María José Cartagena Gonzales

La inseguridad en el transporte público de la “Ruta 7” se ha convertido en un tema de creciente preocupación en las personas que utilizan este transporte colectivo de la ciudad de San Pedro Sula.

La ruta empieza su recorrido en el Estadio Olímpico y termina en el Hospital Mario Catarino Rivas. Los asaltos en estos autobuses se han transformado en una realidad que no solo afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, sino que también impacta profundamente en la confianza y la calidad de vida de los usuarios que utilizan este transporte.

Según un estudio publicado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se detalla que, en el primer trimestre del año 2023, ha habido una reducción del 7% de robos a nivel nacional en comparación con el mismo periodo del año 2022 y en San Pedro Sula se ha reportado una disminución del 24%.

En el año 2017 no se registraron asaltos en la Ruta 7 por los operativos con más de 200 militares y policías que se habían distribuido en los autobuses del sector urbano, el índice de robos en esta diferencia de años se ha mantenido en un sube y baja.

Asaltos, más allá de arrebatar pertenencias

En el año 2019 se registró la muerte de Lilian María Murillo, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula en la carrera de Administración de Empresas, a manos de asaltantes en una Ruta 7, al negarse a entregar sus pertenencias, luego de este hecho, fueron escasos los casos de robos en esta ruta.

La angustia renace del primero de agosto del 2023 en adelante, cuando en páginas de Instagram los estudiantes de la UNAH-VS empiezan a alertar a la comunidad estudiantil con un mensaje “Tengan cuidado los compañeros que anden en Ruta 7, están asaltando”.

El temor de las victimas

Para María José cada tarde es una tortura en la que tiene que esperar el transporte para asistir a sus clases.

“Hay veces en que miro a hombres sospechosos subirse al autobús, me bajo rápidamente del transporte y si estoy lejos de tomar otra ruta, camino, camino bastante, todo por la paranoia y fatiga que me causa el pensar de que me pueden asesinar sino encuentran que llevo algo de valor”.

La autora de este escrito, María José Cartagena, estudiante de la carrera de Periodismo en UNAH-VS, fue víctima de asalto en Ruta 7.

Luego del asalto, la joven alertó a más estudiantes de UNAH-VS, publicando en su perfil de Facebook lo sucedido, que describe a continuación.

8 de agosto, 2023

“Hola, amigos, esta publicación es para alertarlos si viajan en la ruta 7, el día de hoy iba para la universidad a las 4:00pm cuando en la cuarta, colonia La Aurora se subió un hombre mayor, gordo, blanco, algo barbón, quizá unos 49 a 51 años y al llegar a la parada Elektra antes de La Paz, asaltó a todos los pasajeros, incluyéndome. Portaba un revolver plateado y nos apuntó y obligó a darle nuestras pertenencias, en mi caso, me apuntó con el arma arrebatando mi mochila y sacando así mi celular (mayor herramienta de estudio para mí, por el cual mi mamá y yo habíamos trabajado arduamente porque es esencial en mi carrera, Periodismo). Además de robarme todo el dinero que cargaba, solo me dejó 2 lempiras. Ni siquiera para el pasaje de vuelta, se bajó en la parada 35. Tengan mucho cuidado, por los momentos permaneceré inactiva en redes, buenas noches”, expresó María José.

Además, comentó que no hay día en que vaya a la universidad en que no piense en cuándo será el siguiente asalto, agregó también, que, desde ese día tiene pesadillas donde la asaltan, asegura que no se ha recuperado emocionalmente desde lo sucedido.

Otro de los testimonios, es el de una emprendedora que asaltaron en la Ruta 7, por su seguridad vamos a mantener su identidad anónima. “Yo vendo ropa de segunda mano, me robaron el dinero que iba a invertir la próxima semana”

Esta emprendedora comentó que su trabajo es vender ropa de segunda mano, decidió subirse al autobús en la parada 35 y se iba a bajar en La Veterinaria Rivera por una enfermedad en su rodilla que la limita a caminar, pero no había pasado mucho tiempo cuando dos hombres asaltaron la ruta y le robaron el dinero de inversión para la próxima semana de su negocio. 

También, dos estudiantes de UNAH-VS compartieron sus testimonios sobre la experiencia que vivieron en asaltos diferentes esta semana, la primera estudiante comentó que “se subió un muchacho con un machete, con pinta de trabajar en el campo, para nuestra sorpresa, era ladrón, nos asaltó a todos” esto, el pasado martes 24 de octubre de 2023.

La segunda estudiante nos expresó que se dirigía al trabajo cuando dos jóvenes entre unos 22 y 24 años de edad se subieron a la ruta, empezando a asaltar de atrás hacia adelante y que un joven que iba en los asientos de al frente al percatarse que estaban asaltando, se aventó del bus estando este en movimiento y acto seguido, los delincuentes se bajaron tras él,  “Asaltaron a un señor ya de edad, el llevaba su celular en la bolsa de la camisa y se lo arrebataron mientras le apuntaban con un arma de fuego”, esto el pasado jueves 26 de octubre de 2023.  Al igual que la primer entrevistada, esta joven nos aseguró que es una tortura   subirse al transporte y ahora tiene que esconder su celular antes de salir de casa.

Se obtuvo una entrevista con un conductor de la Ruta 7, después de que los entrevistados comentaran que los ladrones asaltan solamente a los pasajeros, pero no a los conductores. Para procurar su seguridad, mantendremos su identidad anónima.  El encargado de la Ruta 7 expresó “Sí, es verdad, a nosotros no nos roban, pero es porque nos amenazan”, asegura que los delincuentes saben dónde viven y amenazan con tomar represarías con sus familiares si no los dejan hacer su trabajo, comentó el conductor.

“No crea que esto no nos afecta, claro que sí, nos crea mala fama, pero la policía en estos casos nunca hace nada o solo llega muy tarde”, concluyó el testigo.

 Las victimas requieren que se tomen medidas urgentes y efectivas para abordar esta problemática, como la incorporación de sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia vigentes, policía nacional en las calles, militares en los autobuses como en el año 2017, sobre todo un plan de seguridad para la ciudad de San Pedro Sula que está siendo golpeada por una ola de violencia.

Un caso de disminución de asaltos en un 95% en rutas de transporte se lleva a cabo en El Salvador, por el plan de excepción que se aplicó, además de la incorporación de policías y militares en las rutas. “La cantidad de pasajeros ha subido desde la disminución de robos, es lo que necesitábamos”, expresó Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional de Transporte en El Salvador.

Sin embargo, la solución a largo plazo también requiere abordar desde la raíz las causas de la delincuencia, como la desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades para cierta parte de la población. Invertir en programas de desarrollo y educación puede ayudar a erradicar la delincuencia y crear entornos más seguros.

La lucha contra los asaltos en los autobuses no solo implica mejorar la seguridad física, sino también construir una sociedad más justa y equitativa con oportunidades laborales donde todos puedan sentirse protegidos y confiados al utilizar el transporte público. La implicación de las autoridades correspondientes es de suma importancia para lograr este objetivo.

Ruta 7, medio de transporte de cientos de hondureños.

Foto por: María José Cartagena

Periodismo UNAH VS

Bibliografía

Alvarez, A. (9 de 8 de 2023). Tu Nota. Obtenido de https://www.tunota.com/honduras-hoy/san-pedro-sula/hondurena-victima-asalto-bus-ruta-7-san-pedro-sula-honduras-2023-08-09

Canal 6 . (29 de septiembre de 2019). Canal 6 . Obtenido de https://canal6.com.hn/asesinan-a-joven-quien-supuestamente-se-resistio-a-asalto-en-san-pedro-sula.html?fbclid=IwAR06L5hlHM1Ts8LiM-qU3HbCGdnUY0howJYgKrp32HgYkCfejhiF57m99Rw

Diario La Prensa. (13 de 7 de 2017). Diario La Prensa . Obtenido de https://www.laprensa.hn/sucesos/militares-y-policias-resguardan-buses-en-san-pedro-sula-CFLP1089092

Salas, A. (6 de 6 de 2023). Diario El Salvador. Obtenido de https://diarioelsalvador.com/los-robos-en-el-transporte-colectivo-salvadoreno-han-disminuido-95/369634/

Silva, P. (9 de agosto de 2023). Diario Tiempo. Obtenido de https://tiempo.hn/estudiante-relata-asalto-en-ruta-7/

Teleprogreso. (1 de 10 de 2019). Teleprogreso. Obtenido de https://www.teleprogreso.tv/estudiante-es-asesinada-durante-asalto-a-la-ruta-7-de-sps/

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Fotografía: cortesía Hondudiario

Axsa Guillén

En un mundo donde la migración se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial, los venezolanos buscan rutas alternas para encontrar un futuro mejor, llegando inclusive a Honduras, que se encuentra lejos de su país natal. En su paso por Honduras se enfrentan a desafíos inimaginables durante el camino, en las rutas que toman para llegar a Honduras se fortalecen,  por las razones del porqué de su migración. Los rumbos migratorios son un testimonio de la fuerza y la supervivencia constante que los venezolanos tienen que pasar para tener una vida mejor.

Según un estudio publicado por El Instituto Nacional de Migración (INM), más de 168,000 migrantes han transitado hacia los Estados Unidos y han entrado de manera irregular este año a Honduras. Y el 40% (67,092) de estos inmigrantes son venezolanos.

Asimismo, las cifras del INM explican que, los migrantes venezolanos que ingresaron al país entre el 1 de enero hasta el 23 de julio del 2022 fue superior a los 63,920 extranjeros registrados. Un año en que transitaron por Honduras alrededor de 188,858 de estos viajeros. Estos datos son una evidencia de la magnitud y la urgencia de indagar este fenómeno de la migración venezolana hacia Honduras.

El Éxodo Venezolano: Las causas y consecuencias

La crisis económica y política de Venezuela ha provocado una migración masiva. Los venezolanos deciden emigrar a diferentes paises por la escasez de alimentos, el sistema de salud y educación precaria, la falta de empleo, la violación de los derechos a la vida digna y la alta inseguridad que enfrenta en su país donde los han obligado a buscar refugio saliendo a otros países. Esta situación ha dejado a muchos venezolanos con pocas opciones y se ha vuelto común que migren a países vecinos como Colombia y Honduras para buscar asilo y apoyo de parte de las organizaciones. El territorio hondureño se ha convertido en uno de los destinos debido a su ubicación cercana y su sistema de asilo más accesible y fácil.

Este éxodo conlleva una desintegración del núcleo familiar, violencia intrafamiliar y acceder a los servicios de salud y de la educación. Asimismo, el proceso de integración de parte de los niños y jóvenes inmigrantes ya que pueden experimentar tristeza por lo que dejaron atrás en su país natal.

La Ruta de los Valientes

Los migrantes venezolanos transitan en un viaje peligroso, enfrentándose a carreteras en mal estado y la incertidumbre de llegar con vida a su destino. Su rumbo comienza en Venezuela, donde muchos parten a pie o en autobús hacia la frontera con Colombia. Desde allí, cruzan en bote e incluso a pie a través del río Táchira y luego continúan por frontera entre Colombia y Panamá.

Según publicación de El País; la selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá es la trampa mortal para los migrantes venezolanos ya que en el 2022 más de 350 personas han muerto y algunos están desaparecidos.

El inmigrante venezolano Cesar Ramos, comentó que caminó durante siete días por la selva del Darién, donde subió cerros, cruzo ríos y se enfrentó a la explotación por parte de la trata de personas y pagando dinero para no ser asesinado por las bandas criminales que habitan en la selva. Ramos expresó “no cualquiera sale con vida de esa selva y es más difícil cuando vas con tu familia y con tus hijos”.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y El Centro Temporal de Recepción de Migrantes (CTRM) del municipio de San Vicente, son uno de los primeros puntos de ayuda para las personas migrantes que salen del Tapón del Darién, en donde reciben primeros auxilios y provisiones, ya sea comida y ropa, se encuentra a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá.

Las rutas que los venezolanos cruzan para llegar hacia Honduras son diversas, pero generalmente abarcan viajes por calle y por diferentes paises vecinos. Algunos de los países más comunes en estos rumbos son Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Nicaragua y finalmente Honduras. Los migrantes utilizan una combinación de autobuses, marchas y vehículos para avanzar en su viaje hacia el sueño americano.

La Llegada a Honduras: Una Nueva Oportunidad

Los venezolanos que logran superar el viaje, llegan a Honduras, donde buscan asilo y oportunidades para reconstruir sus vidas y la de su familia. Muchos se establecen en ciudades como en la capital de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Juticalpa y la ciudad de Danlí que es frontera con Nicaragua, donde se ha convertido en el epicentro de los migrantes venezolanos que a diario llegan a Honduras, donde encuentran comunidades de apoyo y organizaciones que los ayudan en su proceso de adaptación mientras están en el país.

Según declaraciones de la representante de la Organización Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Danlí, Elisa Ríos aseguró que, desde hace dos meses están viendo un mayor aumento sobre todo en núcleos familiares.

Agregó que, las atenciones médicas y psicológicas a esta población se han incrementado casi en un 500%. Asegura que, de 60 diarias, pasó hasta unas 350 atenciones y más en la población infantil, esto nos evidencia que hay un mayor número de núcleos familiares ingresando por la zona.

En las calles de la ciudad de Danlí se ven a migrantes tratando de conseguir dinero con las ventas de dulces junto a sus hijos, algo que les permita obtener recursos para poder seguir su camino.

El instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), registró que del 2 de enero al 9 de agosto de 2023 ingresaron por la ciudad de Danlí, Honduras unos 203,000 migrantes extranjeros y aproximadamente 34,134 eran menores de edad.

El Rostro de la Migración Venezolana en Honduras

Los inmigrantes venezolanos en Honduras contribuyen con su mano de obra, apoyando a varios ciudadanos hondureños, para poder sobrevivir mientras están en el país. Sin embargo, también enfrentan grandes desafíos como la discriminación, la falta de acceso a servicios de salud y donde alojarse.

Uno de los casos que presenció el venezolano Cesar Ramos, fue de discriminación y estafa, al momento de comprar un boleto de autobús que lo llevaba para la terminal de San Pedro Sula,  donde le cobraron entre 45 y 50 dólares para llegar a su destino. Asimismo, expresó “Solo le agradezco a Dios porque varios hermanos hondureños me han ayudado con comida, ropa y donde quedarme a dormir para luego seguir con mi viaje a los Estados Unidos”.

La trama de engaños empeora cada vez más ya que muchos de los inmigrantes venezolanos han sufrido y sufren hasta el día de hoy este tipo de discriminación y estafa por parte de algunos ciudadanos hondureños.

Además, el gobierno de la República de Honduras documenta a través del levantamiento de información que permita conocer las necesidades de las personas en situación de desplazamiento y poder ofrecer soluciones ajustadas a sus realidades.

Desde que los movimientos mixtos en la frontera sur se incrementaron, ACNUR ha liderado la coordinación de la respuesta del Clúster de Protección, del Equipo Humanitario de País, y el Equipo Local de Respuesta de la Frontera Sur quienes han apoyado y brindado refugio para las personas que viene inmigrando de sus países.

La trayectoria que los inmigrantes venezolanos sobreviven para llegar a Honduras es un testimonio de admiración, fuerza y resiliencia en medio de la adversidad. A pesar de los desafíos que enfrentan en el camino y las dificultades, estos migrantes buscan una oportunidad para una vida mejor. En importante comprender este fenómeno ya que requiere abordar las profundas crisis en Venezuela y trabajar juntos para encontrar soluciones, tanto a nivel local como internacional. De igual manera, los inmigrantes venezolanos continúan su travesía, en busca de un futuro más prometedor en tierras hondureñas y países vecinos.

