Foto: Twitter / Guido Manini Ríos

El partido político Cabildo Abierto (CA) se afianza en la coalición multicolor en lo que llegó a hacer, en función de lo prometido a sus votantes: abogar en pro de los militares y las fuerzas armadas en general.

En las últimas semanas, se han puesto inamovibles en su intención de conseguir un aumento presupuestal en un área específica, el salario de los uniformados militares. Llegaron incluso a amenazar con no respaldar la Rendición de Cuentas si sus demandas no eran satisfechas.

En medio de intensos debates sobre el presupuesto nacional, CA insistió en la necesidad de un incremento presupuestal en ese particular. Esta postura desató tensiones y controversias en la coalición multicolor, ya que otros partidos tenían enfoques diferentes en cuanto a la asignación de recursos.

El pasado jueves, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, que trabaja en conjunto con la Comisión de Hacienda, llevó a cabo la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Esta votación marcó un punto crucial en la discusión sobre el presupuesto nacional.

Rendición de Cuentas: Defensa se lleva gran parte de los recursos

Dentro de la coalición multicolor, el senador del Partido Nacional (PN), Jorge Gandini, desempeñó un papel relevante en las negociaciones y debates sobre el presupuesto. Uno de los aspectos más resaltantes fue la reasignación de recursos por un monto significativo, alcanzando la cifra de 1.218.785.008 pesos, aproximadamente equivalente a 30 millones de dólares.

Del total del presupuesto reasignado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) recibirá una inversión de alrededor de 523 millones de pesos, lo que equivale a 13 millones de dólares. Estos fondos se destinarán principalmente a aumentos salariales para el personal militar, abarcando desde soldados hasta tenientes coroneles, con un incremento de alrededor de 1.000 pesos.

Una parte de los fondos para este aumento salarial se obtendrá mediante la supresión de 120 vacantes en el Ministerio y la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Además, se eliminarán 82 contratos permanentes civiles del Comando General de la Armada. Estas medidas de optimización presupuestaria permitirán financiar una parte importante de los incrementos salariales.

Aunque no se ha especificado claramente la fuente de financiamiento para la otra mitad de los fondos necesarios, los legisladores oficialistas han adelantado que esta se obtendrá de las rentas generales que no se ejecutaron en otras áreas del presupuesto.

En una encuesta recién publicado por la consultora Factum, se arrojaron datos reveladores sobre la percepción de la gestión presidencial de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Los resultados de la encuesta, realizada entre el 21 de agosto y el 6 de setiembre de este año a través de entrevistas telefónicas a 900 personas, reflejan una polarización de opiniones en la población uruguaya.

El estudio revela que el 50% de los encuestados aprueba la gestión del actual mandatario, mientras que un 30% la desaprueba. Por otro lado, un 20% de los consultados se mantiene en una posición neutral, sin manifestar ni aprobación ni desaprobación hacia la labor presidencial.

No obstante, es evidente que la percepción varía significativamente según las preferencias partidarias de los encuestados. Entre los votantes de la coalición multicolor que respaldan a Lacalle Pou, la aprobación alcanza un 80%, mientras que solo un 6% expresa desaprobación, y un 13% se mantiene en una posición neutral.

Sin embargo, la imagen del presidente cambia drásticamente entre los votantes frenteamplistas, donde la desaprobación se dispara al 62%, mientras que solo un 13% muestra aprobación y un 24% se mantiene neutral.

En cuanto a la distribución geográfica, no se observan diferencias significativas entre Montevideo y el interior del país. En la capital, la aprobación es del 47%, mientras que en el resto de los departamentos alcanza el 52%.

Diferencias de aprobación y desaprobación según la edad

No obstante, las diferencias más notables surgen al analizar la percepción según la edad. La aprobación entre los uruguayos de 18 a 33 años es del 43%, aumenta al 44% en la franja de edad de 34 a 48 años, y experimenta un notorio incremento en la población de 49 a 61 años, con un 57% de aprobación. Entre los mayores de 62 años, la cifra se mantiene alta, con un 55% de aprobación.

En cuanto al índice de confianza en el presidente de la república, los resultados revelan que el 41% de los encuestados manifestó tener confianza en Luis Lacalle Pou, con un 20% expresando “mucha confianza” y un 21% “bastante confianza”. Por otro lado, un 52% de los consultados afirmó no tener confianza en el presidente, con un 34% declarando tener “muy poca o ninguna confianza” y un 18% manifestando “poca confianza”. Un 3% de los encuestados respondió tener “más o menos de confianza”, mientras que otro 3% optó por la opción “no sabe o no contesta”.

Los votantes de la coalición multicolor son quienes más confían en el presidente, con un impresionante 74% expresando confianza en Lacalle Pou. En contraste, entre los votantes frenteamplistas, la confianza se reduce drásticamente al 8%.

La brecha de confianza se acentúa aún más cuando se analiza por edades. Los jóvenes de 18 a 33 años son quienes menos confían en el mandatario, con un 34% manifestando confianza. En la franja de edad de 34 a 48 años, la cifra es prácticamente igual, con un 32% expresando confianza. En contraste, el grupo de 49 a 61 años es el que más confía en él, con un sólido 53% de aprobación. Entre los mayores de 62 años, la confianza se reduce nuevamente, situándose en un 44%.

Foto con fines ilutrativos cortesía de UNICEF / Friedman-Rudovsky

En un comunicado enviado a la opinión pública, la Sociedad Uruguay de Pediatría (SUP) salió al paso de los dichos del intendente de Artigas, Pablo Caram, quien habló en un tono normalizador respecto al trabajo infantil que ocurre en su departamento. “La Sociedad Uruguaya de Pediatría tiene entre sus objetivos la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y es desde ese lugar que rechazamos las recientes declaraciones del Intendente de Artigas, naturalizando el trabajo infantil en las peores condiciones”, empieza diciendo el texto de la SUP.

“No admitimos que se acepte como ‘colaboración familiar’ al trabajo desprotegido que impide el adecuado desarrollo de las personas en crecimiento. El artículo 54 de la Constitución Nacional establece que el trabajo de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado. El trabajo infantil viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, afecta el bienestar físico y mental, e interfiere con las actividades educativas y recreativas”, prosigue diciendo la misiva.

Por otra parte, la SUP recuerda que la legislación vigente reconoce la edad mínima de los/las adolescentes para trabajar en 15 años, con excepción del trabajo rural que se determina en 16 con todas las protecciones definidas por INAU.

Y prosigue: “El trabajo infantil es perjudicial para el adecuado desarrollo físico, psicológico, moral y social de niñas, niños y adolescentes e interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar los espacios formativos formales de manera prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo”

Concluyen remarcando que el Uruguay ha recorrido un largo y fecundo proceso “para excluir a niñas, niños y adolescentes del flagelo del trabajo no protegido” y reafirmó que consideran “inaceptable que personas con responsabilidades políticas desconozcan estos logros”.

