Luis Suárez le entregó la banda de capitanía a Edinson Cavani cuando fueron intercambiados en el segundo tiempo. Foto: FIFA

Los dos golazos de Giorgian de Arrascaeta no bastaron para que Uruguay superara la fase de grupos y se insertara en Octavos de Final del mundial de Qatar 2022, y tendrá que alistar maletas para regresar a casa.

En paralelo, el estadio Al Janoub estallaba de emoción cuando los fans surcoreanos se enteraron de que Uruguay no había podíd anotar el tercer tanto que necesitaba para que la diferencia de goles lo colocara en el segundo puesto de la tabla de clasificación.

Uruguay perfectamente pudo haberse traído algunos goles más en contra, pero el portero celeste Sergio Rochet fue la figura destacada del encuentro, atajando un penal para los ghaneses y varias paradas épicas que, seguramente, darán de qué hablar en su carrera de aquí en adelante.

Respecto al Plan Avanzar, impulsado por el Poder Ejecutivo, señaló “Son los mismos programas, no hay una novedad en ese sentido. Lo que veíamos es que hay un nivel de atención a estos asentamientos desde un punto de vista cuantitativo, que es altamente insuficiente” subrayó el director de la Intendencia de Montevideo

Sebastián Moreno es Licenciado por la Facultad de Artes y Ciencias- Universidad de Quebec en Montreal- Canadá

2018 – 2020: coordinador del Programa de Mejora Urbana. Intendencia de Montevideo
2014 – 2018: director del Plan Juntos- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)

2011 – 2014: asesor de la Dirección Nacional de Vivienda (MVOTMA).
2005 – 2011: Área de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de Barrios (MVOTMA).

El Poder Ejecutivo presentó El Plan Avanzar, que busca erradicar 120 asentamientos en todo el país. Montevideo es uno de los departamentos con más asentamientos ¿Cuán involucrado está Montevideo en ese plan?

Lo que se está haciendo, lo que se va a hacer con el Plan Avanzar, no estamos hablando puramente de realojo de asentamientos o construcción de viviendas, sino que son intervenciones que dependen de qué tipo de intervención se va a hacer, en algunos casos el planteo es de realojo total porque las familias no pueden vivir ahí, porque están en zonas inundables o contaminadas, que generan problemas de salud, en algunos lugares sí se puede vivir ahí, pero hay que mejorar las condiciones, y hay que llevar los servicios y también mejorar las viviendas. Entonces, son como varias líneas de trabajo en asentamientos, que no son siempre homogéneos. Me parece interesante poner en contexto, el Plan Avanzar se anuncia ahora en 2022, nosotros en agosto firmamos un convenio marco, se le ha llamado acuerdo estratégico entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda vinculado al Plan Avanzar. Acordamos trabajar en doce asentamientos, con la definición formal y oficial del asentamiento. A veces hay tres asentamientos que son uno, para nosotros o para los propios vecinos del barrio. Por ejemplo, Aquiles Lanza – Malvín Norte que es uno de los que vamos a trabajar, es Aquiles Lanza, Viviendas del Milenio y Berro, considerado como tres asentamientos, pero físicamente es el mismo. Las complejidades de los asentamientos hacen que sea difícil colocarles una etiqueta. Cuando nosotros arrancamos el gobierno departamental, ahora ya pasaron dos años, la intendenta (Carolina Cosse) tuvo una reunión con la ministra (Irene Moreira) donde le planteamos la prioridad que queríamos darle al tema asentamientos. Después, nosotros empezamos a tener reuniones con la Dirección Nacional de Vivienda, en aquel momento porque todavía no existía la nueva dirección que después se creó.  El primer planteo del Ministerio (Vivienda) fue que no había plata. Teníamos convenios firmados, por qué esto funciona por convenio, Intendencia acuerda con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio tiene la competencia de lo que es vivienda, la Intendencia tiene la competencia de lo que es ciudad o suelo. Entonces, siempre se funciona por convenio. Históricamente lo que se hacía era la Intendencia ponía la tierra, el equipo técnico del proyecto, y el Ministerio financiaba las obras de las viviendas. Había convenios firmados en este sentido, y algunos asentamientos por empezar la intervención cuando el Ministerio de Vivienda nos dice “paren no hay plata, no podemos garantizar el presupuesto de estos barrios, no los empiecen”.  Uno de ellos ya había comenzado que era el Barrio Chacarita. Ahí lo que decidió la intendenta (Cosse) fue adelantar dinero, no podíamos parar la obra y seguimos adelante. Cuando el Ministerio tenga el dinero, lo devolverá.

Entre ese y otros asentamientos, el Ministerio llegó a tener unos 6 millones de dólares de deuda con la Intendencia. En ese marco, se crea en el Ministerio de Vivienda la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, que por unos meses estuvo sin cargo asignado, y finalmente se asigna como directora a la arquitecta Florencia Arbeleche. Comenzamos a trabajar con miras, no solo a ponernos al día con lo anterior, porque no podemos anunciar barrios nuevos cuando hay una deuda de 6 millones de dólares, y además no habíamos podido arrancar con los barrios que habíamos firmado en el período anterior. En ese momento se nos da “luz verde” para arrancar con los barrios firmados en el periodo anterior.  Se ponen al día con la deuda de 6 millones de dólares, y se negocia el ingreso de barrios nuevos para empezar a trabajar. Esos barrios, sobre los que hemos acordado, son doce asentamientos, algunos son realojos totales, es decir, que hay que realojar a todas las familias, y otros son regularizaciones, es decir, en el lugar donde están, con algunos realojos a veces por temas de proyecto, también por problemas de zonas inundables en un asentamiento que todo no es inundable, dentro de ese marco es lo que empezamos a trabajar. Como contaba firmamos el convenio en agosto, enseguida nos pusimos nosotros a hacer los proyectos y en eso estamos. En Montevideo tenemos 344 asentamientos, unos 34.000 hogares. Lo firmado con el Ministerio de Vivienda representa el 4% de la población de asentamientos. Está bueno como intervención, pero el problema sigue siendo enorme.

Lo que sí estamos viendo y en eso coincidimos con lo que dice el informe de (Organización) Techo es una densificación de los asentamientos, es decir, asentamientos que están creciendo en población, eso lo estamos viendo en particular con nuevos hogares jóvenes.

Sebastián Moreno en entrevista por Zoom con LARED21.

Un informe que hizo la “Organización Techo” señaló que los asentamientos habían aumentado ¿Cuál es la realidad de estos 344 asentamientos?

Nosotros lo que estamos viendo es, no tanto un aumento de asentamientos en número, que muchas veces el número no quiere decir mucho, un asentamiento de diez familias o de 500 familias no es lo mismo, o sea que el número de asentamientos a veces no es el indicador más relevante. Pero lo que sí estamos viendo y en eso coincidimos con lo que dice el informe de (Organización) Techo es una densificación de los asentamientos, es decir, asentamientos que están creciendo en población, eso lo estamos viendo en particular con nuevos hogares jóvenes. Las familias que llegan el momento de independizarse y no tienen como pagar un alquiler, y construyen en el fondo o en el mismo asentamiento en algún otro lugar. Se apoya muchísimo lo que son las redes familiares o de vecinos. Entonces, tampoco es alejarse mucho del barrio. Nosotros sí estamos viendo una densificación, la gente tiene problemas para poder pagar alquileres, o para poder comprar una casa, ni que hablar. Estamos viendo más gente en los asentamientos que ya existían, pocos asentamientos nuevos como tal, pero sí los que estaban se están densificando, eso lo estamos viendo claramente.

¿Qué intervenciones puede hacer la Intendencia en esos asentamientos?