Axsa Guillén/Periodismo UNAH VS

Bibliografía

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La discriminación hacia las personas con VIH las lleva al suicidio y a la esterilización forzada

#16DíasDeActivismo

Créditos:

¡Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina. www.iwmf.org  por un periodismo más incluyente!

Honduras avanza en la asistencia médica de personas con VIH, pero el estigma y la discriminación continúan

Cuando Anna tenía tres años, sus padres murieron por complicaciones relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Habían estado luchando por preservar su salud durante los 7 años previos, comprando medicamentos en el extranjero sin que nadie, ni siquiera su familia lo supiera, por el temor a la discriminación y el rechazo.

“Gracias a Dios, mi madre tomó todas las precauciones durante su embarazo y nací sana. A pesar de esto, aún no puedo revelar abiertamente la verdad sobre la causa de muerte de mis padres, debido al estigma que rodea a esa condición”, refiere Anna, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.

Sin embargo, los dedos acusadores de una sociedad que no se interesa por comprender, aún la persiguen. Cuando era niña, Anna compartió su historia en la escuela a la que asistía, “solo para enfrentarme a la discriminación de una madre que exigió mi suspensión, alegando que era una ‘niña enferma’ y por eso no debía interactuar con los demás niños”. Este tipo de conductas la han llevado a hablar de sus vivencias sólo con personas de confianza o que tienen la madurez necesaria para interpretar adecuadamente los hechos. Anna ha aprendido a protegerse frente a quienes reaccionan desde el miedo y la ignorancia.

Existen progresos, pero la marginación persiste

En 1984 los epidemiólogos diagnosticaron clínicamente el primer caso de sida en Honduras, un odontólogo residente en la ciudad de El Progreso que solía viajar a San Francisco, California. Sus muestras de fluidos fueron enviadas a Estados Unidos, y en 1985 se confirmó en un laboratorio el diagnóstico de sarcoma de Kaposi y anticuerpos contra el VIH. Los primeros cuatro casos fueron hombres, tres por relaciones homosexuales y uno heterosexual, todos con antecedentes de viajes al extranjero.

Desde que se confirmó el paciente cero, más de 41 mil personas viviendo con el VIH han sido registradas por la Secretaría de Salud (SESAL) en los 18 departamentos de Honduras. Debieron pasar 17 años desde el primer registro para que los hondureños tuvieran acceso a los antirretrovirales. En el camino se especializaron los servicios médicos y el diagnóstico dejó de ser una sentencia de muerte. Si bien el manejo clínico ha mejorado, el estigma asociado al virus aún persiste en la mentalidad y el comportamiento de muchas personas.

Algunos grupos poblacionales enfrentan mayor discriminación. Por ejemplo, las mujeres embarazadas y la comunidad LGBTQ+. Debido a que la transmisión del virus se asocia erróneamente con conductas sexuales “promiscuas” e “irresponsables”, estas poblaciones son frecuentemente estigmatizadas y excluidas en distintos ámbitos sociales.

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) establecen que a mayo del 2023 recibieron 107 denuncias por discriminación contra personas que viven con VIH. De esa cifra, un 25 por ciento representa a mujeres y un 38 por ciento a personas de la diversidad sexual. El CONADEH asegura que cada nueve horas se infecta una persona con el virus.

Los abusos incluso se presentan en el sistema sanitario. Algunas mujeres en estado de embarazo han sufrido violencia gineco obstétrica por parte del personal de Salud durante la atención del embarazo, parto y posparto. Esto puede provocar consecuencias físicas y psicológicas para las féminas y sus bebés.

Algunas organizaciones han registrado casos de mujeres que han sido operadas en contra de su voluntad mientras se realizaban un procedimiento rutinario de su sistema reproductivo. Por ejemplo, durante un estudio realizado por la Fundación Llanto, Valor y Esfuerzo (LLAVES), de 78 mujeres viviendo con VIH entrevistadas, 20 dijeron haber sido sometidas a procesos de esterilización, sin su consentimiento, en hospitales públicos.

Armida Quiroz, integrante de la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), entidad defensora de derechos humanos, advierte que esas conductas del personal de Salud son violatorias “a los derechos humanos de las mujeres, porque si se tiene una condición de salud, no son ellos los que van a decir si se debe embarazar” o si se tiene que realizar algún procedimiento para prevenir un embarazo. “Es la mujer quien tiene que decidir”.

Explicó que vivir con VIH no reduce el derecho de las mujeres a embarazarse, particularmente si tiene una carga viral no detectable, lo que significa que no tiene el virus en la sangre -apuntó-. “Perfectamente puede embarazarse”.

A su criterio, el estigma y la discriminación para quienes viven con VIH se da por falta de información.

“Toda persona que es violentada o discriminada por ser diagnosticada con VIH, tiene que denunciar, porque somos personas sujetas de derecho. Las mujeres con VIH tienen el mismo derecho que una mujer sana. Perfectamente puede denunciar a esas personas que la discriminan”, refirió Quiroz.

Pidió no tener miedo y aseguró que “no están solas, todas las mujeres estamos para aquellas que tienen ese temor a no ser escuchadas. Denuncien, sigan adelante. La vida continúa, somos mujeres sujetas de derechos”.

Avances científicos que promueven cambios de conducta

El doctor Renato Vásquez, quien labora en un policlínico del Servicio de Atención Integral (SAI), que hace parte de las Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), en el municipio de El Triunfo, Choluteca, explicó que en la actualidad uno de los medicamentos más utilizados en pacientes con VIH es el TLD, una combinación de tres antirretrovirales que ayuda a crear una mejor barrera genética. De esta manera el virus difícilmente puede mutar  y se suprime hasta volverse indetectable. “Por los estudios realizados, no detectable es igual a no transmisible’’, precisó.

Se ha demostrado que el TLD puede prevenir la progresión del VIH al sida, y de esta forma ayuda a las personas a vivir vidas largas y saludables. Tales avances de la ciencia médica, con éste y otros tratamientos, han permitido notables cambios en la conducta de quienes viven con VIH y de su entorno.

Uno de los ejemplos más recientes en la zona sur del país es el caso de una fémina seropositiva que decidió ser madre, y en la actualidad el bebé tiene cuatro meses de edad, en perfectas condiciones de salud. Ella tuvo sus controles prenatales de forma normal y la atención puérpera se le brindó sin ninguna exclusión.

El doctor Vásquez resaltó que una mujer diagnosticada con VIH, en estado de embarazo, debe tomar los antirretrovirales de la forma indicada. Si en algún momento los suspende, corre el riesgo de que el feto adquiera el virus.

Reconoce que el estigma y la discriminación contra las personas viviendo con VIH, persiste, y que en las zonas rurales estas conductas son más evidentes que en las urbanas. Sin embargo, se perciben algunos cambios. “Antes si las personas sabían que alguien era VIH positivo no le daban la mano, le negaban un abrazo, un saludo, porque pensaban que de esa manera se podían infectar”, agrega.

Gracias a los antirretrovirales y a otros medicamentos complementarios que se están utilizando, se ha alcanzado una supresión viral de casi el 90 por ciento a nivel general, lo que lleva a las personas a tener una vida normal, y quienes están en su entorno ya no perciben el VIH como una situación fatal.

La educación como motor del cambio

“Como lo percibo, siempre hay estigma, las personas no son vistas de igual manera”, refiere Vásquez. Sin embargo, en las VICITS han venido trabajando para que las personas tengan un conocimiento real de lo que significa vivir con VIH. Para ello se han apoyado en organizaciones defensoras de derechos humanos y mediante charlas al personal de salud y a los mismos pacientes se han ido modificando las conductas.

También se han hecho ajustes en el sistema de atención a los pacientes con el fin de evitar la exclusión. Anteriormente “todo paciente que me buscaba ya sabía (el personal de salud) que era para ser tratado de VIH y desde ahí lo iban catalogando”, explica.

Una de las decisiones adoptadas fue atenderlos en consulta general, donde, además de ver a personas seropositivas, el médico recibe otra clase de patologías en niños, adultos y mujeres embarazadas, “para que, de este modo, no se estigmatice tanto”, precisó.

Educación también para las personas que viven con VIH

El doctor Vásquez explica que basado en la Ley Especial Contra el VIH, habla y concientiza a los pacientes, haciéndoles ver que tienen derechos, pero también deberes. Uno de ellos es informar a sus parejas sobre el diagnóstico recibido.

Considera imprescindible brindar un buen trato a sus pacientes como base para ganarse su confianza, porque “si el usuario no confía en usted no va a venir a su cita, y si no viene a su cita pierde seguimiento y luego cae en abandono de su medicamento”.

José Zambrano, defensor de derechos humanos y de las personas con VIH, resalta la importancia del apoyo social y la educación del paciente en temas como la adherencia al tratamiento, el autocuidado, la asistencia a consulta médica y la práctica de chequeos.

La educación y aplicación de conocimientos entre los pacientes se refleja en los resultados que se obtienen. Por ejemplo, en la clínica SAI de El Triunfo se atiende actualmente a 27 personas, de las cuales solo dos presentan una carga viral alta. Uno de ellos por falta de adherencia al tratamiento (falta de ARN). Esto se da cuando el paciente no toma adecuadamente sus medicamentos y por lo tanto no se producen los efectos esperados.

El otro es porque se mudó a otro departamento del país, no se comunicó con el doctor encargado y por ende no obtuvo los antirretrovirales. Estuvo aproximadamente tres meses sin medicamentos, lo que afectó su carga viral. De aquí se deduce la necesidad de tener un alto nivel de conciencia sobre su condición y las consecuencias que le acarrearán sus acciones u omisiones.

Fundamentalistas en contra de la educación sexual y reproductiva

La Ley Especial del VIH/SIDA, señala la obligatoriedad de establecer programas basados en políticas de educación inclusiva, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a fin de adecuar la currícula nacional básica. Pese a ser ley, en Honduras, no hay educación sexual en centros educativos, puesto que grupos conservadores se oponen a su impartición bajo el argumento que difundir esta clase de conocimientos tiene la finalidad de corromper a los jóvenes.

Sin embargo, para la abogada Vanessa Siliezar, directora de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) organización no gubernamental, los grupos conservadores que se oponen a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos lo que buscan es mantener a la sociedad, especialmente al segmento de bajos recursos, en la ignorancia.

Siliezar enfatiza que el país vive altas tasas de embarazo adolescente, de los cuales hasta un 50 por ciento serían producto de abusos a menores de edad. Además, hay miles de casos de VIH, “producto de que el hombre lleva la enfermedad a la casa por falta de protección, no por falta de información. Estamos reproduciendo estereotipos, acciones negativas que repercuten en la salud y vida de la población hondureña”.

Considera que hablar de derechos sexuales y reproductivos en Honduras es difícil, por el avance del “fundamentalismo de grupos conservadores”, integrados por personas preparadas para utilizar argumentos de derechos humanos que les permitan replantear el discurso y así involucrar sus valores y principios conservadores.

A estos grupos se integra el discurso de líderes religiosos y el escaso compromiso de funcionarios estatales adscritos a denominaciones religiosas, quienes pasan por alto el mandato de tener una educación laica, establecido en el artículo 151 de la Constitución de la República.

“El discurso de odio viene de personas de clase alta. Son ellos quienes están promoviendo estos discursos e imponiéndose a la clase empobrecida. Lo que buscan estos sectores conservadores es que se mantenga la pobreza y la ignorancia de nuestras clases poco privilegiadas. Las personas que emiten estos juicios de valor tienen a sus hijos en escuelas bilingües, de estrato social mucho más alto. Por lo tanto, ellos sí tienen acceso a esta información”, expuso.

Para el activista Zambrano, lo que hay en Honduras es “miedo de educar en educación sexual integral o educación reproductiva. Se niega (la educación) a las mujeres, no digamos a otras poblaciones. Es un gran problema que está satanizado. Se tiene que hablar de poblaciones como diversidad sexual, transexualidad y demás, son temas tabúes sobre los que todavía no se permite que se eduque”.

Cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras ha mostrado su respaldo a leyes que garanticen los derechos sexuales y normas de educación integral para prevenir el embarazo en adolescentes.

Una red de atención desde lo público y privado

Cada año se diagnostican en Honduras más de 1,500 casos nuevos de VIH, de los cuales más de 500 son mujeres. En la actualidad el 62 por ciento son asintomáticas, mientras que el 38% presentan un estado avanzado de la enfermedad. Desde 1985 hasta septiembre de 2023 se contabilizaron 7,503 casos de mujeres asintomáticas y 10,720 con infección avanzada, según la Unidad de Vigilancia de la Salud de Nivel Central, de la SESAL.

El CONADEH informó en septiembre de 2023 que, en el registro histórico, desde 1985, el departamento de Atlántida es el de mayor tasa acumulada de prevalencia de casos con 859.1 por cada 100,000 habitantes; seguido por Islas de la Bahía con 833, Cortés 806.3 y Gracias a Dios con 712.2. Además, San Pedro Sula es la ciudad que presenta la mayor cantidad de casos de personas con VIH, seguida por Tegucigalpa, La Ceiba, el Progreso, Choloma, Tela, Choluteca, Puerto Cortés, La Lima, Comayagua y Villanueva.

En la atención sanitaria de esta población han jugado un papel central las ya mencionadas Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), que funcionan desde el 2006, como una entidad híbrida, mediante recursos de la Secretaría de Salud, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales.

La finalidad de las VICITS es prevenir y vigilar la epidemia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero también definir una estrategia de vigilancia dirigida a mujeres trabajadoras sexuales, y comunidad LGTBQ+. Estos centros ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, pruebas de VIH, promoción de métodos anticonceptivos como el condón, entre otros.

Existen diez clínicas VICITS en Choluteca, Yoro, Atlántida, Cortés y Francisco Morazán. “Las clínicas deberían de funcionar en todo el país, pero solo están en las grandes ciudades. Las demás están en proceso. Hay que recordar que la población de trabajadoras sexuales se da en todo el país”, manifestó Zambrano.

En estas clínicas y otras unidades de salud también se hace uso de la Profilaxis Preexposición (PrEP). Son medicamentos tomados o inyectados a personas que no viven con el virus pero que están expuestas. “Es la nueva estrategia que tiene la Secretaría de Salud, con el fin de evitar que las personas que están en más alto riesgo se infecten de VIH” explicó el doctor Vásquez, de la clínica de El Triunfo.

“Nosotros hacemos trabajo de campo, hacemos pequeñas brigadas, feria de salud en la cual ponemos a disposición las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis b”, explicó el doctor.

El sistema de salud en Honduras cuenta con 14 medicamentos para la atención de las personas que viven con VIH.

Otra dependencia que juega un rol vital es el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que atiende a empleados del sector público y privado, a sus esposas embarazadas que no cuentan directamente con seguridad social, y a sus hijos. Esta entidad destina más de 20 millones de lempiras al año en la atención de pacientes con VIH. Aquí son atendidas 890 personas con VIH, de las cuales 241 son mujeres, 23 en estado de embarazo.

La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud ha contabilizado históricamente más de 18 mil mujeres viviendo con VIH en el territorio nacional.

No obstante, algunas organizaciones que luchan por los derechos humanos de las personas infectadas y afectadas por el VIH señalan que hacen falta medicamentos y que el país no cuenta con reactivos. Además, en algunos establecimientos de salud no están disponibles las pruebas para detectar el VIH. establecimientos de salud no están disponibles las pruebas para detectar el VIH.

