El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó la regla final sobre la causa de inadmisibilidad por carga pública para los solicitantes de residencia permanente o green card. La normativa deroga la reglamentación de 2022 y restablece una discreción más amplia para que los oficiales analicen la situación de cada aplicante bajo este criterio migratorio.

Cómo cambia la regla de carga pública del DHS y qué evaluará el Uscis

La nueva norma elimina las definiciones y las restricciones sobre los beneficios públicos que los oficiales de inmigración pueden evaluar.

A partir de esta reglamentación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) estará facultado para analizar la totalidad de las circunstancias del solicitante en cada caso individual.

Los migrantes que sean considerados como

El organismo evaluará los cinco factores mínimos que fija la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entre estos elementos figuran la edad, el estado de salud, el estatus familiar, los activos y recursos financieros, y la educación y habilidades del candidato.

Luego de realizar el análisis, en caso de que el oficial llegue a la conclusión de que el solicitante no está en condiciones de garantizar su autosuficiencia económica, será considerado como “carga pública”. Eso lo define como inadmisible ante el Uscis.

Quiénes quedan alcanzados por la carga pública y qué categorías están exentas

La medida aplica a los extranjeros presentes en Estados Unidos que envían la solicitud de ajuste de estatus para obtener la tarjeta de residencia permanente. Asimismo, alcanza a determinados extranjeros que solicitan admisión a Estados Unidos en los puertos de entrada.

El análisis de carga pública no afecta a las categorías de inmigración que cuentan con exenciones estatutarias fijadas directamente por el Congreso federal. Entre los grupos exentos figuran los refugiados, los asilados y las víctimas de trata de personas con visado T.

Se prevé que la norma impacte en un promedio anual estimado de más de 580 mil solicitantes

Tampoco entran en el alcance de la norma las víctimas de determinados delitos que califican para el estatus U ni los peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.

Sin embargo, si un beneficiario de estas categorías cambia posteriormente a una vía de ajuste común, el oficial evaluará sus antecedentes financieros.

La norma impacta a un promedio anual estimado de más de 580 mil solicitantes de ajuste de estatus que tramitan el formulario I-485.

Las autoridades estatales e inmigratorias prevén una reducción voluntaria en la inscripción a programas de asistencia pública debido a estas revisiones.

Cuándo entra en vigor la regla del DHS y cómo la aplicará el Uscis

La regla final fija su aplicación de manera prospectiva para todas las solicitudes con sello postal o envío electrónico posterior a su entrada en vigor, estipulada para este 18 de septiembre.

El organismo no evalúa los beneficios no monetarios recibidos bajo la norma de 2022 con anterioridad a la fecha de efectividad.

El Uscis emitirá guías de políticas internas en su manual oficial para orientar el criterio de sus adjudicadores. Estas instrucciones aclaran el procedimiento de evaluación sin restar la autoridad discrecional a los agentes en sus decisiones escritas.

La reglamentación elimina el listado explícito de exenciones del texto regulatorio por considerarlo redundante frente a las leyes vigentes. Los solicitantes pueden encontrar estas listas de excepciones directamente en las instrucciones del formulario I-485 y en el sitio web de la agencia.

Por último, el gobierno federal prevé que la medida reduzca los desembolsos anuales en asistencia pública en miles de millones de dólares.

El DHS busca asegurar que los inmigrantes mantengan su propia sustentabilidad económica con recursos individuales o familiares, sin depender del Estado.

La Nación - Opinión

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