunstancias, como el acceso al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones, y ahora se pedirá a todos los empleados del sector público y privado.

La ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, explicó que el Gobierno de Mario Draghi también ha reducido el precio de las pruebas de coronavirus: serán gratuitas para quienes no puedan vacunarse, costarán de 8 euros para los menores de 18 años y 15 euros para el resto, frente a los alrededor de 20 euros que cuestan ahora.

Quienes no presenten el certificado o lleven una falsificación se enfrentarán a multas económicas e incluso hasta la suspensión temporal del empleo, aunque esto no significa que puedan ser despedidos, ha dicho por su parte el ministro de Trabajo, Andrea Orlando.

«El objetivo es incrementar la seguridad en los lugares de trabajo», añadió.

Italia tiene actualmente al 74,61 % de la población de más de 12 años inmunizada contra el coronavirus, cifras similares a las de sus vecinos en la Unión Europea.

La aplicación del certificado de vacunación genera tensiones en las filas del Gobierno, especialmente con la ultraderechista Liga, cuyo líder, Matteo Salvini, trata de ganar el favor de un sector de la población que se opone a la vacunación y sostiene que este pase sanitario es una manera de forzar a la gente a inocularse las dosis si no quiere someterse a pruebas moleculares o de antígenos continuas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal y también de los sindicatos para evitar nuevas restricciones para frenar la propagación del virus, pero los representantes de los trabajadores habían pedido el miércoles en una reunión con Draghi que la vacunación se haga obligatoria, escenario que el Ejecutivo «no contempla, al menos por ahora», según el secretario general del mayor sindicato del país, CGIL, Maurizio Landini. La República.

Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, comenzó a exigir este miércoles un certificado de vacunación contra covid-19 para entrar en lugares públicos y puntos turísticos, como el Cristo Redentor, en momentos en los que intenta contener el avance de la variante delta.

El comprobante de vacunación comenzó a ser solicitado este miércoles tanto a cariocas como a turistas, en algunos lugares con más rigor que otros, en espacios públicos como cines, teatros, estadios, gimnasios, piscinas, centros de entrenamiento, clubes, villas olímpicas, circos, salas de conciertos, museos, ferias comerciales, galerías, parques y lugares de recreación infantil.

Igualmente comenzó a ser exigido a los interesados en acceder a las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Brasil que más visitantes recibe, como el Cristo Redentor, el cerro del Pan de Azúcar, el acuario, el Jardín Botánico y hasta el estadio Maracaná.

La primera prueba de fuego de la medida será este mismo miércoles cuando, en la reapertura de los estadios de fútbol para el público tras más de un año cerrados, el Maracaná recibirá a 24.000 espectadores, la tercera parte de su capacidad, para un partido entre Flamengo y Gremio por los cuartos de final de la Copa do Brasil.

Todos los asistentes al estadio tendrán que presentar en la taquilla tanto el certificado de vacunación como un diagnóstico negativo para la covid realizado en las últimas 48 horas.

Río de Janeiro, segunda ciudad más castigada por la pandemia en Brasil, también estableció la exigencia del comprobante de vacunación para personas que quieran someterse a cirugías electivas tanto en hospitales públicos como privados, para los funcionarios municipales y para quienes reciben algún tipo de subsidio social.

Por ahora, y por presión de los comerciantes, la obligatoriedad no se extiende a restaurantes, bares, supermercados, tiendas y centros comerciales, que tendrán que respetar las otras medidas preventivas, como restricción del número de personas, distanciamiento y exigencia del uso de máscara.

Río, primera capital regional de Brasil en imponer esta medida, anunció la restricción el pasado 27 de agosto con la intención no sólo de frenar aún más la expansión de la pandemia sino también de incentivar la vacunación, principalmente entre miles de personas que no han acudido por la segunda dosis del inmunizante.

Según la Alcaldía, al menos 212.000 personas con más de 50 años no acudieron en el plazo establecido para la aplicación de la segunda dosis y otras 166.000 con más de 18 años no se presentaron en los puestos de inmunización ni para la primera.

En un inédito espaldarazo a la medida restrictiva de la Alcaldía, el Concejo municipal aprobó el martes, de forma unánime e incluso con el respaldo de legisladores de ultraderecha que se oponen a cualquier restricción, una ley que impone una elevada multa (1.000 reales o 200 dólares) a las personas que falsifiquen o presenten un certificado de vacunación fraudulento.

Pese a que los números de muertos y de hospitalizaciones por covid vienen cayendo en Río de Janeiro desde mayo como en todo Brasil, la ciudad sigue siendo la segunda más castigada por la pandemia en el país, tan sólo superada por Sao Paulo, y se convirtió en el epicentro de la variante delta.