Hay muchas maneras de trabajar en asentamientos y con barrios populares. A veces hablamos de asentamientos, también hay otras originalidades de vivienda que tiene este país, que pueden tener problemas muy similares a los de los asentimientos. Los complejos de INVE viejos, los núcleos básicos evolutivos, hay una cantidad de construcción de viviendas por parte del Estado que hoy tiene problemas, viviendas de emergencia que se hicieron en los años 60 y que todavía siguen, o sea, la emergencia duró bastante tiempo. Hay muchos problemas vinculados a los barrios populares en general. En particular con los asentamientos lo que nosotros vimos cuando estábamos preparándonos, para asumir acá (Dirección de Tierras y Hábitat) es que habían tres líneas desde el Ministerio de Vivienda para trabajar en asentamientos, que son: el plan de relocalización, que es para realojar familias, aquellos que están en terreno inundable o contaminado; el Programa de Mejoramiento de Barrios con financiamiento del BID, que es para regularizar asentamientos, que se pueden quedar en el lugar, pero hay que hacer el saneamiento,  el alumbrado, las calles y algunas mejoras de vivienda o realojos; y el Plan Juntos, este plan un poco más suelto en el territorio, construye y mejora viviendas. Son los tres programas que tenía el Ministerio de Vivienda y que sigue teniendo, porque son lo mismo. Se anuncia el Plan Avanzar y son los mismos programas, no hay una novedad en ese sentido. Lo que veíamos es que hay un nivel de atención a estos asentamientos desde un punto de vista cuantitativo, que es altamente insuficiente. Es decir, hay pocos asentamientos que están siendo relevados, poquísimos, después de haber destrabado lo que se había trancado, tenemos cuatro asentamientos siendo realojados. Estamos con cuatro asentamientos siendo regularizados hoy y tenemos 344. Nosotros lo que planteamos es un programa de la Intendencia con fondos de la Intendencia para trabajar en asentamientos, una parte es el Plan ABC donde empezamos a trabajar en mejoras de caminería, de pluviales, de alumbrado, de algunas mejoras de vivienda de emergencia, aunque la competencia en vivienda, vuelvo a decir, no es de la Intendencia, pero existen algunos temas de emergencia, como ser por ejemplo que no tienen baño y ahí intervenimos. También generamos algunos espacios públicos vinculados, no solo a una plaza o a un parque necesariamente, pero si es una recuperación de espacios que de pronto antes eran un basural. Con esa línea nosotros empezamos a trabajar, y a través del Plan ABC, se está trabajado en alrededor de 50 barrios. De acá a fin de año, se están incorporando barrios nuevos, y ya a principios del año que viene, vamos a estar trabajando en 60 asentamientos. Entonces, no es el mismo tipo de intervención, pero vamos a ir mejorando estos barrios que no pueden seguir esperando.

Nosotros tenemos un estudio que se hizo en las pensiones de Ciudad Vieja, donde había una población migrante muy importante y en cuestión de un año o dos años, ese porcentaje de población migrante en pensiones bajó muchísimo, y efectivamente nos estamos empezando a encontrar con migrantes en los asentamientos.

Tú has señalado que el crecimiento está vinculado con familias que  forman parejas jóvenes y que construyen junto a la vivienda de sus padres, también el crecimiento se explica por la presencia de migrantes como nueva población de asentamientos ¿Es así?

Nosotros nos acostumbramos a decir que Uruguay no crece en población, y eso es relativamente cierto. Si analizamos los datos de los asentamientos, allí la población crece. Si bien no es el mismo tipo de crecimiento, sí efectivamente hay un crecimiento poblacional en los asentamientos. Por otro lado, efectivamente sí se está viendo lo que plantea (Organización) Techo. La gente se organiza como complejos familiares, es un tema de redes, de solidaridad, aunque no llegan a ser cooperativas, pero están ahí para apoyarse. No se puede conseguir una vivienda tan fácil, o un terreno tan fácil, claramente es una situación que estamos viendo. Es una manera también que cada familia tiene para desarrollarse, y cada uno con distintas estrategias de supervivencia. Nosotros los intentamos apoyar en la medida de lo posible, mejorando las condiciones, favoreciendo y apoyando la organización, porque la organización barrial y la voz colectiva, cuando se logra es muy potente y se logran cosas muy buenas para los barrios, en la medida que sus habitantes se organizan. Esa es la línea de trabajo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un estudio que se hizo en las pensiones de Ciudad Vieja, donde había una población migrante muy importante y en cuestión de un año o dos años, ese porcentaje de población migrante en pensiones bajó muchísimo, y efectivamente nos estamos empezando a encontrar con migrantes en los asentamientos. Es un fenómeno nuevo de migrantes en asentamientos. Nosotros estamos por firmar un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, para empezar a estudiar el fenómeno migrante en asentamientos y trayectorias habitacionales, estudiaremos temas vinculados a ingresos, problemas de acceso a la vivienda, cuáles son los obstáculos que  tienen, cuáles son las redes, porque se vienen, por cuánto tiempo estarán y si vienen a quedarse, o se irán para otro lado. Hay muchas cosas que necesitamos conocer, para poder después diseñar políticas públicas que se correspondan con la realidad. 

¿Le consta a la Intendencia que esa población en un número muy significativo sufre inseguridad alimentaria?

Sí, eso es claro, es muy simple, es recorrer los asentamientos a las siete de la tarde, cuando las ollas están prendidas y cuando la gente aparece con el tupper y hace la cola para poder alimentar a la familia, eso es clarísimo. Hay muchísima gente sin trabajo, mucha gente con trabajo informal, lo que se llaman “changas”, de repente los  llaman dos días, y después no los llaman más. Hay mucha gente que tiene trabajo y que la plata no le da, y que, para poder llegar a fin de mes, a la quincena y para poder alimentar a la familia, está dependiendo de las ollas. Es caminar a las siete de la tarde, recorrer con la gente que está haciendo las ollas, recorrer con la gente de los barrios y es muy claro, el tema de la alimentación hoy por hoy es el principal problema planteado por los vecinos. Es el más básico y es el primero.

Nosotros hablamos de integración, respetando los diferentes modelos que existen de organización familiar, de organización barrial, etcétera, reconocer que en Montevideo no hay una centralidad y una periferia, hay muchas centralidades, y queremos generar acciones de calidad en las periferias y en las diferentes centralidades.

¿Cuál es la idea de la Intendencia con esta población que está distribuida en 344 asentamientos, regularizar o sacarlas de ese lugar?

Termina siendo caso a caso, porque depende de la situación, pero la base, las líneas generales, es la integración a la ciudad. La inclusión lo que hace es tener un modelo predefinido de cómo debería ser la familia, la casa, y que todos tiendan a ese modelo. Nosotros hablamos de integración, respetando los diferentes modelos que existen de organización familiar, de organización barrial, etcétera, reconocer que en Montevideo no hay una centralidad y una periferia, hay muchas centralidades, y queremos generar acciones de calidad en las periferias y en las diferentes centralidades. En ese sentido, hay un respeto muy importante por lo que son las centralidades, es decir, generar un equipamiento cultural o deportivo lo que sea, en algún lugar de la periferia, tiene que ser exactamente con la misma calidad que lo harías en el centro de la ciudad. Reconocer para poder integrar y respetar lo que son las diferentes opciones. Entonces, ahí entramos en tema más concreto de ciudad, pero vinculados a ejercer los derechos, derechos de salud en particular, y derechos de vivienda. Hay gente que está viviendo en lugares donde no se puede vivir. Hay que lograr en algún momento, poder generar una mejora de esas condiciones. Se habla desde el lado de la política de vivienda y eso es acertado, pero acá hay que hablar de política de trabajo, hay que hablar de política económica, porque no hay mejor prevención de la generación de asentamientos, que la gente tenga trabajo para pagar un alquiler o una cuota para una casa, eso es lo básico, a veces hay mucho énfasis en lo que es la policía territorial y no permitir que se ocupe tierras y eso es verdad, pero hay que preguntarse de dónde vienen y a dónde van. Hay un tema vinculado con lo económico, se habla mucho de política integral, incluso se ha hablado tanto de política integral que hasta a veces pierde sentido, esto pasa con los términos cuando se usan mucho y en particular cuando son medio vacíos. En realidad, tiene necesariamente que tener una mirada que sea de diferentes ejes, está el tema de política de vivienda y de suelo, que son fundamentales, nosotros hemos trabajado muchísimo con la cartera de tierras, está el tema de la salud, el trabajo, la seguridad, y la convivencia. Todos los temas hay que trabajarlos a la vez, para poder generar políticas eficientes y para poder mejorar las condiciones de vida en la práctica, y en la realidad y no solo en el discurso.

El Poder Ejecutivo y OSE impulsan el “Proyecto Neptuno”, en el balneario Arazatí, en el departamento de San José. La obra consiste en la construcción de una planta potabilizadora, una nueva estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros. La obra será una iniciativa privada presentada por un consorcio de cinco empresas constructoras.

Ramón Parra es funcionario de OSE desde 1996 en Canelones. Desde 2010 trabaja en Montevideo. Se desempeña en el sector líneas de aducción, que consiste en la mantención de las líneas grandes que llegan de Aguas Corrientes.

¿Una primera reflexión de cómo la Federación recibió este proyecto?

