La Asociación de Supermercados de Honduras (ASUPERH), rechazó que su sector y afiliadas reciban o se beneficien de exoneraciones o beneficios fiscales como dijo el responsable del Servicios de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, en un encuentro con estudiantes universitarios.

La ASUPERH esta integrada por los siguientes empresas: Colonial Supermercados, Pricesmart, Supermercados La Colonia, Walmart México y Centroamérica.

El comunicado de la ASPERH es respecto a la declaraciones del ministro director del SAR, Marlon Ochoa, que “en su campaña por promover la Ley de Justicia Tributaria, expresó: “En algunos regímenes hay supermercados de lujo exonerados, no pagan ningún impuesto ¿Cómo va a poder competir una pulpería con un supermercado que tiene absolutamente todo exonerado?”

Al respecto, responden: “Negamos rotundamente que las empresas agremiadas a la ASUPERH reciban o se beneficien de ningún tipo exoneración o beneficio fiscal”.

“Negamos rotundamente que las empresas agremiadas a la ASUPERH reciban o se beneficien de ningún tipo exoneración o beneficio fiscal”.

La asociación señaló que sus empresas afiliadas están constituidas y son respetuosas de la ley y del régimen fiscal, quienes son catalogadas como grandes contribuyentes, las cuales generan 8.250 empleos directos y 18.500 empleos indirectos.

Añaden que los supermercados invierten en nuevos puntos de venta que son fuentes de empleo y crecimiento de Honduras, además que apoyan proyectos sociales y de desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas, así como a productores agrícolas.

Igualmente que trabajan por ofrecer mejores precios, calidad, frescura, así como inocuidad, brindando ofertas que beneficien la economía de las familias hondureñas.

La ASEPURH se unió al llamado que ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de trabajar juntos por Honduras, en un diálogo propositivo, proactivo, preservando y generando empleo digno, así como crear un clima favorable a la inversión y competitividad.

Los supermercados son retenedores del 15% del impuesto sobre ventas que aplica el gobierno a los alimentos y productos de consumo popular.

Un estudio de AidData incluye a 10 países de Latinoamérica entre ellos Honduras con $298 millones

En las últimas dos décadas, China ha concedido préstamos de rescate por valor de 240.000 millones de dólares a 22 países en desarrollo en riesgo de impago, una tendencia que se ha acelerado en los últimos años, según un informe publicado este martes.

Según el estudio, casi todos los fondos se destinaron a países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) como Sri Lanka, Pakistán y Turquía, en su mayoría naciones de renta baja y media que han recibido préstamos chinos para el desarrollo de infraestructuras.

El informe de 40 páginas elaborado por el laboratorio de investigación AidData, con sede en Estados Unidos, el Banco Mundial, Harvard Kennedy School y el Instituto Kiel para la Economía Mundial muestra que los préstamos de rescate se han acelerado entre 2016 y 2021, y que Beijing ha concedido el 80% de sus préstamos de rescate (cerca de $200 mil millones) en ese periodo.

En todo el mundo, las naciones del BRI se han visto sometidas a tensiones debido a que el aumento de la inflación y los tipos de interés, agravado por el impacto persistente de la pandemia del virus Covid-19, han mermado su capacidad de reembolso de la deuda.

Los rescates permiten a los países ampliar sus préstamos y seguir siendo solventes, según el informe.

China afirma que más de 150 países se han adherido a la BRI, una iniciativa mundial de infraestructuras por valor de un billón de dólares presentada por el Presidente Xi Jinping hace una década.

Beijing afirma que la iniciativa pretende profundizar las relaciones comerciales amistosas con otras naciones, especialmente en el mundo en desarrollo.

Pero los críticos llevan tiempo acusando a China de atraer a los países de renta baja a trampas de deuda ofreciéndoles préstamos enormes e inasequibles.

“China ha desarrollado un sistema de ‘rescates en la Franja y la Ruta’ que ayuda a los países receptores a evitar el impago y a seguir pagando sus deudas de la BRI, al menos a corto plazo”, señala el informe.

Opacidad

En comparación con el Fondo Monetario Internacional y el apoyo de liquidez prestado por la Reserva Federal de EE UU, los rescates de China siguen siendo pequeños, pero están creciendo rápidamente, según el informe de AidData.

“Beijing se ha dirigido a un conjunto limitado de beneficiarios potenciales, ya que casi todos los préstamos de rescate chinos han ido a parar a países BRI de renta baja y media con importantes deudas pendientes con bancos chinos”, escribieron sus autores.