Intendente de Artigas, Pablo Caram defendió el trabajo infantil: “hay niños en las plantaciones y es normal”

El intendente nacionalista relativizó el trabajo infantil, y aseguró que es “normal” ver…

El trabajo infantil en América Latina y el Caribe en alza en los últimos años

El trabajo infantil se ha convertido en una preocupación global cada vez más apremiante en los últimos años. Según un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, del año 2021, el número de niños que se ven obligados a trabajar ha alcanzado la alarmante cifra de 160 millones en todo el mundo. Este aumento de 8.4 millones en los últimos cuatro años es un claro indicio de que la problemática del trabajo infantil está lejos de resolverse.

Uno de los factores que ha contribuido a este preocupante incremento es, sin lugar a dudas, la pandemia de la COVID-19. Los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria han dejado a muchas familias en una situación desesperada, obligando a los niños a sumarse a la fuerza laboral para ayudar a mantener a sus hogares. Esta situación ha agravado aún más la ya precaria situación de muchos menores en todo el mundo.

El informe de la OIT y UNICEF, titulado «Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir,» destaca una preocupante tendencia: el estancamiento en los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil. Por primera vez en dos décadas, no se ha logrado ningún avance significativo en la reducción de esta problemática. En lugar de disminuir, el trabajo infantil ha experimentado un aumento alarmante, revirtiendo la tendencia a la baja que previamente había logrado reducir los casos en 94 millones entre 2000 y 2016.

Uno de los aspectos más preocupantes que revela el informe es el incremento sustancial en la cantidad de niños de entre 5 y 11 años que se ven forzados a trabajar. En la actualidad, estos niños representan más de la mitad de todos los casos de trabajo infantil a nivel mundial. Además, se ha registrado un aumento de 6.5 millones en la cantidad de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajos peligrosos, entendiendo como tales aquellos que ponen en riesgo su salud, seguridad o bienestar moral. Esto eleva la cifra total de niños involucrados en trabajos peligrosos a un impactante total de 79 millones.

JUTEP: Intendente Caram “violó los principios de probidad, legalidad y transparencia”

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) constató que el intendente de Artigas, Pablo…

Sede del Ministro de Transporte y Obras Públicas, en Ciudad Vieja.

En el año 2001, se inició la construcción de la ruta 18 en Treinta y Tres, una obra que, aunque vital para la conectividad, desencadenó una serie de problemas para tres productores rurales de la región. Estos productores decidieron llevar su caso a la justicia, argumentando daños a sus campos, ganado y alambrados debido a la falta de drenaje en la carretera. A lo largo de los años, este conflicto legal se ha convertido en un hito de lucha por la justicia y la reparación de los perjuicios causados.

En 2007, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno emitió una condena que instaba al Ministerio de Transporte a llevar a cabo las obras de desagüe de la ruta 18 en un plazo de dos años. Esta sentencia respondía a los problemas de inundación que afectaban a los campos de los productores rurales demandantes y áreas circundantes. Sin embargo, no fue hasta el año 2009 que el Tribunal de Apelaciones de 1° Turno confirmó la sentencia y estableció que el Ministerio de Transporte debía indemnizar a aquellos que pudieran demostrar haber sufrido perjuicios debido a la falta de drenaje en la ruta 18, pero solo a partir del año 2001.

La controversia se intensificó el 14 de octubre de 2016, cuando el Ministerio de Transporte finalmente construyó tres bocas de salida de agua en el terraplén de la ruta. Sin embargo, los tres productores rurales consideraron que estas obras fueron «mal construidas, sin plan y sin estudios». A partir de ese momento, comenzaron a reclamar por los daños sufridos desde el 1 de julio de 2001 hasta la fecha de finalización de los drenajes.

MTOP rechaza todas las acusaciones

Los tres productores rurales explotan un total de aproximadamente 650 hectáreas de tierra. En su argumentación ante el juez de lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Pablo Javier Gandini, los demandantes describieron las consecuencias de las inundaciones en sus propiedades y los perjuicios sufridos durante un período de 15 años. Durante este tiempo, tuvieron que recurrir a contratos de arrendamiento de tierras para pastoreo, trasladar continuamente a sus animales, enfrentar roturas frecuentes de alambradas y porteras debido a las crecidas, y lidiar con pérdidas de peso y estrés en el ganado. El monto reclamado por los tres productores asciende a alrededor de US$ 1.200.000, más intereses.

En contraposición, el Ministerio de Transporte rechazó cualquier vínculo entre los daños sufridos y las inundaciones generadas por la ruta 18, argumentando que las inundaciones eran eventos naturales que siempre habían afectado a estas áreas, incluso antes de la construcción de la carretera. Según el asesor legal del Ministerio, no se trataba de un acto ilícito por parte del Estado.

El juez Pablo Javier Gandini basó su veredicto en pruebas técnicas proporcionadas por Dinagua, que demostraron la existencia de inundaciones significativas entre 2001 y 2016. Estos estudios revelaron que en algunas ocasiones, las crecidas superaron los cuatro metros, y que el nuevo trazado de la ruta 18 había contribuido al aumento del volumen de las inundaciones. Gandini determinó que se habían causado daños a los demandantes durante el período reclamado y que el Estado no había tomado las medidas necesarias para prevenirlos.

En consecuencia, el juez otorgó una reparación parcial a los productores rurales, que incluyó compensación por arrendamientos de tierras, gastos sanitarios, reparaciones de alambradas y pérdida de capacidad productiva, sumando un total de US$ 655.629. Además, se estableció una reparación de $ 990.338 por el traslado del ganado y reparaciones de alambrados. Las pérdidas relacionadas con la pérdida de peso del ganado y la muerte de animales debido a las crecidas se liquidarán en una instancia judicial posterior, pero se espera que superen el millón de dólares.

Foto de archivo cortesía del PIT-CNT / Carlos Lebrato

El escritor y periodista, Mauricio Rosencof, fue duro con el ministro de Defensa Nacional (MDN), Javier García, a quien le señaló un intento de “trastocar la historia” y de tratar de instalar una nueva narrativa en la que “los presos fueron ellos y los golpistas fuimos nosotros”.

En una entrevista en la radio M24, Rosencof dijo que García, quien es además un fuerte referente político del Partido Nacional, es “un ministro que con tono solvente y mirada sobradora y sonrisita a media asta, está trastocando la historia de tal manera que da la impresión de que los papeles clandestinos que se localizaron”. Para Rosencof, García pretende certificar que “los presos fueron ellos y los golpistas fuimos nosotros”.

Además, Rosencof, quien fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura, García “está dejando esa sensación, que ‘el Frente no quiere que se publiquen esas cosas’, que ‘los Familiares de Detenidos Desaparecidos tampoco’, y que él levanta la bandera que siempre tuvo: ‘la libertad’; y sonríe y sobra y muestra los dientitos”.