Brasil, con cerca de 588.000 muertos y poco más de 21 millones de contagiados, es el segundo país en el mundo en número de víctimas y el tercero en casos, luego de Estados Unidos e India.

Y Río, segunda mayor urbe del país (6,7 millones de habitantes), es la segunda más castigada por la pandemia en Brasil, con 32.895 muertes y 460.999 casos desde el inicio de la crisis. Río tiene un número de decesos similar al de países como Ecuador y Hungría.

En contramano de todo Brasil -y tras algunos meses de descenso-, el número de contagios por el coronavirus aumentó entre julio y agosto en Río de Janeiro por causa de la rápida propagación de la variante delta, más transmisible y actualmente responsable por el 96 % de los nuevos casos registrados en la ciudad.

Río había registrado su peor mes de pandemia en diciembre, con 33.993 contagios, pero el avance de la vacunación hizo con que el número de casos cayera hasta 21.225 en junio. Sin embargo, con la llegada de la variante delta, las infecciones saltaron hasta 28.361 en julio y hasta un récord de 41.019 en agosto.

El avance de la vacunación fue el que impidió que el aumento de los contagios se reflejara en las hospitalizaciones y en las muertes. El promedio de muertes por covid en Río llegó a ser de 127 diarias en abril, en el pico de la segunda ola de la pandemia, pero esa media cayó hasta 60 por día en agosto. La República.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, denunció este jueves que el anuncio por el presidente estadounidense, Joe Biden, de una alianza con Australia, que supone romper un importante contrato de venta de submarinos franceses, se parece a la forma de actuar de Donald Trump.

«Esta decisión unilateral, brutal, imprevisible, se parece mucho a lo que hacía el presidente Trump», denunció Le Drian en una entrevista a la emisora France Info en la que insistió en que «esto no se hace entre aliados» y tendrá consecuencias.

«Nuestra posición -añadió- es de gran firmeza, de incomprensión y de petición de explicaciones y clarificaciones de unos y de otros».

La alianza de defensa en la región indopacífica entre Estados, Reino Unido y Australia ha tenido como primer efecto el anuncio por este último país de la cancelación de un contrato de compra de submarinos convencionales franceses, estimado en unos 56.000 millones de euros, para sustituirlo por otro de submarinos nucleares estadounidenses.

El jefe de la diplomacia francesa dijo que «es un golpe en la espalda» de Australia que «ha traicionado» la «relación de confianza» que se había establecido entre los dos países.

«Eso no se hace entre aliados», subrayó antes de advertir que los australianos tendrán que aclarar cómo pretenden romper los contratos que fueron resultado de unas conversaciones iniciadas en 2014 y que en 2019 habían establecido las condiciones y los plazos para la entrega del primer submarino en 2023.

Preguntado sobre las filtraciones en la prensa del descontento de Australia por el aumento del costo del programa y por retrasos, Le Drian reconoció que hubo «interrogaciones» pero no del tipo de lo que se ha manifestado ahora.

De hecho, explicó que tanto él como la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, habían mantenido vídeoconferencias con sus homólogos australianos y no habían dejado traslucir nada.

«Es una gran ruptura de confianza», repitió después de manifestar dudas sobre el acuerdo que ha podido establecer Australia para comprar submarinos nucleares a Estados Unidos.

«Es una decepción enorme», reconoció por su parte la ministra de Defensa en una conferencia de prensa posterior, en la que recalcó que París considera que Australia «ha faltado a su palabra», por lo que «vamos a estudiar todas las posibilidades» sobre posibles compensaciones.

Además, Parly recalcó que la ruptura del contrato supondrá la pérdida de miles de empleos en Australia.

Y apuntó a que la opción de dotarse de submarinos nucleares hará que ese país pierda su soberanía tecnológica frente a EE.UU., además de que tendrá que esperar mucho más tiempo hasta poder disponer de los nuevos sumergibles.

El grupo estatal francés Naval Group era el encargado de construir los doce submarinos de propulsión convencional (no nuclear) derivados de la clase Barracuda que emplea la Marina francesa.

Lo esencial del trabajo debía llevarse a cabo en astilleros australianos, lo que suponía una transferencia de tecnología.

Inicialmente el contrato era de unos 31.000 millones de euros, pero su costo se había disparado.

Naval Group señaló en un comunicado su «gran decepción» y avanzó que analizará «las consecuencias de esta decisión» con las autoridades australianas.

Para Francia esta nueva alianza entre EE.UU., Reino Unido y Australia en la región indopacífica de la que ha quedado excluida supone un revés tanto industrial como geoestratégico.

Y es que el acuerdo le margina en un área en la que tiene presencia territorial y de soberanía sobre un amplio espacio marino en los oceános Pacífico e Índico gracias a la posesión de numerosos archipiélagos e islas, entre ellos Polinesia, Nueva Caledonia y Reunión.