El informe advertía de que los préstamos chinos tienden a ser más opacos en comparación con otros prestamistas internacionales de última instancia, y a menudo se conceden a un tipo de interés medio del cinco por ciento, en comparación con el dos por ciento típico de un préstamo del FMI.

Muchos de estos acuerdos eran los llamados “rollovers”, en los que los mismos préstamos a corto plazo se amplían repetidamente para refinanciar deudas a punto de vencer.

En América Latina y Honduras

Para la región, Argentina es el país que más ha recibido, tanto en contratos como en montos, según los datos divulgados en 2021 por AidData.

Argentina firmó 10 contratos por un total 8.574 millones de dólares, por encima de Ecuador y más del doble de lo recibido por Venezuela. Honduras aparece en el listado con un préstamo por 298 millones de dólares.

Los países que han recibido préstamos de rescate de China, lo hacen recurriendo a sus líneas swap en yuanes y/o recibiendo apoyo a su balanza de pagos por parte de bancos y empresas estatales chinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió a las críticas. “China nunca ha obligado a nadie a pedir dinero prestado, nunca ha obligado a ningún país a pagar, no impondrá ninguna condición política a los acuerdos de préstamo y no busca ningún interés político propio”, declaró la portavoz Mao Ning en una rueda de prensa regular.

Este mes, China acordó reestructurar sus préstamos a Sri Lanka, despejando el camino para el rescate de la nación isleña por parte del FMI, que tiene a Beijing como su mayor acreedor bilateral.

El Congreso Nacional aprobó dos nuevos préstamos por 135 millones de dólares, el primero de 100 millones con la AIF, del Banco Mundial, y el otro con España por 35 millones. Ambos créditos son para programa de dearrollo rural.

Con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres, se suscribió el préstamo en diciembre del año pasado con la Secretaría de Finanzas y se destinará al programa de Competitividad Rural (Comrural) en su tercera etapa.

Con España se aprobó el Convenio de Crédito, suscrito el 30 de diciembre de 2022, entre el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial del Reino de España, en su condición de prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de prestatario del financiamiento, hasta por un monto de US$35,000,000.00, recursos destinados a la ejecución del “Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad”.

Estos fondos se destinarían a pobladores del Corredor Seco 

El Consejo de Ministros de España, autorizó seis operaciones de cooperación financiera con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo​ (FONPRODE), una de ellas es para un proyecto integral de desarrollo rural y productividad en Honduras.

El crédito será gestionado por el Banco Integral de Desarollo (BID). “Es un proyecto conjunto con el BID, que es socio clave para nosotros en esta región. Juntos, a través del proyecto, esperamos desarrollar la zona.” indicó el Embajador de España en Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick.

Con el proyecto se pretende incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiados, mejorando el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población.

Este proyecto es es clave para recuperar, de los efectos en términos de inseguridad alimentaria y reducción de ingresos generados por la crisis, el tejido productivo rural de la zona, la cual incluye comunidades del centro,sur y occidente que han sido fuertemente afectados por las sequías de los años anteriores.

El proyecto comprende tres componentes:

1. Fortalecimiento del desarrollo productivo
Orientado a fortalecer la competitividad y sostenibilidad de cadenas de valor con enfoque de mercado y consideraciones climáticas. Serán atendidos principalmente productores, organizaciones y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (“MiPyME”).

2.Acceso a financiamiento
Se atenderá la expansión del financiamiento a pequeños productores elegibles mediante intermediación financiera orientada a su vinculación a cadenas de valor y a promover fuentes de ingreso estables.

3.Sistema de monitoreo y evaluación
Se implementará un sistema de monitoreo de los hogares con indicadores de seguimiento de este Proyecto y de las operaciones de otros donantes para conocer el estado en cuanto a su situación de pobreza, bienestar, actividades productivas y financiamiento. Mediante nuevas tecnologías digitales, se podrán monitorear periódicamente los indicadores. Asimismo, se realizará un estudio empleando metodologías experimentales de economía del comportamiento, para evaluar y obtener un mejor entendimiento de los factores que influencian la toma de decisiones en: la adopción de tecnologías, asistencia técnica y comportamiento del deudor en la amortización de los créditos.

La medida pone fin a las protestas de importadores de autos usados

El Congreso Nacional aprobó la extensión de la amnistía vehicular hasta el 4 de abril de 2023. “La amnistía vehícular constituye un perdón a favor de quien lo pide o lo solicite, y que no puede darse un tratamiento discriminatorio, si se cumplen los elementos objetivos y subjetivos para gozar de dicho beneficio”, señala el Legislativo.

La medida extiende los derechos del Decreto 153-2021 y sus reformas y fue aprobado por unanimidad.