Luego puntualizó que “los archivos que tiene él, en la puta vida los consiguió, no consiguió ningún archivo; esos archivos los encontró el gobierno del Frente, Azucena Berruti, cuando falleció un coronel Castiglioni (Elmar), pariente del Castiglioni de Inteligencia y Enlace (Víctor); y los archivos estaban ahí y se hizo un trámite y Javier Miranda (…) los retiró, son los que están ahí”.

Y agregó: “Son materiales que se miran con cautela, que se miran con sabiduría; ¿qué se demoran? Bueno, se demoran, otras cosas se demoraron más; tanto que dicen ‘los 15 años del Frente y están hablando de este tema’… ¿No se les cae la cara de vergüenza?”.

“Javier García es más herrero-ruralista que wilsonista”

En la entrevista, Rosencof rememoró “en estos 15 años se logró entrar a los cuarteles, porque el gobierno de Lacalle Herrera decía que en este país había ‘cinco o seis desaparecidos pero que eran en Buenos Aires porque acá no pasó’; y para no ir más lejos, su hijo, el actual presidente, Lacalle Pou, en el Parlamento dijo ‘no, a esto hay que dar vuelta la página, no se puede estar entrando a los cuarteles’”, rememoró.

Recordó que el alto jerarca militar “tuvo un pasado de militancia donde Wilson fue un referente, pero hoy está de lo más herrero-ruralista; lo menciono a él, pero es el tono de todos (…), entonces vamos a poner las cosas en su sitio: esto lo encontró Azucena Berruti, los archivos estaban ahí y (García) se encontró con los archivos”.

Concluyó desempolvándole a García algunos hechos de aquellos años: “Quiero recordarle algunas cosas (…) que usted le está hablando a gente que tuvo 40.000 exiliados… algunos blancos, como Wilson, como Juan Raúl, como la esposa de Wilson, como el ‘Toba’ Gutiérrez Ruiz”.

“Yo le voy a dar algunos elementos pa´ que de pronto la sonrisa sea más respetuosa cuando habla de nosotros, cuando habla de los presos, de los muertos: ¿qué tuvo que ver el Partido Nacional con el golpe? Porque ya nombramos a los resistentes, pero usted habla como si fuera de otro palo, y Wilson los caracterizó (…) ‘los blancos baratos’, que parece que son abundosos”, terminó el extupamaro.

Luis Alberto Heber, ministro del Interior de Uruguay.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que hay más casos de narcotraficantes que han recibido el beneficio de la prisión domiciliaria sin necesitarla, gracias a la existencia de una presunta organización “que adulteraba los certificados (de salud) para inducir a error a las juezas”.

“Hay más casos. Hay más casos. Estamos depurando la lista para pasarle, porque la Suprema Corte de Justicia ha sacado una circular exhortando a los jueves para que revisen las prisiones domiciliarias, producto de que ha habido una organización que adulteraba los certificados para inducir a error a las juezas”, dijo Heber el viernes a Subrayado, apuntando a esta red como la responsable de que los peligrosos delincuentes estén en fuga.

“Creo que es importante que pidamos las historias clínicas también, que eso ya no se puede adulterar. Ahí realmente se puede ver si tiene una dolencia renal o un problema cardíaco”, agregó.

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Cruce entre Heber y los jueces

Heber ha protagonizado un cruce con el Poder Judicial al realizar una serie de afirmaciones sobre quiénes son los responsables de que narcos hayan recibido la prisión domiciliaria y se hayan dado a la fuga.

“Ha salido la asociación de Magistrados a decir que yo incursionaba en las competencias de otro poder del Estado. No. No es así. Nosotros podemos criticar los fallos judiciales, pero no es el caso que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de crítica, yo estoy diciendo que estoy indignado con la condena que le dio prisión domiciliaria a una persona de esta peligrosidad. Esta situación no es injerencia en el poder judicial”, dijo el jerarca de Seguridad.

“Y por otro lado la asociación de abogados salió a decir que tenía que ser prudente. ¿Pero cómo voy a ser prudente cuando uno está diciendo lo que cuesta, y los abogados saben perfectamente lo que cuesta probar la vinculación de una organización y la peligrosidad de estos delincuentes y después le dan prisión domiciliaria y que se puedan ir”, agregó.

“Ni prudente ni estoy invadiendo poderes. Estoy ejerciendo la representación del Ministerio del Interior que está realmente muy preocupado con estas situaciones que se están dando”, concluyó.

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Pablo Caram, Intendente de Artigas (Partido Nacional)

El Intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional), había aparecido poco en la escena política en los últimos meses, y regresó con todo con unas declaraciones incendiarias que dieron de qué hablar y generaron un océano de críticas y repudio.

En una entrevista emitida el jueves, el intendente Caram relativizó e incluso pareció hacer una apología al trabajo infantil en su departamento. Según él, hay menores de edad en las plantaciones de tabaco, algo que ve como “normal”

“En el tabaco trabaja el núcleo familiar: el hijo, la nuera, algún nieto. Trabajan en el predio”, sostuvo el político derechosta. Cuando se le preguntó si hay niños trabajando, Caram respondió: “Sí, pero normal. Es mucho mejor ver a un gurí trabajando que con el celular”. Luego, contó que su padre lo forzaba a trabajar siendo menor, algo que no considera una “deshonra”, al entender que lo único que “dignifica” es el trabajo, “otra cosa no”.

Estableció además una falsa dicotomía entre el trabajo infantil y el consumo de drogas en estas poblaciones. “A veces creo que por eso estamos en esas cantidades de gurises drogados, que es lamentable”, espetó. “Los ves en frente al liceo y no entran a clase”, lamentó el intendente artiguense y dirigente histórico del Partido Nacional.

Reacciones a las palabras de Caram: “inadmisibles” y “una vergüenza”

Uno de los primeros en profesar su abierto repudio a los dichos de Pablo Caram fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres (además lider del Partido Independiente), quien publicó en la red social X (Twitter): “¡Radical rechazo a esas expresiones inadmisibles! Acabamos de disponer junto al inspector de Trabajo Tomás Teijeiro el envío de un equipo de inspectores de CAT y CGT coordinando con INAU a los establecimientos de producción de tabaco en Artigas”.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Óscar Andrade, también profirió un rechazo a las aseveraciones de Caram: “En la villa que me crie siempre fue costumbre vieja, no terminabas de dejar la túnica y la moña y ya hacías la cosecha [de] durazno, uva y manzana. Niños y mujeres cobrábamos la mitad. El lugar para las infancias no es estibando en una cámara, ni en una plantación”.

En la misma línea se manifestó el presidente de INAU, Pablo Abdala, quien sostuvo que “no hay dos opiniones de que el trabajo de los menores de 15 años es ilegal en cualquier circunstancia, cualquiera sea la naturaleza del trabajo.”

Ekaterina Ribolovleva y Juan Sartori en una foto de archivo

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) ha tomado la decisión unánime de intimar al senador nacionalista y empresario, Juan Sartori, a que presente la declaración jurada de su esposa, la multimillonaria rusa Ekaterina Rybolovleva, y exige que este requisito sea entregado a no más tardar en los próximos 15 días.