Ante ese nuevo escenario, la primera reacción de Le Drian fue volver a recalcar la necesidad de «la autonomía estrategia europea».

«No hay otra vía creíble para defender nuestros intereses y nuestros valores en el mundo, también en la región indopacífica», señalaron en un comunicado conjunto Le Drian y Parly. EFE

La investigación sobre los supuestos planes de un atentado contra la sinagoga de Hagen, en el oeste de Alemania, arrojó serios indicios de «una situación de amenaza de motivación islamista», informaron hoy las autoridades.

Según el ministro del Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, era de temer un ataque al templo el miércoles durante en la máxima fiesta judía, el Yom Kippur.

Los indicios indicaban específicamente la hora, el lugar y el autor del ataque. «Como había una referencia a la sinagoga, iniciamos inmediatamente medidas para prevenir el peligro», dijo Reul.

Explicó que se intensificó la protección de la propiedad y que se decidió cancelar una ceremonia prevista para ese día por la noche en la sinagoga de Hagen tras consultar a la comunidad.

Reul agregó que un joven de 16 años de Hagen con ciudadanía siria fue detenido temporalmente. Durante el registro de un piso, se encontró a otras tres personas que también fueron detenidas de manera provisional.

«Todavía se está investigando el grado de implicación de estas personas en el crimen», señaló el ministro.

La calle del centro de la ciudad donde se encuentra la sinagoga fue clausurada a una distancia de 250 metros. Un servicio religioso previsto para la noche del miércoles con motivo del Yom Kippur, la celebración central del calendario religioso judío, fue cancelada con poca antelación.

Hace dos años, un ultraderechista armado intentó entrar por la fuerza en una sinagoga en Halle, en el estado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Dado que la puerta resistió, mató a tiros a dos personas que estaban cerca e hirió a otras dos mientras huía.

El hombre de 28 años que confesó haber perpetrado el ataque de Halle fue condenado el año pasado a cadena perpetua por un tribunal alemán. Durante el juicio, el acusado expresó opiniones antisemitas y racistas y esbozó una teoría conspiratoria antifeminista. dpa

La República.

La Fiscalía de Perú rechazó este miércoles entregar el cadáver de Abimael Guzmán, fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, que falleció el pasado sábado en la celda donde cumplía cadena perpetua en la Base Naval del Callao, a su esposa, la también terrorista Elena Iparraguirre.

Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial de Twitter, el fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, resolvió denegar el pedido de la esposa de Guzmán tras ponderar «el orden público e interés social».

Así, el cuerpo de Guzmán quedará bajo custodia del Ministerio Público, a la espera de que «termine la investigación fiscal» y se decida el destino final de sus restos, que de momento siguen en la morgue del Callao.

PEDIDO DE LA ESPOSA

La resolución del fiscal Farfán llegó luego de que, el pasado domingo, un juzgado del Callao declarara infundada una demanda de habeas corpus presentada por Iparraguirre para que se le entregara el cadáver de su esposo y pudiera enterrarlo conforme a sus creencias.

El recurso fue rechazado por considerar que no existen fundamentos que demuestren una vulneración a la integridad personal ni a la libertad religiosa de la mujer, sentenciada a cadena perpetua por terrorismo.

El mismo día del deceso de Guzmán, Iparraguirre hizo unas llamadas telefónicas desde el penal de mujeres de Chorrillos, en el que está recluida, y presuntamente pidió «honor y gloria» a su esposo y aseguró que seguiría «su ejemplo de comunista hasta el fin».

A raíz de estas comunicaciones, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la incomunicación de la mujer, le abrió un proceso disciplinario y ordenó su traslado a un sector de máxima seguridad.

¿QUÉ HACER CON EL CUERPO?

Desde el día en que murió Guzmán, a los 86 años, las autoridades peruanas están inmersas en el dilema sobre el destino que se les dará a los restos de este criminal, responsable como líder de Sendero Luminoso de miles de muertos entre los años 1980 y 2000 en el  Perú.

La legislación vigente establece que los cadáveres sean entregados a los familiares directos del fallecido, siempre y cuando no haya una investigación en curso, pero no existe un marco jurídico específico sobre la disposición de cadáveres en situaciones especiales como la que se presentó con el cabecilla de Sendero.

Ante este vacío legal, el Gobierno ha insistido en la necesidad de evitar una tumba que incite a homenajes de sus seguidores, razón por la cual varios ministros y congresistas han sugerido que sea incinerado.

En esa línea, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó la víspera ante el Congreso una iniciativa legislativa para facultar que jueces y fiscales puedan decidir sobre la disposición de cadáveres que afecten al orden público.

