La Mesa Política del Frente Amplio emitió una declaración sobre la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizó en la ciudad de México el pasado 19 de setiembre.

A través de la declaración, el FA considera muy positivo el cambio de rumbo propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior del Estado mexicano, “quien ha demostrado tener una visión clara, valiente y decidida en lo que respecta a los desafíos de la integración de América Latina y el Caribe en respuesta a la necesidad de promover una fuerte renovación en el vínculo entre las naciones, independiente y autónoma de la voluntad del gobierno de los Estados Unidos y de su ejecutora política, la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para el FA, la declaración final emitida por la Cumbre de la CELAC refleja en muchos aspectos de su visión sobre la situación regional.

La coalición de izquierda saluda el pedido del “cese definitivo del bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense a la hermana República de Cuba”.

Lacalle: Preocupa lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua cuando no se respetan los DDHH

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que ámbitos como la Organización de…

Violación de la soberanía de los Estados

Por otro lado, el FA lamenta profundamente el rol que ha asumido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “utilizando la voz que asume como país, para descalificar gobiernos de pueblos hermanos con los que Uruguay tiene relaciones diplomáticas”.

Asimismo, la izquierda expresa que el presidente omitió “la condena a países donde se aplica el terrorismo de Estado y violan los derechos humanos, con una actitud totalmente injerencista y violatoria de la soberanía de los estados y en contra de los principios del derecho internacional público de no intervención y la libre autodeterminación, que ha caracterizado la historia diplomática de nuestro país”.

“Reafirmamos una vez más nuestra voluntad de seguir profundizando los procesos de integración del continente, lo que permitirá posicionarnos como un actor de primer nivel en el escenario internacional, tomando en cuenta los desafíos que el mundo deberá enfrentar en el período post pandemia”, dijo el FA en su declaración.

En tal sentido, destacó la jerarquía internacional de la Cumbre, con las participaciones del secretario General de Naciones Unidas, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de la República Popular de China, Xi Jin ping.

Diaz-Canel y Maduro se enfrentan a Lacalle en cumbre de la CELAC

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, expresó preocupación por lo que ocurre en Cuba,…

Este sábado se reunirá el Plenario Nacional del Frente Amplio para aprobar las tres candidaturas a la presidencia de la coalición de izquierda y las presidencia de las departamentales.

Cada integrante del Plenario Nacional podrá votar hasta tres candidatos y candidatas.

Asimismo, se debe respetar el criterio de diversidad de género en la conformación de la lista final de candidatos en lo nacional y en lo departamental, no pudiendo ser todos del mismo género.

Las tres candidaturas que hayan obtenido la mayor votación en el Plenario Nacional, asegurando la diversidad de género, serán nominadas y remitidas al Congreso para su aprobación y habilitación en igualdad de condiciones y en una única votación en conjunto por los 2/3 de los congresales.

En las elecciones nacionales internas, convocadas para el 5 de diciembre de 2021, se elegirán, en simultáneo con la elección de los integrantes del Plenario Nacional y de los plenarios departamentales, en hojas separadas la presidencia del Frente Amplio y las presidencias departamentales.

Cinco precandidatos

Los precandidatos a la presidencia del FA son cinco, de los cuales este sábado se elegirán los tres candidatos que participarán de la elección de diciembre. Ellos son: Fernando Pereira, Gonzalo Civila, Ivonne Passada,  Cármen Beramendi y Beatríz Ramírez.

Fernando Pereira (ex presidente del PIT-CNT) cuenta con el apoyo de: el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma, Partido Demócrata Cristiano, Vertiente Artiguista, Nuevo Espacio y El Abrazo.

Gonzalo Civila, (diputado del Partido Socialista) tiene el respaldo del Partido Socialista, La Amplia, Casa Grande, Partido por la Victoria del Pueblo y el Movimiento Integración Frenteamplista.

Ivonne Passada, (ex senadora del MPP) fue presentada como candidata por la Comisión Asesora de Género del Frente Amplio de Maldonado.

Carmen Beramendi, (directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) es promovida por el Comité de Base “Quique Barlocco”.

Beatriz Ramírez (de larga trayectoria como mujer feminista, política y militante por los derechos de las personas afrouruguayas) es impulsada por el Comité de Base “Julio Spósito”.

Este viernes 24 de septiembre, la Mesa Política del FA se pronunció sobre el informe de la JUTEP en relación a ANTEL Arena y a la renuncia del representante frenteamplista en dicho organismo, Jorge Castro (Partido Comunista del Uruguay).

En tal sentido, el FA informa que han tomado conocimiento de la renuncia de Castro y de la fundamentación correspondiente.

“Señalamos nuestra preocupación por un inadecuado e insuficiente procedimiento para dar sustento a un informe sesgado que, entre otras cosas, no toma en consideración otros estudios, no se entrevista a los implicados y como se señala en el propio informe, reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables”, expresa la coalición de izquierda.

A la vez, el FA destaca que la construcción de ANTEL Arena es un “ejemplo de cooperación público-público que se realizó en el marco de una política que permitió a Uruguay posicionarse a la vanguardia a nivel mundial en el área de las telecomunicaciones”, y un significativo aporte a la cultura y el deporte de nuestro país.

“Fue parte de una visión global, junto al proyecto de Fibra Óptica al Hogar y la amplia cobertura de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, la construcción de un Data Center en Pando, el cable de conexión submarino que potencia la vinculación de Uruguay al mundo, entre otros logros”, se detalla en la declaración de la fuerza política.

El FA respalda firmemente a las autoridades responsables en los gobiernos frenteamplistas, que en su momento “participaron en la realización del proyecto ANTEL Arena”.

Desviar la atención

Por otro lado, la izquierda reitera su compromiso con la defensa de las empresas públicas ante las políticas de “desinversión y privatización que el Gobierno lleva adelante”.

En la declaración se expresa que “ANTEL es una empresa que ha sido sumamente exitosa, líder en el mercado de las telecomunicaciones y que ha volcado millones de dólares a Rentas Generales que han permitido desarrollar políticas públicas en beneficio de los uruguayos”.

El FA asegura que este hecho ocurre con “una clara intención de desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de  la concesión portuaria, a los hechos que motivaron la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo, y a las situaciones sucedidas con la población privada de libertad que son responsabilidad del actual gobierno de coalición, en el contexto de una respuesta popular creciente a la política regresiva instalada y con el horizonte del referéndum sobre la LUC”.

Inés Monzillo, diputada de Cabildo Abierto

La diputada cabildante, Inés Monzillo, dijo que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, “lamentablemente es vergonzosa”, en una conversación privada que luego tomó estado público.

El mensaje lo envió Monzillo a Federico Bianchi, secretario general de Diversidad del Partido Nacional y, luego del diálogo privado, Monzillo salió a responder por medio de Twitter: “@Fede217 (la cuenta de Bianchi)no es necesario que me «reten» por privado. Vivo en un país libre. Expreso lo que pienso. Sea del partido que sea. No por ser parte de un partido y menos de una coalición van a callarme”, dijo la legisladora.

“Y si mi partido crea una Comisión de la Diversidad seguro seré la primera en criticarlo e irme del partido. Son ustedes quienes generan la división y discriminación. Un saludo”, agregó la diputada del partido ultraderechista liderado por Guido Manini Ríos.

Monzillo contra la diversidad sexual

Federico Bianchi retuiteó las aseveraciones de Monzillo con una respuesta proponiéndole que publique toda la conversación que mantuvieron en privado.

“Estimada Diputada: lejos de retarla compartí con usted cuáles son nuestras pautas de comportamiento y la invité a actuar en consecuencia. Le propongo que publique TODA nuestra conversación en la que se plasma lo que aquí digo. Saludos y buen descanso”, dijo Bianchi.

Es ahí cuando la legisladora compartió una captura de pantalla de una conversación privada en la cual se lee, primero, un mensaje de Bianchi: “Querida compañera de la coalición: por cortesía, así como desde el Partido Nacional no opinamos sobre las decisiones orgánica o la estructura interna de Cabildo Abierto, nos gustaría que ustedes respetaran la nuestra y actuaran el consecuencia. Un saludo”.

Monzillo replicó: “No por pertenecer a un partido político y menos a una coalición me hace perder mi libertad de expresión. Lo que está mal, no me importa de dónde venga, está mal. Lo que está bien, venga de donde venga, está bien. Si tienen necesidad de sumarse al circo de la diversidad, bien por ustedes. Para mi es solo un circo patético. Y tenemos una vicepresidenta vergonzosa. Saludos”.