La salud mental, un factor que no debe dejarse de lado

La atención a pacientes con VIH debe ser integral, puesto que las afectaciones se dan a nivel físico, mental, social e incluso económico. El sida ha dejado a familias desintegradas, con profundas carencias en lo económico y grandes sufrimientos.

Una doctora de un hospital de la zona norte relató el caso de uno de sus pacientes, un joven con VIH que asistió a su consulta, no para recibir ayuda y superar sus problemas de depresión severa, sino para pedir que lo asesoraran sobre el mecanismo más apropiado para suicidarse.

Había tenido “múltiples intentos suicidas y buscaba ayuda para suicidarse. Quería que le dijera cómo hacerlo y que no fuera doloroso. De manera efectiva, porque tenía ya múltiples intentos y no lo había logrado”, relató la doctora.

Sufría de depresión desde hacía mucho tiempo, resistente al tratamiento, y quería morir porque su pareja se había suicidado. Consideraba que él “era la única persona que lo atendía y comprendía”. Venía de una familia desintegrada,  vivía con su pareja y sentía un complejo de culpa al pensar que él pudo haberlo contagiado, aunque no tenía forma de confirmarlo.

El apoyo emocional es fundamental en el tratamiento integral del VIH. Se requieren programas específicos según las necesidades de cada paciente, para reforzar su autoestima, prevenir trastornos mentales y conductas de riesgo, mejorar adherencia al tratamiento, y brindar herramientas para afrontar el estigma social.

Expertos en psiquiatría coinciden que al recibir un diagnóstico de VIH se generan diversas reacciones emotivas. Es necesario aprender a vivir de forma distinta, con controles médicos y tratamiento antirretroviral de por vida, lo que limita aspectos cotidianos. Primero viene la negación, luego la aceptación, volviéndose un proceso difícil.

El VIH puede ser consecuencia de trastornos mentales que producen alteraciones en la conducta de la persona, como la hipersexualidad, que conlleva a conductas sexuales de riesgo y más contagios.

Muchos pacientes sufren en silencio la discriminación social y laboral. Todo paciente necesita acompañamiento psicológico para sobrellevar esta nueva realidad y mantener su bienestar.

Sin embargo, los padecimientos mentales son difíciles de sobrellevar. El joven que ha intentado suicidarse en diversas ocasiones abandonó el tratamiento. Desde el hospital lo han llamado para conocer de su situación y él asegura que volverá a consulta pero que sus horarios laborales se lo impiden.

Han pasado casi 40 años desde el primer caso en Honduras, pero todavía falta mucho por avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva. Es importante entender que el VIH no discrimina, cualquiera puede verse afectado. La información veraz, la empatía y el apoyo integral son claves para lograr que se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Solo así conseguiremos una cultura de respeto e inclusión para quienes viven con este virus. Queda aún un largo trayecto por recorrer hacia una Honduras libre de prejuicios, donde prime la dignidad y bienestar de toda la ciudadanía.

¡Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina. www.iwmf.org por un periodismo más incluyente”

#16DíasDeActivismo

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Tegucigalpa, 30 de noviembre 2023.

Texto: Daisy Bonilla
Fotos: Leonela Paz

Emma Padilla respondió correctamente a la pregunta realizada por la delegada de la Asociación Calidad de vida, sobre ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que ocurren dentro del hogar?, su respuesta fue; La violencia física, los golpes y la Violencia psicológica cuando nos hacen llorar y nos insultan, la violencia económica cuando nos dicen que dinero no hay , también la violencia sexual,  cuando tenemos relaciones íntimas no consentidas.

Este ejercicio es parte del juego; La Ruleta, en el que muchas mujeres más participaron durante la Feria Preventiva contra la Violencia, realizada por la Asociación Calidad de Vida y CARI – USAID, en la Escuela Enmanuel de la colonia Canaán de Tegucigalpa.

Docenas de mujeres y niños, provenientes de las colonias; Guillen, Zarzuela, El Reparto y la Canaán , asistieron en busca de atención médica. Unas 150 personas fueron atendidas en medicina general y otras cuarenta en odontología, por personal médico del centro de salud de Él Manchen.

Destacamos que, después de la consulta, a cada paciente se le entregó sus respectivas medicinas.  Asimismo, se realizó la vacunación de las mascotas caninas.

Clara Bonilla llegó en busca de atención médica, luego de participar en la charla nos dijo: “aprendí que no debemos dejar pasar muchas cosas en nuestros hogares, tenemos que cuidar a nuestros niños y querernos y cuidarnos nosotras mismas, porque Yo no quiero ser una cifra más”.

La Asociación Calidad de Vida dispuso entregó a cada mujer varios textos que contienen información sobre las diversas Violencias hacia las mujeres, la violencia en los medios de comunicación, la teoría de género, testimonios, entre otros, ello les permitirá estar informadas, reconocer la violencia y decir un ¡basta ya!

Por su parte, Luz Mendoza de la Red de Mujeres Pilar de la comunidad, explicó que, se reúnen una vez al mes en círculos de apoyo mutuo, donde “se dan charlas para que entendamos más que es la violencia.  Las mujeres de la colonia Canaán demandamos más empleo, menos discriminación por edad, sexo y que seamos inclusivos con las personas LGBTIQ”.

Dilcia Sánchez psicóloga de Calidad de vida, expresó que, mantienen una alianza estratégica con USAID, para realizar esta proyección social de apoyo a la prevención de la violencia con los grupos de mujeres que asisten a este espacio. Resaltó la importancia que esta temática sea visibilizada para prevenir la violencia tanto dentro del hogar como de la comunidad.

Según el calendario de los 16 días de activismo contra las violencias hacia las mujeres, las ferias preventivas también están programadas en la Colonia San Miguel, 30 de noviembre, Izaguirre, El Pedregal y Campo Cielo. Los juegos lúdicos preventivos incluyen; rompecabezas y X/O entre otros.

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Créditos:

¡Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina. www.iwmf.org  por un periodismo más incluyente!

Honduras avanza en la asistencia médica de personas con VIH, pero el estigma y la discriminación continúan

Cuando Anna tenía tres años, sus padres murieron por complicaciones relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Habían estado luchando por preservar su salud durante los 7 años previos, comprando medicamentos en el extranjero sin que nadie, ni siquiera su familia lo supiera, por el temor a la discriminación y el rechazo.

“Gracias a Dios, mi madre tomó todas las precauciones durante su embarazo y nací sana. A pesar de esto, aún no puedo revelar abiertamente la verdad sobre la causa de muerte de mis padres, debido al estigma que rodea a esa condición”, refiere Anna, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.

Sin embargo, los dedos acusadores de una sociedad que no se interesa por comprender, aún la persiguen. Cuando era niña, Anna compartió su historia en la escuela a la que asistía, “solo para enfrentarme a la discriminación de una madre que exigió mi suspensión, alegando que era una ‘niña enferma’ y por eso no debía interactuar con los demás niños”. Este tipo de conductas la han llevado a hablar de sus vivencias sólo con personas de confianza o que tienen la madurez necesaria para interpretar adecuadamente los hechos. Anna ha aprendido a protegerse frente a quienes reaccionan desde el miedo y la ignorancia.

Existen progresos, pero la marginación persiste

En 1984 los epidemiólogos diagnosticaron clínicamente el primer caso de sida en Honduras, un odontólogo residente en la ciudad de El Progreso que solía viajar a San Francisco, California. Sus muestras de fluidos fueron enviadas a Estados Unidos, y en 1985 se confirmó en un laboratorio el diagnóstico de sarcoma de Kaposi y anticuerpos contra el VIH. Los primeros cuatro casos fueron hombres, tres por relaciones homosexuales y uno heterosexual, todos con antecedentes de viajes al extranjero.

Desde que se confirmó el paciente cero, más de 41 mil personas viviendo con el VIH han sido registradas por la Secretaría de Salud (SESAL) en los 18 departamentos de Honduras. Debieron pasar 17 años desde el primer registro para que los hondureños tuvieran acceso a los antirretrovirales. En el camino se especializaron los servicios médicos y el diagnóstico dejó de ser una sentencia de muerte. Si bien el manejo clínico ha mejorado, el estigma asociado al virus aún persiste en la mentalidad y el comportamiento de muchas personas.

Algunos grupos poblacionales enfrentan mayor discriminación. Por ejemplo, las mujeres embarazadas y la comunidad LGBTQ+. Debido a que la transmisión del virus se asocia erróneamente con conductas sexuales “promiscuas” e “irresponsables”, estas poblaciones son frecuentemente estigmatizadas y excluidas en distintos ámbitos sociales.

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) establecen que a mayo del 2023 recibieron 107 denuncias por discriminación contra personas que viven con VIH. De esa cifra, un 25 por ciento representa a mujeres y un 38 por ciento a personas de la diversidad sexual. El CONADEH asegura que cada nueve horas se infecta una persona con el virus.

Los abusos incluso se presentan en el sistema sanitario. Algunas mujeres en estado de embarazo han sufrido violencia gineco obstétrica por parte del personal de Salud durante la atención del embarazo, parto y posparto. Esto puede provocar consecuencias físicas y psicológicas para las féminas y sus bebés.

Algunas organizaciones han registrado casos de mujeres que han sido operadas en contra de su voluntad mientras se realizaban un procedimiento rutinario de su sistema reproductivo. Por ejemplo, durante un estudio realizado por la Fundación Llanto, Valor y Esfuerzo (LLAVES), de 78 mujeres viviendo con VIH entrevistadas, 20 dijeron haber sido sometidas a procesos de esterilización, sin su consentimiento, en hospitales públicos.

Armida Quiroz, integrante de la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), entidad defensora de derechos humanos, advierte que esas conductas del personal de Salud son violatorias “a los derechos humanos de las mujeres, porque si se tiene una condición de salud, no son ellos los que van a decir si se debe embarazar” o si se tiene que realizar algún procedimiento para prevenir un embarazo. “Es la mujer quien tiene que decidir”.

Explicó que vivir con VIH no reduce el derecho de las mujeres a embarazarse, particularmente si tiene una carga viral no detectable, lo que significa que no tiene el virus en la sangre -apuntó-. “Perfectamente puede embarazarse”.

A su criterio, el estigma y la discriminación para quienes viven con VIH se da por falta de información.

“Toda persona que es violentada o discriminada por ser diagnosticada con VIH, tiene que denunciar, porque somos personas sujetas de derecho. Las mujeres con VIH tienen el mismo derecho que una mujer sana. Perfectamente puede denunciar a esas personas que la discriminan”, refirió Quiroz.

Pidió no tener miedo y aseguró que “no están solas, todas las mujeres estamos para aquellas que tienen ese temor a no ser escuchadas. Denuncien, sigan adelante. La vida continúa, somos mujeres sujetas de derechos”.

Avances científicos que promueven cambios de conducta

El doctor Renato Vásquez, quien labora en un policlínico del Servicio de Atención Integral (SAI), que hace parte de las Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), en el municipio de El Triunfo, Choluteca, explicó que en la actualidad uno de los medicamentos más utilizados en pacientes con VIH es el TLD, una combinación de tres antirretrovirales que ayuda a crear una mejor barrera genética. De esta manera el virus difícilmente puede mutar  y se suprime hasta volverse indetectable. “Por los estudios realizados, no detectable es igual a no transmisible’’, precisó.

Se ha demostrado que el TLD puede prevenir la progresión del VIH al sida, y de esta forma ayuda a las personas a vivir vidas largas y saludables. Tales avances de la ciencia médica, con éste y otros tratamientos, han permitido notables cambios en la conducta de quienes viven con VIH y de su entorno.

Uno de los ejemplos más recientes en la zona sur del país es el caso de una fémina seropositiva que decidió ser madre, y en la actualidad el bebé tiene cuatro meses de edad, en perfectas condiciones de salud. Ella tuvo sus controles prenatales de forma normal y la atención puérpera se le brindó sin ninguna exclusión.

El doctor Vásquez resaltó que una mujer diagnosticada con VIH, en estado de embarazo, debe tomar los antirretrovirales de la forma indicada. Si en algún momento los suspende, corre el riesgo de que el feto adquiera el virus.

Reconoce que el estigma y la discriminación contra las personas viviendo con VIH, persiste, y que en las zonas rurales estas conductas son más evidentes que en las urbanas. Sin embargo, se perciben algunos cambios. “Antes si las personas sabían que alguien era VIH positivo no le daban la mano, le negaban un abrazo, un saludo, porque pensaban que de esa manera se podían infectar”, agrega.

Gracias a los antirretrovirales y a otros medicamentos complementarios que se están utilizando, se ha alcanzado una supresión viral de casi el 90 por ciento a nivel general, lo que lleva a las personas a tener una vida normal, y quienes están en su entorno ya no perciben el VIH como una situación fatal.

La educación como motor del cambio

“Como lo percibo, siempre hay estigma, las personas no son vistas de igual manera”, refiere Vásquez. Sin embargo, en las VICITS han venido trabajando para que las personas tengan un conocimiento real de lo que significa vivir con VIH. Para ello se han apoyado en organizaciones defensoras de derechos humanos y mediante charlas al personal de salud y a los mismos pacientes se han ido modificando las conductas.

También se han hecho ajustes en el sistema de atención a los pacientes con el fin de evitar la exclusión. Anteriormente “todo paciente que me buscaba ya sabía (el personal de salud) que era para ser tratado de VIH y desde ahí lo iban catalogando”, explica.

Una de las decisiones adoptadas fue atenderlos en consulta general, donde, además de ver a personas seropositivas, el médico recibe otra clase de patologías en niños, adultos y mujeres embarazadas, “para que, de este modo, no se estigmatice tanto”, precisó.

Educación también para las personas que viven con VIH

El doctor Vásquez explica que basado en la Ley Especial Contra el VIH, habla y concientiza a los pacientes, haciéndoles ver que tienen derechos, pero también deberes. Uno de ellos es informar a sus parejas sobre el diagnóstico recibido.

Considera imprescindible brindar un buen trato a sus pacientes como base para ganarse su confianza, porque “si el usuario no confía en usted no va a venir a su cita, y si no viene a su cita pierde seguimiento y luego cae en abandono de su medicamento”.

José Zambrano, defensor de derechos humanos y de las personas con VIH, resalta la importancia del apoyo social y la educación del paciente en temas como la adherencia al tratamiento, el autocuidado, la asistencia a consulta médica y la práctica de chequeos.

La educación y aplicación de conocimientos entre los pacientes se refleja en los resultados que se obtienen. Por ejemplo, en la clínica SAI de El Triunfo se atiende actualmente a 27 personas, de las cuales solo dos presentan una carga viral alta. Uno de ellos por falta de adherencia al tratamiento (falta de ARN). Esto se da cuando el paciente no toma adecuadamente sus medicamentos y por lo tanto no se producen los efectos esperados.

El otro es porque se mudó a otro departamento del país, no se comunicó con el doctor encargado y por ende no obtuvo los antirretrovirales. Estuvo aproximadamente tres meses sin medicamentos, lo que afectó su carga viral. De aquí se deduce la necesidad de tener un alto nivel de conciencia sobre su condición y las consecuencias que le acarrearán sus acciones u omisiones.

Fundamentalistas en contra de la educación sexual y reproductiva

La Ley Especial del VIH/SIDA, señala la obligatoriedad de establecer programas basados en políticas de educación inclusiva, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a fin de adecuar la currícula nacional básica. Pese a ser ley, en Honduras, no hay educación sexual en centros educativos, puesto que grupos conservadores se oponen a su impartición bajo el argumento que difundir esta clase de conocimientos tiene la finalidad de corromper a los jóvenes.

