El jefe del Estado no estará este martes a las 8.30 horas en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional que se celebrará en el Palacio de La Moncloa antes del primer Consejo de Ministros del curso y de la ronda de comparecencias de ministros en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de Ceuta. La crisis migratoria en la ciudad autónoma centrará el encuentro de autoridades en el complejo presidencial. Allí se definirá "la situación de interés de seguridad nacional" para el territorio y el Ejecutivo central asumirá el mando único de la situación, que pilotará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según trasladaron fuentes conocedoras de esta convocatoria y próximas a Zarzuela, el Gobierno no ha contemplado la posibilidad de trasladar invitación al Rey Felipe VI ante una reunión clave en vista de la situación de excepcionalidad en Ceuta; después de que entre los días 30 y 31 de julio accediesen por la frontera de El Tarajal –y bordeando el espigón vía marítima– hasta 80.000 migrantes irregulares, de los cuales entre 8.000 y 10.000 siguen todavía en el territorio después de un goteo de retornos voluntarios. Al menos la mitad serían demandantes de asilo y menores migrantes no acompañados en partes iguales.

Esta ausencia de invitación coincide con un momento de ligera tensión entre Gobierno y Casa Real. Secundariamente, tras las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que a principios de agosto y la semana pasada con mayor notoriedad criticó la actitud de Felipe VI, por acceder a fotografiarse con el activista Javier Negre durante la toma de posesión en Cali (Colombia) del presidente Abelardo de la Espriella. Con Negre Puente mantiene procesos judiciales por difamación, entre otros asuntos. Afeó al monarca acceder a la instantánea pese a ser "un profesional del bulo" y haber arremetido contra él o la reina Doña Letizia. Obvió cuestiones como el principio de neutralidad.

Pero, principalmente, la decisión llega después de que haya trascendido que un ministro del Gobierno habría sondeado al monarca para mediar con Mohamed VI y abordar la crisis de Ceuta. Y después de que haya quedado patente la disposición de Felipe VI a viajar por primera vez a la ciudad cuando sea de utilidad y razonable para enderezar la crisis y futuros problemas migratorios similares con el país vecino. De fondo está el debate de la integridad de Ceuta y Melilla. Depende, en todo caso, de una decisión del Ejecutivo, que debe coordinarse para estas cuestiones con Zarzuela. El jefe del Estado estaría esperando autorización.

La implicación de Felipe VI en la crisis ha sido importante, y muy simbólica. Sin interferir en las competencias del ejecutivo, Casa Real difundió el 1 de agosto una carta donde el Rey mostró su "preocupación e indignación" por la entrada masiva. Y cinco días después, recibió a Juan Jesús Vivas en el Palacio de Marivent, donde viene pasando las vacaciones de verano. Le recalcó al presidente ceutí el "compromiso" de acudir a Ceuta cuando fuese posible. Lo traslado Vivas tras su reunión: "El Rey está comprometido con su visita a Ceuta, es un compromiso que ha adquirido y lo hará, porque el Rey cumple con su palabra; lo que no le puedo decir es cuándo".

El Gobierno evita un gesto con el Rey

La presencia del Rey no es de obligado cumplimiento según recoge la legislación que regula el Consejo de Seguridad Nacional [Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y en el Real Decreto 1/2024], pero el Gobierno pierde una oportunidad de mostrar el compromiso con el papel de la monarquía en esta crisis con Ceuta que de fondo también lo es con Marruecos, pese a esos sondeos publicados. En el Ejecutivo, en todo caso, son conscientes del resquemor que podría generar a Marruecos una implicación más abierta del Rey en esta crisis. Sobre todo tras la presencia de Juan Carlos I y doña Sofía en Ceuta tras la crisis de 2007.

El Rey ha presidido las reuniones extraordinarias siempre que ha habido un hecho excepcional como el coronavirus, la invasión rusa de Ucrania o el apagón del año pasado

El Consejo lo integran cotidianamente el presidente del Gobierno, sus vicepresidentes, los ministros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de seguridad, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros perfiles como el director del Gabinete de la Presidencia o el secretario de Estado de Exteriores. Se incorpora el director del Departamento de Seguridad Nacional, y la asistencia es ampliable a cargos autonómicos, locales u otras personalidades si se requiere.

Respecto al Rey, la normativa no obliga a la convocatoria del jefe del Estado en la cotidianidad. El artículo 21.2 de la Ley de Seguridad Nacional sí establece el criterio de que deberá ser informado al menos una vez al año de esos encuentros a propuesta del presidente. La legislación, en todo caso, sí que contempla que si se le invita y asiste, sea Felipe VI quien presida la sesión automáticamente. De hecho, la última asistencia y presidencia del monarca aconteció en un momento clave de excepcionalidad: tras el apagón del 28 de abril de 2025. Desde entonces se han celebrado otras siete sesiones sin su presencia, todas ordinarias excepto las tres posteriores que se efectuaron en dos sesiones del día 29 de abril y otra del día 30. Al menos son sesiones de las que se han informado, aunque pueden haber acontecido otras que no se hayan hecho públicas.

Contrasta esta ausencia de invitación, en todo caso, si se atienden a otras situaciones de excepcionalidad como fueron los encuentros extraordinarios por la crisis sanitaria del COVID-19 en junio de 2020 o tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El mando único llega 26 días después

El Consejo de Seguridad Nacional se citará en Moncloa 26 días después del inicio de la crisis y dará cumplimiento a una de las reclamaciones clave del Gobierno local de Ceuta pero también del PP, el partido de Vivas. Ahora Torres coordinará a todas las administraciones públicas implicadas en la crisis y todo pasará por él y el Comité Especializado que le asesora.

Este estará compuesto por Vivas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, los ministros implicados en la gestión, desde Margarita Robles en Defensa, pasando por Fernando Grande-Marlaska, de Interior, José Manuel Albares de Exteriores o Elma Saiz de Migraciones y Sira Rego de Juventud e Infancia. También Mónica García, de Sanidad. Se unirán representantes del CNI y asesores de Seguridad Nacional.

La posición del Ejecutivo es la de que a partir de ahora la toma de decisiones será más ágil, entre otras para la puesta en marcha de recursos humanos y materiales. Entre otra de las promesas del Gobierno está la de una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integran Socioeconómico de Ceuta de 2022, que ya ha destinado 180 millones de euros.

El Independiente

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