La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes la inyección de 70.000 millones de dólares más para la ofensiva antiinmigración de la Administración de Donald Trump.

Con 213 votos a favor y 211 votos en contra, los congresistas validaron el proyecto de ley de Reconciliación, que el presidente ha promovido para financiar su promesa electoral de llevar a cabo la mayor deportación de la historia. La norma impulsa las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin concesiones a los demócratas, que exigían reformas en las agencias migratorias y quienes votaron en contra en bloque.

El texto, que fue aprobado la semana pasada en el Senado sin el voto demócrata, pasa a la mesa del presidente para ser firmado. El proyecto de ley asigna 38.000 millones de dólares al ICE, 26.000 millones a la CBP y otros 5.000 millones para cubrir costos imprevistos. Los nuevos fondos se suman a los 170.000 dólares que fueron incluidos en la “gran y hermosa” ley presupuestaria de Trump, que el Congreso aprobó en julio y que aportó una histórica suma a la ofensiva contra la inmigración del presidente.

La Administración Trump ha hecho uso de los fondos para reabrir cárceles cerradas para albergar a los migrantes detenidos, cerrar contratos con las empresas que operan los centros, aumentar el número de agentes del ICE, lanzar campañas de publicidad contra los extranjeros e impulsar las deportaciones, incluidas las realizadas a terceros países, entre otras medidas.

Los demócratas se opusieron a asignar más fondos a las agencias sin que se produjeran cambios significativos en su forma de operar, después de que la agresividad demostrada por los agentes en la Operación Metro Surge en Minneapolis en enero pasado se saldara con las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good.

Entre otras reformas, los demócratas insistieron en que se exigiera a los agentes mostrar sus placas de identificación durante los operativos y obtener una orden judicial antes de ingresar en propiedades privadas. Pero ninguna de sus peticiones fue recogida en la ley.

Las desavenencias entre los dos partidos mantuvieron congelados los fondos para financiar el Departamento de Seguridad Nacional por más de dos meses, lo que supuso el mayor cierre administrativo de la historia. Curiosamente, el ICE y la Patrulla Fronteriza, objeto de la disputa, se mantuvieron operativos porque contaban con los fondos aprobados en el verano.

Los fondos llegarán en un momento crucial para el Departamento de Seguridad Nacional, que cuenta con una nueva dirección después de que Trump reemplazara a Kristi Noem con el nuevo secretario Markwayne Mullin en marzo. En una comparecencia ante el Senado la semana pasada, Mullin, que se ha propuesto sacar a las agencias migratorias de los titulares, insinuó que su departamento desobedecerá aquellos fallos judiciales que considere politizados.

Antes de la votación de este martes, los demócratas describieron al Departamento de Seguridad Nacional como una agencia que ha utilizado sus nuevos recursos para comprar aviones privados para sus altos cargos, hacinar a inmigrantes en condiciones deplorables y atacar a ciudadanos estadounidenses.

“Otorgar a estas agencias descontroladas otros 70.000 millones de dólares ahora, cuando todavía tienen 100.000 millones en caja procedentes del año pasado, nos haría cómplices de la creciente corrupción y de las vergonzosas acciones de este departamento”, declaró el representante Jamie Raskin, de Maryland, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Los republicanos replicaron que estaban cumpliendo con su deber de proteger a la nación y apoyar a los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley.

“Los demócratas pueden decir lo que quieran, pero aquí de lo que se trata es de la seguridad pública. Se trata de mantener a salvo a los estadounidenses”, afirmó la representante Michelle Fischbach, republicana por Minnesota.

Hasta ahora, la Administración no ha alcanzado su objetivo de un millón de deportaciones anuales; sin embargo, el responsable de la política fronteriza de Trump, Tom Homan, ha prometido que habrá más medidas, llegando incluso a insinuar acciones de control migratorio en Nueva York, la ciudad más grande del país y de fuerte tendencia demócrata.

Al mismo tiempo, la Administración está dificultando la permanencia de los inmigrantes legales en Estados Unidos mediante la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), cambios en los programas de asilo y de refugiados, en la obtención de la residencia permanente y la cancelación de permisos que permitían a los llamados dreamers (jóvenes traídos ilegalmente al país cuando eran niños) trabajar y residir legalmente. Varias de estas medidas han recibido fallos judiciales en contra y tienen procesos abiertos en los tribunales.

Oposición a dos propuestas

La tramitación de la legislación se demoró varias semanas en el Senado porque algunos legisladores republicanos se opusieron a dos polémicas propuestas de Trump, rebelándose por primera vez contra los deseos del republicano desde que regresó a la Casa Blanca. Una de las propuestas que levantó ampollas hasta en su propio partido fue el anuncio de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para indemnizar a aliados del presidente que afirman haber sido investigados y procesados injustamente durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden. Los condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que Trump indultó nada más comenzar su segundo mandato, estarían entre los beneficiados.

La otra iniciativa a la que se opusieron los legisladores del partido del mandatario fue la inclusión de mil millones de dólares para reforzar la seguridad en el recinto de la Casa Blanca, incluido el polémico nuevo salón de baile que Trump ha ordenado construir en el ala este del edificio presidencial. Ambas iniciativas han quedado paralizadas, aunque su prohibición no se incluyó en el proyecto de ley aprobado, como pedían los demócratas.

Esas trabas mantuvieron el proyecto de ley estancado en la Cámara Alta, a pesar de que los republicanos ya habían acordado aprobarlo sin el apoyo de los demócratas. La imposibilidad de llegar a un acuerdo bipartidista propició que los conservadores echaran mano de una complicada maniobra, llamada proceso de reconciliación, que solo se usa en casos de emergencia, para sacar adelante la ley. Por la misma, no eran necesarios los 60 votos reglamentarios para aprobar nuevas normas y bastó una mayoría simple. Con 52 votos a favor y 47 en contra, el bloque republicano votó unido y solo la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, se unió a los demócratas para oponerse al paquete.

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