De no hacerlo en el plazo estipulado, Sartori será declarado en estado “omiso”, lo cual podría traerle problemas, como aparecen en la lista trimestral que el organismo publica con todos aquellos funcionarios públicos que no presenten su declaración. Esto lo hace en conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, 11 y 13 de la Ley No 17.060 de 23 de diciembre de 1998, en la redacción dada por la Ley 19.797.

Quién es Ekaterina Rybolovleva, esposa de Juan Sartori

Ekaterina Dmitrievna Rybolovleva, nacida el 4 de junio de 1989 en Perm, Unión Soviética, es una destacada figura que abarca los ámbitos empresariales, ecuestres y sociales. Su nombre resuena en los círculos de la élite debido a su linaje como hija del influyente oligarca ruso Dmitry Rybolovlev, uno de los hombres más acaudalados de Rusia.

Rybolovleva es una inversora, habiendo adquirido propiedades y activos de gran envergadura. En 2011, un fideicomiso en su nombre compró un lujoso apartamento en Nueva York por la asombrosa suma de 88 millones de dólares, estableciendo un récord en ese momento. Esta propiedad ha servido como su residencia en los Estados Unidos mientras cursaba estudios de psicología y finanzas en Harvard.

En el mismo año, otro fideicomiso bajo su tutela adquirió una mansión en Hawái, anteriormente propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith, expandiendo su extensión en la costa norte de Kauai.

Sin embargo, uno de sus movimientos más notables fue la adquisición de las islas de Skorpios y Sparti en 2013. Estas islas, con una historia que incluye la icónica boda de Aristóteles Onassis y Jackie Kennedy en 1968, se han convertido en su «refugio privado». Rybolovleva planea desarrollar estas propiedades utilizando tecnología amigable con el medio ambiente, incluyendo un lujoso complejo ecológico con instalaciones deportivas y de entretenimiento de primer nivel.

Estos son solo algunos de los más lujosos activos que tiene Rybolovleva a su haber, y el tamaño de la fortuna de ella quedaría revelado en la declaración jurada que sea presentada ante la JUTEP. 

Foto: Ejército de Uruguay

El miércoles, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, declaró que en la coalición multicolor se ha alcanzado un acuerdo para asignar fondos adicionales al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en el marco de la Rendición de Cuentas. Esto permitirá aumentar los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, tal como lo había solicitado Cabildo Abierto.

El partido del senador ultraconservador, Guido Manini Ríos, fue uno de los que alertó que su fuerza política no iba a votar la Rendición de Cuentas si no sucedía ese incremento para los uniformados, lo cual al final logró.

“No sé exactamente cuál va a ser la cifra final, pero de que va a haber recursos para atender esa demanda que es justísima, además”, declaró Subrayado el senador Botana, confirmando el acuerdo interno mencionado. El legislador derechista señaló que se prevé un aumento en el gasto total proyectado inicialmente por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas, que oscila entre US$1.200 y US$1.300 millones.

El Frente Amplio acompañará el incremento en el gasto

Desde la oposición, el senador frenteamplista, José Nunes, anunció que su partido acompañará el aumento del gasto, pero al mismo tiempo entienden que hay “asuntos pendientes” que consideran importantes. Por ejemplo, citó la necesidad de más recursos para la justicia, la educación y la salud.

“Nuestro objetivo es tratar de mejorar esas asignaciones de recursos”, señaló Nunes. “Si el planteo es en esos términos, lo vamos a acompañar, porque reconocemos que es un sector sumergido”, adelantó en relación con el aumento de los salarios militares.

Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio.

El escándalo de clientelismo político acaecido en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande sigue dando de qué hablar, luego de que el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, revelara este martes que se detectaron más ingresos directos y sin concurso a dicho organismo, y que este caso también salpicó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

“Nos enteramos que, no solamente han habido ingresos irregulares de manera directa en Salto Grande -más de 36-, sino que también ha habido al menos 43 ingresos de manera directa en la Comisión Administradora del Río Uruguay”, informó este martes Caggiani.

Según el legislador opositor, alrededor de 10 ediles la Lista 404 del PN (de la que salió Luis Lacalle Pou en su momento) fueron colocados en la CTM, mientras que algunos del sector Alianza Nacional (del herrerismo, liderado en su momento por el fallecido Jorge Larrañaga y ahora por su hijo, y otras figuras del actual gobierno) ingresaron a la CARU: habría familiares de parlamentarios también, según Caggiani.

“Nos preocupa que esto ha sido tomado como coto de caza del Partido Nacional y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo ‘amiguitos políticos’ y, sobre todo, tener un ingreso en organismos muy importantes, que han sido utilizados de manera clientelar y con visos de corrupción. Nos preocupa mucho”, prosiguió el legislador izquierdista.

De acuerdo a la presidencia de CARU, el cambio de estatuto habilita a los asesores de los directores del organismo a participar de los concursos internos. “Tan mal estaba eso que en la misma sesión el propio presidente de la CARU paró el concurso del 28 de setiembre porque no cumplía los estatutos de la propia Comisión”, añadió.

“La 404, Alianza Nacional; parece que, en realidad, el río Uruguay tiene un monopolio del Partido Nacional en ingreso de funcionarios”, concluyó Caggiani.

Desde el FA exigen que sean removidos de sus cargos todos aquellos cargos que puedan ser cuestionables en la forma en que fueron colocados, tanto en Salto Grande como en CARU.

Héctor Curutchet (izq) junto a Luis Lacalle Pou

La fiscal Sandra Fleitas ha anunciado su intención de solicitar la imputación del edil del Partido Nacional, Héctor Curutchet, debido a un trágico incidente ocurrido el 9 de septiembre. En ese fatídico día, Curutchet, quien representa a su partido en el departamento de Colonia, estuvo involucrado en un accidente mortal en el que atropelló a un hombre y una mujer mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Tras el accidente, Curutchet fue citado para prestar declaración después de que la Fiscalía obtuviera los resultados de las pericias pendientes relacionadas con el suceso que tuvo lugar en el kilómetro 144 de la ruta 1 en la madrugada de ese sábado. En la jornada de este martes, el edil se presentó en la Fiscalía, aunque optó por no brindar declaración en ese momento.

Como parte de las medidas cautelares, se le exigió a Curutchet que fije su lugar de residencia y se ha establecido un plazo de 20 días para programar la audiencia de formalización.

Héctor Curutchet junto al senador Jorge Gandini. Recientemente, se había incorporado a su movimiento “Por La Patria”.

¿Quién es el edil nacionalista Héctor Curutchet?

El edil Héctor Curutchet, además de ese cargo, también ocupaba un cargo relacionado con la Intendencia de Colonia como responsable del Hipódromo de Colonia. Desde el momento en que asumió su posición en el órgano legislativo departamental, también se dedicó a la gestión de la pista hípica, la cual había experimentado un notable éxito en los últimos meses, según las fuentes consultadas. “Tuvo récord de carreras corridas, de apuestas. Era el uno en eso”, dijo a Montevideo Portal una fuente de adentro del PN.