Estimada Diputada: lejos de retarla compartí con usted cuáles son nuestras pautas de comportamiento y la invité a actuar en consecuencia. Le propongo que publique TODA nuestra conversación en la que se plasma lo que aquí digo. Saludos y buen descanso ️‍️‍⚧️ //t.co/Amf7F06ien

— Federico Bianchi (@Fede217) September 22, 2021

En un tuit del 5 de setiembre, cuando iniciaba la celebración del Mes de la Diversidad, la legisladora ultraconservadora arremetió contra la lucha por la igualdad asegurando que setiembre “es el mes de la primavera”, y añadió: “¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”.

Foto: PCU/Twitter.

El informe de la JUTEP fue solicitado por ANTEL y se basa en una auditoría que realizó en su momento la firma Ecovis, cuyos socios son Marcelo Caiafa Arijón y Alejandro Bouzada Arijón. Dicha auditoría fue cuestionada por el Frente Amplio a raíz de que Caiafa es un confeso militante herrerista.

El dictamen de la JUTEP expresa que “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto ANTEL Arena”.

La resolución de la JUTEP lleva la firma de su presidenta, María Susana Signorino; del vicepresidente, Guillermo Ortiz; y del vocal (en representación del FA), Jorge Castro.

Ante la difusión del informe de la JUTEP, el Partido Comunista del Uruguay emitió una declaración en la cual expresa que el 21 de septiembre, la Junta envió al presidente del Directorio de ANTEL, Gabriel Gurméndez, su resolución del día 16 de setiembre, con un informe sobre una consulta sobre “el presunto hallazgo de irregularidades en la construcción del ANTEL Arena”.

Las conclusiones del pronunciamiento de la JUTEP, como lo reconoce expresamente el considerando 5 del mismo, “están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por ANTEL, las que se considerarán suficientes conforme el requerimiento del organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta debida de los funcionarios públicos, respecto de los servidores que gestionaron la construcción del ANTEL Arena”.

“Las herramientas elegidas para el logro de los hallazgos de auditoría, esto es si aquellas son confiables o suficientes y/o si las mismas constituyen una base razonable para justificar la opinión del auditor, son materias ajenas a la competencia de esta Junta”, expresa el PCU al citar el informe de la JUTEP.

Campaña de desprestigio

Asimismo, recuerda que tal como en su momento lo denunció el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), el representante del Frente Amplio en el Directorio de ANTEL, el Frente Amplio y también el PCU, el actual Directorio de ANTEL y especialmente su presidente, Gabriel Gurméndez, “están en una campaña de desprestigio y desmantelamiento de la empresa pública de telecomunicaciones, el ataque al ANTEL Arena, uno de sus principales activos, es parte de esa campaña”.

“Gurméndez y el directorio de ANTEL, contrataron una firma de auditoría externa, Ecovis Uruguay, perteneciente a un abogado reconocido militante del Herrerismo, con el único fin de tener un informe que les permitiera continuar con el ataque. Ese informe carece de toda seriedad y rigurosidad, como ya fue denunciado”, remarca el PCU.

En la declaración también se indica que el informe “fue utilizado públicamente en varias oportunidades, revelando sus conclusiones antes de que fuera entregado en el Directorio, en una conferencia de prensa adelantando que se pasaba a la Justicia sus conclusiones, anunciando que se lo enviaba a la JUTEP”.

El PCU, manifiesta que la JUTEP, al igual que el Directorio de ANTEL, “sólo toma en cuenta el informe de la auditoría del militante herrerista y no las auditorías internas anuales de ANTEL, ni la de la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC), que no señalaron ninguna irregularidad en la construcción del ANTEL Arena”.

“Es más, la JUTEP también contrató un asesor externo, por lo que este pronunciamiento se produce por un informe de un asesor externo contratado por la JUTEP, sobre el informe de otro asesor externo, especialmente contratado por ANTEL”, expresa el PCU.

Cargo a disposición

Por otro lado, el PCU indica que el representante del Frente Amplio en la JUTEP, Jorge Castro, “firmó el informe y señaló haberlo hecho ‘en la convicción de cumplir con obligaciones legales’, dejando en claro que era ‘un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión’”.

“Desde nuestro punto de vista fue un grave error, al haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores”, manifiesta el PCU.

Asimismo, “tras la notoria utilización pública del informe de la JUTEP, por parte de Gurméndez al igual que de integrantes del Partido Nacional, en su campaña de golpear el ANTEL Arena”, el PCU considera que en la actuación de Jorge Castro “hubo un error de apreciación”.

El PCU ratifica todos los pronunciamientos públicos del Frente Amplio, de SUTEL y del propio PCU sobre la “inexistencia de irregularidades en la construcción del ANTEL Arena”, y de común acuerdo con Jorge Castro, pone “su cargo a disposición del Frente Amplio, a quien representa y ante quien debe rendir cuentas”.

Foto: PIT-CNT

La empresa de encuestas Factum publicó en la noche de este jueves su más reciente encuesta de intención de voto con miras al referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Según la medición, 45% están en contra de la polémica legislación y 50% a favor, mientras que hay un 5% de indecisos o que votarían anulado.

Entre los que están a favor, 38% están seguros de que van a votar y 12% dijeron que “probablemente” lo hagan. En el otro grupo, 33% están seguros de que asistirán a las urnas y 12% “probablemente”. El total de “voto dudoso” de ambos grupos sumaría entonces un 24%.

De todos los colores

El color político también interviene en la decisión de los votantes: 4% de los electores del Frente Amplio están a favor de la LUC, o sea que 96% están en contra. Por el contrario, 8% de los votantes de la coalición multicolor están contra la legislación.

La encuesta se llevó a cabo entre el 1 y el 14 de setiembre de 2021 y tuvo una muestra de 900 personas: 450 por telefonía fija y 450 por celular. El marco muestral se basó en el Censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas.

El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q =0,5) es de 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de 3.3% en el de dos sigmas, según explicó Factum en su resumen.

Foto: Presidencia.

Lacalle participó este miércoles 22 de septiembre en la 76° Asamblea General de Naciones Unidas.

En su intervención, el mandatario destacó que hace casi dos años el mundo cambió por completo, lo que “afectó a todas las naciones ricas y pobres, a las grandes y a las pequeñas, a las desarrolladas y a las que no lo estaban a lo largo y ancho del planeta”.

Dijo que a ello se sumó que “no había un plan y cada país afrontó la pandemia con distintas recetas y resultados diferentes”.

Expresó que la pandemia evidenció fortalezas y debilidades, y reconoció el gran trabajo de investigadores, científicos y del sistema de salud, así como la gran labor de maestros y profesores que se ingeniaron para educar.

“La humanidad demostró su capacidad de adaptación ante una crisis de tal dimensión”, resaltó.

Inequidades

Por otro lado, el jefe de Estado señaló que la pandemia “desnudó las inequidades y las diferencias estructurales de cada país, así como la calidad democrática y la vocación sobre la libertad de distintos gobiernos y sociedades”.

En tal sentido, resaltó la “inmensa vocación democrática y de la libertad individual de Uruguay”.

“En los países donde el Estado cumple bien el rol de protección, los individuos más vulnerables pueden acceder a herramientas para ejercer su libertad. No podemos concebir la libertad sin responsabilidad y sin solidaridad, y el pueblo uruguayo demostró que con el uso de la libertad responsable fue posible atravesar un tramo importante de la pandemia, sin mayores contratiempos”, expresó.

Suministro no equitativo de vacunas

Por otro lado, el mandatario dijo que en el ámbito internacional, se registró una carrera contra el tiempo para desarrollar las vacunas.

Cuestionó que “hubo un suministro deficitario y no equitativo, que obligó a que cada país saliera a comprar por su lado”.

Se refirió a elementos que hacen a la libertad de los pueblos, como el económico, ya que durante la pandemia los gobernantes tendieron a protección a sus compatriotas, algo que no debe convertirse en proteccionismo.

“Necesitamos de la libertad de comerciar, de competir por excelencia, necesitamos acceder a mercados», dijo Lacalle, y agregó que Uruguay está en proceso de abrirse más al mundo, para lo cual “necesita una correlación con todos los países, bloques y grandes potencias”.

Hizo mención a la violación de los derechos humanos por parte de gobiernos que integran las Naciones Unidas. “Somos respetuosos del principio de no intervención, pero no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones”.

Se refirió a la libertad del futuro, con temas como la salud del planeta, y dijo que es momento de llevarlos a la práctica”.

ANTEL-Arena. Foto: LARED21/Archivo.