Lo recibimos con mucho dolor. El día del paro convocado por el PIT CNT (15 de noviembre), en el acto nos enteramos de que hubo una reunión extraordinaria del directorio de OSE, donde se habilita a que comience el trabajo con los pliegos de licitación internacional para la construcción de la planta, del reservorio de agua y de la tubería de 80 kilómetros hacia Montevideo. Una vez que terminó el acto del PIT CNT, los trabajadores que habíamos parado, nos dirigimos hacia el directorio (OSE), para poder hablar y que nos explicarán de primera mano porque tanta urgencia en aprobar el pliego de licitación del “Proyecto Neptuno”.  Nos encontramos que llegamos al edificio (Carlos Roxlo y Constituyente) y estaban las puertas trancadas, no pudimos ingresar, nosotros que somos trabajadores de OSE, no pudimos entrar a nuestro lugar de trabajo, estaba el guardia en la puerta. Finalmente íbamos entrando de a uno y eso nos hizo retrotraer a épocas oscuras de un país al que no queremos volver a vivir.  En la  noche escuchamos la conferencia de prensa que da el presidente de la República (Lacalle Pou) y el ministro (ambiente) Adrián Peña.

Es necesario (hacer obras), la población va a seguir creciendo, hoy está en un 60% y al 2045 va a aumentar.

¿Montevideo tendrá problemas con el abastecimiento de agua para los próximos diez años? ¿Es necesario hacer obras al respecto para garantizar el agua potable a la población? 

Es necesario (hacer obras), la población va a seguir creciendo, hoy está en un 60% y al 2045 va a aumentar. Lo que nosotros decimos es hoy no tenemos problemas, esta obra no es necesaria.  No es necesario embargar al país en 700 millones de dólares para salir a hacer una obra de esta magnitud ¿Por qué? De 700 millones de dólares por qué el presidente (Lacalle Pou) le mintió a la ciudadanía, se le dará a un consorcio privado para que haga la obra, la construcción de la planta, la construcción del reservorio de agua, la construcción de la tubería de 80 km hacia Montevideo y el mantenimiento de toda la obra por 18 años. Esa obra le va a costar a la empresa 260 millones de dólares, la OSE al tercer año de la construcción, empezará a pagar un canon a 40 millones de dólares anuales durante 18 años, si sacamos la cuenta rápidamente nos da 720 millones de dólares. La empresa invierte 260 millones de dólares y va a ganar 720 millones. Nosotros decimos que esa obra no va a quedar en funcionamiento. La Planta de Aguas Corrientes, hace 150 años que funciona, y no le ha sucedido nada hasta el día de hoy, y si le sucediera, y estuviera en funcionamiento esta que quieren construir, tampoco salvaría lo que es la falta de agua en toda la zona que le iban a dar desde San José a Montevideo, estamos hablando de Ciudad del Plata, Villa Rodríguez, Libertad, que fueron los pueblos que dijeron “le tenemos que llevar el acceso al agua a esa ciudadanía que hoy no la tienen”. La planta desalinizadora era de un 30% de la planta de Agua Corrientes. Para abaratar costos y que le sea más redituable al capital privado, lo que hicieron fue rebajar el proceso de la planta y que  potabilice el 21%, bajaron el reservorio de agua, el reservorio de agua es lo que comúnmente conocemos en el interior del país como un tajamar, para que le quede claro a la gente ese reservorio de agua se da para cuando hay problemas de salinidad, ese problema de salinidad se da principalmente en el verano. En el invierno es muy difícil que se dé, se da en el verano cuando el río baja y tiene mucha más entrada del océano, y ahí es cuando más se va a precisar el agua.  Ellos (el gobierno) quieren crear esa falsa alarma de que nos vamos a quedar sin agua en invierno, sin embargo, Aguas Corrientes produce agua normalmente. Donde puede faltar el agua es en verano, cuando baja el Río Santa Lucía, el caudal que puede mandar Paso Severino no alcanza. Entonces puede haber problemas. 

El saneamiento es otro capítulo aparte, que va de la mano con todo esto, porque “oh casualidad”, es el mismo consorcio que va a hacer las dos obras grandes. Entonces, lo que nosotros decimos es esta obra de la planta nueva desalinizadora y la tubería de 80 km a Montevideo, a la empresa privada le va a costar 260 millones de dólares.

El presidente Lacalle Pou ha dicho que la inversión inicial era de 200 millones y posteriormente 500 millones para saneamiento, es decir no son solo los 260 que tú mencionabas ¿cuáles son los números según ustedes?

Sí, el saneamiento es otro capítulo aparte, que va de la mano con todo esto, porque “oh casualidad”, es el mismo consorcio que va a hacer las dos obras grandes. Entonces, lo que nosotros decimos es esta obra de la planta nueva desalinizadora y la tubería de 80 km a Montevideo, a la empresa privada le va a costar 260 millones de dólares. Después del tercer año, la planta pasa a OSE, porque lo que hizo el gobierno es, que la planta la opere OSE, que el consorcio privado la termine y que la opere OSE.  

Desde el gobierno se sostiene que hoy en Montevideo hay problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, ha ocurrido que en la zona de los hospitales se han quedado sin agua ¿Existe un problema real de abastecimiento de agua?

 No hay un problema de abastecimiento de agua, pero se han quedado sin agua, no producto de que Aguas Corrientes no bombeara agua, sino producto de que surge una rotura de la tubería y se corta el suministro por dos, tres o cuatro horas, de acuerdo a lo que dure el trabajo. Y si hay hospitales, sanatorios, centros de diálisis, algún residencial, lo que hace la OSE es poner camiones cisterna que tenemos preparados y pronto para salir, pero esos cortes no los podemos comparar y decir que Agua Corrientes no bombea agua. Nosotros escuchamos la entrevista al gerente general (OSE) (Arturo Castañino) y nos sorprendió que le dijera mentiras a la población, porque la población lo único que sabe es el levantarse, abrir la canilla para bañarse, preparar el mate o tomar un café, pero después no sabe el proceso que existe. Entonces, si alarmamos a la gente y le decimos que le va a faltar el agua, es jugar con la gente.

Si se hace una inversión dentro de la planta de Aguas Corrientes, y si hacemos una inversión y mantenimiento de nuestras redes en Montevideo, no es necesario salir corriendo ahora a hacer esa gran obra que están queriendo llevar adelante, no es necesaria.

¿Montevideo necesita infraestructura? ¿Y esa infraestructura que se necesita cree que se tiene que hacer con recursos públicos?

 Sí totalmente. Nosotros decimos, si la OSE que hoy en día tiene los créditos internacionales al día, no tiene problema, ya pagó todo, dicho por el presidente de OSE Raúl Montero o por la vicepresidenta (Susana Montaner), entonces, si la OSE agarra esos 200 millones de dólares y los invierte en mejorar lo que es la planta de Aguas Corrientes, o también está hacer la Represa de Casupá, que le va a dar la posibilidad a la Represa de Casupá que el río Santa Lucía tenga una mayor caudal, hoy dependemos solo de un lugar que le da más caudal al río Santa Lucía, que es la Represa de Paso Severino, si se hace la de Casupá, que vale 80 millones de dólares, que ya está todo pronto, si se hace una inversión dentro de la planta de Aguas Corrientes, y si hacemos una inversión y mantenimiento de nuestras redes en Montevideo, no es necesario salir corriendo ahora a hacer esa gran obra que están queriendo llevar adelante, no es necesaria. Debemos sentarnos a conversar entre todos los actores, lo dice clarito la Constitución, todos los actores tienen que sentarse a ver qué hacemos con el recurso finito que es el agua, la sociedad civil, la política, los sindicatos, el Ministerio de Ambiente, todos los actores involucrados con el tema agua. Entonces, no es necesario salir corriendo a hacer esto para darle de ganar a unos pocos. Es la realidad, y que cuando la vayamos a necesitar no la vamos a tener. 

Desde la Academia se advirtió del impacto ambiental que puede tener esta obra ¿Qué información tienen ustedes al respecto?

Es nefasto. Le habilitan al inversor privado que él mismo haga el proyecto de impacto ambiental, dentro del tiempo que lo anunciaron el otro día. No se precisa ser muy inteligente para darse cuenta que ya presentada la iniciativa privada y soy el que tengo que hacer el proyecto de impacto ambiental, no voy a hacer un proyecto para perjudicarme a mí mismo, porque lo que quiero conseguir es hacer la obra. Entonces, nos parece que son el Ministerio de Ambiente, la DINAMA, LA DINAGUA, los que tienen que encarar el tema del impacto ambiental y no darle a la empresa para hacer ese estudio. Porque qué va a decir la empresa, “quédense tranquilos que nosotros vamos a cuidar el medio ambiente” y sí lo van a decir, si el proyecto lo van a presentar ellos. Es un tema político, lo dijo el presidente (Lacalle Pou) en la reunión, “me comprometí con la ciudadanía y lo voy a sacar adelante cueste lo que cueste”. Entonces, no entendemos porque siguen por este camino. 