De ser aprobada esta ley, los operadores de la Justicia podrán ponderar los derechos de los familiares ante un interés social o estatal más amplio y aplicarla en el caso de Guzmán, cuyo cadáver podría acabar siendo cremado. EFE

Los talibanes confiscaron unos 12,36 millones de dólares en residencias de ex altos funcionarios del Gobierno depuesto, que han sido entregados al Banco Central de Afganistán, informó hoy el ente emisor.

«En total, se ha recuperado la cantidad de 12.368.246 de dólares junto con una cantidad de barras de oro, la mayor parte de ella de la residencia de (el ex vicepresidente primero) Amrullah Saleh», dijo el banco central en un comunicado.

De acuerdo con el banco, casi la mitad del dinero fue hallado en las residencias de distintos altos funcionarios del gobierno.

Mientras que 6,5 millones de dólares se encontraban en la vivienda de Saleh, en la norteña provincia de Panjshir, desde donde el exvicepresidente lideraba la resistencia armada contra los talibanes.

En el comunicado, el banco dijo desconocer el «por qué y con qué propósito» los exfuncionarios guardaban este dinero en sus residencias.

En un breve vídeo difundido el pasado día 13 por los talibanes se les puede ver a estos contando varias maletas repletas de billetes y piezas de oro en una habitación, asegurando que el dinero provino de la casa de Saleh.

Sin embargo ni Saleh ni nadie de su círculo se ha defendido de las acusaciones.

La corrupción de los funcionarios y el uso indebido de los bienes del Estado fue una de las principales críticas hechas al depuesto Gobierno de Afganistán por la comunidad internacional y los afganos.

Pese a los esfuerzos anunciados por el depuesto presidente Ashraf Ghani, y por su predecesor Hamid Karzai, el Estado afgano no logró contener la corrupción que lastró el sistema.

Saleh había huido a la provincia de Panjshir tras el colapso del Gobierno de Ghani y su huida del país el pasado 15 de agosto, coincidiendo con la caída de Kabul en manos de los talibanes.

Una vez allí, Saleh se sumó al Frente de Resistencia Nacional contra los talibanes bajo el liderazgo de Ahmad Massoud, hijo del legendario comandante afgano Ahmad Shah Massoud.

Este frente, integrado por civiles rebeldes y soldados de las Fuerzas Armadas afganas que se replegaron en la provincia, estaban equipados con armas, insumos, y algunos aseguran haber recibido incluso salarios pagos por partes de sus líderes, aunque no está clara cuál era la fuente de financiación. EFE (I)

«Quien quiera a Tessa, tiene que votar a Ganserer» se lee en letras blancas sobre carteles verdes. En ellos se ve a una mujer con largos cabellos rubios recogidos de forma desenfadada detrás de la oreja. Sonríe feliz.

Sin embargo, la candidata al Bundestag (Cámara Baja del Parlamento) Tessa Ganserer, oriunda de Núremberg, está todo menos feliz por esos carteles. Son solo una solución de emergencia.

Y es que en las boletas electorales Ganserer aparece con otro nombre de pila, uno masculino, que esta mujer trans de 44 años dejó hace casi tres años y con el que no se identifica. «Para mí es muy doloroso y humillante», dice.

Ganserer representa a Los Verdes en el parlamento regional bávaro desde 2013. En los primeros años, aún con su nombre de pila masculino. En noviembre de 2018, se reveló como la primera política transgénero en un parlamento alemán.

Desde entonces, se presentó en público como Tessa Ganserer, la mujer que siempre fue, según explica.

En el parlamento bávaro, Ganserer lucha desde entonces como portavoz política queer por la igualdad de derechos y la aceptación social de las personas trans. Una pelea que también es personal y que ahora quiere continuar en el Bundestag «con la esperanza de lograr algo para que otros después de mí lo tengan más fácil».

Y es que como muchas otras personas en su situación, Ganserer se niega a modificar su nombre de pila y su género de acuerdo a la ley transexual vigente. La ley, que tiene 40 años, prevé que la persona se someta primero a un peritaje psicológico y una decisión judicial. Y eso implica muchas veces responder a preguntas muy íntimas.

Por eso, en el documento de identidad de Ganserer aún figura su nombre anterior. En la vida cotidiana eso significa que debe aclarar su identidad constantemente: cuando se somete a un testeo de coronavirus, cuando alquila un coche o cuando le controlan el billete en el tren.

La Asociación Alemana de Identidad Trans e Intersexualidad estima que el porcentaje de personas trans en Alemania es de entre el 0,3 y el 0,6 por ciento.