En las últimas horas se dio a conocer una resolución de la JUTEP sobre el proceso de construcción del ANTEL Arena, en la cual se indica que “la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en el proyecto, conforme la evidencia lograda por el auditor externo”.

Se expresa que la gestión general del proyecto “ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética”. También se manifiesta que como resultado de la auditoría externa “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto”.

La resolución de la JUTEP lleva la firma de su presidenta, María Susana Signorino; del vicepresidente, Guillermo Ortiz; y del vocal (en representación del FA), Jorge Castro.

Auditor externo

Precisamente, Castro dijo a diferentes medios de prensa que la Junta se remitió a información que les envió ANTEL realizada por un auditor externo.

Explicó que las conclusiones de la JUTEP son sobre el informe de auditoría, en el cual el ente de las telecomunicaciones solicitó evaluar si existían elementos que pudieran contravenir normas éticas o de transparencia pública.

“Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí, que no investigó la JUTEP”, remarcó Castro.

Cosse dijo que el Herrerismo está obsesionado con destrozar ANTEL y las empresas públicas

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresó que el informe de la Junta de Transparencia y…

Bouvier remarcó que ANTEL cuenta con el informe de la auditoría externa que dio a conocer a fines de 2020 y ahora se suma el dictamen de la JUTEP que dice que “hubo apartamiento a las normas del deber ser en el manejo de los recursos del Estado, y que también hubo apartamiento a conductas éticas”.

En el informe de JUTEP se indica que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, “estuvo ausente en este proyecto, conforme la evidencia lograda por el auditor externo”.

Se expresa que la gestión general del proyecto “ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética”.

Como resultado de la auditoría externa “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto”.

Bouvier dijo -en declaraciones a Arriba Gente de canal 10-, que la resolución de JUTEP no los tomó por sorpresa, porque era un informe que el organismo de las telecomunicaciones había solicitado a la Junta y se pensaba que tendría estas consecuencias, debido a los antecedentes que existían.

“No obstante, buscamos desde el principio un proceso prudente que tuviera un porcentaje importante de características técnicas. El pronunciamiento tiene un componente técnico, porque la JUTEP contrató a un técnico especializado para realizar el informe”, resaltó el Bouvier.

Denuncia penal

Aseguró que se trata de un insumo para presentar la denuncia penal, tal como así lo decidió en directorio de ANTEL en su momento.

Recordó que ANTEL determinó a fines del año pasado, cuando se conoció el informe de la auditoría, “realizar la denuncia penal y a la vez elevar los antecedentes a la JUTEP”.

“Tenemos el informe de una auditoría externa que dimos a conocer en su momento y ahora tenemos un dictamen de la JUTEP que dice que hubo apartamiento a las normas del deber ser en el manejo de los recursos del Estado y que también hubo apartamiento a conductas éticas e irregularidades. No hablamos de nombres, sino de las irregularidades y apartamientos y eso es lo que se pondrá a consideración de la Fiscalía”, aseguró el jerarca de ANTEL.

En las últimas horas, se conoció un dictamen de la JUTEP sobre la construcción del ANTEL-Arena, en el cual se expresa entre otras cosas, que “se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto ANTEL Arena”.

El informe de la JUTEP fue solicitado por ANTEL y se basa en una auditoría que realizó en su momento la firma Ecovis, cuyos socios son Marcelo Caiafa Arijón y Alejandro Bouzada Arijón. Dicha auditoría fue cuestionada por el Frente Amplio a raíz de que Caiafa es un confeso militante herrerista.

Pseudo-informe

Tras conocerse el dictamen de la JUTEP, este miércoles 22 de septiembre, la intendenta, Carolina Cosse, quien se encontraba al frente de ANTEL cuando comenzó la construcción del ANTEL-Arena, dijo que el informe que publicó ANTEL en las últimas horas es un “reporte del estudio de un militante herrerista, que es el dueño de la consultora Ecovis que hizo la pseudo-auditoría para ANTEL”.

“Para mí es una no noticia. Detrás de esto parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con ANTEL y las empresas públicas. Detrás de esta clase de informe, de la pseudo-autoría, y de la campaña que se está armando hay una intención de matrizar en la gente de que ANTEL no tiene que tener un arena”, cuestionó.

Agregó que ello denota una concepción “errónea” de las telecomunicaciones, remarcó que a nivel internacional cientos de empresas de telecomunicaciones tienen arenas, las arriendan, o llegan a acuerdos”.

Cosse añadió que también hay “una concepción de que cada vez haya menos Estado”.

Auditoría de Antel Arena la hizo empresa liderada por militante del Partido Nacional

La cúpula de Antel ignoró un informe de la empresa Price Waterhouse Cooper y dio prioridad a otro…

Están destrozando ANTEL

Por otro lado, la jefa de gobierno departamental capitalino manifestó que las nuevas autoridades “están destrozando ANTEL y nadie habla de ese asunto”.

“Nadie habla de un informe del director frenteamplista de ANTEL, Daniel Larrosa, que dice que “en varios escenarios, si se sigue con esta estrategia, se generará una perdida estimada de mil millones de dólares”, expresó.

Añadió que el gran logro de la actual gestión es “perder clientes”, porque en el 2019 la participación de ANTEL en el mercado era del 54%.

“Después sacaron el Internet de las Cosas y ahora, sospecho, que la participación del mercado de ANTEL debe estar bastante por debajo del 50%”, remarcó.

Resaltó que en 2019, ANTEL recaudó 3.400 millones de dólares que volvieron al Estado. Destaco que durante los gobiernos del Frente Amplio, el ente de las telecomunicaciones venía llevando adelante una estrategia que permitió la conexión masiva de fibra óptica en los hogares, la instalación del cable submarino en asociación con Google, la construcción del data center y del ANTEL Arena.

“No me voy a confundir con esta campaña. Quiero expresar mi total confianza en todas las personas y trabajadores de ANTEL que trabajaron para la concreción del ANTEL Arena”, sentenció Cosse.

Lee el informe completo de la JUTEP sobre el Antel Arena

Este es el texto íntegro del dictamen de la JUTEP sobre el Antel Arena.

Foto: Twitter / Antel Arena

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dio estudio a un análisis de la consultora Ecovis, que fuera enviado por la directiva de Antel respecto a la construcción del Antel Arena en vez de remitir otra de la empresa Price Waterhouse Coope (PWC) que había mostrado un resultado distinto.

El informe de la Jutep habla de un “auditor externo”, en alusión a Ecovis Uruguay, e indica que “la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos, para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto”. Lo que no se indica en todo momento es que Ecovis ha sido cuestionada por no ser apolítica.

Según publicaba el semanario Brecha ya en junio pasado, la consultora mencionada es liderada por el contador Marcelo Caiafa, reconocido militante del Partido Nacional que facturó $1.7 millones por sus servicios.

La Jutep aclara en insiste, en repetidas ocasiones durante su informe, que las conclusiones a las que llegaron se basan única y exclusivamente en lo dicho por Ecovis: “el presente asesoramiento se basa en las evidencias halladas por la Auditoría Externa realizada a requerimiento del actual directorio de ANTEL”, reza el documento.

Militante blanco

El contador Marcelo Caiafa es socio de la empresa Ecovis que se dedica a consultorías fiscales, residencias fiscales en Uruguay, subcontrataciones, auditorías y otros rubros afines.

Caiafa ha manifestado públicamente que es un militante del Partido Nacional y abierto seguidor de Luis Lacalle Pou. Según publica M24, el 26 de marzo de 2020 publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en cual alababa al presidente y al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado: “excelente como viene actuando el gobierno, esta crisis sirvió para desnudar lo que dejaron 15 años de mayorías parlamentarias y autoritarismo». «Un equipo que se hace cargo!! Orgullosos de ser blanco!”.

Según Caras y Caretas, anteriormente, la cuenta @marcelocaiafa1 había asegurado que una auditoría señalaba “falta de valores” por parte del gobierno de Tabaré Vázquez, y criticaba que se “bancaba a lumpenes”, cuestionando a la vez a dirigentes de la oposición por no ir “más a fondo” ante la supuesta “corrupción del FA”.

Para notar la falta de independencia de las auditorías, decía el senador frenteamplista Enrique Rubio en diciembre de 2020, “basta mirar los tuits de Caiafa”. Estas inspecciones, agregó, “las hacen correligionarios” del Partido Nacional.