En dicha amnistía original se aprobó una reforma orientada en conceder amnistía vehicular que permite la nacionalización de vehículos del año 2005 hacia atrás con el pago único de 10 mil lempiras.

Este beneficio ha generado protestas en la zona norte de los importadores de vehículos que tienen automotores retenidos en las aduanas. Sin embargo, el director de Aduanas, Fausto Calix, dijo que la intervención del Congreso solventaría el conflicto.

El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero volvió a cuestionar el anteproyecto de Ley de Justicia Fiscal asegurando que la derogación de los beneficios a la Zona Libre (ZOLI) y el Régimen de Importación Temporal (RIT) significarían una pérdida inicial de “10.833 empleos directos, 76.000 millones de lempiras en exportaciones” y 11.490 millones en salarios, servicios y aportes sociales.

El aún funcionario, no se descarta su separación del cargo, explicó en sus redes sociales que esas cifras son los resultados económicos de ZOLI y RIT en el país en 2022, que se perderían de anera inmediata para este año y se multiplicaría en los peores escenarios si se aprueba la reforma fiscal.

Hay que recordar que el gobierno promueve la reforma que eliminaría unos docena de regímenes especiales vigentes por considerar que son excesivos y no han dado los resultados esperados en atracción de inversión extranjera.

Sin embargo, Barquero sostiene que si hay resultados positivos y que el problema de la inversión extranjera es que Honduras carece de las condiciones jurídicas, socioeconómicas y de infraestructura necesarias.

Destacó que el año pasado se registraron 848.000 empleos directos en la zona industrial, un aumento de 18.000 en relación a 2021 y al menos 10.000 corresponden a los ZOLI y RIT.

“Esos 10 mil empleos nuevos generados por estas industrias significaron más de la mitad de los empleos formales generados en 2022 registrados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, apuntó.

Las exportaciones industriales aumentaron, añadió, en “76.000 millones de lempiras”, los salarios en 2.500 millones de lempira, las compras a proveedores locales por 5.500 millones de lempiras, las compras de servicios en 3.200 millones de lempiras. Además las contribuciones al IHSS por 275 millones y por contribuciones al Infop de 15 millones de lempiras.

“Esto se perdería de inmediato y en los peores escenarios las cifras aumentan dramáticamente”, apunta. En empleo podría perderse hasta 57.532 plazas directa en el peor escenario. Las exportaciones caerían entre 76.688 y 129.984 lempiras y los salarios entre 2.475 y 11.795 millones de lempiras.

IED sin atractivo

Barquero destacó que los incentivos fiscales es la mejor carta de presentación del país y que en eso compite con el resto de la región con similares beneficios (exoneración del pago del impuesto sobre la renta, entre ellos).

El país está rezagado en los principales factores que buscan los inversionistas: Estado de Derecho fuerte y sólido, mano de obra barata y capacitada, costo de energía y riesgo de país. En todos estos factores el país ocupa las últimas posiciones en la región y en algunos temas como el Estado de Derecho, entre los 20 peores a nivel mundial.

“Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, mejorar los servicios de energía, de educación de riesgo de país, pero eso va a tardar algún tiempo y por el momento debemos mantener los incentivos fiscales, nos gusten o no”, declaró.

“Esa Ley no afecta a los inversionistas, estos se pueden ir. Hay que trabajar en tenr un estado derecho más solidos mejores servicios y escolaridad. Los incentivos fiscales son una herramienta para atraer inversiones ydebemos fortalecer todos estos elementos para que cuando los tengamos pensemos ir saliendo de los incentivos”, concluyó.

También procederán a cancelar personal y el contrato vigente con la empresa Dynamic Corporation

La Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911, está autorizada por el Ejecutivo para la contratación directa de bienes y servicios necesarios para reactivar la vigilancia en al menos cinco ciudades del país.

También los interventores analizan la cancelación del contrato vigente con la empresa Dynamic Corporation, que fue ampliado por el Congreso Nacional a finales de 2021 y tiene un costo de 154 millones de dólares.

“Entre las medidas que puede adoptar están la modificación, fusión, escisión o supresión de la entidad intervenida”, señala el Decreto Ejecutivo PCM 11-2023.

Además se autoriza, Artículo 7, a la Comisión Interventora, para realizar, “mediante el proceso de contratación directa la adquisición de bienes, servicios, suministros, sistema de vídeo vigilancia, sistema de llamadas, arrendamiento de bienes, contratación de servicios de consultorías y/o auditorías con empresas nacionales o internacionales”, que sean absolutamente necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema 911.