Al consorcio privado le tendremos que pagar 40 millones de dólares por año, y esos 40 millones de dólares van a tener que salir de la factura, no hay otra, para una obra que cuando más se precise no va a estar en funcionamiento.

Porque dijiste que una vez que finalice la obra finalmente no se va a obtener nada ¿Por qué?

Porque si se precisa esa planta, principalmente se va a necesitar en el verano que es donde puede haber problemas de sequía. La Planta de Aguas Corrientes puede tener un problemita, pongámoslo todo en supuesto, que se dé una catástrofe, que el río Santa Lucía baje, que no se pueda potabilizar, vamos a depender de la planta nueva, tendremos un 21% de producción de lo que es la planta de Aguas Corrientes, hoy está produciendo en un 100. La nueva Planta va a producir al 21% y eso da para uno o dos días como máximo, y más si hay calor. Porque decimos que la planta no va a funcionar, porque es cuando va a haber el mayor grado de salinidad dentro del Río de la Plata porque va a haber sequía, porque va a entrar mucha más agua del océano y ya está estipulado que cuando ocurran los episodios de salinidad fuerte y grande, esa planta no va a poder funcionar y tendrá que cerrar. Entonces, vamos a hacer una inversión de 700 millones de dólares, que le va a costar a todos los uruguayos, el único recurso que tiene la OSE para hacer caja es la factura, no hay otro, si no le tiene que pedir plata a un Banco o a una institución bancaria, y después lo paga. Al consorcio privado le tendremos que pagar 40 millones de dólares por año, y esos 40 millones de dólares van a tener que salir de la factura, no hay otra, para una obra que cuando más se precise no va a estar en funcionamiento.

¿Qué piensan hacer los trabajadores, que acciones prevén?

En el día de hoy, vamos a estar presentando un recurso administrativo que se llama recurso de revocación hacia la RD que aprobó el directorio. La idea es intimar a la OSE a que frene la decisión que tomó porque es perjudicial para los intereses de toda la ciudadanía. Estuvieron trabajando nuestros abogados y lo vamos a presentar a la justicia. La intención es frenar este primer acto. Seguramente los abogados de OSE van a contestar la demanda. La idea es crear un precedente sobre esta situación y después esperar a que el gobierno abra el pliego de licitaciones y directamente a presentar un recurso de revocación, pero ahora por inconstitucionalidad, dado que toda la obra, para nosotros es inconstitucional por todo lo que te venía diciendo. Porque tenemos que pagarle un canon, porque se hizo a espaldas del pueblo, porque no hay proyecto de factibilidad, ni proyecto de impacto ambiental, por toda esa situación presentaremos un recurso de inconstitucionalidad.

El sismo tuvo lugar este domingo en la tarde.

Un extraño sismo sucedió el domingo en el departamento de Florida, según reportaron medios locales, con una magnitud de 3,9 grados en la escala de Richter, en un punto cercano a donde hubo el año pasado un movimiento de 4,6 grados.

De acuerdo a radio CW33 de Florida, fue percibido en Parada Urioste, Talita, San Gerónimo, Picada Larga, Palermo, Capilla del Sauce, Cerro Colorado, Molles de Timote, Puntas de Calleros, Casupá, Colonia Francia, entre otras zonas. Algunas personas aseveraron haber escuchado “un ruido extraño” mientras sucedía el movimiento telúrico.

El Intendente Guillermo López convocó para este lunes, a la hora 11:30, a una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), para evaluar si hubo alguna repercusión o si se deben coordinar acciones adicionales.

Según el testimonio de Carmen Passarella, residente de la estancia El Ceibo, recogido por mediospublicos.uy, el ruido fue “como un trueno” pero duró mucho más que eso.

El evento se registró entre las 16:30 y las 17:00 del domingo, precisó la lugareña.

Momento en que Richard Marcenal tomó el micrófono y agradeció por el premio.

En las últimas horas trascendió el premio entregado por el Instituto Nacional de Calidad a la Jefatura de Policía de Durazno, que está ahora siendo investigada por supuestamente haber maquillado las cifras de delitos para hacerlas parecer más bajas.

“Se destacan relevantes gestiones desde una perspectiva interna, con una misión de prestación de servicio de seguridad ciudadana, eficaz, responsable y de acercamiento con la comunidad”, dice el comunicado en el cual se anuncia el premio a esta jefatura policial a cargo Richard Marcenal.

El premio se le otorgó a Marcenal y su equipo el pasado 22 de noviembre en el Auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en la ceremonia que además marcó el 30° aniversario del instituto.

Recaratulando delitos

Según informaba en octubre de 2022 el periodista Gabriel Pereyra, el propio Marcenal supuestamente habría dado la orden de “evitar” el aumento de las cifras de denuncias de hurtos y rapiñas.

De acuerdo al procedimiento, cuando oficiales de policía actúan frente a un hecho de apariencia delictiva o reciben una denuncia, deben asignarle una carátula al delito, la cual queda a criterio del uniformado actuante. Esa información se introduce en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) que luego se va decantando en estadísticas que recaba el Ministerio del Interior, para luego comunicarlas públicamente.

En su momento, Pereyra denunció que hay una serie de situaciones delictivas que llegaron a la Jefatura de Durazno cuyas caráctulas no coinciden con el relato de los hechos.

Por ejemplo, hubo rapiñas, que son robo hechos con amenaza o violencia, que fueron caratulados como hurtos: este último tipo de delito es más bien un hecho de menos importancia porque no incluye violencia cuando se comete. También se habrían denunciado tentativas de homicidio que fueron registradas en el sistema como “lesiones”, o hurtos que se digitaron como “apropiación indebida”.

Foto de archivo: UPM II

Un joven de 24 años que trabajaba en la construcción de la segunda planta de UPM falleció este martes después de caer de una altura de 60 metros, hecho en el sufrió heridas de gravedad.

El operario trabajaba para una empresa lituana contratada para la construcción de UPM 2, la segunda gran instalación de la compañía de origen finlandés que se instala en Pueblo Centenario, Durazno.

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informaron a la prensa que inspectores están en el lugar para determinar si se estaban cumpliendo las medidas de seguridad que manda la normativa vigente.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción confirmó que la altura de la caída fue, efectivamente, 60 metros.

Es la tercera víctima mortal en esta construcción en lo que va del año: en julio pasado pereció otro empleado, y en el mismo lugar también perdió la vida un inspector del MTSS. En 2020 también hubo una muerte: un trabajador sufrió un infarto y se denunció en su momento que no había un equipo de emergencias en el sitio para atenderlo.

Falleció trabajador en UPM II por un infarto. Denuncian que no había equipo de emergencias

La Mesa Intersindical de Durazno emitió un comunicado en el cual informó que el fallecido era un…

Foto de archivo.

En la mañana del lunes, dos delincuentes ingresaron en la refinería de La Teja de ANCAP y se llevaron $3,5 millones que había en Tesorería, según informó a la prensa desde la policía.

Los delincuentes entraron a la refinería vestidos como funcionarios de ANCAP y se dirigieron a la Tesorería. Allí amenazaron a una funcionaria que había allí y la obligaron a colocar los $3,5 millones en una bolsa que portaban.

Luego, le dieron un golpe con el mango de una pistola, la ataron, la drogaron para que se desmayara (por más de 40 minutos) y salieron. Otros funcionarios se enteraron del hecho largo rato después cuando pasaron por la oficina y vieron a la funcionaria tirada en el piso, incosciente y amarrada.

Los dos individuos habría ingresado por un edificio secundario, que tiene poca vigilancia y cámaras de seguridad, evitando pasar por la entrada principal y por otras áreas más custodiadas.

El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, dijo que los dos malhechores seguramente se aprovecharon del momento del ingreso del personal en la mañana. “La refinería es un mundo, entran 500 personas ajenas a ANCAP por día, y seguramente alguien se aprovechó de alguna entrada de contratista o proveedor para entrar a un área que no correspondía”, aseveró.

“El acceso a ese lugar es un acceso bastante intrincado, hay que conocer muy bien el área de las dependencias. Hay distintos puntos de control”, agregó.