Foto de archivo

Montevideo, 21 de setiembre de 2021

Señor Presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones Ing. Gabriel Gurméndez Armand-Ugon
PRESENTE
De nuestra mayor consideración

El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el ejercicio de sus competencias y dando respuesta al asesoramiento requerido por el Sr. Presidente de ANTEL (Nota N.-° 260/21 de fecha 14/06/2021 que recoge la resolución N°673/21 adoptada por el Directorio de ANTEL con fecha 2/6/21, Acta 2829), en sesión extraordinaria de fecha 16 de setiembre de 2021, por Acta N.° 954 dispuso la Resolución N.° 949/2021 que se adjunta.

Sin otro particular, saludan a Usted atentamente.

Jorge Casto – Vocal
Cr. Guillermo Ortiz – Vicepresidente
Esc. María Susana Signorino – Presidente

Resolución N. ° 949 /2021 de 16 de setiembre de 2021

VISTO: el Expediente N°2021/1046 remitido a esta Junta por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), relacionado con la auditoría externa practicada a instancias de dicho Organismo, respecto al “Complejo Multifuncional Antel Arena” (CMAA);

RESULTANDO: 1) que por Nota NO 260/21 de fecha 14 de junio de 2021, el Presidente de ANTEL, en cumplimiento de la resolución N O 673/21 de fecha 2/6/21 adoptada por el Directorio de dicho Organismo, remite a la JU TEP actuaciones vinculadas a los hallazgos de la auditoría externa practicada por la empresa ECOVIS URUGUAY, contratada por la Administración actuante, con relación a la obra CMAA. Conforme se expresa, a partir de la evidencia lograda, podrían haberse vulnerado normas de conducta en la función pública y principios éticos contenidos en las Leyes 17.060 y 19.823, así como en el Decreto 30/03. En tal sentido, y al amparo de lo dispuesto en el art. 43 párrafo 2 0 de la Ley 19.823 (que reproduce la previsión del art. 44 del Decreto 30/03), previo a la adopción de eventuales resoluciones administrativas a adoptar derivadas de las evidencias halladas, ANTEL requiere de la JU TEP asesoramiento en cuanto a la aplicación de las disposiciones legales citadas;

2) que, en el expediente remitido a esta Junta, consta copia de la resolución adoptada por el Directorio de ANTEL con fecha 2/6/21 (1\1 0 673/21 – Acta 2829), en virtud de la cual se dispone dar noticia a la Fiscalía General de la Nación de las resultancias de la auditoría externa en cuestión, y remitir los antecedentes a la JU TEP a los efectos ya señalados en
el numeral anterior. Asimismo, se adjunta informe de la Asesoría Letrada General de ANTEL, en el que se señala la posibilidad de que, como consecuencia de los resultados de la auditoría externa practicada a instancias de la Administración, existan apartamientos y contravenciones a principios rectores y normas en materia de procedimientos administrativos, que puedan vulnerar la normativa vigente (Estatuto del Funcionario de
ANTEL, Reglamento General de Actuación Administrativa, Leyes 17060 y
19823, y art. 177 del Código Penal), aconsejándose, en definitiva, que el Directorio proceda a accionar ante las autoridades judiciales y administrativas competentes;

3) que esta Junta asumirá competencia para proceder al asesoramiento requerido. En efecto, a partir de la Ley 17.060 (art. 4 num. 5 lit. A) y de su Decreto reglamentario N O 354/999 (art. 11), a la JUTEP le cabe como cometido el de asesorar a los organismos públicos que lo soliciten, así como pronunciarse sobre la regularidad en la ejecución contratos públicos. Más específicamente, el art. 44 del Decreto 30/2003 concibe el asesoramiento a los organismos y jerarcas públicos como un cometido accesorio; pero es a partir de la ley 19.823 de 18/9/19 (art. 43 numeral 2 0) que esta herramienta se consagra definitivamente entre las normas deontológicas allí previstas, dotándola el legislador de una importancia singular, al exigir que el consultante informe a la Junta – dentro de un plazo determinado – la resolución adoptada, una vez recibido el dictamen de aquella, debiendo acompañar a la consulta opinión de su asesoría letrada, extremo este último que se cumple en la especie;

4) que conforme la previsión del art. 337 de la Ley 17.296 de 21/2/01, art. 3 del Decreto N O 239/01 de 27/6/01 y art. 98 de la Ley 18.046 de 24/10/06, esta Junta procedió a la contratación, en régimen de arrendamiento de obra, de un profesional letrado especializado, conforme contrato suscripto el 8/7/2021, a fin de analizar la documentación remitida por ANTEL y exponer su opinión al respecto. Dicho profesional presentó su informe en tiempo y forma, de conformidad al objeto del contrato, siendo su asesoramiento insumo principal para el presente dictamen;

5) que es necesario precisar que las conclusiones que se expondrán en la presente resolución, están fundadas en las evidencias logradas por el Auditor Externo contratado por ANTEL, las que se considerarán suficientes conforme el requerimiento del Organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta debida de los funcionarios públicos, respecto de los servidores que gestionaron la construcción del CMAA. Las herramientas elegidas para el logro de los hallazgos de auditoría, esto es si aquellas son confiables o suficientes y/o si las mismas constituyen una base razonable para justificar la opinión del auditor, son materias ajenas a las competencias de esta Junta;

6) que la auditoría externa oportunamente requerida por ANTEL, tuvo por objeto el pronunciamiento por parte del Auditor respecto a tres puntos principales: costo total del CMAA, el sistema de contrataciones utilizado en general para la obra y su adecuación a las normas vigentes, y la gestión general del proyecto conforme los resultados económicos del mismo durante el período auditado. El presente dictamen seguirá precisamente ese orden, señalando las evidencias logradas por el Auditor y precisando las normas y principios que pudieron haberse vulnerado por los administradores públicos actuantes en la gestión del proyecto denominado CMAA;

7) que en lo que refiere a los hallazgos obtenidos respecto al costo total del CMAA, el Auditor Externo señala esencialmente:

7.1- Que una vez recogida toda la información a la que pudo acceder, el costo total de la obra en cuestión alcanzó los U$S 119:721.147;

7.2- Que la ejecución de la obra presentó debilidades importantes, principalmente al comienzo del proyecto, que se fueron subsanando en general, manteniéndose otras, principalmente en lo que hace a la gestión del Cronograma Maestro;

7.3- Que la gestión del proyecto fue parcial en todo momento, desde que «no contempló el aspecto financiero» del mismo. La propia consultora contratada por ANTEL no pudo establecer un análisis de flujo de fondos, lo que impide constatar si aquellos resultaron suficientes para la ejecución del proyecto, señalando que «no tuvieron acceso al presupuesto general del Proyecto por razones de confidencialidad»;

7.4- Que conforme lo expresado por quien se desempeñara como Gerente General de ANTEL en la época, consultado sobre si había un presupuesto financiero general del proyecto en el que se estimara el total de la inversión, contestó que, si tal documento existió, él no tuvo acceso al mismo. Tampoco el Auditor Externo pudo acceder a dicho documento, lo que le impidió realizar un control entre lo efectivamente proyectado y lo gastado, aunque señala que «todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario»;

7.5- Que existió una estimación de costos realizada en abril de 2013 por una firma consultora externa, que ubicó el costo en U$S40.000.000 y solo incluía el edificio principal, el anfiteatro y la explanada como obras importantes. La última versión del Plan de Negocios al que tuvo acceso el Auditor Externo (que data de marzo de 2015), había estimado la inversión en U$S56.500.000 más IVA, e incluía los costos derivados del edificio principal, anfiteatro exterior, explanada, playa de maniobras y logística, instalación sanitaria, instalación eléctrica, iluminación, detección y extinción de incendio, acondicionamiento térmico y equipamiento básico;

7.6- Que la variación entre la estimación de la inversión presentada en el último Plan de Negocios y el costo real total del CMAA, «se debe a errores en la estimación de costos de los conceptos incluidos en el plan de negocios y a que algunos conceptos no se contemplaron»;

7.7- Que, en definitiva, al aprobarse el proyecto, existía un Plan de Negocios incompleto, y la construcción se inició «sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero». Nunca existió un cronograma completo, por lo cual los plazos, en general, y los del contratista principal en particular, no se cumplieron. No se implementó en forma completa el Plan de Calidad, y tampoco existió control presupuestal, dado que «no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero».