Sin embargo, para la abogada Vanessa Siliezar, directora de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF) organización no gubernamental, los grupos conservadores que se oponen a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos lo que buscan es mantener a la sociedad, especialmente al segmento de bajos recursos, en la ignorancia.

Siliezar enfatiza que el país vive altas tasas de embarazo adolescente, de los cuales hasta un 50 por ciento serían producto de abusos a menores de edad. Además, hay miles de casos de VIH, “producto de que el hombre lleva la enfermedad a la casa por falta de protección, no por falta de información. Estamos reproduciendo estereotipos, acciones negativas que repercuten en la salud y vida de la población hondureña”.

Considera que hablar de derechos sexuales y reproductivos en Honduras es difícil, por el avance del “fundamentalismo de grupos conservadores”, integrados por personas preparadas para utilizar argumentos de derechos humanos que les permitan replantear el discurso y así involucrar sus valores y principios conservadores.

A estos grupos se integra el discurso de líderes religiosos y el escaso compromiso de funcionarios estatales adscritos a denominaciones religiosas, quienes pasan por alto el mandato de tener una educación laica, establecido en el artículo 151 de la Constitución de la República.

“El discurso de odio viene de personas de clase alta. Son ellos quienes están promoviendo estos discursos e imponiéndose a la clase empobrecida. Lo que buscan estos sectores conservadores es que se mantenga la pobreza y la ignorancia de nuestras clases poco privilegiadas. Las personas que emiten estos juicios de valor tienen a sus hijos en escuelas bilingües, de estrato social mucho más alto. Por lo tanto, ellos sí tienen acceso a esta información”, expuso.

Para el activista Zambrano, lo que hay en Honduras es “miedo de educar en educación sexual integral o educación reproductiva. Se niega (la educación) a las mujeres, no digamos a otras poblaciones. Es un gran problema que está satanizado. Se tiene que hablar de poblaciones como diversidad sexual, transexualidad y demás, son temas tabúes sobre los que todavía no se permite que se eduque”.

Cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras ha mostrado su respaldo a leyes que garanticen los derechos sexuales y normas de educación integral para prevenir el embarazo en adolescentes.

Una red de atención desde lo público y privado

Cada año se diagnostican en Honduras más de 1,500 casos nuevos de VIH, de los cuales más de 500 son mujeres. En la actualidad el 62 por ciento son asintomáticas, mientras que el 38% presentan un estado avanzado de la enfermedad. Desde 1985 hasta septiembre de 2023 se contabilizaron 7,503 casos de mujeres asintomáticas y 10,720 con infección avanzada, según la Unidad de Vigilancia de la Salud de Nivel Central, de la SESAL.

El CONADEH informó en septiembre de 2023 que, en el registro histórico, desde 1985, el departamento de Atlántida es el de mayor tasa acumulada de prevalencia de casos con 859.1 por cada 100,000 habitantes; seguido por Islas de la Bahía con 833, Cortés 806.3 y Gracias a Dios con 712.2. Además, San Pedro Sula es la ciudad que presenta la mayor cantidad de casos de personas con VIH, seguida por Tegucigalpa, La Ceiba, el Progreso, Choloma, Tela, Choluteca, Puerto Cortés, La Lima, Comayagua y Villanueva.

En la atención sanitaria de esta población han jugado un papel central las ya mencionadas Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), que funcionan desde el 2006, como una entidad híbrida, mediante recursos de la Secretaría de Salud, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales.

La finalidad de las VICITS es prevenir y vigilar la epidemia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero también definir una estrategia de vigilancia dirigida a mujeres trabajadoras sexuales, y comunidad LGTBQ+. Estos centros ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, pruebas de VIH, promoción de métodos anticonceptivos como el condón, entre otros.

Existen diez clínicas VICITS en Choluteca, Yoro, Atlántida, Cortés y Francisco Morazán. “Las clínicas deberían de funcionar en todo el país, pero solo están en las grandes ciudades. Las demás están en proceso. Hay que recordar que la población de trabajadoras sexuales se da en todo el país”, manifestó Zambrano.

En estas clínicas y otras unidades de salud también se hace uso de la Profilaxis Preexposición (PrEP). Son medicamentos tomados o inyectados a personas que no viven con el virus pero que están expuestas. “Es la nueva estrategia que tiene la Secretaría de Salud, con el fin de evitar que las personas que están en más alto riesgo se infecten de VIH” explicó el doctor Vásquez, de la clínica de El Triunfo.

“Nosotros hacemos trabajo de campo, hacemos pequeñas brigadas, feria de salud en la cual ponemos a disposición las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis b”, explicó el doctor.

El sistema de salud en Honduras cuenta con 14 medicamentos para la atención de las personas que viven con VIH.

Otra dependencia que juega un rol vital es el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que atiende a empleados del sector público y privado, a sus esposas embarazadas que no cuentan directamente con seguridad social, y a sus hijos. Esta entidad destina más de 20 millones de lempiras al año en la atención de pacientes con VIH. Aquí son atendidas 890 personas con VIH, de las cuales 241 son mujeres, 23 en estado de embarazo.

La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud ha contabilizado históricamente más de 18 mil mujeres viviendo con VIH en el territorio nacional.

No obstante, algunas organizaciones que luchan por los derechos humanos de las personas infectadas y afectadas por el VIH señalan que hacen falta medicamentos y que el país no cuenta con reactivos. Además, en algunos establecimientos de salud no están disponibles las pruebas para detectar el VIH.

La salud mental, un factor que no debe dejarse de lado

La atención a pacientes con VIH debe ser integral, puesto que las afectaciones se dan a nivel físico, mental, social e incluso económico. El sida ha dejado a familias desintegradas, con profundas carencias en lo económico y grandes sufrimientos.

Una doctora de un hospital de la zona norte relató el caso de uno de sus pacientes, un joven con VIH que asistió a su consulta, no para recibir ayuda y superar sus problemas de depresión severa, sino para pedir que lo asesoraran sobre el mecanismo más apropiado para suicidarse.

Había tenido “múltiples intentos suicidas y buscaba ayuda para suicidarse. Quería que le dijera cómo hacerlo y que no fuera doloroso. De manera efectiva, porque tenía ya múltiples intentos y no lo había logrado”, relató la doctora.

Sufría de depresión desde hacía mucho tiempo, resistente al tratamiento, y quería morir porque su pareja se había suicidado. Consideraba que él “era la única persona que lo atendía y comprendía”. Venía de una familia desintegrada,  vivía con su pareja y sentía un complejo de culpa al pensar que él pudo haberlo contagiado, aunque no tenía forma de confirmarlo.

El apoyo emocional es fundamental en el tratamiento integral del VIH. Se requieren programas específicos según las necesidades de cada paciente, para reforzar su autoestima, prevenir trastornos mentales y conductas de riesgo, mejorar adherencia al tratamiento, y brindar herramientas para afrontar el estigma social.

Expertos en psiquiatría coinciden que al recibir un diagnóstico de VIH se generan diversas reacciones emotivas. Es necesario aprender a vivir de forma distinta, con controles médicos y tratamiento antirretroviral de por vida, lo que limita aspectos cotidianos. Primero viene la negación, luego la aceptación, volviéndose un proceso difícil.

El VIH puede desencadenar trastornos mentales como bipolaridad e hipersexualidad, que conllevan a conductas sexuales de riesgo y más contagios. Lo usual es desarrollar cuadros de depresión y ansiedad por el miedo y la tristeza que implica este diagnóstico.

Muchos pacientes sufren en silencio la discriminación social y laboral. Todo paciente necesita acompañamiento psicológico para sobrellevar esta nueva realidad y mantener su bienestar.

Sin embargo, los padecimientos mentales son difíciles de sobrellevar. El joven que ha intentado suicidarse en diversas ocasiones abandonó el tratamiento. Desde el hospital lo han llamado para conocer de su situación y él asegura que volverá a consulta pero que sus horarios laborales se lo impiden.

Han pasado casi 40 años desde el primer caso en Honduras, pero todavía falta mucho por avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva. Es importante entender que el VIH no discrimina, cualquiera puede verse afectado. La información veraz, la empatía y el apoyo integral son claves para lograr que se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Solo así conseguiremos una cultura de respeto e inclusión para quienes viven con este virus. Queda aún un largo trayecto por recorrer hacia una Honduras libre de prejuicios, donde prime la dignidad y bienestar de toda la ciudadanía.

¡Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF), como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina. www.iwmf.org por un periodismo más incluyente”

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Por Elsa Ramírez

Entramos al último mes del año, diciembre donde los vientos que soplan traen sabor a Navidad y por ende la víspera de un nuevo año, que todos confiamos llegará repleto de agradables sorpresas.

La Navidad se viste de colores en la Corona de Adviento, pues inicia el Tiempo de Adviento este 3 de diciembre, las primera dos semanas sirven para meditar sobre la venida del Señor y las dos siguientes para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús.

La corona de adviento se enciende en Nochebuena y contiene 5 velas: morada que significa conversión; verde: esperanza; rosada: la alegría porque se acerca el nacimiento de Jesucristo; roja: significa también alegría y la quinta velita es un cirio de color blanco que se va en el centro lo que significa la presencia de Dios.

El Adviento nos invita a recordar el tiempo pasado con el nacimiento de Jesús en Belén, llegando como uno de nosotros, lleno de humildad y pobreza.

Nos invita a disfrutar del presente: Jesús está entre nosotros en el mundo, por lo que tenemos que vivir en paz y amor de Dios.

Nos incita a que organicemos el futuro: pues debemos prepararnos para la venida de nuestro señor JESUCRISTO, llegando como Señor, premiando a los creyentes con el Cielo, habiendo sido fieles con el Padre y viviendo en comunión con nuestros hermanos, para llegar a la salvación y vida eterna.

La capital se viste de colores, especialmente las áreas comerciales, bancarias, industriales y las propias oficinas gubernamentales, sin faltar la participación de la población que también le pone el exquisito sabor pascual en sus hogares, con la colocación de las réplicas de nacimientos y árboles navideños, todo huele a Navidad, hasta la tradicional música se escucha por las calles y avenidas, llamando la atención de los transeúntes;  en los canales de televisión y las radioemisoras se escuchan mensajes alusivos a la temporada que llaman la atención de quienes disfrutan de esta temporada anual.

La Navidad se viste de colores cuando padres, madres, hijos y familiares visitan a los privados de libertad, departiendo con ellos momentos inolvidables.

La Navidad se viste de colores cuando vemos a padres y madres en los mercados comprando los estrenos para sus pequeños hijos.

La Navidad se viste de colores cuando con alegría toda la familia decora el árbol navideño y coloca al pie del mismo el Nacimiento del Niño Dios en el pesebre.

La Navidad se viste de colores cuando sentimos el olor a nacatamales que por cantidades exorbitantes se cocinan en grandes tinajas y en fogones improvisados.

La Navidad de viste de colores cuando disfrutamos del exquisito rompope tradicional (el que lleva la yema de huevo bien batida) con su color amarillo huevo, leche, nuez moscada, canela y licor, para luego ser vaciado en botellas finamente decoradas para la ocasión.

La Navidad se viste de colores cuando viene un niño o niña al mundo y sus primerizos padres corren a buscar la ropita que vestirán al salir del hospital; si es varón el color azul y si es niña, el rosado.

La Navidad se viste de colores cuando instituciones de beneficencia y personas de buen corazón visitan los hogares donde pernoctan los ancianos, los niños y niñas con cáncer, donde un personaje disfrazado de Santa Claus cargado de regalos de diferentes matices (repostería, alimentos, ropa, juguetes y música), hacen que la nochebuena sea realmente buena para quienes reciben las atenciones de estas bellas personas que con una sonrisa dan sin esperar nada a cambio.

La Navidad se viste de colores cuando vemos por las calles a madres y padres (desempleados) cargando sus pequeños hijos en busca de un pedazo de pan.

Navidad época para reflexionar, hacer planes para el año venidero,  que se cumplan nuestros sueños, tener metas, ilusiones y esperanza en un nuevo amanecer, tratar de olvidar el pasado,  perdonar todo el daño causado, prepararnos académicamente para obtener un mejor empleo, procurar la unidad familiar, estar pendientes de nuestros hijos, nietos, padres, abuelos y demás familia, amar al prójimo como a nosotros mismos, hay tantas cosas que podríamos hacer y que muchas veces las ignoramos y las dejamos pasar, tal vez por indiferencia.

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Desde el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos, se conmemoran los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Todos los años en todo el mundo, para crear conciencia, e impulsar un paso a la acción, con relación a la violación generalizada de los derechos humanos.

La Asociación Calidad de Vida durante todo el año alza su voz, para exigir un alto a la impunidad y un alto a la violencia contra la mujer. Ana Lisseth Cruz, directora ejecutiva de Calidad de Vida, denunció que, en lo que va del año, hasta el mes de octubre 2023, ya se contabilizan más de 360 muertes violentas de mujeres, y los índices de impunidad relacionados con los femicidios superan el 95%.

“Demandamos frente al Ministerio Público, que se respete la vida de las mujeres y que se aplique la Ley, que exista justicia, que se castigue a los responsables, porque en este país, hasta el momento, pareciera que la vida y el cuerpo de una mujer no vale nada”, agregó.

Cruz destaca, que,  la situación no parece mejorar, a pesar de que nuestro país está gobernado por una mujer, “Nosotras creímos que las cosas iban a mejorar para todas, pero vemos que no es así, no hay interés político y solo le están dando largas” y a manera de ejemplo citó: “El anteproyecto de Ley de Las Casas Refugio, fue dictaminado en el año 2018 y aún se está a la espera que entre en debate”.

La Ley persigue, que las 10 casas refugio existentes tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan con la cooperación internacional. Cruz resaltó que, pese a que la Ley contra la violencia doméstica establece, que, deberían abrirse en cada uno de los 298 municipios del país, lo que se refleja es un déficit de 288, del 97% a nivel nacional.

Las Casas Refugio tienen como propósito servir de albergue temporal y seguro para las mujeres víctimas de violencia de género, o mujeres que se encuentren en riesgo por una condición especial de vulnerabilidad (migrante, migrante retornada, refugiada, desplazada, víctima de trata y otras circunstancias análogas).

Calidad de Vida inició con el encendido del Monumento a la Paz del Cerro Juana Laínez, que lucirá el color morado de la igualdad durante los 16 días de activismo. Asimismo, diversas actividades se desarrollarán en otros puntos de la capital, como las Ferias Comunitarias Preventivas contra la Violencia en el sector de Campo Cielo,  colonias Izaguirre, Canaan, 30 de noviembre, El Pedregal, La San Miguel.  Y para cerrar la conmemoración,  se realizará  el Cementerio de la Impunidad en el parque Central de Tegucigalpa.

16 DÍAS DE ACTIVISMO POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

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Recientemente consulté con un abogado penalista ¿por qué colocan a los fallecidos en hospitales del estado y por muerte natural en bolsas negras? y él respondió que: “… la bolsa negra la utiliza Medicina Forense para el levantamiento de cadáveres que han fallecido de forma violenta… agregando que: Medicina Forense, una vez que procede al levantamiento cadavérico, éstos son transportados dentro de una bolsa de plástico, algunas son de color verde, otras amarillas y también negras. Es según la existencia que tengan los proveedores. Continúa diciendo que: en las ciudades principales (TGU y SPS) hay carros especialmente modificados para trasladar los cuerpos, llamadas popularmente como “Morgueras” pero en los pueblos los cuerpos embolsados son llevados en carros pailas, cual bultos o leña. Enfatizando que: esto afecta la dignidad de la persona humana, derecho que goza aún después de fallecida. Finaliza diciendo el entrevistado que: …en USA y Europa las bolsas donde introducen los cadáveres son blancas o azul cielo y elaboradas con una tela especial.”