Recientemente, Curutchet asumió la responsabilidad de cuidar a sus cuatro hijas, cuyas edades oscilan entre los 14 y 21 años, después de que la madre de las jóvenes falleciera a causa de un cáncer terminal hace algunos meses. Desde entonces, su rutina diaria se había dividido entre su trabajo en Colonia y el traslado hacia Montevideo, ya que las dos hijas mayores residen en la capital del país y están cursando sus estudios terciarios.

Uno de los informantes compartió que, en las conversaciones con Curutchet, era común escucharlo mencionar que, en ciertos días, tenía que viajar a Montevideo para llevarle provisión a las jóvenes,

En el ámbito político, el edil inició su carrera dentro del partido liderado por el actual intendente, Carlos Moreira. Sin embargo, en las últimas elecciones departamentales, brindó su respaldo al secretario general de Colonia, Guillermo Rodríguez.

A nivel nacional, en los últimos meses, Curutchet se unió al movimiento político “Por la Patria”, dirigido por el senador Jorge Gandini. Este sector político está a la espera de que el edil se recupere y sea dado de alta para conocer su decisión con respecto a su renuncia.

Edil del Partido Nacional conducía alcoholizado: mató a dos personas y hay una menor herida

Tenía 1,51 gramos de alcohol en sangre y provocó la muerte de un hombre y una mujer. Otras…

Edil del Partido Nacional que conducía ebrio fue citado a declarar: provocó la muerte de dos personas

La investigación en curso arrojará luz sobre los eventos que llevaron a esta tragedia y…

Luis Lacalle Pou dio un discurso en la ONU este martes.

En una intervención realizada en la noche del martes 19 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, comenzó su discurso enfocándose en la importancia de más de 190 representantes mundiales que se unen bajo los mismos derechos, obligaciones y principios a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lacalle Pou señaló que el derecho internacional, a pesar de su existencia, carece de un poder coercitivo efectivo y no siempre aplica criterios equitativos cuando se trata de potencias mundiales y países más pequeños. Esta “disparidad” plantea desafíos significativos en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo, según el mandatario derechista.

Desde su posición neoliberal, Lacalle tiene una visión optimista de la humanidad y cree que vivimos en un mundo “mejor” a pesar de los desafíos que los mismos humanos hemos creado, como por ejemplo las guerras en curso y el calentamiento global. Destacó el papel que desempeñan la globalización, la tecnología de la información, la inteligencia artificial y la comunicación en tiempo real en la integración y desarrollo de las naciones, siempre y cuando se utilicen “adecuadamente”.

En un mundo donde las palabras deberían convertirse en acciones concretas, subrayó que los líderes tienen el poder de generar consecuencias significativas mediante sus discursos y declaraciones. Este reconocimiento impulsa la importancia de una comunicación responsable y una diplomacia efectiva en la escena global.

Lacalle Pou destacó la democracia y la estabilidad uruguaya

El presidente uruguayo destacó la posición de su país en esta Asamblea, subrayando que Uruguay se encuentra en una posición única. El país ha mantenido una democracia plena y estable a lo largo de su historia (con la excepción de la era de la dictadura y todo lo que es conllevó), con un profundo respeto por sus instituciones y su sistema legal. Esta tradición histórica ha sido fundamental para el desarrollo y la estabilidad de Uruguay.

El presidente resaltó el hecho de que, incluso en medio de estas circunstancias adversas, el país ha logrado mejorar sus tasas de empleo, lo que ha resultado en una disminución del desempleo. Además, se ha llevado a cabo una inversión histórica en infraestructura y se han recibido importantes flujos de inversión extranjera directa, la cual ha sido reinvertida en el desarrollo del territorio nacional. Este hecho ha sido tomado como un indicativo de la confianza internacional en la economía y el futuro de Uruguay.

Según él, a pocos meses de empezar la carrera por el cambio de gobierno, ya que estamos a las puertas de nuevas elecciones nacionales, su gobierno está en orden. “Tenemos las finanzas públicas ordenadas, la menor inflación en los últimos 18 años, se rebajaron los impuestos, y se ejecutaron dos reformas, que hace larga data se llamaban ‘urgentes’, como la trasformación educativa y la reforma de la seguridad social”, prosiguió.

Fue a esta altura de su discurso cuando regresó a su conocido eslogan de la “libertad responsable”, que usó como política de Estado durante la pandemia del coronavirus, negándose rotundamente a instaurar medidas estrictas para mitigar la circulación del virus. Extrapolándolo al plano global en el entorno de la ONU, apeló a la “libertad responsable internacional” y señaló: “Nuestro bienestar como países independientes está indisolublemente vinculado al bien común, y hay que actuar en consecuencia”.

Otro punto que abordó en su exposición es que Uruguay tiene una base de energías renovables importante en su matriz, las cuales superan el 90% de la generación. También, puntualizó que Uruguay implementa el “bono sostenible”, basado en premios y castigos, según se cumplan los parámetros establecidos en el Acuerdo de París. Consideró que ese mecanismo debe aplicarse de igual forma al sistema de préstamos internacionales, el acceso a mercados, las cuotas y aranceles. “No solo se debe sancionar el incumplimiento, sino también premiar a quien tiene procesos amigables y sostenibles con el ambiente. De esta manera, los estímulos a mejorar harán que las naciones hagan un mayor esfuerzo, que redituará en economías domésticas y a nivel global”, argumentó.

La fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, pidió la imputación por cohecho calificado del exdirector de Vertical Skies en Uruguay, Marcelo Acuña, en relación con el escandaloso caso de espionaje a los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera.

Charles Carrera, uno de los senadores afectados por este caso, anunció que en unas semanas se llevará a cabo una audiencia de formalización de la investigación contra Acuña. “Lo importante es eso, por lo menos se imputa al agente material que solicitó a Astesiano el armado de las carpetas personales de nosotros dos, a los efectos -y lo sumamente grave aquí- de que no se cumpla con la misión que nos dio la ciudadanía en las elecciones del año 2019, que es la de ser contralor de este gobierno”, enfatizó Carrera. “Es un hecho sumamente grave, ya que tenemos el rol de oposición”.

Tanto Bergara como Carrera fueron citados por la fiscal para informarles que se llevará adelante la solicitud de imputación contra el mencionado empresario. “Es parte de un proceso en donde estas cosas no pueden quedar impunes”, afirmó Bergara. “Es un caso grave que atenta contra la posibilidad de que senadores de la República puedan efectivamente ejercer sus funciones en el ámbito democrático”, añadió el legislador opositor.

Pidió que se llegue “hasta el fondo” en este caso, con el fin de determinar quiénes fueron las personas u organizaciones que pidieron iniciar el espionaje en contra de su persona y del correligionario Carrera.