8) que con relación a las contrataciones realizadas en el marco del CMAA el Auditor enumera los hallazgos obtenidos, señalando:

8.1- Que desde el origen mismo de proyecto, el órgano constitucional de control externo (Tribunal de Cuentas), en su Sesión de fecha 6/11/13, acordó observar el Convenio celebrado ese año entre ANTEL y la Intendencia de Montevideo para la construcción del CMAA, entre otras razones, por haberse vulnerado el principio de especialidad imperante en el derecho público, norma que prevé que las personas públicas estatales no pueden realizar negocios ajenos a su giro (artículo 190 de la Constitución de la República);

8.2- Que, como regla, las compras y contrataciones fueron realizadas por ANTEL sin contar con disponibilidad presupuestal y, a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas en tal sentido, todos los gastos fueron reiterados por ANTEL, sin que el Organismo fundara la insistencia en el mismo conforme la normativa vigente;

8.3- Que del relevamiento de las modalidades de compra y contrataciones llevadas a cabo en el marco de la construcción, instalación y funcionamiento del CMAA, quedó en clara evidencia que ANTEL utilizó, como regla, la modalidad de compra directa por excepción, en desmedro de los procedimientos competitivos;

8.4- Que los actos administrativos de adjudicación no están debidamente fundamentados, al utilizar ANTEL fórmulas genéricas en contravención con lo dispuesto por el artículo 134 de su Reglamento General, extremo que motivó observaciones por el Tribunal de Cuentas, señalando la falta de integridad de los expedientes y la omisión de una correcta motivación de las adjudicaciones, extremos que vulneran las normas de actuación administrativa;

8.5- Que todas las actuaciones relacionadas con el CMAA fueron declaradas reservadas por el plazo de 10 años, situación que implicó dejar de lado el principio rector en materia de contratación administrativa, cual es el de publicidad y transparencia de la gestión;
8.6- Que los expedientes confeccionados por ANTEL para cada una de las compras públicas, adolecen de vicios formales objetados por el Tribunal de Cuentas. De dichos expedientes no surge documentación relevante sobre la invitación y presentación de otros oferentes, así como de información relevante sobre los procesos de selección que permitan justificar la mayoría de las compras;

9) que en lo que concierne a los resultados económicos que arrojó el proyecto en el período analizado por el Auditor Externo, se destacan como hallazgos los siguientes:

9.1- Que partiendo del cálculo realizado por el Gerenciador contratado por ANTEL, el Complejo perdió U$S 429.784 (período nov-dic/2018), U$S 604.452 (durante el año 2019) y U$S 872.696 (período ene-jun/2020). Total, de pérdida U$S 1:906.932;

9.2- Que, si se toman en cuenta contratos y servicios operativos, como ser mantenimiento, seguros, energía eléctrica, etc., la pérdida se incrementa hasta llegar a un total de U$S 2:985.282;
9.3- Que, si a la anterior suma se le incrementan gastos no operativos pero atribuibles a la actividad del CMAA y abonados también por ANTEL, el Complejo le ha significado a la Administración una pérdida total de U$S3.748.408;

CONSIDERANDO: 1) que los hallazgos del auditor externo respecto al costo total del CMAA, tomando en cuenta lo previsto y lo efectivamente gastado por la Administración, denotan la carencia de un presupuesto operativo o plan general de negocio completo, que reflejara toda la información financiera que debió tener en cuenta la Empresa Pública para enfrentar el Proyecto en cuestión (costo proyectado, disponibilidad presupuestal, entre otros elementos necesarios). Si bien en marzo de 2015 existió una estimación de costos – obrante en el último Plan de Negocios de ANTEL para la obra – ubicando el gasto en U$S56.500.000, el costo total final fue de U$S119.721.147, existiendo una diferencia entre lo previsto y lo gastado de U$S 63.221.147;

2) que, o bien no existió un plan de negocios completo para la obra, o de existir el mismo no hubo posibilidad de acceso a un documento clave, ni por el Gerente General (jerarca al que la propia Administración había designado para tareas de gestión del proyecto) ni por el propio auditor externo, lo que vuelve difícil realizar un adecuado y más profundo control de la gestión general de la obra, de los aspectos que hacen a su calidad, si se administró eficientemente el erario público y se actuó conforme el principio de buena administración. La evidencia, no obstante, arroja señales negativas en los aspectos antedichos, al punto de que, según el auditor, se gastaba conforme las necesidades que surgían, lo que ratifica la inexistencia o deficiencia de un completo plan de negocios y de un adecuado sistema de control interno;

3) que en tal sentido, el interés público que debe perseguir todo funcionario se expresa, entre otras manifestaciones, en el respeto al precepto constitucional de buena administración (artículo 311 inc. 2 de la Constitución de la República), en el apego irrestricto al principio de legalidad (artículos 14 del Decreto 30/03 y 16 de la Ley 19.823), en la idónea administración de los recursos públicos que se le confían (artículos 9 del Decreto 30/03 y 6 de la Ley 19.823), en el respeto a los principios de buena administración financiera (artículos 23 del Decreto 30/03 y 25 de la Ley 19.823), transparencia y publicidad (artículos 18 del Decreto 30/03 y 20 de la ley 19.823), eficiencia y eficacia (artículos 19 del Decreto 30/03 y 21 de la Ley 19.823), todos los cuales, a la luz de los hallazgos de la auditoría externa practicada, se han visto resentidos como resultado de la acción u omisión de los gestores responsables del proyecto CMAA. Ello sin perjuicio que, en materia de gastos, los vinculados al proyecto fueron objetados por el Tribunal de Cuentas, entre otros aspectos, por haberse comprometido careciendo de disponibilidad presupuestal suficiente (artículo 15 del TOCAF), extremo que confirma la carencia de una adecuada previsión del Ordenador para enfrentar una obra de semejante porte;

4) que en relación a las contrataciones públicas efectuadas por ANTEL en el marco de la construcción, instalación y funcionamiento del CMAA, analizadas en su conjunto, llevan a concluir que, en general, la Administración no se sujetó al ordenamiento jurídico vigente, vulneró los principios generales de Derecho que rigen el obrar administrativo y los específicos de la contratación administrativa que dispone el TOCAF; no atendió las observaciones efectuadas por los Órganos de control -Tribunal de Cuentas y Unidad de Acceso a la Información Pública – y se apartó de los preceptos de ética pública vigentes (Leyes 17.060 y 19.823, así como Decreto 30/03);

5) que, en tal sentido, el ordenamiento jurídico vigente brinda el marco de determinación de los intereses generales relevantes, a la vez que precisa los cauces a través de los cuales la Administración Pública debe servirlos, delimitando la discrecionalidad e impidiendo la arbitrariedad y la desviación de poder. Es por ello que, desde el artículo 2 del Decreto N O 500/991 de 27/9/91, pasando por el art. 9 del Decreto 30/03 y 6 de la Ley 19.823, se pregona que la Administración Pública debe servir objetivamente los intereses generales, con sometiendo pleno al Derecho, y que el funcionario público debe actuar en todo momento en consideración del interés público, conforme con las normas dictadas por los órganos competentes. Estos son principios de claro raigambre constitucional que derivan de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Carta), estrechamente ligados a otro principio rector como es el de legalidad o juridicidad;

6) que, en materia de contratación pública, existe un interés general en que el Estado contrate en forma económica, en base a principios de eficiencia y eficacia. El art. 33 del TOCAF revela que es de interés general para nuestro ordenamiento jurídico que, para seleccionar a un contratante, la Administración efectúe un procedimiento competitivo que favorezca la concurrencia de oferentes, sea debidamente publicitado, ofrezca razonables garantías a los interesados en contratar, promueva la selección transparente de la oferta que mejor se adapte a los intereses de la Administración contratante, entre otras bondades. En la especie, ninguna de las contrataciones efectuadas transitó la regla de principio. ANTEL, con su actuación, invirtió la regla general, efectuando todas las contrataciones a través del mecanismo de excepción, recibiendo constantes objeciones por parte del organismo constitucional de control externo, sin corregir su rumbo;

7) que al clasificar de reservadas la totalidad de las contrataciones, ANTEL violentó además el principio de publicidad y transparencia, así como el interés general consistente en el derecho al acceso a la información. Cuando debió fundar sus razones para ello, no acreditó la existencia de elementos objetivos que permitieran razonablemente concluir que, de no configurarse la reserva, existía una posibilidad cierta de causar un daño al interés público que se pretendió proteger. Tampoco ponderó en cada caso el plazo necesario para mantener reservadas las contrataciones, fijando en general un plazo de diez años. Habiendo recibido sendas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas y la Unidad de Acceso a la información sobre la irregularidad de la reserva original dispuesta, volvió con posterioridad y a pesar de dichas objeciones, a declarar reservada toda la información sobre costos, ingresos, ganancias, utilidades y rentabilidad del CMAA;