Volviendo al tema que nos ocupa, antiguamente a las personas fallecidas por causas naturales ya sea en su casa o algún hospital, su cuerpo era cubierto totalmente por una sábana blanca. En cuanto al párrafo anterior el abogado describe que: “… lo de las sábanas es un acto de personas aledañas al lugar donde se encuentra la víctima y lo cubren.”

Las bolsas negras las utilizamos para colocar los desperdicios del hogar, para guardar ropa que no ocupamos, cosas inservibles o desechables, etc.

En los diarios y en grandes titulares leemos: “Los cuerpos masacrados fueron transportados a Medicina Forense en bolsas negras para posterior autopsia y entrega a sus familiares. “En una bolsa negra hallan el cadáver de una persona en la capital”. “Jovencitas aparecen sin vida embaladas en una bolsa negra”. “Envuelto en bolsa para basura aparece cadáver”; “Desmembrado y esparcido encuentran en bolsa negra el cadáver de una persona”.

“Se consideran hechos violentos: “los abusos, los robos, los agravios verbales contra las personas, los golpes, el maltrato en todos sus ámbitos. Hoy en día se observa que la mayoría de los derechos humanos son violentados constantemente y de diferentes formas.”

“La función de los Derechos Humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano (también los animales están protegidos por las leyes del país). La constitución garantiza a los hondureños el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.”

Por ende, hago un llamado al ente encargado para que respeten el dolor de los familiares ante el fallecimiento de un pariente y cubrir al difunto por muerte natural con la sábana blanca, ya que es doloroso ver que su cuerpo es colocado en una bolsa negra violentado de esa forma los derechos no solo del extinto sino de sus parientes.

Elsa Ramírez

Tegucigalpa, M.D.C.

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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora todos los años en todo el mundo, para crear conciencia, e impulsar un paso a la acción, con relación a la violación generalizada de los derechos humanos. La Asociación Calidad de Vida durante todo el año alza su voz, para exigir un alto a la impunidad y un alto a la violencia contra la mujer.

Ana Lisseth Cruz, directora ejecutiva de Calidad de Vida, denunció que, en lo que va del año, hasta el mes de octubre 2023, ya se contabilizan más de trescientas cincuentas muertes violentas de mujeres, y los índices de impunidad relacionados con los femicidios superan el 95%.

¡Demandamos del Estado y de manera enérgica a las autoridades judiciales, dejar de lado, esa actitud parsimoniosa con que abordan los delitos relacionados con la violencia contra la mujer!

“Demandamos que se respete la vida de las mujeres y que se aplique la Ley, que exista justicia, que se castigue a los responsables, porque en este país, hasta el momento, pareciera que la vida y el cuerpo de una mujer no vale nada”, agregó.

Cruz destaca, que,  la situación no parece mejorar, a pesar de que nuestro país está gobernado por una mujer, “Nosotras creímos que las cosas iban a mejorar para todas, pero vemos que no es así, no hay interés político y solo le están dando largas” y a manera de ejemplo citó: “El anteproyecto de Ley de Las Casas Refugio, fue dictaminado en el año 2018 y aún se está a la espera que entre en debate”.

La Ley persigue, que las 10 casas refugio existentes tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan con la cooperación internacional. Cruz resaltó que, pese a que la Ley contra la violencia doméstica establece, que, deberían abrirse en cada uno de los 298 municipios del país, lo que se refleja es un déficit de 288, del 97% a nivel nacional.

Las Casas Refugio tienen como propósito servir de albergue temporal y seguro para las mujeres víctimas de violencia de género, o mujeres que se encuentren en riesgo por una condición especial de vulnerabilidad (migrante, migrante retornada, refugiada, desplazada, víctima de trata y otras circunstancias análogas).

En 1999 la ONU estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las mujeres, en homenaje a las activistas de República Dominicana; Minerva Mirabal (34) y a sus hermanas Patria (36) y María Teresa (25), asesinadas en 1960 por la policía secreta de la tiranía de Trujillo. También, eran conocidas en el pueblo como Las Mariposas. Su militancia, su vida y su cruel asesinato las convirtieron en un símbolo de la lucha contra todas las formas de violencia por motivos de género.

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La Colectiva de Mujeres Hondureñas CODEMUH, se pronuncia ante el contexto de violencias que viven las mujeres en Honduras. Según la ONU “la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida”. Es importante decir, que aquí no está incluida la violencia laboral a la que sobreviven las mujeres.

Las violencias hacia las mujeres deben ser atendidas desde el Estado como un problema estructural y de derechos humanos, con el propósito de combatirlas; mediante una estrategia de prevención, atención, sanción y su erradicación. El Estado hondureño no debe ser omiso, además, está obligado a generar estadísticas confiables, que revelen de manera transparente las dimensiones de las violencias hacia las mujeres, por su condición de género y la violencia laboral. Desde el Estado, las violencias hacia las mujeres deben ser concebidas como el resultado de un conjunto de elementos relacionados con el sistema económico, político y social, atravesado por el patriarcado comoel sistema, de sistemas que reproduce conductas que sitúan a las mujeres y niñas en una posición de subordinación y opresión en los diversos ámbitos de la sociedad. La prevención de las violencias contra las mujeres es un elemento central en cualquier intervención del Estado, esta ocupa un lugar preponderante en la convencionalidad internacional, especialmente, las que Honduras ha firmado como, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belem Do Pará, sin embargo, es un elemento que observamos ausente en las acciones del Estado hondureño. (Memoria Audiencia temática TMCFGL)

Las violencias hacia las mujeres se incrementan y con mayores niveles de crueldad, de enero a octubre de 2023 el CDM registra 341 muertes violentas de mujeres y se mantiene un 95% de impunidad, el departamento de Cortés es uno de los que encabeza dichas estadísticas, siendo los municipios de San Pedro Sula y Choloma los más violentos, justamente donde se ubica la mayor parte de la industria maquiladora, lo que significa, que las mujeres trabajadoras de la maquila se enfrentan a los fenómenos de la violencia por su condición de género y a la violencia laboral, ejemplo; entre el 2022 y lo que va del 2023 se maneja que unas 40 mil personas han sido despedidas por cierres de empresas sin cumplir con los procedimientos establecidos en la normativa nacional y despidos masivos injustificados, como son los casos de Gildan Activewear, Hanesbrands y Fruit of the Loom, entre otras. La mayor parte de las personas despedidas son mujeres y cientos de ellas con problemas de salud, debido a la explotación laboral; imposición de extensas e ilegales jornadas de trabajo y altas metas de producción.

Lo anterior, nos preocupa, ya que a pesar de las prácticas violatorias a los derechos humanos laborales que sobreviven las mujeres obreras, las autoridades del trabajo NO han implementado una Política de investigación a estas maquilas, para determinar la realidad del porqué están cerrando operaciones y despidiendo masivamente o suspendiendo a sus trabajadoras/es sin goce de salario. Las obreras manejan información de algunas maquilas que están cerrando y que, a la vez contratan personal para otras de sus empresas, otras maquiladoras, suspenden al personal con antigüedad laboral y que tienen problemas de salud provocados por el trabajo, para subcontratar a empresas y que les fabriquen sus productos. Una evidencia es el caso de GK Global, liderados por su fundador, Yusuf Amdani, que en 2021 cerró operaciones de Pride Manufacturing y recientemente inauguró la maquila Northern Spinning Mills, la Presidenta de la República Xiomara Castro y la Ministra del Trabajo Sarahí Cerna asistieron a la inauguración, sin tomar en cuenta que hace 2 años el señor Amdani, dejó a muchas trabajadoras/es  sin empleo y sin los derechos a la Seguridad Social, además, cientos de ellas con problemas de salud provocados por la actividad laboral.

Las 67 trabajadoras/es que aún resisten para que la transnacional Gildan Activewear les contrate en otra de sus empresas ubicada en Choloma o en San Pedro Sula, demandan la solidaridad nacional e internacional y exigen a la Ministra del Trabajo Sarahí Cerna:

1. Investigue a las transnacionales maquiladoras que están cerrando operaciones bajo el argumento de falta de contratos.
2. Garantice la estabilidad laboral y las jornadas de trabajo establecidas en el artículo 128, numeral 1 de la Constitución de la República y en el artículo 321 y 322 del Código del Trabajo, para evitar los riesgos laborales.

ALTO A LA VIOLENCIA LABORAL

¡EMPLEO SÍ, PERO CON DIGNIDAD!

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(noviembre 22 de 1777/marzo 2 de 1834)

“La América será desde hoy mi ocupación exclusiva. América de día cuando escriba; América de noche cuando piense. El estudio más digno de un americano es la América.” Valle

Por Elsa Ramírez

Todos los hondureños debemos mantener el pensamiento de José Cecilio del Valle como una antorcha viviente, ya que fue el gran propulsor del movimiento independentista centroamericano y de la unidad regional, redactor y lector de la histórica Declaración de Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, cuando la Capitanía General de Guatemala rompió sus nexos coloniales con España. A partir de ese momento Valle consagra su vida a la gran causa de Centroamérica, de cuyo Supremo Ejecutivo forma parte la oportunidad de promulgarse su Constitución Federal, el 22 de noviembre de 1824, y cuya presidencia logra alcanzar diez años más tarde cuando lamentablemente fallece.

Del Valle expresaba que: “La independencia absoluta es nuestro primer derecho y el fundamento de los demás”, subrayando: “siendo independiente esta nación, sus destinos dependerán de la misma. No será Lima, no será Bogotá, no será México la que le dará leyes. Será Guatemala (así llamaba el sabio a Centroamérica) las que dictara a Guatemala”.

José Cecilio del Valle enunciaba: “Una vez que todos esos pueblos sean verdaderamente libres e independientes no serán ni el Norte ni el Sur quienes les enviaran sus autoridades”. “Nosotros mismos elegiremos a nuestros legisladores – dijo – a nuestros jefes, a nuestros jueces. Si el hijo de Roma conquistando, destruyendo, talando a los pueblos se enorgullecía de ser romano, nosotros proclamando nuestros derechos y respetando los derechos de nuestros vecinos, nos gloriamos de ser guatemaltecos” (es decir, centroamericanos). Los diputados de una sociedad como la concebida por el prócer hondureño se unirán en congreso y elevándose sobre pasiones y errores en su misma patria, sin salir de su territorio, sin influencias extrañas trabajarán, para lograr el amor bien posible para el mayor número de pobladores. “Hagamos cuentas exactas – enfatizó; sofoquemos el interés mal calculado de familia o de individuos; no oigamos las voces fieras del orgullo sino los acentos dulces de la razón. Al tiempo que preguntaba: ¿Queremos que nuestra patria sea libre, independiente y señora de sí misma, o colonia o provincia de otro pueblo?”.

La doctrina de José Cecilio del Valle estaba sustentada en bases verdaderas. “Buceador tenaz de nuestras realidades centroamericanas, se dirigía al fondo de los problemas, los que eran afrontados por él de forma aguda y certera, a través del método científico. Escribía Virgilio Rodríguez Beteta: “Por esa razón lo que más distingue a Valle es acaso el manto de haber sido el primero en alzar la voz para defender los derechos políticos apoyándose en cifras, hechos reales y estadísticas. En efecto, Valle fue el primero en estudiar los problemas de la región desde el punto de vista económico, aplicándoles soluciones que antes y después sólo se buscaron por el ilusorio camino de la misma política.”

José Cecilio del Valle en su incansable búsqueda de verdades substantivas declaró realidades que trascendieron las fronteras de su tiempo: “Si queremos que subsista lo político, pensemos, como corresponde, en lo económico”. Eso señalaba Valle en 1831, mucho antes que los más elevados teóricos del pensamiento social europeo arribaran a conclusiones semejantes. Para él la economía y política eran disciplinas interdependientes, puesto que “en la naturaleza y en la sociedad todo está enlazado”.

El extraordinario sentido previsorio de que estaba dotado José Cecilio del Valle lo llevó a elevar su pensamiento más allá de las fronteras nacionales hasta llegar a afirmar que: “El estudio más digno de un americano es América”. Todos los nacidos en este continente formaremos una gran familia. “La amistad más cordial; la liga más íntima; la confederación más estrecha debe unir a todas las repúblicas del Nuevo Mundo”.

La visión americanista de José Cecilio del Valle se encuentra dispersa a lo largo de sus escritos y en su médula descansa el principio de respeto mutuo y recíproca conveniencia de los estados, ya que las naciones son independientes y soberanas cualquiera sea la extensión de su territorio o el número de sus habitantes.

En su ensayo titulado Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar, el prócer expuso algunos de sus criterios fundamentales sobre lo que él llamaba su “digna cuna…”  en este trabajo, habla ya, con todas sus letras del sistema americano y de los “americanos unidos por el lazo de un congreso común”; de una patria grande como un continente rico como el oro que hay en su seno; majestuosa como los Andes que la elevan y engrandecen”; y hace el juramento de sostener mientras viva los derechos de “estas tierras que el despotismo tenía incultas y que la libertad hará florecer”.

Considerando que Valle es el paradigma de la génesis republicana y como hondureños debemos cumplir con la obligación ineludible de mantener viva la imagen y el pensamiento de nuestros preclaros e insignes varones.

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Jerson Ramírez

A lo largo de la historia, Honduras ha sido el escenario de una lucha continua por la tenencia de la tierra, una batalla que ha perdurado a través del tiempo. El tema de acceso y distribución de la tierra ha sido un elemento central en los conflictos sociales, económicos y políticos en el país.

La doctrina internacional de los derechos humanos aun no reconoce el derecho a la tierra como un derecho fundamental, pese a que el acceso a la tierra es un factor determinante para gozar de otros derechos fundamentales como el derecho a la alimentación y a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho al trabajo y a la libertad.

Es responsabilidad de los Estados regular el acceso a la tierra a través de una administración efectiva y la promulgación de normativas claras que aborden la tenencia, la compraventa y la transferencia de tierras, así como la protección de las reservas naturales. Esta regulación debe estar enfocada en satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, sin favorecer a empresas transnacionales o a aquellos que históricamente han acumulado grandes extensiones de tierras.

Propiedad privada

En septiembre de 2022 el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) denunció por medio de un comunicado, el aumento en las invasiones de tierras privadas. Agregan que la ocupación ilegal de tierras y el robo de cosechas es un problema que afecta a todos los hondureños.

Según la empresa privada en Honduras las invasiones de tierras violan directamente el derecho la propiedad privada, que es un derecho fundamental.

Por su parte en abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalo que en Honduras a incrementado la violencia y criminalización en contra de comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Gobierno de Xiomara Castro

La presidenta Xiomara Castro anuncio el 06 de junio de este año la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra.

En cadena nacional de radio y televisión, la mandataria mencionó que habrá acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades campesinas, comunidades indígenas y pueblos originarios.

La empresa privada agradeció la acción de la presidenta por la creación de esta nueva comisión. “Como sector privado organizado manifestamos nuestra disposición de participar en las acciones que emprenda la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con el objetivo de promover espacios de diálogo y consenso, reducir los niveles de conflictividad social, y garantizar el derecho a la propiedad, un derecho humano reconocido por la legislación nacional y tratados internacionales ratificados por Honduras.” Escribió Mateo Yibrin, presidente del COHEP en su cuenta de X.

Sin embargo, los sectores campesinos organizados manifiestan su preocupación por la exclusión de organizaciones indígenas y campesinas en tal comisión, aseguran que esto es una amenaza por la promoción y ejecución de desalojos sin previo aviso.