“Generalmente hay plata sí para el manejo de compras de apuro que tenga que hacer la refinería. Esos fondos fijos se venían reduciendo en todas las dependencias de Ancap, y este es el último que quedaba”, precisó el funcionario.

Vicente Muñiz Arroyo, ex embajador mexicano en Uruguay durante el período de la dictadura cívico militar (1974-77).

Organizado por la Junta Departamental de Montevideo, se realizará el miércoles 23 de noviembre a las 15 horas.

Nacido en Michoacán, México, en 1925, Vicente Muñiz Arroyo fue Embajador de México en Uruguay en el período comprendido entre 1974 y 1977. Diplomático de amplia trayectoria, el período de Muñiz Arroyo como Embajador se caracterizó por su generosa política de asilo político, concediéndoselo a más de 400 uruguayos que, huyendo de la persecución de la dictadura, buscaron refugio en la Embajada de México.

Años más tarde, en 1987, Muñiz Arroyo regresaría a Uruguay como representante de México en la ALADI, fallecido en Montevideo en 1992.

Montevideo, fue una ciudad insigne, y como escribo en mi último libro, (traducido a 8 idiomas): La Esperanza Fatigada, -vida de Amado Nervo en Uruguay- : «En la época de Amado Nervo al caminar por Montevideo te sentías mas inteligente. Mientras, que hoy en día es la capital uruguaya un espejo de Libertad».

Estas instancias culturales son muy necesarias, las ciudades que invierten en cultura, ahorran en ignorancia. Una memoria viva ayuda a no repetir errores. Por ese motivo Montevideo, naturalmente camina rumbo a sus 500 años de vida.

Falero participó en la ceremonia de corta de cinta. Foto: MTOP

El ministro del Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, inauguró la instalación de alcantarillas prefabricadas en la ruta 67, a la altura de los kilómetros 24  y 40, que habilita la circulación de peatones en los costados. Según dijo el ministerio, estas obras eran las últimas que quedaban con restricción de ancho vehicular en ruta 67, entre  Las Piedras y Sauce de Canelones.

La inversión ronda los US$300.000, que al tipo de cambio actual es de 11,92 millones de pesos uruguayos.

“Hoy nadie puede dudar en el país que el tránsito es significativamente mayor (…) Y eso genera conflicto y más cuando hay una ruta que pasa por una zona urbana”, manifestó Falero en la inauguración de estas alcantarillas.

En el evento estuvieron presentes vecinas y vecinos y otros jerarcas del MTOP: el Subsecretario, Juan José Olaizola, el Director Nacional de Vialidad, Hernán Ciganda, otras autoridades del Ministerio y referentes locales.

Falero incluso recibió un certificado de reconocimiento en nombre del Municipio de Sauce por la inauguración del puente y la senda peatonal en la ruta 67, kilómetro 40.

Edgardo Ortuño criticó el proyecto Neptuno.

El gobierno de Luis Lacalle Pou avanza con uno de sus proyectos más importantes, la planta potabilizadora Arazatí que pondría en manos privadas el manejo del agua. Se abrirá una licitación y, la compañía ganadora, invertirá US$200 millones, pero el Frente Amplio considera que hubo falta de transparencia en todo el proceso, al tiempo que lo ven como insuficiente.

El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, criticó el proyecto bautizado como Neptuno. “Se aprobó con falta de transparencia”, expresó el jerarca en su cuenta de Twitter, y añadió que habrá menos obras y que, con la gestión privada, la obra será US$300 millones más cara que si se hiciera manejo público.

“OSE operará y pagará 40 millones de dólares por año al consorcio propietario de la planta, por la disponibilidad de la infraestructura”, aseveró, y remarcó que lo ve como un “mal negocio contrario al plebiscito del agua de 2004”.

También señaló que se ignoraron “los aspectos ambientales alertados por la academia”, y que el impacto ambiental del proyecto será estudiado por el propio inversor privado.

El proyecto Neptuno “no garantiza el abastecimiento de agua potable en veranos secos ni el déficit a 2045” al tiempo que “se deberá construir la Represa de Casupá en menos de 10 años”, agregó el jerarca frenteamplista.

Concluyó aduciendo que este plan “be ser objeto de amplios acuerdos y políticas de Estado” y ahora inicia el tiempo “de las acciones legales para intentar revertirlo”.

El gobierno aprobó el proyecto Arazatí, que privatiza el manejo del agua potable

El proyecto ha sido rechazado por diversas organizaciones por entenderse como una privatización…

Foto: Pixabay

El gobierno de Luis Lacalle Pou anunció que se ha aprobado el proyecto Arazatí, que entrega a manos privadas la planta potabilizadora de agua de OSE y hará un llamado a licitación.

Durante el anuncio realizado en Torre Ejecutiva, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña; el presidente de OSE, Raúl Montero; y la vicepresidenta del organismo, Susana Montaner. También estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, y demás autoridades del Ministerio de Ambiente y OSE.

Para el ministro de Ambiente, se trata de un negocio, cuyo modelo está pensado para que la empresa ganadora de la licitación diseñe, financie, construya y mantenga la infraestructura, pero que queda al servicio de OSE. “Hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada. La gente no pagará nada. Ese es el modelo que acabamos de aprobar”, aseveró el jerarca.

En 2021, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) había rechazado la realización del proyecto por entender que hay una “privatización” encubierta.

“Las obras son necesarias, pero deben ser como se venían haciendo hasta ahora: los privados hacen la obra porque OSE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tienen la capacidad de hacer obras de esta magnitud y le entregan a OSE la obra para que esta opere, gestione, haga el mantenimiento y la logística, sin aumentar las tarifas. Pero este consorcio se propone construir, gestionar y operar, entonces nos cuestionamos el contrato y el tipo de financiamiento y el eventual canon que pueda requerir la empresa a OSE para asegurar los márgenes de ganancia. ¿Cuál es el beneficio, si es que los privados hacen dinero?”, había dicho en ese año el secretario general de la gremial, Nicolás Ferreira.

¿Mercancía o derecho humano?

Es precisamente ese el punto de la discordia: que el gobierno entrega el manejo del agua a una empresa privada, convirtiendo este bien esencial y escaso en un producto comercial y pasa de largo ignorando la idea del líquido vital como derecho humano.

Y es que en 2010, la Resolución 64/292 de la Organización de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Sofia Mansilla, edila de San José por el Frente Amplio, también había comentado que el proyecto Neptuno, que se planteaba en la zona de Arazatí-Cufre, afectaría una zona de gran belleza natural y riqueza ambiental, que debería considerarse área protegida. Y remarcó: “Hay que dejar claro que aquí también se está lesionando la Constitución, ya que el artículo 47 establece que la gestión del recurso agua está a cargo de los usuarios y la sociedad civil, en forma de participación efectiva y real (Plebiscito 2004). En este caso no solo se intenta que el proyecto se gestione por manos privadas, sino que se está violando por partida doble al artículo 47, dada la confidencialidad y el secretismo con que se ha manejado todo”.

“Decimos que el usuario va a pagar estos costos ya que el agua del Río de la Plata es de difícil potabilización, dadas sus características de salinidad, contenido de nutrientes y materia orgánica. Debemos recordar que es frecuente en la zona la aparición de cyanobacterias, lo que dificulta todavía más su potabilización, había agregado la edila. “Los costos operativos de un proyecto de estas características, reiteramos, sin dudas van a ser muy altos. No creemos que estos costos sean asumidos por el ente público y mucho menos por la empresa privada”.

Foto: Presidencia de la República

El Ministerio del Interior dio a conocer este martes las cifras de delitos del tercer trimestre de 2022, decantados por su Observatorio de Violencia y Criminalidad, y revelaron que entre julio y setiembre del año hubo un fuerte aumento de los homicidios: hubo 17% más comparado con el mismo periodo de 2021. Se registraron 95 homicidios en esos tres meses.

Al presentar los datos, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, contó que se registró un descenso en las denuncias de rapiñas y hurtos: En el tercer trimestre de 2022 hubo 25.855 denuncias por hurtos y en 2021, 27.591. En igual periodo de 2019, en tanto, se habían denunciado 33.350 hurtos.

Las denuncias por el delito de rapiña también mostraron una caída, adujo el ministro: en el tercer trimestre de este año hubo 5.507 denuncias, y desligó los resultados de la pandemia del COVID-19: “estamos en un trimestre donde vemos que nuevamente sin pandemia hemos bajado notoriamente las rapiñas en este trimestre. La rapiña y el hurto afectan a la familia trabajadora y que no está vinculado al delito”.