“Estas contrataciones directas se realizarán de forma provisional, por el tiempo que tome llevar a cabo los procesos de adquisición de bienes o contratación de servicios de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado”, agrega.

Los tres interventores, nombrados por un período de un año porrogable), ya comenzaron el proceso e informaron que ya tienen avances. Una de las medidas es la participación de Hondutel en la habilitación de comunicaciones.

Contrato Dynamic Corporation y despidos

La Comisión Interventora se concentra en las siguientes acciones:
Contratar una auditoría internacional para determinar el precio justo de mercado del contrato de servicios suscritos con la sociedad mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V., para establecer si existe sobrevaloración o sobreprecio del mismo.

Realizar un profundo proceso de auditoría; Contratar un servicio de consultoría que brinde acompañamiento especializado durante toda la gestión; Presentar y promover todas las acciones correspondientes para la declaración legal de nulidad del contrato con Dynamic Corporation, así como garantizar la deducción de responsabilidades a que haya lugar.

También proceder de acuerdo legislación aplicable a la clasificación del personal, la celebración, terminación o revocación de contratos de trabajo y regularizar la situación de los empleados.

Sobre Dynamic Corporation, el gobierno asegura que se trata de un oneroso contrato directo de la administración anterior, que se rehuso a negociar el acuerdo y suspendió el servicio en agosto de 2022.

El contrato es por un monto de 154 millones 449.375 dólares con 0.36 centavos (U$154,449,375.36), por un plazo de siete años y cinco meses (01 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2028). “Lo anterior, mediante un proceso que desconoce los supuestos establecidos en la Ley de Contratación del Estado (artículo 63)”, señala el Ejecutivo.

Además que contiene varios “vicios de nulidad” y por ser lesivo al interés público, se ordenó realizar una revisión exhaustiva del caso, proponiendo a Dynamic Corporation, proceder a legalizar la prestación del servicio, pero no llegaron a ningún acuerdo y el servicio fue suspendido el 31 de agosto de 2022.

Después de reportar superávit en ingresos de más de 25.000 millones de lempiras a finales del año pasado, la Secretaría de Finanzas confirmó este martes un déficit de 998 millones de lempiras. Es la primera vez que se registra un déficit en la presente administración.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) confirma en su cuenta financiera cifras negativas. Al 21 de marzo, se registraron 51.006 millones de lempiras en ingresos y gastos por “52.004 millones de lempiras”, un déficit de 1,9% (L998 millones).

La reducción es significativa si se toma en cuenta que el año pasado se cerró con un superávit de 12,3%, equivalente a casi 38.000 millones de lempiras.

Los ingresos en 2022 sumaron 347.668 millones y los gastos fueron de 309.714 millones de lempiras, es decir un superávit de 37.954 millones de lempiras. Hay que recordar que el Presupuesto General de la República 2022 fue de 363,697.4 millones de lempiras.

Balance fiscal

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras reporta cifras mixtas en los últimos cinco años. En 2017 se registró el más alto superávit con 7,9%, equivalente a 17.446.8 millones de lempiras.

Para 2018 se redujo a 2%, que significaron 10.662 millones de lempiras. En 2019 el superávit se incrementó a 2,9%, que en valores nominales significó 7,491.3 millones de lempiras.

Al cierre de 2020 se observó un déficit de 0,8%, que representó 2.395 millones de lempiras y en 2021 un superávit de 2,6% (L7.378 millones), según cifras de Finanzas.

“No habrá racionamiento en verano”, dice, pero los productores le recuerdan que “ya se están aplicando apagones”

Más del 50% de la mora de los clientes de la estatal de energía es “irrecuperable”, estimó el Ministro de Energía, Erick Tejada. Se trata de un valor estimado de “7.000 a 8.000 millones de lempiras”.

El funcionario, quien participo en la presentación del informe Estado de País 2023 Subsector Eléctrico, por la Ong ASJ, señaló que la investigación “fue mal presentada”, ya que la mora es de 14.000 millones de lempiras (14.928 millones de lempiras en el informe ASJ).

“Creo que la mora fue mal presentada en el informe de la ASJ porque la mora asciende aproximadamente a 14 mil millones de lempiras y la mayoría de esa mora, 10 mil millones, son de clientes residenciales y gran porcentaje de esa mora es irrecuperable“, dijo.

“Son siete mil u ocho mil millones de lempiras que probablemente no se puedan recuperar, hay que hacer una depuración de la mora”, añadió.

El también gerente iterino de la ENEE, aseguró que han hecho convenios con algunas instituciones del Estado para que “nos vayan cancelando la mora a través de servicios y la otra parte tendrá que asumir las finanzas (públicas)”.