Según Lilian Borjas, secretaria Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, La Comisión de Seguridad Agraria Y Accesos a la Tierra es una amenaza a los grupos campesinos, aunque su nombre aparentemente suene a favor de la lucha campesina esto solo esta plasmado en un papel, agregó.

Según el gobierno, las tomas de tierra en su mayoría son obras de organizaciones campesinas, pero que también existe la participación de grupos irregulares y otros que han sido influenciados por el crimen organizado.

Para el analista, Kevin Isidro del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) estamos frente a un escenario de agudización de la conflictividad. Se corre el riesgo de que los desalojos y la aplicación del Código Penal impacte en las personas y comunidades que por años han reclamado su derecho a la tierra.

Desalojos

Desde su creación la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra ha documentado al menos cinco desalojos, incluyendo el desalojo de una comunidad indígena lenca y varios en territorios garífunas, los cuales son reclamados por personas que no tienen vínculos originarios con estas tierras.

Los primeros desalojos se realizaron en una finca de palma africana ubicada en El Tumbador en Trujillo, Colón, propiedad de la empresa Dinant y en los terrenos de la Azucarera del Norte S.A de C.V, en El Progreso, Yoro.

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, expreso que los desalojos realizados han sido para darle tranquilidad a la industria cañera y palmera del país.

Según Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, las declaraciones del director del INA confirman lo que los campesinos han estado denunciando: que la Comisión Agraria, creada en el consejo de ministros, parece responder principalmente a los intereses de la agroindustria en lugar de abogar por los derechos de la ciudadanía que ha estado luchando por el respeto al derecho humano a la tierra.

Últimos desalojos

La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra han realizado 26 desalojos desde su creación. El 26 de octubre Agentes de la Policía Nacional desalojaron a 36 familias que vivían en la aldea El Guaymón, ubicada en la carretera que conduce al municipio de Tela, Atlántida.

Los afectados aseguran que llevan más de siete años viviendo en ese lugar, pues fue el mismo Instituto Nacional Agrario quien les habría cedido las tierras, pero que lamentablemente ahora los estaban desalojando.

A su vez, diferentes medios de comunicación denunciaron que al momento de hacer la cobertura de la noticia se le impidió el acceso al lugar, negando el derecho de comunicar e informar lo que ocurría en ese sector del país.

Asesinatos de campesinos

En febrero de 2023, la CIDH condenaba la muerte de cinco personas defensoras de la tierra en Honduras. La comisión expresa su preocupación que estos hechos se enmarcan en un contexto de violencia histórica al que las personas defensoras en Honduras están expuestas constantemente, en especial los del Bajo Aguan y los diferentes territorios garífunas.

Según registros de Criterio.hn hasta septiembre de este año fueron asesinados al menos diez personas ligadas a la defensa de la tierra en el Bajo Aguán.

En Honduras se siguen viendo los causes de los ríos de sangre de defensores de tierra, campesinos, lideres activistas y pueblos indígenas. Mientras exista una comisión que desaloja los pueblos se mantendrán en alerta.

Jerson Ramírez

Periodismo UNAH VS

Fuentes

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Allan  Sibrian

Los sueños por tener una vida digna, segura, con acceso a los sistemas de salud y educación, o el simple hecho de solo tener una tortilla, ya sea con sal o unos cuantos granos de frijoles para “matar el hambre”, son algunos de los factores que llevan a los hondureños a migrar hacia otros países.

A esto se suma la violencia e inseguridad que se ha desatado por la extorsión y el narcotráfico que ha orillado a muchas familias a migrar para huir de esos flagelos o para salvar sus vidas.

En los últimos años, la situación de pobreza y de extrema pobreza ha obligado a los más indefensos a tomar la ruta migratoria. La niñez también se aventura al peligro de cruzar las fronteras hasta llegar a Estados Unidos.

Honduras del 2014 al 2022 registró al menos 104,757 niñas, niños y adolescentes retornados de Estados Unidos, México y Guatemala, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

Solo en el 2022, la cifra de niñez hondureña retornada, registró un incremento de 23% comparado con el año 2021.

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, se registraron 15,928 niñas, niños y adolescentes hondureños retornados, lo que refleja un incremento de 3,734 casos más, comparados con los 12,194 que se registraron al cierre del año 2021.

Causas de la desenfrenada migración infantil

La violencia y el factor económico son la principal causa asociada a la migración infantil en Honduras, según el Foro Dakar Honduras que realizó un diagnóstico de la migración infantil en Honduras, poniendo en relieve algunas de las causas que en los últimos años han disparado los flujos migratorios entre los menores de edad.

Razones de migrar en estadísticas. Fuente: Pastoral de Movilidad Humana.

El trabajo se realizó en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de Honduras (FLACSO-Honduras) y el Foro Dakar Honduras, quienes identificaron los ambientes de violencia, falta de oportunidades y poco acceso al sistema educativo, como causales vinculadas por las que los menores hondureños deciden migrar en busca de mejores condiciones de vida. 

Especialistas enumeraron; la inasistencia escolar, el abandono temporal de los estudios, el desempeño académico o el hecho de no querer seguir estudiando, como una variable identificada en el testimonio de los menores que optaron por huir de Honduras con destino a países como Estados Unidos o España.    

En Honduras, “los menores con aspiraciones de emigrar del país presentan familias con menor nivel socioeconómico y menor escolaridad de los padres, tienen un historial educativo menos favorable, y ambientes familiares y comunitarios en los que el tema del trabajo y la migración se abordan frecuentemente”, explicó el director de Flacso Honduras, Rolando Sierra. 

Agregó que, una fuente que alienta la idea de migrar entre el imaginario de los menores migrantes es precisamente “la historia y testimonios de miembros de las propias familias de los menores, así como los casos de migrantes “exitosos” conocidos y difundidos en la comunidad”.  

Y “este imaginario colectivo de los menores con aspiraciones de emigrar, incluye una visión muy crítica respecto a las dificultades para encontrar empleo en Honduras y, al mismo tiempo, una visión idealizada de las oportunidades laborales en la sociedad de acogida”, profundizó.  

Honduras, el país con mayor migración en Centroamérica

Honduras continúa liderando los países de la región en temas de migración, solo en los primeros cinco meses del 2023, un total de 24,500 hondureños recorren la ruta hacia Estados Unidos, así lo proyecta el informe titulado Tendencias Migratorias en Centroamérica, Norteamérica y El Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El informe proyecta que un total de 24,500 hondureños recorren la ruta hacia el sueño americano, ubicando a Honduras en el primer lugar con el mayor número de migrantes, le siguen Guatemala con 24,431, Nicaragua con 9,639 y El Salvador con 8,174 migrantes.

El informe se realizó entre los meses de enero a junio del presente año, según el mismo, la cantidad de migrantes interceptados en la frontera suroeste de los Estados Unidos, es de 1.017,951.

Las cifras son alarmantes para Honduras, en los primeros cinco meses del 2023, ya registra que un 98% de los menores registrados en la frontera, son niños migrantes que viajan no acompañados, las cifras son iguales para los años 2022 como para el 2021, según el informe.

Sin duda alguna, Honduras tiene grandes retos en materia de seguridad ciudadana y social, para garantizar una vida plena a 3,232,906 menores de 0 a 17, inscritos en el Registro Nacional de las Personas, por consiguiente, el país debe generar oportunidades de empleo, acceso a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad frente a todos los tipos de violencia.

Allan Sibrian

Periodismo UNAH VS

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Por: Jessica Ortega

Hace 226 años, los primeros garífunas llegaron a tierras hondureñas,  2,000 miembros de la comunidad fueron deportados desde la Isla de San Vicente en el Caribe en 1797, estableciéndose en diversas zonas del país, desde Tela, en el departamento de Atlántida hasta Colón e Islas de la Bahía.

La resistencia garífuna en Honduras ha sido una lucha continua por preservar su cultura, tierras y derechos. Desde su llegada han enfrentado numerosos desafíos, incluyendo la discriminación y la lucha por la tierra.

Históricamente, se han destacado por mantener sus tradiciones culturales, como la música, la danza y la lengua garífuna. Sin embargo, han enfrentado amenazas a su territorio debido a la expansión turística, la agricultura y otros desarrollos.

La resistencia garífuna se ha manifestado a través de la organización comunitaria, la participación activa en movimientos sociales y la defensa de sus derechos. La lucha por la tierra y la autonomía ha sido especialmente intensa, ya que buscan proteger sus territorios ancestrales de la usurpación y promover el desarrollo sostenible.

Las comunidades garífunas han buscado el reconocimiento oficial de sus derechos y la consulta previa e informada en decisiones que afectan sus tierras.      

Desafíos

El titular de la Dirección de Investigación Científica, Humanista y Tecnológica (Diciht-UNAH), Santiago J. Ruiz destaca desafíos fundamentales para las comunidades garífunas en Honduras. La negación o rechazo de la identidad afro e indígena en América Latina y Centroamérica se presenta como una barrera importante. Para superar esta tendencia, subraya la importancia de que las comunidades se apropien de su identidad africana e indígena, ya que esto es crucial para la capacidad de respuesta y el desarrollo regional.

El componente racista, aunque a veces no consciente, sigue perceptible en la región y representa otro desafío significativo. El director enfatiza la necesidad de superar estas actitudes para construir una sociedad más inclusiva y solidaria. Destaca la filosofía garífuna del “hou buni” (abrazo), que implica una interdependencia solidaria, y señala que esta cultura está en peligro de perderse en la actualidad.

El tema de la migración forzosa también se presenta como un desafío, con factores como la violencia, la pobreza y la falta de empleo que impulsan a las personas a abandonar sus hogares. En el ámbito de la inversión en infraestructura, destaca la necesidad de proporcionar acceso al servicio de energía eléctrica a las comunidades garífunas, especialmente en lugares como Iriona, en el departamento de Colón, que es considerado el centro de la cultura garífuna.

OFRANEH

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha resistido por más de cuatro décadas contra la expansión de la agricultura industrial, complejos turísticos, represas hidroeléctricas, minería y narcotráfico. Surgió en 1978 para proteger los derechos de las comunidades garífunas en la costa caribeña de Honduras. Destaca la importancia de la Matrifocalidad, liderada por mujeres y la fortaleza espiritual de las abuelas en la religión Dügü.

El territorio garífuna se basa en la posesión colectiva y comunitaria de la tierra, especialmente en el cuerpo social de las mujeres. OFRANEH se preocupa por preservar la memoria del pueblo garífuna amenazado por el Estado y organismos financieros. La matrifocalidad ha sido crucial, pero enfrenta desafíos ante políticas de homogeneización cultural y despojo de tierras.

La herencia matrilineal ha sido sustituida por la patriarcal, afectando la visión tradicional de las mujeres como herederas. La pérdida del alagận (herencia) amenaza el territorio garífuna, deseado por sectores como el turismo y la palma africana. A pesar de los desafíos, las redes de mujeres garífunas mantienen tradiciones y luchan por la supervivencia cultural y territorial, enfrentando la influencia de los medios y la falta de apoyo a la educación bilingüe intercultural.

En la actualidad, el pueblo garífuna lucha contra megaproyectos, corporaciones y la avanzada neoliberal que amenaza los bienes comunes en sus territorios. La década de 1970 marcó la reforma agraria en Honduras, pero el acaparamiento de tierras por terratenientes nacionales e internacionales priorizó los intereses del capital extranjero. La violencia institucional, con su componente racista, persiste, afectando la vida de las comunidades garífunas y exacerbando la precarización.

Las vidas garífunas también importan

Luego de las marchas del movimiento Black Lives Matter (“las vidas negras importan”), surgió un también en Honduras una lucha nombrada “las vidas garífunas también importan”. El detonante de esta lucha fue el secuestro de cuatro líderes garífunas, supuestamente perpetrado por hombres vestidos con uniformes policiales, según testigos.

Nadie supo de los activistas garífunas que fueron sacados a la fuerza de sus casas en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la costa hondureña. En 2015 fue una zona reconocida por la corte Interamericana de Derechos Humanos como tierras ancestrales del pueblo garífuna, la situación ha generado un creciente conflicto y enfrentamientos

Las sentencias de la Corte-IDH reconocieron la propiedad ancestral garífuna en la región, sin embargo, la conflictividad ha aumentado, con amenazas y persecuciones contra activistas garífunas que denuncian la falta de protección por parte de las autoridades.

El gobierno hondureño emitió un comunicado, reafirmando la “plena voluntad y compromiso” del Estado para cumplir con las acciones necesarias. Calificaron como “repudiables” los recientes hechos sufridos por el pueblo garífuna, que incluyen el secuestro de los cuatro defensores del territorio ancestral.

Según testigos, hombres armados con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sacaron a los líderes de sus hogares en la madrugada del 18 de julio de 2020 en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Entre los desaparecidos se encuentra Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad y miembro activo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).

Caso Guadalupe

Este caso de estudio se centra en la comunidad garífuna de Guadalupe en la bahía de Trujillo, Honduras, y es resultado de la colaboración entre la Universidad de Deusto en España y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de la Compañía de Jesús en Honduras. La investigación se llevó a cabo en 2018, con entrevistas a líderes comunitarios y miembros de organizaciones de apoyo.

Los garífunas, fruto de mestizaje entre africanos liberados de la trata esclavista e indígenas caribes arawaks, han sido reconocidos como pueblo indígena. Aunque están presentes en varios países, la mayor población reside en Honduras. La Unesco declaró su cultura como patrimonio cultural inmaterial en 2003. En Honduras, tienen 46 comunidades a lo largo del litoral atlántico.

A pesar de la titulación de tierras en 1998, las comunidades garífunas han experimentado una privatización masiva. La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 permitió la venta de tierras colectivas, llevando a procesos irregulares en los últimos 30 años. La pérdida de legitimidad estatal después del golpe de Estado de 2009 aceleró el despojo. Además, la creación de áreas naturales protegidas limitó derechos sin consulta previa.

La bahía de Trujillo se convirtió en un foco de pérdida de territorios, con la venta ilegal de tierras para proyectos turísticos. En Guadalupe, la inscripción irregular de desmembramiento de tierras y su posterior venta a la empresa canadiense Carivida generó desalojos y detenciones de líderes comunitarios. La resistencia incluyó la detención de una líder comunitaria bajo cargos de usurpación, quema de casas, ataques a cosechas y amenazas de agresiones físicas. La comunidad se dividió debido a desinformación sobre oportunidades laborales en el proyecto turístico.

La resistencia de la comunidad garífuna de Guadalupe frente al despojo de sus tierras y el proyecto Njoi Trujillo se basa en diversas estrategias:

Comunidades garífunas que enfrentan la amenaza constante de la impunidad y peligro de perder sus vidas

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“La mezcla de alcohol con bebidas energizantes es una de las causas de muerte en jóvenes”

“Siempre me decía que era para estar más despierto porque se sentía cansado”.

CARLOS VILLALVIR

Las bebidas alcohólicas son aquellas que en su composición está presente el etanol o también llamado alcohol etílico, que provoca un aumento de endorfinas en el cerebro, dando una sensación de bienestar y relajación, a diferencia de las bebidas energizantes que son bebidas azucaradas adicionadas con otros compuestos; principalmente la cafeína y la vitamina del complejo ‘B’ que producen un efecto de activación.

Es decir, hacen sentir a la persona más despierta, con más energía y concentración, porque son bebidas con altas concentraciones de cafeína y otros ingredientes que son estimulantes.