Hasta el momento no hubo relevamientos representativos en Alemania y, según la asociación Trans* e.V., no todos viven su transexualidad en todos los ámbitos de su vida. Según los estudios, en el ámbito laboral, dependiendo del sector, lo revelaron entre el 50 y el 70 por ciento de las personas.

En el Bundestag hasta ahora solo hubo una persona trans, pero que hizo la transición una vez concluido su mandato. «Las elecciones de 2021 en ese sentido son un momento histórico», dice Gabriel_Nox Koenig, de la asociación Trans* e.V.

Y es que con Tessa Ganserer, sus compañeras de partido Victoria Broßart (Baviera) y Nyke Slawik (Renania del Norte-Westfalia), así como la política socialdemócrata Ria Cybill Geyer (Brandemburgo) por primera vez están representadas las personas trans en las listas electorales.

Al menos en el caso de Ganserer y Slawik se considera bastante probable que ingresen al Bundestag, aunque también Broßart tiene posibilidades.

El cambio climático, pero también su historia personal, llevaron a Nyke Slawik, de 27 años, oriunda de Leverkusen, a presentarse por Los Verdes en las elecciones legislativas. «Tras mi transición, experimenté muchas cosas que sentí como discriminatorias«, escribe en un correo electrónico. «Como el humillante, largo y caro proceso de cambio de nombre».

A ello se suma que ella misma creció sin modelos, porque hasta ahora no había personas trans en la política. «Quiero cambiar eso», dice Slawik, y añade: «Espero que se vuelva más difícil discriminarnos como minoría sexual cuando por fin ocupemos nuestros escaños».

En mayo, Los Verdes y los liberales del FDP iniciaron un intento en el Bundestag de derogar la actual ley sobre transexualidad y reemplazarla por una de autodeterminación sexual. Pero fracasaron: los grupos parlamentarios del Gobierno y de la derechista Alternativa para Alemania (AfD) votaron en contra.

El Gobierno estadounidense confirmó este martes que mantiene suspendida la entrada al país de los afganos evacuados de Kabul, debido a la detección de seis casos de sarampión entre refugiados que ya han llegado a Estados Unidos.

El pasado viernes, la Casa Blanca afirmó que había detectado cuatro casos de la enfermedad entre los afganos trasladados a Estados Unidos, y fuentes estadounidenses aseguraron este martes que el número de contagios confirmados ha ascendido a seis.

«Hemos hecho pruebas a otros que han estado en contacto cercano (con los contagiados). Muchas de esas pruebas han dado resultado negativo, mientras que otras están aún en proceso de completarse», dijo un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica.

La fuente, que pidió el anonimato, agregó que todos los contagiados están «aislados en una de las ocho bases» militares a las que son transportados temporalmente todos los inmigrantes afganos al llegar al país, para terminar de completar los requisitos para conseguir un visado.

Además, dijo que las autoridades sanitarias están vacunando a todos los afganos alojados en esas bases contra el sarampión, las paperas, la rubeola y la varicela, un proceso que terminará seguramente «cuando acabe este próximo fin de semana», aunque las inmunizaciones tardarán aún un tiempo en ser efectivas.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró este lunes en una rueda de prensa que los vuelos de entrada de afganos a EE.UU. seguirían suspendidos al menos hasta el próximo día 20.

Añadió que tres de los casos de sarampión se habían detectado en Virginia, entre afganos que llegaron al aeropuerto Dulles de las afueras de Washington; otro en Fort Pickett (Virginia) y un quinto en Fort McCoy (Wisconsin).

El sexto caso no se confirmó públicamente hasta este martes, y las autoridades no aclararon dónde se registró.

La suspensión de los vuelos de entrada a EE.UU. se llevó a cabo por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que de todas formas está exigiendo que todos los evacuados se vacunen contra el sarampión.

La decisión ha ralentizado la gigantesca operación de evacuación de afganos que puso en marcha Estados Unidos antes de que sus tropas abandonaran ese país el pasado 30 de agosto, un día antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Entre el 14 y el 30 de agosto, EE.UU. evacuó a unos 6.000 estadounidenses y a unos 124.000 civiles entre colaboradores afganos y ciudadanos de otros países a bordo de vuelos militares propios y de sus aliados a través del aeropuerto de Kabul.

Según el departamento de Estado de E.UU. más de 55.000 evacuados afganos han sido enviados a Catar, que está sirviendo como parada transitoria antes de continuar su viaje a EE.UU.

También las instalaciones de la base de Ramstein, en Alemania, están recibiendo a evacuados afganos. La República.

La mitad de los venezolanos en Florida dice que retirará su apoyo a los senadores Marco Rubio y Rick Scott si no apoyan un estatus permanente migratorio para esta comunidad, mientras su apoyo al presidente de EE.UU., Joe Biden, ha mejorado por sus medidas migratorias, según un sondeo divulgado este martes por la Alianza Venezolana Estadounidense.