Lo que habría pedido Acuña a Astesiano, según el pedido de imputación

Las acusaciones contra Marcelo Acuña se centran en su solicitud a Alejandro Astesiano para la búsqueda de información personal de Bergara y Carrera. El propósito detrás de esta recolección de datos era la confección de fichas personales de los senadores, con la intención de utilizar dicha información en su contra y presionarlos para que retiraran la denuncia contra el gobierno.

Esta denuncia se relacionaba con la controvertida ampliación de la concesión del Puerto de Montevideo a cambio de un pago sustancial, lo que dio lugar a la imputación de cohecho calificado.

La información incriminatoria contra Acuña surgió de una pericia realizada en el teléfono celular del ex custodio presidencial en el marco de la investigación sobre la venta de pasaportes a ciudadanos rusos, que se basaba en la falsificación de documentos públicos.

Vladimir Roslik (der) murió en 1984 víctima de salvajes torturas durante la dictadura. Dardo Ivo Morales estaba en el “interrogatorio” en que falleció.

Dardo Ivo Morales, una figura central en la turbulenta historia de Uruguay durante la dictadura militar, se encontraba “interrogando” al médico Vladimir Roslik cuando este último sufrió una muerte violenta en 1984, como consecuencia de los brutales golpes y tormentos infligidos. Uno de los efectos más desgarradores de este “interrogatorio” fue la ruptura del hígado del doctor Roslik.

A pesar de las pruebas contundentes que vinculan a Morales con la tortura y muerte de Roslik, este enigmático personaje ha logrado esquivar la cárcel una y otra vez, no solo en el caso de Roslik, sino también en otras ocasiones en las que ha sido acusado de crímenes cometidos durante la dictadura.

Morales ha mantenido estrechos lazos con sectores políticos y militares a lo largo de los años, lo que le ha permitido dedicarse a la intermediación en negocios relacionados con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que resulta aún más sorprendente es su papel actual como representante de una empresa estatal de la China comunista en el polémico proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (conocidas como OPV por sus siglas en inglés) por parte de la Armada uruguaya.

El almirante Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada uruguaya, hizo referencia a Dardo Morales durante una audiencia en la Comisión del Senado el 7 de agosto, donde se discutió en detalle la compra de estas patrulleras de vital importancia para la seguridad marítima del país.

“Cuando se empezaron a recibir las ofertas, no había ni de Damen Group, ni de China, ni de Kership, que eran las tres empresas que habían estado en el proceso anterior. Ya que ellos habían hecho una inversión y un trabajo técnico para presentar la propuesta anterior, me pareció de orden contactarme con los representantes de esos astilleros en el país. La llamada por teléfono fue a los representantes de los astilleros en el país —no a los directores o los jerarcas—, al señor Morales, a la señora Sapelli y al señor Mogollón, porque me parecía de orden que presentaran una propuesta”, dijo el militar en dicha ocasión.

Según consigna el diario El Observador, fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa Nacional confirmaron que el Morales aludido por el comandante Wilson es Dardo Ivo, y que representa a una empresa china en los negocios mencionados. En la comisión de Defensa en que se hicieron esas exclamaciones estaban presentes el ministro Javier García, el subsecretario Rivera Elgue, autoridades de la Armada y los senadores María Dolores Álvarez y Rodrigo Blas (Partido Nacional), Sandra Lazo, Alejandro Sánchez y Mario Bergara (Frente Amplio) y Marcos Methol (suplente de Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto).

Los misterios que rodean a Dardo Ivo Morales: Cómo ha evadido a la Justicia

Dardo Ivo Morales, conocido por su pasado oscuro en el que se le atribuyen actos de violencia y represión durante la dictadura, ha sido un enigma en la historia uruguaya. Su capacidad para eludir la justicia ha desconcertado a muchos, y su participación en el mundo de los negocios y la política solo agrega más misterio a su figura.

El caso del doctor Vladimir Roslik es uno de los episodios más oscuros en la vida de Dardo Morales. Las pruebas de su participación en el interrogatorio que llevó a la muerte de Roslik son contundentes, al menos para quienes lo señalan. El desgarramiento del hígado del médico es un testimonio de la brutalidad infligida.

Al exmilitar se le ha procesado sin prisión en más de una ocasión, de acuerdo a datos del Observatiro Luz Ibarburu, (Causa 2-121599/2011).

En el caso de Susana Zanoniani, quien denunció haber sido víctima de torturas en el cuartel de Fray Bentos como parte de la represión contra vecinos de San Javier en 1980, se ha llevado a cabo un proceso judicial que ha atravesado diversas etapas a lo largo de los años. El caso fue iniciado en 2011 en el Juzgado Letrado de Fray Bentos de 3° Turno, bajo la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad y con el respaldo del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu.

A lo largo de los años, se presentaron excepciones de inconstitucionalidad y otros recursos que retrasaron el proceso, pero finalmente, en agosto de 2023, la Dra. Selva Siri dictaminó el procesamiento sin prisión de Dardo Ivo Morales como presunto autor responsable de cuatro delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y tres delitos de privación de libertad (lee el dictamen acá).

Andrés Capretti en una foto de archivo

El más reciente hecho político que ha sacudido al ámbito del Partido Nacional y el sector herrerista, tiene que ver con Andrés Capretti, asesor de Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior, quien ha decidido dar un paso al costado tras ser acusado de acoso por una excompañera de trabajo. Esta noticia ha generado controversia y ha llevado a Capretti a tomar la decisión de separarse temporalmente de la actividad partidaria y de la lista 71 del PN.

El escándalo comenzó cuando una excompañera de trabajo de Capretti lo denunció por acoso. La denuncia, que está siendo investigada por la fiscal Alba Corral, del departamento de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 7º turno, incluye evidencia en forma de conversaciones de chat en las que la mujer solicitaba que Capretti dejara de comunicarse con ella, a lo que él, presuntamente, hizo caso omiso.

Desde que trascendió la acusación, el futuro de Capretti en la política, por medio del Herrerismo, ha quedado en vilo. Según dijo él en una carta que hizo pública, su decisión se debe a la atención que merece esta causa y la necesidad de no involucrar al PN en asuntos de índole personal.

La respuesta de Luis Alberto Heber: “Capretti ya no forma parte de la agrupación”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien había sido asesorado por Capretti en el pasado en cargos anteriores, se pronunció sobre la situación. El alto jerarca de Seguridad aclaró que Capretti no había sido apartado de la Lista 71 ni del Ministerio del Interior, contradiciendo a otros dirigentes que indicaron lo contrario.

Según Heber, Capretti simplemente se retiró de los grupos de Whatsapp de la agrupación, “hasta tanto se resuelvan los temas en la Justicia”. Esta declaración generó malestar dentro de la propia Lista 71, donde algunos miembros sí afirman categóricamente que Capretti ya no forma parte de la lista, mientras siga el curso de las investigaciones.

El mencionado asegura que probará su inocencia en la Justicia, y niega haber cometido lo que se le señala.

El senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini, asegura que él y el gobierno están “expectantes” ante la posible imputación con varios delitos contra el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, quien está acusado por un gran número de personas por delitos de presunta explotación sexual de menores.

Para Gandini, “sería una gran decepción que nos hubiera mentido”, pero pidió que haya cautela a la hora de ver y analizar el caso de Penadés, quien ha afirmado que vendería su caso a Netflix y se haría rico. “Todavía no tenemos un fallo judicial (…) “Obviamente sería una gran decepción para muchos de nosotros que nos hubiera mentido, porque nos dijo en la bancada que todo era mentira. Veremos qué dice la Justicia”.

Gandini mira a Penadés como “un actor fundamental” en la política, por lo que “eso era lo que hacía no inmediatamente descreer, pero sí que íbamos a esperar que los hechos hablaran”.

Se apresuró a decir que el caso de Penadés, de ser confirmado el accionar delictivo que se le señala, “no afecta” al Partido Nacional: “No es una conducta ni colectiva, ni partidaria, ni política, es personal”. Gandini reconoció que a quienes conocen al exsenador esta situación les “sorprende” y “afecta”.

Gustavo Penadés insiste en su inocencia pero la Fiscalía pedirá prisión

Gustavo Penadés se encuentra en el ojo de la tormenta después de ser públicamente denunciado por abuso sexual por Romina Celeste, una militante del Partido Nacional. Esta acusación se produjo antes de que Penadés cambiara de género a los 13 años, y desde entonces, su nombre ha estado en el centro de una creciente controversia.

En cuestión de semanas, otro nombre surgió en relación con el caso: Sebastián Mauvezín, quien fue señalado como el “nexo” entre Penadés y las víctimas. Para ese momento, al menos cinco menores ya habían hablado con la fiscal Alicia Ghione y compartido historias similares a las denuncias públicas de la militante blanca.

La Fiscalía ha estado siguiendo de cerca este caso, centrándose en escuchar a los denunciantes, que hasta ahora suman 11 personas. El proceso ha implicado la reconstrucción de sus testimonios y la presentación de evidencia ante la jueza de garantía para reunir los elementos necesarios antes de formalizar la investigación. Este es el último paso antes de llegar a la fase del juicio oral y público, ya que ni la defensa de Penadés ni la fiscal Ghione están dispuestos a aceptar un acuerdo abreviado.

Actualmente, el equipo fiscal a cargo de la investigación está finalizando el análisis de las pericias de los teléfonos de Penadés y Mauvezín, transcribiendo las conversaciones telefónicas y esperando la información solicitada a la empresa Meta, propietaria de Instagram y Facebook. Esta información concierne a los chats proporcionados por las víctimas, que difieren de los que circularon en las redes sociales.

En una conferencia de prensa, la fiscal Ghione aclaró que estas conversaciones no forman parte de la carpeta de evidencia y aún se debe determinar su autenticidad a través de peritajes. Ghione también explicó que, al ser una compañía extranjera, Meta no está obligada a proporcionar esta información, aunque la Justicia uruguaya generalmente ha recibido cooperación en casos de delitos sexuales al solicitar datos.

A pesar de las idas y venidas legales, que algunos sugieren podrían ser estrategias de la defensa para ganar tiempo, se espera que la Fiscalía solicite la prisión preventiva para Penadés en la audiencia de imputación. Esto se justificaría por dos razones principales:

En primer lugar, la ley 9155 del Código Penal establece que la prisión preventiva es necesaria cuando “exista una circunstancia coercitiva” sobre la víctima, independientemente de su género. Según los relatos de las víctimas, Penadés habría utilizado su posición como legislador y dirigente político para ejercer presión y hacer promesas laborales a cambio de actos sexuales, además de proporcionar dinero a cambio de los mismos.

La segunda razón se relaciona con las situaciones confusas que han rodeado a las víctimas desde el inicio del caso, incluyendo amenazas tanto a los denunciantes como a sus familias. Estas amenazas se han documentado a través de conversaciones en Instagram y llamadas telefónicas. Incluso se reportó que la madre de un menor de 16 años recibió un mensaje que amenazaba con quitarle la patria potestad de su hijo si testificaba contra Penadés.

Basándose en estas razones, y teniendo en cuenta el número significativo de víctimas que han presentado denuncias, Ghione planea solicitar la imputación con prisión preventiva por un período de 180 días. La decisión final recaerá en manos de la Justicia, que evaluará si existen méritos para conceder la solicitud de la Fiscalía o si se adoptará otra medida cautelar.

Intendencia de Canelones

La Intendencia de Canelones ha dado un paso en un intento de proyectar transparencia y la participación ciudadana al lanzar una plataforma en línea que brinda información actualizada sobre el estado de avance de diversas obras y proyectos en todo el departamento. La página web, obracanelones.uy, se puso en marcha en agosto y permite a los ciudadanos explorar las iniciativas lideradas por el gobierno departamental de Canelones a través de la Dirección General de Obras.

Esta plataforma, diseñada para ser accesible y útil, ofrece a los navegantes diversas herramientas, incluyendo un buscador intuitivo, una sección de testimonios de la comunidad, y enlaces de interés relacionados con los proyectos en curso.

Desde su lanzamiento, obracanelones.uy se ha convertido en una valiosa fuente de información para los residentes del departamento. Según los datos proporcionados en el sitio, desde 2005 hasta la fecha se han intervenido más de 978,000 metros cuadrados de espacios públicos en Canelones. Además, el departamento ha experimentado un crecimiento significativo en su infraestructura deportiva, pasando de tener un solo gimnasio en la capital a la instalación de 12 gimnasios en toda la región.

Uno de los proyectos emblemáticos que se encuentra en desarrollo es la instalación de 1.3 kilómetros de tratamiento bituminoso superficial y obras hidráulicas en el barrio Rossi, ubicado en La Paz. Este proyecto incluye aproximadamente 350 metros lineales de cañerías para entradas vehiculares, 65 losetas para entradas peatonales y la conformación de 2682 metros de cunetas. Esta obra es parte del fideicomiso de 44 millones de dólares que la Junta de Canelones aprobó después del rechazo de un fideicomiso anterior.

Otro proyecto de gran relevancia es la restauración del histórico Teatro Colón, que ha sido considerado patrimonio nacional desde 1984 pero que se encontraba en un avanzado estado de deterioro. Este emblemático espacio, situado frente al centenario Teatro Politeama, se convertirá en un centro cultural de referencia departamental. Además, en la capital se erigirá un moderno Estadio de Gimnasia Artística.

En Solymar, se están llevando a cabo obras de infraestructura vial e hidráulica que abarcan 3.7 kilómetros de calles, con el objetivo de asfaltar todas las calles de Montes de Solymar. En Atlántida, la Plaza de los Fundadores se someterá a una completa renovación, mientras que en Costa Azul se realizarán mejoras en las calles por donde circula el transporte público. Sin embargo, la costa atlántica no es la única zona que recibe inversiones públicas significativas.