Si bien muchos jóvenes las consumen por ociosidad , estas bebidas provocan que el corazón altere sus parámetros normales de bombeo, incluso en personas que consumen sólo una unidad.

Expertos aseguran que, sin el debido control, su mezcla con el alcohol puede ser mortal para cualquier persona. El energizante eleva la adrenalina y eso, junto con otras sustancias, puede perjudicar seriamente al consumidor. Además, los nutricionistas coinciden en que los energizantes tienen altos contenidos de cafeína y esto, en exceso, provoca problemas cardiológicos.

Según información de la fiscalía del consumidor de Honduras y  el Instituto Hondureño de Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), en Honduras, ninguna entidad estatal regula la venta y distribución de estas bebidas; de hecho, no existe ninguna ley en concreto que regule las bebidas energizantes en todo Centro América.

Los combinados de alcohol y bebidas energéticas son especialmente populares en Canadá y Estados Unidos, países en cuyas licorerías se pueden comprar ya mezclados, por ejemplo; en forma de latas de vodka con ‘Red Bull’, una de los combinaciones más comunes.

Según Eduardo Chacón, quien trabaja como bar tender nocturno, se están preparando con más frecuencia las bebidas alcohólicas energéticas, pero no se miden las consecuencias.

Unas de las bebidas más vendidas son: El Jager Master, su nivel de alcohol es de 35 grados normalmente se mezcla con Red Bull, este trago se le llama “Amare Bull”, también se puede preparar con el energizante la Monster.

Efectos que causa la mezcla de bebidas energizantes y alcohólicas

El problema de combinar bebidas energéticas con alcohol es que estas enmascaran los efectos depresores, pero el nivel de alcohol en el cuerpo y sus efectos nocivos no se reducen de ninguna manera, por ejemplo, la falta de reflejos causada por la ingesta alcohólica permanece, aunque el consumidor tenga una percepción distinta.

Los ingredientes no regulados en las bebidas energéticas pueden interactuar con ciertos medicamentos. Puede causar serios problemas de salud para niños que sufren de convulsiones, anomalías cardíacas, trastornos del humor y del comportamiento.

La FDA (Food and Drug Administration) en español (Administración de alimentos y medicamentos), reconoce los riesgos del alto consumo de cafeína e impone un límite de 71 miligramos en los refrescos de 354 mililitros.

Sin embargo, no se han impuesto límites al contenido de cafeína de las bebidas energéticas, y cada envase puede contener fácilmente de 200 a 300 miligramos, o más.

“Desde el punto de vista psicológico, el consumo de estas bebidas en combinación puede darse por diversos aspectos, entre ellos; la necesidad de aprobación, influencias del entorno y baja autoestima”, así lo explica la Psicóloga Gabriela Chavarría.

Agrega que, “Existen varios factores psicológicos que están influyendo en el consumo de sustancias,  entre ellos; la desintegración familiar, los problemas de adicción por parte de los padres, también el bajo rendimiento académico y otras patologías como la ansiedad y la depresión, son influyentes para el consumo de sustancias en los jóvenes”.

“En la etapa de la adolescencia, existe significativamente la influencia social entre sus compañeros, amigos, también lo que son los medios de comunicación, las redes sociales que influyen bastante en lo que es el consumo de sustancias”.

Un caso particular es el de José Canales de 23 años quien falleció por la mezcla de estas bebidas junto con insumos de suplemento para gimnasio. La hermana de la mamá comentó cómo vivió el suceso del fallecimiento de José Canales alias “Rastra” como se le conocía en su localidad.

“Él tomaba una raptor por la mañana apenas se levantaba, ya después se tomaba cosas para el gym y así se iba, antes solo era una por día, ya después fue aumentando hasta que ya no resistió”.

“Siempre me decía que era para estar más despierto porque se sentía cansado”.

Ella expresó que, en su localidad, las demás personas allegadas a él le aconsejaban, sin embargo, José no hizo caso y siguió por el mismo camino.

“Los fines de semana se iba a beber acá a la bodega e igual siempre se compraba su raptor, aun estando ebrio, eso no le importaba”, expresó.

“Llegó un día, en el que su malestar era más y más, entre dolores de cabeza constantes y mareos”, compartió su tía.

Aún con las indicaciones médicas de dejar de consumir y mezclar este tipo de sustancias José hizo caso omiso y en poco tiempo perdió la vida.

“Lo llevamos de emergencia una noche que se desmayó, el doctor le prohibió esas cosas que se metía de gym, la raptor, y que le bajara a la bebida, ni un mes pasó de haber ido al doctor cuando en la otra recaída ya no se pudo hacer mucho” agregó.

Dado a los medicamentos que estaba tomando, la intoxicación fue letal.

¿Qué está pasando en Honduras?

A inicios de este año, la Comisión de salud del Congreso Nacional investiga las muertes debido al consumo de bebidas energizantes.

Los diputados iniciaron sus diligencias en el Ministerio Público, hospitales públicos y privados, para que se brinden expedientes relacionados a muertes por bebidas estimulantes con altas dosis de etanol.

“Para que entreguen los informes, respaldados, de que más de 50 personas han muerto y más de 400 pacientes recuperados por problemas cardiacos en el año 2023 a causa de bebidas energizantes”, expresaron representantes del Congreso Nacional.

La comisión está presidida por la diputada Karen Martínez e integrada por Luz Smith, Silvia Ayala, Carlos Umaña, Yahvé Sabillón, Carlos Raudales, Norma Aguilar, Mario Pineda y Ariana Banegas.

El doctor Carlos Umaña, diputado por el departamento de Cortés, del Partido Salvador de Honduras (PSH), detalló que, el grupo multipartidario indagará a través del Ministerio Público los hospitales y clínicas privadas.

De esa manera, dijo que, se buscará la opinión de la sociedad de medicina interna, de psiquiatría y del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA).

“La comisión de diputados va a enriquecer y enviará a la comisión de salud un informe para que la misma decida la aplicación del dictamen y sea presentado ante la Cámara”, pormenorizó Umaña.

“El Pleno es el que tomará la decisión de lo que se hará a futuro con las bebidas energizantes”, dijo el funcionario, reiterando a la vez que, no se persigue ninguna marca en particular.

“Los componentes de estas sustancias ocasionan elevación de la presión arterial y frecuencia cardiaca, la peor combinación de las personas con condiciones patológicas es la mezcla de bebidas energizantes con alcohol”, amplió el médico parlamentario.

A pesar de las muertes registradas por ingerir estas bebidas, no se presentan cambios que frenen estas acciones o den una respuesta positiva a la sociedad, concientizando a la población sobre la realidad de las mezclas de bebidas energizantes con alcohol.

Un riesgo para la salud identificado en ciertos países a nivel mundial

En Francia, Noruega y Dinamarca está prohibida la venta indiscriminada al público y solo se puede encontrar en algunas farmacias. En otros países como: Argentina y Uruguay condiciona el contenido de cafeína y taurina. En Paraguay, no existe limitación, regulación ni advertencia alguna.

En México, se aprobó una ley para limitar la venta de los productos a los menores de edad y a la vez se imponen altas multas económicas y sanciones como el cierre de los locales que no respeten la normativa.

Puerto Rico busca limitar la comercialización libre al público a través de una ley,  ya se ha comenzado a multar a los locales que ofrecen la mezcla detonante, la cual es muy popular en estudiantes y universitarios.

Colombia, Chile y Ecuador evalúan restringir o limitar la venta libre de la sustancia.

La OMS recomienda a los gobiernos introducir las siguientes políticas regulatorias:

• Un límite sobre la cantidad de cafeína que puede llevar una bebida,
• Una restricción sobre su venta a niños y adolescentes,
• Educar a quienes ofrecen cuidados médicos en torno a la intoxicación, dependencia y síndrome de abstinencia de cafeína y
• Regular la publicidad de bebidas energizantes.

Este es uno de los temas que espera que el Congreso Nacional de Honduras retome de forma continua las sesiones que se han visto afectadas por falta de acuerdos políticos, para la selección del nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público.

Carlos V/Periodismo UNAH VS

www.abc.com.py/nacionales/algunos-paises-prohiben-venta-de-energizantes-479967.html

Criterio hn. (s.f.). Obtenido de https://criterio.hn/bebidas-energizantes-representan-riesgo-de-muerte/

El Heraldo. (s.f.). Obtenido de https://www.elheraldo.hn/honduras/comision-investigar-muertes-bebidas-energizantes-honduras-LG12142933

Gobiero de Mexico. (s.f.). Obtenido de https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/prevencion-de-la-venta-de-inhalables-16142

Bibliografía

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Por Anderson Chávez

Ser una persona trans en Honduras es una constante violación a los derechos humanos, donde el estigma de la sociedad y el Estado se unen para invalidar, violentar y excluir a las personas trans.

Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, entre el 2017 y 2022 han asesinado 193 miembros de la comunidad LGBTQ+, 44 víctimas eran personas trans y el 93% de los casos están en impunidad.

En Honduras no han desarrollado estrategias para reducir los índices de transfemicidios en el país. Además, el Estado ha sido demandado por ser el responsable de asesinatos de personas trans. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho a la vida, y a la integridad personal de Vicky Hernández, una mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans.

El informe regional de 2021 “No Muero, ¡Me Matan!” de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Travestis, Transexuales y Transgéneros (RedLacTrans) sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Latinoamérica y el Caribe reveló que Honduras el cuarto país con más transfemicidos de la región con un 21%, solo por detrás de Ecuador (36%), Panamá (40%) y México (61%).

Además, este informe reveló que para ese mismo año (2021) solo 6 países de toda la región cuentan con una Ley de Identidad de Género que permite a las personas trans acceder al derecho a la identidad.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después del caso de Vicky Hernández, ordenó al Estado de Honduras la creación de la Ley de Identidad de Género, el país aún no cuenta con dicha normativa que permita a las personas trans hacer cambio de género y nombre en el Documento Nacional de Identificación.

El mismo informe de la RedLacTrans, con relación al sector salud, reveló que en los centros hospitalarios públicos del país no se brinda un trato adecuado a las personas trans y se siguen registrando casos de discriminación por la expresión o identidad de género. Por otra parte, destaca que en Honduras no existen protocolos o programas de acceso a los tratamientos de reemplazo hormonal.

El acceso al trabajo en Honduras es uno de los mayores retos para la población en general, pero ser al ser una persona trans, aumentan más los desafíos para encontrar una oportunidad laboral digna. Es por eso por lo que gran parte de la comunidad trans se ve obligada a ejercer el trabajo sexual, aumentando los riegos vinculados a la salud y ser víctimas de ataques violentos.

Honduras, al igual que otros países en la región, debe trabajar en la implementación de políticas inclusivas, leyes de identidad de género y programas de apoyo que respeten la diversidad de género para combatir el estigma y la discriminación.

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Evelyn Hernández

Honduras enfrenta un sistema de salud que está lejos de garantizar el bienestar de la ciudadanía. El Artículo 145 de la constitución de la República, de forma ambigua, cita   “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. El estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”.

La situación se caracteriza por una fragmentación y descoordinación evidente en el sector de salud pública, un déficit en infraestructura y tecnología, una baja inversión y financiamiento, así como una limitada cobertura y acceso a servicios médicos. Estos problemas se traducen en altas incidencias de enfermedades prevenibles y una falta de atención integral en salud que resulta en muertes por causas prevenibles.

La esperanza de vida en Honduras aumentó marginalmente de 70.1 a 70.7 años, en comparación con el año 2021, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la población hondureña continúa mostrando una esperanza de vida más baja que los habitantes de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En relación con el promedio centroamericano de 71.8, los hondureños tienen un año menos en esperanza de vida

Los hospitales y centros de salud públicos en Honduras a menudo parecen haber quedado atrapados en el tiempo. La mayoría de estas instalaciones son antiguas, deterioradas y carecen de equipamiento adecuado. La falta de inversión y cuidado ha llevado a un grave desgaste de la infraestructura y del equipo médico. Además, la falta de tecnología médica, como unidades de tomografía, radioterapia y mamografía, limita la capacidad del sistema de salud para atender de manera efectiva a la población.

Según datos de 2021 de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa), el 44% de los médicos y enfermeras cree que las instalaciones de los establecimientos de salud están en mal estado. En estos datos, también se ve reflejado que la mayoría de los hospitales públicos se construyeron hace más de 20 años y no se han realizado remodelaciones significativas.

El gasto en salud es significativamente inferior al promedio regional, y la mayor parte de este se destina a salarios y contratos. Esta falta de inversión impacta directamente en la calidad de los servicios de salud ofrecidos y en la disponibilidad de recursos necesarios para brindar una atención adecuada.

En 2021, según los resultados en la encuesta de la ASJ el 48% de los médicos y enfermeras (de cinco hospitales) dijeron no contar con el suministro necesario para realizar su trabajo efectivamente. Estos datos también reflejaron que la SESAL no tiene la estructura organizativa adecuada ni el personal certificado para ejecutar los procesos de adquisiciones.

Las condiciones se agravan por la limitada cobertura y acceso a los servicios de salud, alarmantemente, solo el 10% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, y un preocupante 18% de la población carece de acceso a servicios médicos esenciales. Esta cifra representa a más de 1.5 millones de hondureños que se encuentran en una situación vulnerable y sin acceso a atención médica.

El enfoque predominante de los servicios de salud en Honduras se centra en la atención de enfermedades en lugar de la prevención. Esta falta de énfasis en la prevención ha llevado a altas incidencias de patologías y muertes prevenibles.

El Banco Mundial en su informe “Gasto actual en salud per-cápita” menciona que la falta de ejecución del presupuesto de salud muestra la carencia de sistemas que agilicen la compras, contrataciones y la distribución pertinente de recursos, además resalta lo preocupante que es la falta de ejecución presupuestaria de lo designado para medicamentos e infraestructura.

Del gasto destinado a medicamentos, desde 2019 no se ha logrado ejecutar más del 90 % de los fondos. En 2021 solo se ejecutó el 46 %. En el año 2022 se observó una mejora, ya que se ejecutó el 85 %. Aun así, es preocupante la falta de ejecución del 15 %, cuando hay grandes necesidades en el sistema. En una supervisión realizada en noviembre de 2022 a hospitales, el 62 % de los pacientes entrevistados reportó que recibieron de forma incompleta o que no recibieron ninguno de los medicamentos que les recetaron en el establecimiento de salud.

A esta problemática se le suma el éxodo de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en busca de mejores oportunidades en el extranjero, esto ha dejado al sistema de salud hondureño con una grave carencia de personal. En 2017, Honduras tenía solo 0.3 médicos por cada 1,000 habitantes, en comparación con el promedio latinoamericano de 3. Esta escasez afecta directamente la calidad y disponibilidad de servicios de salud.

De acuerdo a datos más recientes dados por el boletín “Estado de País Salud” de la ASJ, en 2021, en Centroamérica había, en promedio, 9.9 doctores por cada 10,000 habitantes, mientras que en Honduras había 2.2 médicos para la misma cantidad de personas. En 2021, Honduras continuaba teniendo cuatro veces menos doctores que el promedio regional, de acuerdo a los resultados de la ASJ.

Además, la carencia de un sistema de información y base de datos nacionales completos y confiables dificulta la medición de avances y la toma oportuna de decisiones en el sistema de salud. Esto impide que se realicen intervenciones efectivas y que se aborden las necesidades de la población de manera adecuada.

Contrastando las promesas con la realidad

En el plan de gobierno propuesto por la presidenta Xiomara Castro, en la sección titulada “Salud, lo primero es vivir con calidad”, se presentan ocho propuestas destinadas a mejorar el sector de salud en Honduras. Estas propuestas incluyen una redefinición del sistema de salud, otorgando prioridad al sector público y enfocándose en la prevención como el mecanismo principal para evitar el deterioro de la salud de la población. Además, se enfatiza el fortalecimiento de la atención médica y la mejora de las infraestructuras hospitalarias.