Los venezolanos dejaron ver que esperan más de los dos senadores republicanos que representan a Florida, que en el pasado se han pronunciado fuertemente contra el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Cerca de la mitad de los 506 encuestados (49 %) señaló que los dos perderían su apoyo si se oponen a otorgar un estatus migratorio permanente para los venezolanos que han sido beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

«Si bien más demócratas dejarán de apoyar a estos dos senadores que republicanos, sigue siendo un mensaje bipartidista para el liderazgo político en Florida», detalló Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) y quien estuvo a cargo de la encuesta.

Entre tanto, el demócrata Biden, que en marzo pasado concedió el TPS para los venezolanos, contó con el apoyo del 39 % de los encuestados y la desaprobación del 24 %, mientras que cerca de una tercera parte de los venezolanos (30 %) no se pronunció sobre ninguna de las dos opciones.

Sin embargo, el 52 % de los encuestados afirmó que su apoyo al presidente Biden había aumentado como resultado de la promesa de un camino hacia el estatus permanente para los beneficiarios de TPS.

La diáspora venezolana en Florida ha urgido a ambos senadores republicanos apoyar una ley federal que brinda la residencia permanente en Estados Unidos a beneficiarios del TPS, que incluye también a centroamericanos y haitianos, entre otro inmigrantes.

«Los senadores de Florida pueden perder el apoyo de la mitad de los 90.000 votantes venezolanos-estadounidenses elegibles de su estado si se oponen a un camino hacia la ciudadanía permanente», detallaron los grupos a cargo de la encuesta, entre ellos también la Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense de Florida y el Fondo IMPAC.

En general, los venezolanos de Florida han pedido el apoyo republicano para la aprobación del proyecto de la llamada Ley de Ambiente Seguro en Países Bajo Represión y Emergencia (SECURE, en inglés).

Esa iniciativa permitiría a beneficiarios calificados del TPS, solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, que a largo plazo ofrece la oportunidad para tramitar la ciudadanía.

La ley, que ayudaría a los titulares de TPS de 12 países, incluidos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador, necesita el apoyo de los republicanos en el Senado.

Solo en Florida hay unos 200.000 venezolanos elegibles para el TPS, creado en 1990 para otorgar residencia legal temporal a miles de personas oriundas de una docena de países que llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales o la violencia y la persecución.

Numerosos alemanes parecen haber hecho realidad su sueño de tener un amigo de cuatro patas durante 2020, en medio del confinamiento por la pandemia de coronavirus y las dificultades para viajar, según reflejaron hoy cifras oficiales.

De acuerdo con los números difundidos por la Oficina Federal de Estadística, el año pasado se recaudó una cifra récord por el impuesto que abonan los dueños de los perros en el país. 

Prácticamente en todos los lugares de Alemania los propietarios de canes deben pagar una tasa anual, que puede variar desde tan solo cinco euros (5,9 dólares) hasta incluso 186 euros, dependiendo del lugar en que residan.

En la capital alemana, Berlín, por ejemplo, esta cifra asciende a 120 euros anuales por un perro y 180 euros por cada can adicional. La mayoría de las comunas también impone un impuesto más elevado a los llamados perros de pelea y a razas de perros clasificadas como peligrosas.

Las arcas públicas germanas ingresaron alrededor de 380 millones de euros (449 millones de dólares) procedentes de este impuesto a la tenencia en 2020.

Para las ciudades y comunas, este número representó un incremento del 2,7 por ciento, en comparación al año anterior. En 2019, se habían recaudado 370 millones de euros a partir de esta tasa.

Entretanto, esta tendencia prosigue en 2021. En el primer trimestre de 2021 estos ingresos se ubicaron en unos 159 millones de euros, y de esta manera un 8,4 por ciento por encima del mismo trimestre del año anterior. En el primer trimestre de 2020, se habían recaudado 146 millones de euros del impuesto a la tenencia de perros.

De todas maneras, esta tendencia a tener una mascota viene consolidándose desde antes de la pandemia si se considera como indicador los ingresos procedentes de este impuesto. En el año 2010, esta tasa le aportó a las ciudades y comunas 258 millones de euros.

En cambio, las cifras estadísticas revelaron que los precios de los alimentos para perros y gatos se incrementaron por debajo de la media. 

En agosto de este año, los dueños y dueñas de perros debieron pagar solamente un 0,7 por ciento más por alimento que en el promedio del año 2015. En cambio, el índice de precios al consumidor subió en ese mismo lapso un 10,1 por ciento. dpa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, viajará a México para participar el próximo jueves en los festejos del Día de la Independencia mexicana.