8) que la obligación de motivar los actos administrativos, consiste en el deber de la Administración Pública de documentar y dejar constancia expresa de las auténticas razones -de hecho y derecho- que justifican la adopción de una decisión. ANTEL no motivó suficientemente los actos administrativos dictados en el marco de las contrataciones realizadas. Efectivamente, ni en los casos de adjudicación, ni en ocasión de reiterar gastos objetados por los órganos de control externo, ni siquiera cuando debió justificar la declaración de reserva de las actuaciones, el Organismo cumplió con ese deber básico, lo que impide conocer si las ofertas seleccionadas resultaban las más convenientes a los intereses públicos en juego. A ello debe sumarse la falta de integridad de los expedientes administrativos vinculados a las compras de bienes y servicios que se asignaron al CMAA, extremo que dificulta determinar con razonable certeza, si además de la insuficiente motivación, la información contenida en determinados actos administrativos es exacta, en el sentido de veracidad de los hechos que allí se informan, todo lo cual vuelve dificultosa la evaluación sobre la eficiencia, eficacia y economía de cada contratación;

9) que, en definitiva, de los hallazgos del auditor externo plasmados en su informe referidos a las contrataciones realizadas en el marco del CMAA, se desprende razonable y objetivamente que los agentes públicos al frente de la Administración pudieron ver comprometidas sus responsabilidades, al violentarse las siguientes normas y principios:
9.1- lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 17.060, que prescribe que en el desempeño de su cargo los funcionarios públicos deben actuar con preeminencia del interés público sobre cualquier otro, el que se expresa, entre otras manifestaciones, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales conforme a derecho, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos;

9.2- los principios de eficacia y eficiencia (artículos 60 de la Constitución de la República, 19 del Decreto 30/03 y 21 de la Ley 19.823), derivados del principio general de buena administración (artículo 311 inc. 2 de la Constitución de la República), los que refieren a hacer bien las cosas, esto es, cumplir con los fines públicos utilizando los medios adecuados para alcanzarlos;

9.3- el principio de transparencia y publicidad (artículos 18 del Decreto 30/03 y 20 de la Ley 19.823), al declarar infundadamente confidencial la información más esencial e importante relativa al CMAA;

9.4- el principio de debida motivación de los actos administrativos (art. 21 del Decreto 30/03 y 23 de la Ley 19.823), al omitir fundar de hecho y derecho las resoluciones vinculadas a gastos y sus reiteraciones;

9.5- el principio de legalidad, contenido en los artículos 14 del Decreto 30/03 y 16 de la Ley 19.823;

10) que respecto a los resultados económicos que arroja el Complejo desde su inauguración y hasta junio del año 2020 (período auditado), las evidencias logradas no pueden sino analizarse a la luz de la forma en que se gestionó en general el proyecto. Sin perjuicio de algunas circunstancias imprevistas que seguramente pueden haber incidido temporalmente acotadas-en esos resultados (desde el 13/3/20 estuvo declarada la emergencia sanitaria y el período auditado se extendió hasta el 30/6/20), esencial resulta volver aquí al principio de eficiencia, partiendo de que el mismo tiene rango constitucional (artículo 60 inciso 1 0 de la Carta) y se encuentra estrechamente vinculado con el principio de buena administración (art. 311 inc. 2 0 de la Constitución de la República);

11) que resulta vital definir y determinar si el sistema de control interno de la empresa pública de que se trata es o no eficiente, esto es cuáles son sus fortalezas y sus vulnerabilidades, porque de ello dependerá, en buena medida, la justificación de determinados hallazgos. Basta referir que, si ANTEL contrató un Gerenciador privado y no contó con un mecanismo de control sobre las decisiones de aquel en materia de gastos y contrataciones, o le impidió a su Gerente General acceder al Presupuesto Financiero del proyecto, o no contó con un Cronograma Maestro y Plan de Negocios completos aplicables a la obra, su mecanismo interno de control, de existir, falló y no fue eficiente en la ocasión;

12) que la eficiencia, entre otros aspectos, toma en cuenta la relación costo / beneficio, esto es, cuánto cuesta producir un bien, al menor costo posible, y los beneficios resultantes. Efectivamente, además del costo del bien, debe atenderse a que el mismo produzca ingresos, cree mercados, abra oportunidades de uso que redunden en beneficio del inversor público, para entonces decir que, además de ser eficiente, la gestión del administrador fue también eficaz. De allí que ambos conceptos, eficiencia y eficacia, se regulan tanto en el Decreto 30/03 (art. 19) como en la Ley 19.823 (art. 21) en forma combinada y armónica, señalando ambas disposiciones que los servidores públicos deberán utilizar medios idóneos para el logro de las finalidades públicas a su cargo. En definitiva, la Administración no solo debe determinar correctamente los fines a perseguir, sino también seleccionar adecuadamente los medios para lograrlos, obteniendo de esa forma, la eficacia y la efectividad de todo buen administrador;

13) que conforme los hallazgos obtenidos por el Auditor Externo, la obra supuso un sobrecosto de U$S 63:221.147 respecto a lo previsto originalmente, y la pérdida para la Administración que arroja la obra dentro del período auditado alcanza los U$S 3:748.408. Siendo ello así, no resulta difícil calificar negativamente el proceder de la Administración, en cuanto al respeto de los principios de eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos públicos puestos a su custodia. El sistema inadecuado o inexistente de control interno falló pues, de haberse ejercido correctamente en atención a una obra de semejante porte, seguramente hubiese evitado algunos de los resultados negativos que se han evidenciado en las labores de auditoría;

14) que todo lo que viene de verse en los Considerandos precedentes, puede englobarse en la violación por ANTEL de un precepto de rango constitucional, de un derecho de todo administrado y de un principio rector básico que debe inspirar a todo administrador público: la buena administración. Cierto es que los ciudadanos tienen derecho a recibir de la Administración buenos servicios, pero ese fin exige y no exime al administrador de una correcta administración de los recursos que se le confían, de una actuación transparente, con apego estricto al principio de legalidad y ajustada a las reglas y principios éticos que exigen las normas de conducta vigentes. El apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario constatadas por el órgano externo competente en materia de control de la Hacienda Pública en el manejo y gestión del proyecto CMAA, así como el desapego de ANTEL a sus dictámenes, resultan evidencias suficientes para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de buena administración, estrechamente vinculados a la ética en el ejercicio de la función pública;

15) que no puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto, conforme la evidencia lograda por el Auditor Externo. Como se ha expresado en esta resolución, el hecho de no haber motivado debidamente los actos administrativos de adjudicación y su reiteración cuando aquellos fueron objetados por el Tribunal de Cuentas, el comprometer gastos vinculados directamente al CMAA sin crédito disponible en forma frecuente, el no haber ajustado la actuación a las normas de administración financiera en lo relativo al manejo de dineros públicos, el hecho de haber reservado infundadamente la información vinculada a la gestión del Complejo en contravención al principio de transparencia y hacer caso omiso a los señalamientos de órganos especializados que alertaron sobre la improcedencia de esa reserva, así como la constatación de las pérdidas que arroja el Complejo desde su inauguración y que ponen en duda la efectividad en el obrar del administrador (todos aspectos que se vieron favorecidos por un defectuoso control interno), conlleva a sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética invocadas en la presente resolución (Considerando 3° de la presente);

16) que en definitiva, como resultado de la auditoría externa practicada a instancias de las actuales autoridades de ANTEL y remitida a consideración de esta Junta, se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que, previo los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes (artículos 38 del Decreto 30/03 y de la Ley 19.823), pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto denominado CMAA. Deberá tenerse presente, asimismo: (i) lo dispuesto en el Título VI («De las responsabilidades»), especialmente artículos 137,138 y 139 del Texto de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF, Decreto 150/12) vigente durante el período auditado; y (ii) la relación de las normas invocadas en esta resolución con aquellas internas y reglamentarias de ANTEL, que puedan prescribir exigencias mayores y especiales a las aquí citadas (artículos 4 del Decreto 30/03 y de la Ley 19.823);
ATENTO: a lo precedentemente expuesto,

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA RESUELVE:

1°) Emitir su dictamen conforme a los considerandos de la presente resolución;
2°) Dejar en claro que el presente asesoramiento se basa en las evidencias halladas por la Auditoría Externa realizada a requerimiento del actual Directorio de ANTEL, respecto de la obra del Complejo Multifuncional Antel Arena, remitida a la JUTEP para su consideración. Este informe, como se señaló en el numeral 1° del Resultando, tiene por objeto detectar las posibles vulneraciones a las normas de conducta en la función pública y principios
éticos contenidos en las Leyes Nos. 17.060 y 19.823, así como en el Decreto
30/2003.
3°) Oficiar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones;
4°) Oportunamente y previo los trámites de estilo, archívese.