En Pando, se están construyendo 2.7 kilómetros de calles nuevas para mejorar la circulación del transporte público. En Las Piedras, se llevará a cabo la pavimentación en los barrios Santa Isabel, Talca 1 y 2, Pueblo Nuevo, así como la remodelación de la Plaza Batlle y Ordóñez y la instalación del Centro de Rehabilitación de Las Piedras.

Las obras que se están realizando en Canelones

La Dirección General de Obras está a cargo de una amplia variedad de proyectos, que incluyen:

Obras Viales: Estas obras abarcan la rehabilitación, construcción o mejora de calles tanto en áreas urbanas como rurales.

Obras Hidráulicas: Comprenden proyectos relacionados con la gestión del agua, garantizando la durabilidad y rendimiento de los pavimentos. Esto puede incluir obras de micro y macro drenaje, como alcantarillas, cunetas, badenes y puentes, entre otros.

Alumbrado Público: La Dirección se encarga de la instalación y sustitución de la red de iluminación en las zonas urbanas del departamento.

El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en camino hacia los Estados Unidos en la jornada de hoy. Su destino es la ciudad de Nueva York, donde participará en la destacada Asamblea General de las Naciones Unidas, un evento que se extenderá del 19 al 23 de septiembre. Este encuentro internacional representa el principal órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bajo el lema «Reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial», los líderes mundiales se han congregado con el objetivo de abordar la agenda para el año 2023 y los desafíos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible.

Previamente a su partida, el presidente Lacalle Pou tuvo una activa agenda en Uruguay. El sábado pasado, presidió el acto de clausura de la Expo Prado 2023 en Montevideo. Asimismo, en una muestra de su compromiso con las relaciones internacionales, viajó a la ciudad de Lille, Francia, donde asistió al partido de Los Teros en el Mundial de Rugby el pasado jueves. En esta ocasión, compartió la experiencia deportiva junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Cabe destacar que el mandatario uruguayo también visitó Santiago de Chile el 11 de septiembre para conmemorar el 50° aniversario del golpe de Estado en ese país.

Los tres viajes al extranjero habían sido planificados con antelación y contaron con la aprobación del Parlamento, un requisito obligatorio para que el presidente pudiera ausentarse del país en asuntos diplomáticos.

El último viaje que hizo a la potencia norteamericana fue en junio de este año, cuando visitó a Joe Biden en la Casa Blanca. En esa instancia, hablaron de asuntos de interés para ambas naciones, y quedó abierta la posibilidad de que Biden visite Uruguay, algo que parece altamente improbable en un escenario en que se empiezan a perfilar las próximas elecciones presidenciales en su país.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dice que hay un vox populi que pide cambio de gobierno, porque les ha “ido mal” en diversos aspectos de sus vidas diarias durante el actual gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Nosotros no podemos perder el rumbo que la gente nos pide, que se cambie el gobierno. Y que se cambie porque le ha ido mal en lo salarial, en lo jubilatorio, no han resuelto el tema de la seguridad pública, porque han hecho un mundo de acomodos como hicieron en Salto Grande contratando ediles de la lista 400 y 404”, dijo el líder de izquierda en declaraciones vertidas a Subrayado.

Con esas declaraciones hace referencia al escándalo por las decenas de contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, realizadas durante la administración del nacionalista Carlos Albisu, a quien también se le aprobó además una extensión presupuestal antes de renunciar hace unos días, precisamente por las críticas de supuesto clientelismo político.

Carlos Albisu no se dio por aludido en las críticas del FA, pero admite que pudo haber cometido errores sin faltar a la ley. “A veces con el afán de hacer cosas porque el tiempo es finito te puede llevar a cometer errores”, aseguró. “Seguramente nos hemos equivocado motivados por las ganas de hacer, pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley”.

“Apostamos a la salud, infraestructura y deporte. Lo hicimos porque está estipulado en la naturaleza jurídica de la Comisión (…) Desde que asumimos esta responsabilidad nos propusimos que la gestión de CTM cumpliera sus cometidos”, agregó.

“Cumplimos con los reclamos históricos, actuamos con responsabilidad (…) Uno entiende que hay un desconocimiento de lo que es Salto Grande y lo que significa para el país y para la región”, concretó el exjerarca.

Fernando Pereira concluyó diciendo que espera que el gobierno nombre “antes de la interpelación” a tres nuevos integrantes en la Comisión. “Y ojalá tenga la grandeza de nombrar un miembro del Frente Amplio que es quien va a controlar”, apuntó.

Renunció presidente de la comisión de Salto Grande tras polémica por presunto clientelismo

Carlos Albisu fue señalado por el Frente Amplio por presunto clientelismo político al contratar a…

Yamandú Orsi junto a Carolina Cosse en una foto de archivo.

Las elecciones internas en Uruguay están a nueve meses de distancia, y los precandidatos de los diferentes partidos políticos están avanzando en sus campañas para instalar su nombre entre los votantes. Opción Consultores ha realizado un estudio que arroja interesantes resultados sobre la preferencia de los votantes en los partidos Frente Amplio y Partido Nacional.

En el seno del Frente Amplio, el actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se mantiene como el precandidato líder, aunque su ventaja sobre Carolina Cosse ha disminuido y podría ponerse picante la elección. Según la encuesta llevada a cabo durante los meses de agosto y setiembre, Orsi cuenta con un 43% de apoyo, mientras que Cosse le sigue de cerca con un 39%.

En tercer lugar, con un considerable margen, se ubica Mario Bergara, obteniendo un 6% de respaldo, y en cuarto lugar está el intendente de Salto, Andrés Lima, con un 2%. Un 10% de los encuestados no sabe o no contesta.

En mayo, Orsi lideraba con una ventaja de 14 puntos sobre Cosse (49% a 35%). Este cambio puede atribuirse al respaldo explícito que ha recibido Carolina Cosse por parte del Partido Comunista, uno de los sectores políticos más influyentes dentro del Frente Amplio y que trae gran caudal de votantes.

En el Partido Nacional, Raffo no tendría posibilidades de vencer a Delgado

En las tiendas oficialistas del Partido Nacional, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se mantiene como el precandidato más respaldado, según la encuesta. En un escenario que incluye a personas que aún no han definido su precandidatura, como Juan Sartori, Beatriz Argimón y Javier García, Delgado obtiene un sólido 49% de apoyo.

Le sigue Laura Raffo con un 19% y Sartori con un 10%. A continuación, Argimón cuenta con un 9%, Jorge Gandini con un 4% y Javier García con un 3%. Si las elecciones fueran hoy, ninguno de estos tendría chances de superar a Delgado.

Estos resultados muestran la fortaleza de Delgado dentro del Partido Nacional, consolidándose como el favorito en esta etapa previa a las elecciones internas. El jerarca no ha confirmado ni rechazado la idea de que vaya a confirmar su candidatura aún.