«El día 16 se invitó al presidente de Cuba, al presidente Díaz-Canel, él va a estar en la ceremonia del día 16», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, cuestionado sobre si la invitación ha generado polémica.

“No podemos invitar a unos y a otros no, México tiene una relación de amistad con todos los pueblos”, agregó.

Asimismo, destacó la «relación de amistad» que México ha mantenido con Cuba desde hace muchos años, y anunció que Díaz-Canel también dirá unas palabras el día 16 de septiembre, como han hecho en anteriores ocasiones otros mandatarios.

Argumentó que la presencia de su homólogo en México en los próximos días es parte del “trato igualitario” que se ha dado a otros jefes de Estado que han sido parte de otras celebraciones por los 700 años de la fundación México-Tenochtitlan, los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, ahora rebautizada como «resistencia indígena», y los 200 años de la independencia del país.

En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recordó que la visita de Díaz-Canel al país se da en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realizará el próximo sábado en la Ciudad de México.

ESTADOS UNIDOS

López Obrador remarcó que en este año de conmemoraciones también se tiene programado otro evento para el 27 de septiembre, cuando se recuerda la consumación de la independencia.

Explicó que extendió la invitación a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, debido a que el jefe de la Casa Blanca no puede acudir, asistirá en su lugar el secretario de Estado, Antony Blinken.

Afirmó que para el día 28, donde se pedirá perdón a los pueblos yaquis, también hay invitados extranjeros y en diciembre, en la conmemoración de sus tres años de toma de posesión, igualmente habrá invitados civiles y militares de varios países.

“No podemos nosotros invitar a unos y a otros no”, dijo, y recordó que México tiene una relación de amistad con todo el mundo.

Además, López Obrador dijo que está «analizando» asistir a las Naciones Unidas en noviembre cuando México ocupe la presidencia del organismo del Consejo de Seguridad.

Este año, el Gobierno de México ha realizado una serie de eventos para conmemorar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, 500 años de resistencia indígena y los 200 años de la consumación de la Independencia, celebraciones a las que ha invitado a algunos mandatarios como a los de Bolivia, Ecuador, Guatemala y Argentina. La República.

El personal sanitario y otros colectivos profesionales en contacto con personas vulnerables, como los mayores, deben estar vacunados a partir de mañana en Francia para poder seguir trabajando, bajo la amenaza de que se les suspenda el empleo y el sueldo.

Esta obligación, anunciada el 12 de julio por el presidente, Emmanuel Macron, y adoptada por una ley aprobada de urgencia a comienzos de agosto, ha acelerado en este tiempo el ritmo de vacunación entre esos colectivos en las últimas semanas, pero sigue planteando retos por los problemas de personal que puede suponer en ciertos centros.

La ley estipula que desde el 15 de septiembre deben demostrar que han recibido al menos una primera dosis, y tener la pauta completa para el 15 de octubre.

El Gobierno ha advertido de que habrá controles y se aplicarán las medidas de sanción, que son la suspensión de empleo y sueldo. Únicamente se retrasarán si las personas concernidas se toman vacaciones o días libres hasta que demuestren haber sido vacunadas.

Según los datos oficiales actualizados en línea por la agencia pública de sanidad, hasta el 12 de septiembre un 94,6 % de los médicos habían recibido al menos una dosis y un 92 % estaban completamente inmunizados.

En las residencias, los porcentajes entre el personal eran algo inferiores: un 89,3 % con una dosis y un 85,4 % con las dos.

Además de los sanitarios y del personal de las residencias o de todo tipo de centros de salud, están sujetos a esta obligación los asistentes de personas con minusvalías o con enfermedades crónicas, el personal de transporte sanitario, los bomberos o los trabajadores de protección civil, entre otros.

En el dispositivo presentado por Macron el 12 de julio, para acelerar el ritmo de vacunación se impuso desde comienzos de agosto el certificado sanitario para muchos actos de la vida social, como ir a un estadio, al cine o incluso para tomar algo en un bar o en un restaurante.

Esa extensión del certificado sanitario, que demuestra haber finalizado la pauta de vacunación, haber superado la covid o tener un test negativo de menos de 72 horas, ha generado un movimiento de protesta, con manifestaciones que cada sábado sacan a la calle a decenas de miles de personas en todo el país desde hace nueve semanas.

Pero también ha tenido efecto sobre el ritmo de inmunización de la población general, de forma que Francia es uno de los países con mayor porcentaje de población vacunada de Europa y el mundo.

Hasta este lunes, habían recibido al menos una dosis 49,69 millones de personas, lo que significa un 73,7 % de la población francesa, y un 69,4 % tenían la pauta completa. La República.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló este lunes que cualquier condado o ciudad del estado que obligue a vacunarse a sus empleados enfrentará una multa de 5.000 dólares, una medida que refuerza la posición del republicano de desafiar el plan federal de inmunización.