Sobre los homicidios, el jerarca valoró que la mayoría de las 95 víctimas mortales tenían antecedentes penales: hubo 37 homicidios, en agosto 35 y en setiembre 23.

«De los 95 homicidios, 71 tienen antecedentes e indagatorias por delito. Eso hace que el 75% de homicidios sean producto de gente vinculada» al mundo delictivo, dijo. De esos 95 asesinatos registrados en el tercer trimestre de este año, 55 ocurrieron entre delincuentes que integran bandas criminales, redondeó.

Foto: Ministerio del Interior

En la noche del viernes, dos bandas de narcos se enfrentaron en el barrio de Manga que fue alertada a la policía por medio de llamadas de los vecinos al 911. Los efectivos concurrieron al lugar en donde estaban cruzando disparos y se encontraron diversos vehículos, varios de los cuales fueron abandonados con sus llaves puestas. Llegaron a perseguir a algunos de los sospechosos, que escaparon por entre las casas y por los techos, y se detuvo a un adolescente de 17 años y a otro hombre adulto.

Según narró Subrayado, los uniformados vieron en una vivienda a seis hombres armados que se habían atrincherado. El inmueble fue rodeado y esperaron toda la noche hasta que se entregaran, cosa que no sucedió. La Justicia emitió una orden de allanamiento y se pudo detener a los seis individuos que estaban fuertemente armados.

En total, se detuvieron nueve hombres que tenían cinco pistolas y tres revólveres, según dijo a la prensa el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González.

Todos ahora están a disposición de la Fiscalía y estarían relacionados con organizaciones delictivas dedicadas a la venta de drogas.

La droga MDA es sumamente peligrosa.

La Junta Nacional de Drogas (JND) publicó este sábado una advertencia por una droga sintética que provocó la muerte de un hombre que consumió la misma en una fiesta. “Ante el reporte de intoxicaciones graves ocurridas recientemente por el consumo de drogas sintéticas como el comprimido de forma octogonal, de color celeste, con una capa inferior blanca, identificada con el logo EA Sport”, alertó la JND en un comunicado.

Mientras se investiga y analiza la composición del mismo, “advertimos e instamos a evitar su consumo y reforzar la atención respecto a síntomas y manifestaciones que expresen personas que se encuentren bajo los efectos de este tipo de sustancias”, añadió la JND.

“Los estudios realizados hasta el momento por el Instituto Técnico Forense (ITF) indican que los comprimidos EA Sport contienen MDA y no MDMA (Éxtasis). Se aconseja no consumir estos comprimidos, ya que en nuestro país han generado importantes dificultades de salud a varias personas usuarias”, prosigue la advertencia.

La Junta invitó a las personas que decidan consumirla a hacerlo con suma precaución, sin volver a dosificar y evitar la combinación con otras sustancias.

“Ante cualquier malestar, indicio de intoxicación o disconfort consultar en un servicio de salud a la brevedad posible. La presencia en el hogar de drogas de abuso implica el riesgo de exposición ambiental e intoxicación grave de lactantes y niños pequeños”, concluye la alerta.

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) recibe consultas de este tipo las 24 horas del día al teléfono 1722.

Lessa es italiana, doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y ha colaborado en su trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Fue perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Familia Julien Grisonas Vs. Argentina”. Su trabajo examina especialmente la búsqueda de la verdad, justicia y reparación por crímenes del pasado reciente en el Cono Sur.

Se conoció recientemente en nuestro país y se encuentra en las librerías, el último libro de Francesca Lessa “Los Juicios del Cóndor”- La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur” ¿Cuál es el eje de esta investigación?

La investigación que desarrollé en este libro, empezó hacia fines del 2012, cuando me enteré por una amiga uruguaya y sobreviviente de Orletti (centro de detención clandestino Argentina), de que iba a empezar en marzo de 2013 un juicio en Buenos Aires, para investigar por primera vez todos los delitos cometidos en el marco del “Plan Cóndor”, quizás no todos los delitos, pero sí un número muy importante, porque en ese juicio incluyeron los casos de cientos de víctimas del “Plan Cóndor”. Hablamos de un número muy importante de casos, que podían tomarse como una muestra ilustrativa de los patrones de la coordinación represiva y de cómo dicha coordinación entre las dictaduras de América del Sur, estuvo funcionando a mediados de los años ´70, para perseguir a los exiliados y a las exiliadas en la región. El enfoque en ese juicio fue pionero en Argentina y a nivel regional. Anteriormente, hubo otros juicios que miraban a algunos grupos específicos de víctimas, pero nunca se había abordado, podemos decir, cómo se abordó con el “Plan Cóndor”, con un número tan grande de víctimas, que permitía examinar los andamiajes y la dinámica represiva en la región.  Entonces, desde ese comienzo, el libro fue creciendo y amplié la mirada hacia dos ejes principales que están reflejados en las dos partes del libro. La primera parte sobre la “represión transnacional”, es decir, para ir entendiendo cómo estuvo funcionando esta coordinación entre las dictaduras militares en la década de los años ´70. El “Plan Cóndor” fue el momento de máxima cooperación represiva, pero no surgió de la nada, hubo una historia anterior. Entonces, eso es lo que relato en la primera parte del libro, sobre la “represión trasnacional”. Y luego la segunda parte, sobre la “justicia transicional” y “transnacional”, que es un espejo de la primera parte, en el sentido de que ahí se relatan los diferentes juicios que acontecieron en particular del año 2000 en adelante en el Cono Sur y que intentaron sacar a la luz los delitos de “Plan Cóndor” y de la coordinación represiva.

El nombre “Plan Cóndor” se puede rastrear a partir de la reunión en noviembre de 1975, cuando en Santiago (Chile) se reunieron los representantes militares y de inteligencia militar de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil.

Impacta conocer que el “Plan Cóndor” se puso en funcionamiento en el año 1969 y no en el inicio de las dictaduras en Uruguay y en Chile o en Argentina ¿Cuándo comenzó?

El nombre “Plan Cóndor” se puede rastrear a partir  de la reunión en noviembre de 1975, cuando en Santiago (Chile) se reunieron los representantes militares y de inteligencia militar de  Argentina, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil, para diseñar formalmente esta coordinación, y las diferentes instituciones y mecanismos que le permitieran funcionar, y es ahí donde justamente representantes del SID (Servicio de Inteligencia y de Defensa) de Uruguay, fueron quienes propusieron que este nuevo sistema se llamará Cóndor, en honor del país anfitrión que era Chile  y donde el Cóndor es un símbolo nacional. Entonces, el nombre sí tiene un origen definido a mediados de los años ´70, pero las prácticas de la coordinación represiva, es decir, el intercambio de información, el monitoreo de los exiliados, la realización de operativos conjuntos entre agentes de diferentes países, el traslado clandestino de personas detenidas, todas esas prácticas sí tienen un origen anterior y los primeros casos que pude rastrear en la investigación son del año ´69, cuando ocurrieron los primeros casos de exiliados brasileños que vivían en Uruguay y que son detenidos en Uruguay. Estos exiliados fueron encerrados, interrogados y torturados en cárceles uruguayas y luego son devueltos a Brasil. En estos primeros casos, podemos ver cómo estas prácticas de la coordinación represiva ya están teniendo lugar, seis años antes de la reunión fundacional del Plan Cóndor

Mientras tenemos el acta fundacional del “Plan Cóndor”, firmada por los representantes de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, que tiene la fecha del 28 noviembre de 1975, no tenemos otro documento formal que nos permita decir con certeza cuándo terminó de funcionar el “Plan Cóndor”.

¿El “Plan Cóndor” hasta cuándo siguió en nuestro continente? 

