El impacto del cambio climático trasciende los cambios de temperatura y se ha convertido en un riesgo financiero y económico global bajo vigilancia de supervisores bancarios. La CNBS mantiene una estrategia instituional para analizar los riesgos que puede enfrentar el sistema financiero y aplicar medidas y programas que permiten al sector la capacidad de adaptarse a situaciones dificiles.

Y es que Honduras, en especial en la capital, presenta problemas de suministro de agua potable, problemas de inseguridad alimentaria, salud y generación de energia, entre otros, derivados de posición geográfica del país que lo hace vulnerable a los fenómenos climáticos como La Niña (lluvias) y El Niño (sequía).

Esta vulnerabilidad alcanza al sector financiero que destina una buena parte de su cartera crediticia a todos estos sectores. Ante esta problematica, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) solicitó asistencia técnica del Banco Mundial, para medir el impacto de distintos escenarios climáticos y poder tener una base fáctica para fijar medidas de supervisión.

De esta manera, en colaboración con técnicos de la CNBS, se realizó la «primera evaluación integral del riesgo climático (ERC) para el sector bancario de Honduras», donde se señala la alta exposición a riesgos físicos derivados de huracanes y, en menor medida, al riesgo de inundaciones y sequías.

«Alrededor del 20% de la cartera de créditos de los bancos tiene una exposición de alto riesgo a huracanes», señala el BM. Señala que la estimación que los huracanes Eta e Iota de fines de 2020 generaron un aumento de 5,7 puntos porcentuales en la proporción de préstamos improductivos o reestructurados.

El efecto negativo en las carteras de crédito de los bancos fue generalizado en todos los sectores económicos, lo que refleja las perturbaciones generales causadas por los dos huracanes. «Los préstamos otorgados a los sectores de electricidad, manufacturas y agricultura—que, en conjunto, representan aproximadamente un tercio del total de préstamos a empresas— sufrieron el mayor deterioro», añade.

Las pruebas de estrés climático, nuevo reto para los bancos

Este efecto, explica la especialista en Finanzas Verdes del Departamento de Riesgo de la CNBS, Margie Soad Castro, demuestra el impacto general del cambio climático no sólo sobre la cartera crediticia bancaria sino en la economia en general.

«Hablando del sistema financiero cuando evaluamos riesgo climática o hablando de metodología para ver exposición, identificamos el riesgo de ubicación geográfia y la topografia, que hace más vulnerable para varias actividades económicas. El PIB nuestro esta concentrado en la agricultura con una alta exposición de cartera (crediticia) y es marco de supervisión», señaló.

Se analiza, explica, cuánto dinero está financiando las actividades como el agro, dónde existe el mayor riesgo. Por ejemplo en la zona norte, más expuesta a huracanes, el riesgo es más elevado y el impacto económico, en varias actividades, puede ser de años.

Durante los huracanes Eta e Iota, recordó, la CNBS aprobó medidas de salvaguarda a la que varios bancos (y aseguradoras) utilizaron para evitar un impacto en el sistema financiero y poder reactivar la economia. «El alivio es un enfoque regulatoria con medidas que permitan un poco de libertad o que se tenga más holguera para hacer frente a estos fenómenos», apuntó.

Una de las principales de medidas regulatorias frente al cambio climático, y otros riesgos, es la exigencia a los bancos de solvencia mayor al estándar internacional. El Índice de Adecuacion de Capital (IAC) internacional es del 10% y en Honduras se aplica un 12,5%, un 2,5% que «juega un papel clave para hacer frente a crisis o eventos extraodinarios», destaca la especialista.

Evaluación del riesgo climático a marzo de 2026

En el Informe de Estabilidad Financiera del primer trimestre del año, la CNBS analiza y realiza pruebas al sector financiero sobre los distintos riesgos que enfrentan. Sobre el riesgo climático se señala que la posibilidad de un fenómeno climático asociado a condiciones más secas de lo normal ha incrementado la atención sobre los riesgos derivados de la sequía.

«Este escenario resulta especialmente relevante para Honduras debido a la alta exposición de municipios ubicados en el Corredor Seco, donde la reducción de las precipitaciones puede afectar la productividad agropecuaria, disminuir los ingresos de productores y hogares rurales, y generar presiones sobre la calidad de la cartera crediticia».

Por ello, el monitoreo de estos riesgos constituye un elemento clave para anticipar posibles impactos sobre la estabilidad financiera y la actividad económica en las regiones más vulnerables. La identificación geográfica de la cartera agrícola expuesta al riesgo de sequía es fundamental para evaluar la vulnerabilidad del sistema financiero ante eventos climáticos adversos.

En el análisis de la CNBS, la distribución geográfica de los créditos otorgados al sector agrícola muestra el nivel de exposición a zonas con sequía moderada o severa. Los resultados indican que aproximadamente el 32,4% de la cartera agrícola analizada se encuentra ubicada en municipios expuestos a riesgo de sequía, aunque esta representa únicamente el 1,8% del saldo total de la cartera crediticia.

Asimismo, se observa una concentración importante de operaciones en municipios del Corredor Seco Hondureño, particularmente en las regiones occidental, sur y algunas zonas del centro y oriente del país, donde las condiciones de sequía son más recurrentes. En términos
prácticos, esto implica que tres de cada diez préstamos agrícolas están expuestos a riesgos asociados a la escasez de lluvias, evidenciando la relevancia de incorporar variables climáticas en el monitoreo y evaluación del riesgo crediticio del sector.

Recomendaciones y liderazgo regional

El informe del BM hace una seria de recomendaciones que en su mayoria están en aplicación en el país. Destaca la implementación de una taxonomía “verde” nacional, donde el país, a través de la CNBS, ha liderado las acciones para reformas en base a normas internacionales.

La taxonomía verde es un sistema oficial de clasificación que define qué actividades económicas y activos se consideran ambientalmente sostenibles. Su propósito es establecer un lenguaje común para orientar las inversiones, atraer financiamiento y evitar el «lavado verde» o greenwashing en el sector financiero y productivo.

Una taxonomía verde integral permitirá a las instituciones financieras tomar decisiones de inversión y financiamiento mejor informadas, que contemplen las consideraciones climáticas. Este tipo de iniciativas suele implicar la participación de varias instituciones, entre ellas bancos centrales, entidades de supervisión bancaria y el Gobierno, destaca el Banco Mundial.

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