Jorge Casto – Vocal
Cr. Guillermo Ortiz – Vicepresidente
Esc. María Susana Signorino – Presidente

// CONCUERDA bien y fielmente con el original de su mismo tenor que consta en el Numeral 1.1 dispuesto por Acta N° 954 de fecha 16 de setiembre de 2021, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en Sesión Extraordinaria de la misma fecha. En fe de ello, expido el presente en Montevideo, el 21 de setiembre de 2021.-

Firma: Esc. María Susana Signorino – Presidente

Foto: Ministerio de Defensa Nacional

El ministro de Defensa, Javier García, tendrá que explicar ante el Parlamento los motivos que tuvo para ordenar la compra de dos aviones del tipo Hércules que tienen más de 40 años de haber sido construidos y que compró al Ejército de España por un valor de 21 millones de euros.

Hace un año, García anunciaba que su cartera se gastaría la millonada en dos unidades Lockheed C-130H Hercules y que se pagaría en tres cuotas, transacción que había adelantado el ahora canciller, Francisco Bustillo, cuando era embajador en España.

La adquisición de estas viejas aeronaves estuvo rodeada de críticas en distintas etapas del proceso, empezando por el valor pagado, que algunos entendieron demasiado alto para vehículos con 40 años de haber sido ensamblados, hasta un bochornoso episodio cuando uno de ellos fue enviado a la base uruguaya de la Antártida con contenedores de comida que iban vacíos.

Por todo esto es que el diputado frenteamplista, Gerardo Núñez, llamará a sala a García. “Nosotros cuestionamos la oportunidad de la compra, porque se gastaron 26 millones de dólares en dos aviones que son de la década del 70, en dos aviones jubilados, como ha dicho la prensa internacional en referencia al estado de estos aviones. Pero además se da en un contexto de una profunda situación de crisis económica en nuestro país, de recorte del presupuesto de Defensa Nacional: cayó cinco puntos el salario del personal militar en términos reales; se dejaron de realizar inversiones muy importantes, como por ejemplo lo que está afectando la situación de los radares, y en particular el radar Selex de Carrasco”, dijo el legislador a la prensa.

Denuncian que un Hércules habría llevado contenedores de alimentos vacíos a la Antártida. FA hizo pedido de informes

El representante Gabriel Tinaglini envió un pedido de informes al MDN por el episodio de los…

Uno falló en el vuelo

Núñez agregó que “el gobierno actual decide no ejecutar dineros que tenía asignados, justamente para darle mantenimiento a este radar y para que Uruguay no perdiera su cubertura en cuanto a los vuelos comerciales, fundamentalmente en los tres aeropuertos más importantes que tiene nuestro país, que hoy están sin cobertura de radar: Carrasco, Laguna del Sauce, y Melilla”.

En la interpelación, la oposición exigirá al ministro explicaciones del por qué se decidió comprar las aeronaves sin la garantía del Estado español, y del por qué uno de los aviones tuvo que hacer escala en Recife, Brasil, para recibir mantenimiento de emergencia por presentar un desperfecto en el sistema eléctrico.

Diputado del FA denuncia que el Ministerio de Defensa compró aviones Hércules sin garantía

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez expresó preocupación por la compra de dos aviones…

Foto con fines meramente ilustrativos: Pixabay / ponce_photography

La gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso, sigue generando polémica y dando de qué hablar, ya que en las últimas horas fue revelado que el exjerarca -con convertido en diputado del Partido Colorado- y otros importantes funcionarios gubernamentales se gastaron $15.652.60 en un desayuno en el aeropuerto de Carrasco.

Según reveló el portal investigativo Crónicas del Este, en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) figura la Compra Directa 272/2021, a nombre de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Turismo. Con fecha 17 de setiembre de 2021, el ítem adjudicado dice que es “servicio de desayuno/merienda” por un valor de $12.830 más impuestos, totalizando $15.652.60.

La empresa adjudicataria de esta compra directa es Multimagen LTDA, cuyo RUT es 212566860011.

El medio mencionado encontró un comunicado del 10 de agosto de 2021, que dice que “el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), realizó el encuentro virtual ‘Empresas uruguayas en la Expo Dubái’, bajo el slogan “Mucho más cerca de lo que puedas imaginar”.

Dicho evento se realizó de forma híbrida y contó con la presencia de Germán Cardoso, del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y del director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo. No se indica que este evento corresponda con la factura por la compra del desayuno.

En las redes sociales de Ceres se puede ver que el evento, efectivamente se realizó en el aeropuerto de Carrasco por esas fechas.

" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />El ministro de Turismo, @CardosoGerman, en nuestro encuentro virtual “Empresas Uruguayas en la Expo Dubai”. pic.twitter.com/V07dVa7Vhz

— CERES (@CERES_UY) August 11, 2021

Multimagen ya ha vendido otros productos y servicios al Estado, pero en realidad se dedica al rubro de lo audiovisual: por ejemplo, en la compra directa 10082/2017, del año 2017, se puede ver que Presidencia de la República le compró la elaboración de un video por un total de $23.180, y otro por $14.640. De 2011 figura otra compra por $555 por concepto de “revelado de fotografías”.

Foto de archivo

El senador frenteamplista, Danilo Astori, dijo este martes que está de acuerdo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respecto a que en Cuba, Nicaragua y Venezuela se ha roto la democracia pero dijo que el lugar y la ocasión en que hizo las declaraciones no eran los correctos.

Lacalle criticó a los gobiernos de estos tres países latinoamericanos, y aseveró que él ve con preocupación el irrespeto a “los derechos humanos y la separación de poderes”, así como el encarcelamiento de políticos opositores.

El exvicepresidente de la administración de José Mujica dijo en entrevista con el programa Punto de Encuentro, de radio 970 Universal, que en esas naciones hay “regímenes autoritarios, no hay un sistema político democrático”.

Astori agregó que “el tema es que no son las únicas situaciones que en América Latina se pueden encontrar”. Hay “desequilibrios” que “llevan a violar los derechos humanos. Si uno se pone a buscar los derechos democráticos de algunos gobiernos, puede incurrir en inexactitudes o injusticias”.

Un error

Respecto a que Lacalle emitiera su opinión personal en la CELAC, Astori comentó: “No creo que esto corresponda a un presidente de la República, que se ponga a señalar los grados de democracia que hay en determinados países, no creo que sea un tema del presidente”.

“Para nada esa convocatoria requería un examen de los niveles democráticos de América Latina. Creo que equivocó el lugar y el ámbito (…) Cometió un error el presidente elegir ese lugar para hacer esas apreciaciones”.

Fernando Pereira. Foto: Archivo.

El candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira se reunió este lunes con todos los espacios seregnistas y progresistas, que respaldan su candidatura, en el local de Fuerza Renovadora, que lidera el senador, Mario Bergara.

Pereira expresó que el Frente Amplio es una “coalición-movimiento”, y que se debe tener la capacidad de escuchar a los grupos políticos y también al movimiento que está representando en territorio por las bases de Montevideo y el interior “donde late y vibra cada frenteamplista”.

Remarcó el Frente Amplio es “un proyecto colectivo que no necesita un mesías, sino una organización capaz de construir una dirección que genere la esperanza de un progresismo para los próximos 30 años”.

“Eso implica invitar a diversos sectores de la sociedad a participar de un FA que tiene 50 años de historia y se proyecta para ser una opción, no sólo de gobierno sino de construcción de sociedad”, señaló Pereira

Apoyo de sectores y de las bases

Por su parte, Bergara resaltó que “hay mucho para mirar hacia delante de cómo recomponer una dirección colectiva potente”.

En tal sentido, remarcó que Pereira “tiene el apoyo amplio de sectores y de las bases, lo que garantizará la construcción de esa dirección y la posibilidad de conducir al FA en los próximos años”.

Ex ministro de Turismo, Germán Cardoso.

Este lunes quedó instalada la Comisión Investigadora por presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo.

Los hechos denunciados por la bancada del Frente Amplio, y que ya fueron trasladados a la Justicia, se refieren a compras de publicidad, por abultadas sumas de dinero, realizadas de forma directa, sin licitación por parte del entonces ministro Cardoso.

Un aspecto de la investigación se centrará en la contratación de la empresa Kirma Services, por un monto total de 280.000 dólares para que brindara servicios de publicidad por internet.