Mientras tenemos el acta fundacional del “Plan Cóndor”, firmada por los representantes de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, que tiene la fecha del 28 noviembre de 1975, no tenemos otro documento formal que nos permita decir con certeza cuándo terminó de funcionar el “Plan Cóndor”. En la revisión de los documentos encontrados en archivos, de las entrevistas realizadas,  las sentencias penales y también la información de los casos de víctimas que estuve rastreando en el marco de mi investigación, en el libro lo que digo es que la etapa “Plan Cóndor”, que es la fase, podemos decir, más dura de la coordinación represiva en términos del número de víctimas y también de las instituciones que se crean para hacer funcionar esta coordinación, estos hechos acontecen entre fines del año ´75 hasta finales del año ´78, es decir, un periodo de tres años, donde vemos que hay un número muy elevado de casos de víctimas de la coordinación represiva en toda la región y casos que se desarrollan de una manera muy parecida en términos de los organismos represivos. Tanto partidos políticos, como grupos armados, son perseguidos por el “Plan Cóndor” en esos tres años. Desde finales de 1978, se puede ver cómo los números de casos de víctimas se van reduciendo, por un lado, porque la represión tanto a nivel nacional como regional había sido muy exitosa en silenciar a la oposición. También se ve como el retorno de algunos antagonismos y conflictos tradicionales, en particular el conflicto en el canal de Beagle entre Argentina y Chile, implica una ruptura de uno de los ejes fundamentales del “Plan Cóndor”, que eran Argentina y Chile. En Chile fue el coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), quién propuso esta idea de formar el “Plan Cóndor”, e invitó a sus pares de inteligencia militar para que viajaran a Santiago para diseñar el Cóndor. Por el otro lado, Argentina era el país donde miles de exiliados se había refugiado, y se habían escapado de los diferentes golpes militares en la región. Entonces, este eje fundamental de Argentina – Chile se rompe porque los dos países estuvieron a punto de llevar adelante una guerra tradicional por el canal de Beagle en ese momento. Entonces, vemos que para finales de 1978, ya lo que funcionaba como Plan Cóndor no está actuando de la misma manera, ya no se realiza más reuniones entre los países, el número de las víctimas se reduce y vemos también que hay un regreso a la coordinación cómo se desarrollaba a comienzo de la década de los ´70. Es decir, operativos muy puntuales contra algunos militantes y que se realizan de manera bilateral particularmente entre Argentina – Brasil y Argentina – Paraguay y Argentina – Perú, porque en ese momento Argentina estaba rastreando a los militantes montoneros que participaban en la contraofensiva y que estaban intentando regresar al país del exilio, pero son casos muy específicos de un grupo de víctimas que acontecen en 1979 – 1980 y ya para el año ´81 solamente quedan unos poquitos casos. El “Plan Cóndor” como tal, deja de actuar a fines del 1978, pero lo que queda hasta comienzos de los ´80, son las prácticas que sí se venían desarrollando de manera más informal y más ad hoc, solamente para algunos operativos puntuales específicamente apuntando a los militantes Montoneros (organización guerrillera argentina).

En el libro, tomaste el caso de Anatole y Victoria Julien Grisonas como un caso emblemático en tu investigación ¿Por qué?

El caso de Anatole y Victoria Julián, es un caso emblemático de cómo funcionó por un lado el “Plan Cóndor”, y por otro, de cómo después los sobrevivientes, los familiares, los activistas, los periodistas, los jueces y los fiscales, estuvieron luchando por lograr verdad y justicia. Este caso de los hermanos Julián, me pareció muy importante para poder ilustrar todas estas dinámicas. Podemos recordar que los dos hermanos, estaban viviendo en Buenos Aires con sus padres, en el año 1976 los padres eran militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que habían escapado de Uruguay un par de años antes, por la persecución política debido a la dictadura en su país natal (Uruguay), y se habían instalado en Buenos Aires, donde a pesar de estar en otro país, seguían militando y mirando hacia Uruguay. A pesar de la distancia, se habían juntado con muchos otros exiliados uruguayos que vivían en la Capital Federal (Buenos Aires), y habían fundado en julio de 1975 el Partido por la Victoria del Pueblo, que nucleaba especialmente a exiliados uruguayos en Buenos Aires, que querían resistir a la dictadura en su país natal. Justamente por ese objetivo del PVP de oponerse a la dictadura uruguaya, es lo que convierte a los militantes del PVP en uno de los blancos principales del “Plan Cóndor”, porque justamente como estos militantes se encontraban fuera de Uruguay, la dictadura uruguaya necesitaba utilizar los andamiajes del “Plan Cóndor” para llegar a ellos, para silenciarlos, para eliminar su movilización y su resistencia. En este contexto, se dan varios operativos durante casi todo el año ´76 contra militantes del PVP. La familia Julien y la casa donde residían, es atacada en un operativo militar en septiembre de 1976, en el que participan agente argentinos y uruguayos en Buenos Aires. En ese contexto, Mario Julien (padre de Anatole y Victoria), fue asesinado durante el operativo en la casa, y Victoria con sus dos hijos, son llevados al centro clandestino de automotores Orletti en Floresta -Buenos Aires. Ahí se pierde el rastro de Victoria (Grisonas), que aún hoy continúa desaparecida. Los hermanitos (Anatole y Victoria), después de pasar unos diez días en Orletti, son llevados en un vuelo de Argentina a Uruguay, y en Uruguay son detenidos en otro centro clandestino, el centro que funcionaba en el edificio del SID, que es donde hoy en día funciona la Institución Nacional de Derechos humanos (INDDHH), y ahí, en este segundo centro clandestino, son cuidados por María Claudia García de Gelman, la mamá de Macarena Gelman, una joven argentina embarazada que también había sido trasladada desde Buenos Aires a Montevideo, donde dio a luz y le robaron su beba Macarena, que fue encontrada en el año 2000, y sabemos que María Claudia fue posteriormente asesinada en Montevideo. Entonces, ahí en ese segundo centro, los dos hermanos permanecen alrededor de un par de meses con María Claudia y Macarena después de que nació a comienzos de noviembre, y de ahí hay una tercera etapa de este periplo, que empezó en Argentina, pasó por Uruguay y finalmente termina en Chile, dónde Anatole y Victoria, que para ese entonces tenía cuatro años y 19 meses, fueron abandonados el 22 de diciembre de 1976 en la plaza O’Higghins de la ciudad portuaria de Valparaíso en Chile. Finalmente, Analote y Victoria, son adoptados por una familia chilena Larrabeiti – Yáñez, que no tenían vinculación con la dictadura, era una familia que los adoptó en buena fe y sé que Anatole y Victoria los quieren muchísimo. Unos tres años después, la abuela paterna María Angélica, pudo reencontrarse con ellos. Entonces, este caso es muy impactante, no solo por tratarse de niños pequeños que por la persecución política sufrida por sus padres viven una serie de violaciones gravísimas de derechos humanos, sino además porque ilustra geográficamente lo qué fue el “Plan Cóndor” y lo que este Plan permitía hacer. Es decir, realizar operativos conjuntos de agentes uruguayos y argentinos en Buenos Aires, secuestran personas incluyendo a niños, que fueron traídos de Argentina a Uruguay y después de Uruguay a Chile, donde no se sabe muy bien qué pasó, no está muy claro ese último tramo que sucedió, por qué fueron llevados a Chile. Lo que el caso ilustra, es como los andamiajes del “Plan Cóndor” permitían realizar crímenes de lesa humanidad sin ninguna frontera.

Hay centenares de causas en Uruguay en la etapa de presumario, así que hay que reconocer los avances históricos de algunas sentencias y de otras que se siguen dando, al mismo tiempo señalar de que la gran mayoría de las causas penales siguen en etapa de presumario, con demoras indebidas, que se transforman en una violación de los derechos humanos de los familiares de las victimas.

¿En 2022 cuánto se ha avanzado en verdad y justicia? 