«Vamos a defender a los hombres y mujeres que nos están sirviendo. Vamos a proteger los trabajos de Florida», dijo DeSantis durante una rueda de prensa ofrecida en el condado de Alachua (norte del estado).

De acuerdo con el diario Tampa Bay Times, de aplicarse las multas podrían sumar millones de dólares para los gobiernos locales del denominado «estado del sol».

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció la semana pasada la vacunación obligatoria contra la covid-19 de todos los empleados del Gobierno federal, y puso en marcha un plan para forzar también a hacerlo a la mayoría de los trabajadores de las empresas privadas del país.

Un día después, DeSantis prometió «luchar» contra el plan de vacunación anunciado por Biden, que —de concretarse— afectará a todas las empresas que tengan 100 empleados o más, un sector en el que trabajan al menos 80 millones de personas en todo el país.

DeSantis expresó también que con la eventual orden de vacunas en las empresas Biden está «actuando fuera de los límites de la Constitución».

Una de las primeras reacciones a lo dicho por el gobernador este lunes fue la del alcalde del condado Orange (centro de Florida), Jerry Demings, que ya estableció un requisito de vacunación de este tipo.

«No voy a tomar medidas que tengan un impacto adverso en la seguridad de nuestra comunidad. A veces, francamente, me pregunto si el gobernador realmente lo ve de esa manera o no. Puede decir que sí, pero yo creo que muchas de las decisiones que toma tienen una motivación puramente política», señaló Demings, según recoge el canal NBC 2 en Orlando.

Orange, uno de los 67 condados que tiene el estado, estableció que todos sus funcionarios deben estar parcialmente vacunados antes del 30 de septiembre y completamente antes del 31 de octubre.

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien acompañó a DeSantis hoy en la rueda de prensa celebrada en la localidad de Newberry, criticó a los alcaldes de ciudades y condados alineados con la orden federal.

«Es ilegal. Es inconcebible que confiemos en que estas personas se lanzarán frente a una bala por otras personas, pero no confiamos en que tomen una decisión por su propia seguridad», dijo Moody.

En estos momentos hay en Florida 11.547 personas hospitalizadas con diagnóstico de covid-19 y, de ellas, 2.820 en unidades de cuidados intensivos, según los últimos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).

Florida reportó este lunes 33.078 casos nuevos de covid-19 y otras 975 muertes por la enfermedad registrados desde el viernes pasado, indicaron los federales Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC). La República.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció este domingo, tras conocerse el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas en los principales distritos del país, que «algo» no habrá hecho bien su Gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba, pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre.

«Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención», dijo el mandatario al comparecer en el búnker en Buenos Aires del oficialista Frente de Todos, acompañado de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo, quien prefirió no hablar.

UN DURO REVÉS

Con el 90,07 % de las urnas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y bastión del peronismo, la lista de precandidatos a diputados que encabeza Victoria Tolosa Paz -única que postuló la coalición de Gobierno- cosechó un 33,50 % de los votos, superada por las dos presentadas por Juntos, la principal formación opositora, que aglutinaron el 38,20 %.

El triunfo del frente que integra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) -a quien el propio Fernández derrotó en las presidenciales de 2019 en medio de la grave recesión iniciada en 2018 que aún dura- también se repite en otros distritos clave como las provincias de Córdoba; Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.

«Sabemos que hay errores que hemos cometido y que no debimos cometer, de los errores aprendemos. Además evidentemente hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención», agregó el presidente.

Estos fueron los primeros comicios con él en el poder, por lo que los analistas los consideraron una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia -que se ha cobrado hasta ahora la vida de 113.402 personas y que ha dejado varios escándalos de índole política que han afectado al Gobierno- y la continuidad de la crisis económica.

SIN BAJAR LOS BRAZOS

En estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), unos 34 millones de argentinos fueron llamados a definir en las urnas , de entre las diversas listas presentadas por los partidos, las candidaturas que se presentarán a las generales del 14 de noviembre, en las que se renovará la mitad de diputados -con incorporaciones procedentes de todas las provincias y la capital- y un tercio del Senado, que este año solo renueva representantes de ocho distritos.

En el búnker, el mandatario aseveró que tanto él como quienes le acompañaban solo quieren «la felicidad» del pueblo: «vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos de que estamos enfrente a dos modelos de país: uno que a todos incluye y otro que a millones deja a un costado», remarcó.

Con todo, el jefe de Estado aseveró que tiene por delante dos años de Gobierno (hasta las presidenciales de 2023) y no va a bajar los brazos. «Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie sin pobres», enfatizó. EFE