Entre las propuestas se manifestó un aumento sustancial en el presupuesto asignado a la salud, la eliminación de los cobros en los establecimientos de salud públicos, la adquisición y suministro de medicamentos y además detener la privatización de la salud.

Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama diferente. El sistema de salud a nivel nacional continúa experimentando un deterioro evidente. Existen pacientes que aún carecen de acceso a sus medicamentos, mientras que los trabajadores de la salud luchan por recibir sus salarios. La gestión en los centros hospitalarios es deficiente, y los resultados del Ministro de Salud, José Manuel Matheu, aún no son suficientes para garantizar el bienestar de la población.

La condición del sistema de salud en Honduras es alarmante, se requiere una mejora sustancial en la gestión de recursos para garantizar una atención pertinente, integral y digna para todos los hondureños y hondureñas.

Por otra parte, la corrupción se ha presentado de forma histórica en este sector, con las compras de emergencia sin licitación, compra de medicamentos con poco tiempo antes del vencimiento o dejados vencer, sobrevaloración de precios, robo de equipos costosos, etc. Estos hechos no han pasado de ser noticia y han quedado en la impunidad, afectando el derecho a la salud de la población. Sin dejar de mencionar los multimillonarios contratos con empresas privadas para subrogación de los servicios de salud.

Evelyn Hernández

Periodismo UNAH VS

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Ante la CIDH documentan casos que posicionan a Honduras como uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de derechos humanos

Por José Manuel Serén / Reportar Sin Miedo

Tegucigalpa, Honduras. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos en América Latina para la defensa de derechos humanos, afirmaron varias instituciones tras abordar la situación del Mecanismo de Personas Defensoras.

Entre enero del 2021 y septiembre de 2023 se registró el asesinato de 36 personas defensoras de los derechos humanos y cuatro periodistas, según datos que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En reunión con la CIDH se analizaron ese y otros aspectos del Mecanismo Nacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras.

Las instituciones reunidas concluyeron que es urgente un sistema nacional de protección diligente y garante de los derechos, integridad y vida de las personas defensoras en Honduras.

Sin embargo, el país se enfrenta al debilitamiento institucional y a respuestas insuficientes a las necesidades de los defensores. De hecho, la aplicación de las respuestas los expone a más riesgos.

1/4 El Estado de Honduras compareció a una audiencia temática sobre “Derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y mujeres con discapacidad en Honduras”, en el 188 periodo de audiencias públicas de la @CIDH pic.twitter.com/3dWK0e0Vs8

— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) November 9, 2023

Debido a esta situación, las organizaciones convocaron a audiencias ante la CIDH con participación de voces expertas y beneficiarias del Mecanismo de Protección de Honduras y otros países de Mesoamérica.

El objetivo de la cita era discutir la institucionalidad, operación y mantenimiento de los mecanismos. También hablar sobre condiciones y facilidades para garantizar la protección de la vida e integridad de defensoras de derechos humanos.

El quinto país más letal

Liliana Caballero, del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), pidió garantías pertinentes y no represalias contra personas defensoras, familiares y organizaciones debido al alto riesgo por exposición en el desarrollo de este espacio.

Entre enero de 2021 y septiembre de 2023, al menos 36 personas defensoras y periodistas en Honduras fueron asesinados, informó Caballero.

De esta manera, Honduras se convierte en el quinto país más mortal del mundo para defender derechos humanos, hacer periodismo independiente y combatir la impunidad.

Caballero agregó que el país no ofrece condiciones seguras para esta labor y además identificó patrones de criminalización, hostigamiento y amenaza contra quienes denuncian y visibilizan las violaciones provenientes del Estado.

Asimismo, Nadia Mejía, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, manifestó que la CIDH reconoció que Honduras es responsable internacionalmente de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente.

Estas muertes violentas sientan un precedente para construir una institucionalidad que proteja de manera contundente de la violencia sistemática y generalizada contra personas defensoras de derechos humanos en el país.

La representante del Equipo Jurídico recalcó que los asesinatos de ambientalistas como Carlos Luna, Carlos Escaleras y Janeth Kawas establecen los patrones de violencia letal que las organizaciones de derechos humanos siguen documentando y denunciando sin tener una respuesta eficaz del Estado hondureño.

Mejía manifestó que estas situaciones graves dieron paso para que en 2015 surgiera el Mecanismo de Protección en Honduras.

La institución se creó bajo el amparo de la ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia. Se trata de una oportunidad de responder a las necesidades históricas de estas personas.

Sin embargo, Mejía manifestó que el sistema tiene muchos obstáculos que impiden su debido funcionamiento. Asimismo, la desatención generalizada impacta negativamente en la seguridad y en la vida de quienes trabajan en la defensoría en Honduras.

Un Mecanismo incompetente

El Mecanismo de Protección en Honduras es incompetente, denunció ante la CIDH el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Walter Díaz, representante del Movimiento, comentó que la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público deben participar en el funcionamiento del Consejo Nacional que controla el sistema de protección.

Según Díaz, también deberían participar en el proceso instituciones como el Poder Judicial, la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa.

El representante del Movimiento Amplio denunció ante la CIDH que no hay corresponsabilidad institucional, ya que no asisten a las sesiones del Consejo Nacional o envían representantes sin capacidad de tomar decisiones.

Además, Díaz mencionó la ausencia de representantes del gobierno hondureño que impactan directamente en la toma de decisiones y obstruyen un trabajo eficaz y eficiente.

“Se acentúa la desconfianza de personas beneficiarias y usuarias del Mecanismo de Protección al notar una institucionalidad endeble y con poco respaldo del gobierno. Falta autonomía de la Dirección General del Sistema de Protección, limita su capacidad para la adopción de decisiones sobre desembolsos, contrataciones, gastos operativos y gestión de las organizaciones solicitantes”, señaló.

Según Díaz, el Mecanismo ha sido insuficiente para cumplir con sus obligaciones de ley, ya que su esquema de financiamiento es incompetente porque no está en el presupuesto general. Eso dificulta la implementación y seguimiento de medidas de protección.

Díaz recalcó que el comité técnico no sesionó de octubre del 2022 a junio del 2023, lo cual detuvo los casos y las evaluaciones y perjudicó la ejecución de planes de protección.

El problema se agudiza en febrero y agosto del 2022, cuando se documentaron una serie de despidos masivos del personal del Mecanismo.

Los despidos ejecutados por la ministra de Derechos Humanos generaron sobrecarga operativa e hicieron imposible gestionar todas las responsabilidades por múltiples casos. 

La sobrecarga paralizó casi del todo los dispositivos de protección e imposibilitó que las unidades especializadas realizaran análisis de riesgo, más que todo en territorios indígenas y campesinos.

Hasta la CIDH llegó Reynaldo Barahona, del pueblo tolupán, quien mencionó su preocupación por la precariedad de los análisis de riesgos en el terreno. También denunció la falta del monitoreo de medidas otorgadas.

Barahona exhortó a evaluar la probabilidad de un peligro o agresión para una persona defensora, grupo o comunidad y no como historial de incidencias de seguridad. Ello se debe a que los esquemas de protección del Mecanismo carecen de enfoque integral, análisis diferenciado y distinción interseccional. 

Según el líder originario, las propuestas se reducen a la presencia policial y los planes de protección no abarcan las características específicas de la persona defensora o los grupos.

Barahona expuso la necesidad de garantizar medios y personal suficientes para las necesidades en los territorios. Además exigió respetar los derechos de poblaciones indígenas y afrohondureñas para asegurar una mejor intervención en el otorgamiento y seguimiento de medidas de protección.

Agregó que esta instancia carece de recursos tecnológicos suficientes, como equipo de cómputo y teléfonos móviles, para contactar a las personas que se mantienen en riesgo en los territorios.

El líder tolupán dio conocer a la comisión que el Mecanismo no cuenta con condiciones óptimas para su trabajo. Esa situación, señaló, hace que los equipos de confidencialidad respondan con poca eficiencia a los casos.

Barahona apuntó cómo estos problemas repercuten en la vigilancia del contexto de riesgo y en la implementación de medidas para preservar la vida de las personas defensoras, periodistas independientes, comunicadores sociales y operadores de justicia.

Siete defensores asesinados en dos meses

En 2019 se registraron dos asesinatos de defensores indígenas en San Francisco de Locomapa, reveló Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog).

Lara destacó los altos índices de violencia, pues sólo de enero a febrero del 2023 fueron asesinados siete defensores en la zona norte del país. 

El 7 de enero perdieron la vida dos defensoras del río Guapinol y el 20 de enero asesinaron al presidente de la Cooperativa Campesina Los Laureles en el Aguán. 

En el 2023 se ha criminalizado a defensores de los ríos Guapinol, Bonito y Gilamito. También a habitantes de Nueva Armenia, Chachahutes, Sambo Creek y Corozal.

Asimismo, el 28 de enero murió violentamente un integrante del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad Triunfo de la Cruz y el 13 de febrero fue asesinado el fundador de la empresa campesina Gregorio Chávez junto a su hijo, también en el Aguán.

Lara expuso que en todos estos casos fueron asesinadas personas bajo medidas de protección de la CIDH.

“El Mecanismo de Protección no actuó con diligencia el trámite de medidas de protección para prevenir hechos de violencia que atentan contra la vida de personas defensoras. No hay quien asuma institucionalmente la protección en los territorios”, lamentó.

El representante de Asonog agregó que en el 2023 se ha criminalizado a defensores de los ríos Guapinol, Bonito y Gilamito. También a habitantes de Nueva Armenia, Chachahutes, Sambo Creek y Corozal, así como a la comunidad lenca de Reitoca y Tierras del Padre.

Según Lara, algunas de las causas del miedo, violencia e impunidad son los conflictos socioambientales por la minería, las represas hidroeléctricas y la deforestación.

Además, mencionó que la agroindustria, los megaproyectos, el extractivismo, el narcotráfico y la seguridad privada desencadenan falta de institucionalidad, asesinatos, intimidación, criminalización y desplazamiento forzado.

Lara señaló cómo esta situación va más allá de la afectación a personas. Se trata, afirmó, de una represalia que amedrenta a quienes ejercen defensoría, comunicación y justicia.

Ante la CIDH, exhortó a fortalecer el Mecanismo y consolidarlo para proteger la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y el combate contra la impunidad.

¿Quién atiende a las mujeres con discapacidad?

Juana Ramona Zúñiga, del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, pidió garantizar la participación activa de instituciones estatales en la toma de decisiones.

Asimismo, solicitó asegurar recursos financieros para cumplir las obligaciones del Sistema Nacional de Protección y cubrir las necesidades operativas y materiales del Mecanismo de Protección, como instalaciones y equipos.

Además exigió personal capacitado para el Mecanismo y fortalecimiento sostenido en enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad, así como derechos del pueblo indígena.

Por último, Zúñiga pidió asegurar la independencia económica y política del Mecanismo para proteger a personas defensoras, periodistas independientes y luchadores contra la impunidad.

En cuanto al sector discapacidad, las niñas y mujeres de la región afrontan marginación institucional, confirmó ante la Corte la defensora de derechos humanos Karina Flores.

La integrante del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad (Capradi) denunció cómo estas poblaciones también sobreviven a restricciones en salud y derechos sexuales y reproductivos, además de maltratos psicológicos.

Por otro lado, el defensor de derechos humanos y representante de sociedad civil Christian Murillo manifestó cómo niñas y mujeres con discapacidad sufren maltratos físicos y psicológicos, explotación y abuso sexual incluso cuando están bajo la protección del Estado.

“Han sido víctimas de un sistema patriarcal que las ha expuesto a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo.

Murillo lamentó que la atención médica para niñas y mujeres con discapacidad sigue siendo un desafío, a pesar de que hay un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

2/4 La audiencia fue solicitada por el @caprodihn que expuso la problemática en el tema, la audiencia encabezada por la secretaria de Derechos Humanos, @RoqueNatalie, además, compareció la @PGRHonduras, la @saludgobhn, la @Sedesolhn y la @semujer_hn. pic.twitter.com/G6CfusdfXw

— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) November 9, 2023

3/4 En su participación, la titular de la SEDH manifestó que el Gobierno Solidario de la presidenta @XiomaraCastroZ atraviesa por un enorme desafío, en cuanto a la lucha por una educación sexual integral y por la ejecución de las políticas públicas en la materia. pic.twitter.com/WgL9viOV0S

— Secretaría de Derechos Humanos (@sedhHonduras) November 9, 2023

Por todo lo anterior, es imperativo abordar esta problemática en un contexto de acceso a derechos. 

La discriminación y vulnerabilidad en derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad contradicen las directrices del Comité de Discapacidad ylos objetivos 2030.

Según el Ministerio Público, el 54% de los embarazos no deseados son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Asimismo, el Centro de Derechos de la Mujer (CDM) señaló que 23,180 mujeres enfrentaron maternidad forzada sólo en el 2020.

Las estadísticas anteriores reflejan la invisibilidad de niñas y mujeres con discapacidad.

Honduras sigue luchando contra la debilidad institucional en el acceso a derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad en el sistema de salud público y privado.

#Honduras: más de 15 orgs. nacionales e internacionales participamos en audiencia ante la @CIDH sobre el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos

Pedimos al Estado cumplir con sus nuevos compromisos #MecanismoQueProteja

https://t.co/TQdnq0WuO8 pic.twitter.com/sr6tBdpe6H

— The Observatory (@OBS_defenders) November 10, 2023

En el caso de esta carencia, el principal obstáculo es la falta de infraestructura y servicios adaptados a las necesidades específicas de este grupo. Asimismo, la falta de accesibilidad de las instituciones médicas obstaculiza el acceso a servicios de calidad.

Es fundamental garantizar la igualdad de condiciones, independientemente de la capacidad, identidad, orientación sexual y edad, para cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los objetivos de desarrollo sostenible 2030.

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La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, pública una nueva carta abierta titulada “Libre… 22 meses después”.

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Ciudad de México (10 de noviembre de 2023) – El Índice Chapultepec de Libertad de Prensa en las Américas descendió a su punto más bajo en los últimos cuatro años con retrocesos en la puntuación de 18 de los 22 países analizados por el barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El promedio global de la región descendió a solo 47,84 puntos de un total de 100 puntos posibles. Es la primera vez que se coloca por debajo de los 50.

El Índice Chapultepec 2023, presentado durante el segundo día de sesiones en la 79ª Asamblea General de la SIP, se elabora en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e incluye la participación de académicos en las áreas de libertad de expresión y de prensa, metodología y estadística.

La situación del barómetro evidencia las constantes regresiones en perjuicio de derechos comunicacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba, calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión, así como tendencias pronunciadas de deterioro de esas libertades en Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala.

Algunas naciones que evidencian descensos importantes en el Índice Chapultepec son Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador. De estas, Costa Rica se mantuvo en la franja de baja restricción.

Pese a acumular puntajes que los ubican en la franja de “baja restricción”, las siguientes naciones desmejoraron su desempeno: Jamaica, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y Canadá, lo cual se evidenció en el bajo puntaje de toda la región.

Pocos países evidencian progresos significativos este año. Uno de ellos es República Dominicana, el único que se ubica en la franja de naciones con amplias libertades de expresión al superar levemente los 80 puntos. Una mejora leve presentó Brasil, pero aún no suficiente para superar los 50 puntos

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