 El panorama que tenemos en la región es bastante variado, porque cada país ha logrado avances diferentes, dependiendo de la coyuntura política y social que se han dado después de las transiciones democráticas, que empezaron en Argentina en el año ´83, en Uruguay y Brasil en el año ´85, en Paraguay en el año ´89 y finalmente en Chile en el año ´90. Entonces, cada país ha tenido un recorrido distinto. Lo que se avanzó, por lo menos en Argentina, Chile y Uruguay, es que sin duda, gracias al esfuerzo de muchos sobrevivientes, de familiares, de activistas, de abogados de derechos humanos, y también algunos políticos, recordemos al presidente argentino Raúl Alfonsín que decretó la creación de la CONADEP a los pocos días de convertirse en el presidente democráticamente elegido. Después de siete años de dictadura, fue también el que habilitó el juicio a los nueve comandantes de las primeras tres Juntas Militares. Fueron hechos históricos que acontecieron en un contexto político muy complejo, porque Argentina a mediados de los ´80, salía de una dictadura militar muy dura. Entonces, hubo varios actores, tanto de la sociedad civil, como del Poder Judicial y de la política, que han luchado por romper la tradición de impunidad que definía tradicionalmente la región y no solamente a América del Sur, sino que también a nivel internacional, las leyes de Amnistía y la impunidad solían ser las respuestas que se daban después del período de dictadura militar. Se avanzó con la CONADEP (Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas) y el juicio a las Juntas Militares en Argentina, con la comisión Retting (Comisión Nacional por la verdad y la Reconciliación) de Chile, la detención de Pinochet en Londres en el ´98 y el comienzo de investigaciones judiciales en Chile por parte del juez Juan Guzmán Tapia. Finalmente se logró con muchas dificultades, con mucho trabajo para superar obstáculos por parte de la sociedad civil, y se pudo romper esa tradición de impunidad que se había vuelto a instalar en la región, en particular en la década de los noventa. Entonces hoy en día, el panorama que tenemos es de una región, donde Argentina y Chile son países que han logrado el mayor número de juicios penales por los delitos de la dictadura, en Argentina hay casi 1.100 personas que han sido condenadas por los delitos de la dictadura militar, y si no me equivoco, más de 3000 que están todavía siendo investigados por estos crímenes. En Chile también acontecieron más de 500 juicios penales y civiles, relativos a los delitos de la dictadura. Entonces, tenemos a pesar de estas dificultades iniciales que mencionaba de las leyes de impunidad, que fueron sancionadas en esos países, hoy en día realmente hay un proceso judicial consolidado, obviamente imperfecto, porque siguen permaneciendo obstáculos, pero se han dictado un número diría impresionante de sentencias que no hemos visto en otros países de la región y tampoco en otros países del mundo. Lo acontecido y lo logrado en Argentina y en Chile, es sumamente importante. En el caso de Uruguay, hay una situación un poco más compleja, donde se han logrado sentencias históricas, hay que recordar la condena al dictador Bordaberry del año 2010, la condena del dictador Gregorio Álvarez en 2009  y también la condena del ex canciller Juan Carlos Blanco, y de varios de los líderes del grupo operativo, que actuaban en Argentina en la persecución de los exiliados uruguayos, como Gavazzo, Arab, Vázquez, etcétera. Podemos decir que en el caso de Uruguay, los avances han tenido muchas  idas y venidas. No hubo una política de Estado de llevar adelante la persecución penal. Entonces, todas las causas que se han presentado, han sido presentadas por las víctimas y sus familiares y los abogados de derechos humanos. El Poder Judicial ha sido sumamente lento en responder a los pedidos de verdad y justicia. Hay que recordar las sentencias del caso Gelman de 2011 y del caso Maidanik y otros del año pasado 2021, dos sentencias de la Corte Interamericana contra Uruguay y en ambas la Corte condena al país por la lentitud y la denegación de justicia que resulta de esa lentitud con la que se han encarado las causas judiciales. Hay algunas causas, por ejemplo, la denuncia que hicieron Lilian Celiberti y Universidad Rodríguez en febrero de 1984, que todavía sigue en etapa de presumario, pasaron si la matemática no me falla 38 años, y la justicia no ha avanzado, y eso es solamente un ejemplo. Hay centenares de causas en Uruguay en la etapa de presumario, así que hay que reconocer los avances históricos de algunas sentencias y de otras que se siguen dando, al mismo tiempo señalar de que la gran mayoría de las causas penales siguen en etapa de presumario, con demoras indebidas, que se transforman en una violación de los derechos humanos de los familiares de las victimas.

Durante la visita por los departamentos de Rio Negro y Soriano, el Ministro del Interior participó de la inauguración de un nuevo Centro de Atención a las Victimas de la Violencia y el Delito (CAVID) de la región litoral del país.

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— Ministerio del Interior (@Minterioruy) November 6, 2022

Este fin de semana se inauguró el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID) en la ciudad de Fray Bentos, instalado en la Seccional 1° de dicha ciudad. Tiene como objetivo brindar ayuda a los oficiales de policía que pasen por situaciones traumáticas en el cumplimiento de su labor. También podrán acceder a los servicios de este centro los familiares de los uniformados, según dijo el Ministerio del Interior.

“No olvidemos que la Policía se somete y somete lo más sagrado que puede tener que es su propia vida, defendiéndonos, a veces está enfrentado situaciones realmente traumáticas. Es muy importante el apoyo psicológico, humano, social al Policía y a toda su familia”, aseguró el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Tendrá a un equipo de psicólogos expertos en la intervención de este tipo de situaciones, que tratarán a los policías y sus familiares en momentos de crisis, realizando un abordaje integral y focal para potenciar la calidad de vida de los usuarios “promoviendo sus derechos, previniendo y/o mitigando las secuelas que pudieran aparecer tras la ocurrencia del evento extremo, realizando el acompañamiento necesario ante cada situación y coordinando con otros servicios las acciones que se pudieran requerir”, explica el ministerio en su web. 

Adicionalmente, el CAVID tendrá un número de teléfono de guardia 24 horas, al que pueden comunicarse los policías y sus familiares por medio de llamada directa, WhatsApp o mensaje de texto: es el 099-896-554.

Por mayor información y agendar consultas, también pueden llamar al 2030 8894/8895 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs.

El CAVID de Fray Bentos está ubicado en Av. Gral. Flores 2419 (entre Blandengues y Domingo Aramburú)

Foto: Twitter / Canal 5

El periodista, Alfonso Lessa, denunció en las últimas horas haber sido perseguido por un vehículo desconocido mientras estaba investigando el caso Feldman para un informe del programa Otra Mirada, de Canal 4.

Lessa cree que hay una relación entre la persecución y un informe especial en el que trabajó sobre el caso de Saúl Feldman, un hombre que mató a un oficial de policía y murió en un enfrentamientos con otros uniformados después de un incendio sacó a la luz un importante arsenal de armas de todo tipo de calibre en Aires Puros.

Dicho incendio ocurrió el 30 de octubre de 2009: Feldman fue abordado en su casa en Shangrilá a los dos días, en donde tuvo el fatal intercambio con oficiales. Su historia, hasta entonces desconocida, fue primera plana de todos los diarios y las imágenes de los efectivos ingresando a su finca recorrieron el país entero.

“Esto ocurrió el 19 de agosto sobre las 22:30. Iba hacia el Este y después de pasar el segundo peaje empieza una zona muy oscura donde no hay radares, de pronto veo a mi izquierda dos focos a muy alta velocidad, me abro para dejarlo pasar y se instala un segundo a mi lado y acto seguido se coloca atrás mío y me obliga a ir a cada vez más velocidad y apaga todas las luces”, recordó Lessa.

“Me quedé en una situación en la que no sabía qué hacer y tuve que empezar a aumentar la velocidad, así anduvimos por unos minutos muy críticos. El sábado puse a las autoridades del canal en conocimiento, el domingo al Ministerio del Interior y ese lunes Inteligencia de la Policía lo comenzó a investigar, pero el caso no avanzó porque los que manejan los peajes no han querido dar a la Policía los videos de esa noche”, prosiguió el comunicador. 

Lessa tenía otra visión

Dos meses antes de ese episodio que denuncia, Lessa tenía otra percepción al respecto de la libertad de prensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Cuando estaba lanzando Otra Mirada, concedió una entrevista con el diario El País para hablar de la propuesta del espacio televisivo.

“Hace 44 años que ejerzo el periodismo, he trabajado con gobiernos de todos los partidos y también en dictadura, donde sufrimos censura y cierre de varios medios donde yo estaba. Decir que ahora hay una limitación a la libertad de expresión me parece una falsedad absoluta y creo que quien lo dice, lo dice con intencionalidad política”, comentó

“No he tenido ni conozco a nadie que haya tenido en este período un problema real de libertad de expresión. Me dejó asombrado el informe de Reporteros sin fronteras porque en el pasado no se expresaba de este modo”, agregó. 

Héctor Giordano Cortazzo, en una de las fotografías de la época.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina confirmó este miércoles en hallazgo de registros dactilográficos de Héctor Giordano, uruguayo desaparecido en Buenos Aires en 1978.

Giordano fue secuestrado por los represores de la dictadura del vecino país, y fue visto por última vez en el Centro Clandestino de Detención Base Aérea del Palomar.

“El trabajo de identificación fue llevado adelante por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) que depende de la Secretaría. Este proceso se llevó a cabo en el marco del trabajo conjunto entre la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID), del Archivo Nacional de la Memoria, y el Área de Identificación de Personas con Identidad Desconocida (NN) del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación”, informó el gobierno argentino en un comunicado. 

“El hallazgo se dio a partir de la revisión sistemática de los lotes de información bajo estudio referidos a las personas desaparecidas, y a las personas fallecidas como NN durante el período de la última dictadura”, prosigue la Secretaría de Derechos Humanos argentina. 

“A partir de la identificación dactiloscópica, se relevaron los ingresos al Cementerio de Morón y se localizó un ingreso el día 30 de agosto de 1978, que coincide con los datos de Héctor Giordano Cortazzo”, concluye.