Tras su renuncia a la secretaría de Estado, Cardoso solicitó que también se investiguen los últimos 10 años de la administración frenteamplista en el Ministerio de Turismo.

Ante tal situación, los diputados del Frente Amplio, Gustavo Olmos y Nicolás Viera se refirieron a las “extrañas circunstancias” en las cuales se llevará adelante el proceso, ya que quienes comparezcan ante la Comisión deberán hacerlo delante del denunciado.

Por un lado, Cardoso comparecerá ante la Comisión Investigadora como denunciado, pero también lo deberá hacer como denunciante.

“Tenemos un miembro denunciado que operará como abogado defensor de sí mismo. Cardoso jugará el rol de denunciado y defensor y terminará teniendo ventajas ante la Comisión Investigadora”, dijo Olmos.

Agenda

Los primeros invitados serán: el diputado Eduardo Antonini, denunciante del Frente Amplio, y Germán Cardoso, actual diputado y ex ministro de Turismo.

Con posterioridad, asistirá el ex director general de Secretaría, Martín Pérez Banchero, quien ha sido parte sustancial de las denuncias.

Lacalle se encuentra en Estados Unidos para participar del 76° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La delegación oficial está compuesta por: la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el canciller, Francisco Bustillo, y el embajador de Uruguay ante Estados Unidos, Andrés Durán.

Este lunes, el mandatario participó de un encuentro con representantes de fondos de inversión y de capital privado.

En dicho marco, el jefe de Estado destacó el valor de “la libertad como principio rector de las políticas del Gobierno, tanto a nivel sanitario, en el manejo de la pandemia, como en la vocación del país de abrirse comercial y financieramente al resto del mundo”.

“Uruguay es un bastión de estabilidad institucional, política y social en un mundo convulsionado”, dijo, y destacó que Uruguay posee una de las democracias más fuertes y estables de América Latina y el mundo.

Resaltó que en los últimos 35 años, Uruguay ha experimentado la rotación de partidos en el gobierno, con transiciones ordenadas que no han afectado la estabilidad económica, la independencia judicial o el respeto a los contratos.

En tal sentido, incitó a “invertir, ahorrar, vivir, trabajar y proyectar a largo plazo en Uruguay”, porque se trata de un país “serio, predecible y con alto nivel de transparencia”.

Recuperación de la economía

Por su parte, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró que Uruguay “se encamina hacia un punto de inflexión en el combate a la pandemia y que la economía muestra signos auspiciosos de una vigorosa recuperación de la actividad”.

Dijo que el esfuerzo está centrado en “apuntalar la recuperación mediante la atracción y promoción de inversión privada, tanto doméstica como extranjera”.

En tal sentido destacó los “estímulos fiscales y regímenes de promoción que el país ofrece, y sus características distintivas como centro de negocios a nivel regional”.

Lacalle Pou participará del 76° período de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU). Su exposición está prevista para el miércoles 22 a la hora 12:00 de Uruguay.

Luis Alberto Heber y Charles Carrera.

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) resolvió convocar “de forma urgente” a Heber ante la Comisión de Seguimiento Carcelario.

El llamado a Comisión es por el caso del recluso secuestrado, extorsionado y torturado durante al menos 40 días, en una celda del módulo 11 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex COMCAR).

“Se trata de una situación inadmisible”, dijo el senador Carrea, quien agregó que el primero en realizar la denuncia fue el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.

Carrera cuestionó que a pesar de la denuncia de Petit, “hasta el sábado 18 de septiembre, no se habían tomado medidas”.

“La persona fue víctima de abusos y torturas y, por tanto, el Estado debe darle ese tratamiento de víctima y adoptar medidas de protección”, dijo el parlamentario frenteamplista.

No da el talante

Por otro lado, Carrera manifestó que Heber “es un ministro político”.

“Pensé que estaba más preparado para atender este desafío, porque era una persona vinculada a los temas de seguridad, e integró la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, pero no está dando el talante necesario para enfrentar una problemática real que tiene el país”, cuestionó.

El legislador frenteamplista manifestó que al 20 de septiembre se han constatado 26 homicidios de reclusos dentro del sistema carcelario, una situación preocupante. Por ello reclamó “políticas integrales y de Estado”.

Heber: Lo que ocurrió en el ex COMCAR nos da vergüenza y venimos a hacernos cargo

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo sentir “vergüenza” por la situación en la…

Germán Cardoso hablando en un evento en la sede del Partido Colorado. Foto: Twitter / Germán Cardoso

El 30 de diciembre de 2020, una funcionaria del Ministerio de Turismo escribió un email a otros funcionarios de la cartera para solicitar información pedida por la RUPE – Agencia Reguladora de Compras Estatales, que pedía más datos para justiciar la compra de US$280.000 en servicios de publicidad a la empresa Kirma Services OÜ, largamente cuestionada por lo opaco de su existencia.

Según publica el diario El País, basándose en datos a los que accedieron sus periodistas, desde RUPE consideraban que la información disponible sobre Kirma no era suficiente para que la compra pasara los controles debidos y se entendiera como justificada. por eso, la funcionaria de iniciales N.A. siguió detrás del tema; el día 13 de enero, mandó otro email en donde decía: “Revisando el estatus de compra digital por el alta de proveedores Cisneros y Kirma se constata que hasta el momento no se recibió la justificación que fuera solicitada por Compras Estatales mencionada en el anterior correo. Para que pueda continuar el trámite se solicita que se haga el envío a la brevedad posible de dicha información”.

Toda empresa que quiera venderle productos o servicios al Estado debe estar inscrita en el RUPE y cumplir una serie de estrictos requisitos que aseguran que no haya irregularidades o delitos como lavado de activos en los procesos. Sin embargo, a Kirma Services se le contrató “por excepción”, gracias a que la resolución 11/014 habilitó al Mintur ha hacer este tipo de compras directas.

Las compras por excepción solamente se pueden dar en cinco casos específicos:

• Compra de material educativo o bibliográfico.
• Compra de petróleo crudo o sus derivados.
• Compra de productos especializados para investigación científica
• Contratación de servicios considerados “imprescindibles”
• Compra de servicios “cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares”.

En otro de los correos electrónicos de la funcionaria mencionada por el diario El País esta indica que “dentro de las opciones, la única posible es la de exclusividad”. Con la información que ella tenía disponible, recomendó a la empresa Cisneros, que estaba compitiendo contra Kirma Services en la licitación. “Cisneros es revendedor oficial de publicidad en Facebook. El proveedor tiene el rol de representante comercial autorizado, además de sus servicios ofrece a anunciantes y agencias de publicidad soporte y capacitación”, dijo la funcionaria, y remarcó que “en el caso de Kirma, no surge información sobre la empresa en la propuesta, ni en internet”.

En sucesivos correos entre la funcionaria N.A., otras funcionarias y un asesor jurídico de la Subsecretaría de Turismo, se discutieron las razones para contratar a Cisneros o a Kirma. Una de las trabajadoras del Mintur, de iniciales M.H. que estaba copiada en los emails cuestionó que, en el caso de los “proveedores extranjeros” que no estén inscritos en RUPE se debe “tramitar una autorización especial para que queden inscriptos como proveedores del Estado. Para eso requiere la información que me enviaste y esos formularios firmados”.

El asesor de la subsecretaría, Óscar Iroldi, respondió: “En el ministerio hay tres ejecutores de gasto con capacidad para contratar servicios. Debe ser alguno de ellos que firmen los certificados. Lamentablemente no puedo hacerlo yo”. Y agregó: “La orden de estas contrataciones es del ministro Cardoso, a través de su adjunto Dr. (Daniel) Reta”.

El medio que reveló esta información consultó a M.H. respecto de estos correos, a lo cual respondió: “Fue enviado a ti (el mail) porque tú habías justificado la contratación a ellos (Kirma Services y Cisneros). Se lo remito al Dr. Reta”.

US$280.000 en publicidad web

A la empresa Kirma Services, que no tiene sede ni empleados en Uruguay, le contrató el Ministerio de Turismo cuando Germán Cardoso era el ministro por un monto total de US$280.000 para que brindara servicios de publicidad por internet.

Esta compra fue observada por distintas instancias de control del Estado, y el Banco República, que debía desembolsar el dinero, decidió no pagar para no violar sus propias regulaciones contra el lavado de activos.

El exministro Cardoso, hoy diputado amparado a su inmunidad parlamentara, asegura que es víctima de una persecución y ahora se niega a dar declaraciones hasta que no inicie la comisión investigadora que se ha armado en el Parlamento.