Los acuerdos de pago y acuerdos de servicio como con las Fuerzas Armadas. “Las Fuerzas Armadas tenía una mora de aproximadamente 380 millones de lempiras y en vez de pagar seguridad privada que nos costaba 80 millones de lempiras al año, hemos firmado un convenio con las Fuerzas Armadas y así se va rebajando la deuda de ellos”.

Estos “acuerdos”, que no se han presentado oficialmente, modificarían el registro de mora de la ENEE de más de 16.000 millones de lempiras en 2022 y en enero anterior subió a 16.176 millones de lempiras, muy superior a los 14.000 millones que asegura el funcionario.

Racionamiento y compras directas

Tejada también se refirió a los racionamientos de energía y la posible contratación directa de energía por el déficit de producción, asegurando que “durante el verano” no habrá racionamiento ni compras directas. Esta declaración fue rechazada por los generadores y el sector privado.

Samuel Rodríguez, empresario de energía renovable, dijo que “desde 2019 se ha postergado la licitación de 450 megavatios”, y la demanda sigue creciendo y por eso hay “apagones aca en la zona norte y en Olancho”.

El director del Cohep, Armando Urtecho, estimó que el déficit actual es de 80 megavatios y por eso “hoy en día tenemos racionamientos en varas zonas del país, esa es una realidad que no se puede apagar”.

“Uno quisiera dar buenas noticias al pueblo hondureño, pero vea, San Pedro Sula y la zona norte prepárense porque van a haber 80 megas menos de energía porque franquicias y el director gerente, presidente, ministro de la energía eléctrica no suscribió un convenio de exoneración a favor de una empresas y serán 80 megas menos y, por lo tanto, habrán racionamientos en esta época que comienza ya el verano”, apuntó.

La amplia reforma tributaria que promueve el Gobierno, derogará el Convenio de Impresión, Distribución y Venta de los formularios aduaneros (exceptuando el Formulario Aduanero Único Centroamericano) y marchamos o precintos (sellos de seguridad) en toda la República, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

La derogación es parte de los regímenes fiscales y artículos relacionados a exoneraciones que serán eliminados con la nueva Ley de Equilibrio Financiero.

Este beneficio a la dirigencia empresarial se aprobó en diciembre de 1998, Acuerdo Ejecutivo 02089, y se amplió en cuatro ocasiones.

Para la actual administración este beneficio se asignó “de forma directa como un monopolio al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), por lo cual ha recibido una comisión de L 207 millones de lempiras entre 2018 y 2021, facultad que fue otorgada mediante Decreto 131-2018, sin ningún tipo de licitación”.

Las autoridades de Aduanas agregaron que entre el período 2014 al 2022, la comisión acumulada fue de “443 millones de lempiras”.

Sin embargo, el anteproyecto de Ley, propone derogar el “Artículo 3 del Decreto No.31-2018, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” enfecha 20 de abril del año 2018, Gaceta No. 34,620, que contiene los mecanismos de impresión, distribución y venta de formularios aduaneros y marchamos y le asigna una comisión por su venta al Cohep”.

El nuevo proceso será definido a través de una licitación que se realizaría un año después de que derogue el beneficio.

El Artículo 18 de la Ley propuesta referente a la Aministración Pública de los Formularios y Marchamos apunta: “A partir de la vigencia del presente decreto, se establece un plazo de un (1) año para que la Administración Aduanera de Honduras licite de forma transparente y abierta la adquisición, administración, distribución y comercialización de los formularios aduaneros y marchamos o precintos aduaneros en toda la República”.

Cuáles son los formularios

El Cohep recibe una comisión de 200 lempiras por la venta del marchamo o precinto aduanero que vale 700 lempiras. Por el formulario “9A-1”, que se utiliza para la entrada y salida temporal de vehículos, el cobro es de 35 lempiras sobre 135 lempiras de valor total.

Por la forma “22ª”, permiso de salida de embarcaciones, más conocido como cabotaje aduanero, y “6ª”, permiso de salida, se queda con 10 lempiras de los 35 lempiras de tarifa.

Por las Declaraciones Únicas Centroamericanas Aduaneras (DUCA), utilizadas para declarar todo tipo de mercancía que se importa o se exporta, son 35 lempiras de los 170 lempiras que cuesta..

La deuda externa del gobierno registró a enero de 2023 un saldo de 9.598 millones, más de 235.822 millones de lempiras (al tipo de cambio actual). La deuda aumentó 57.9 millones de dólares (0,6%) en comparación al reportado a diciembre de 2022 ($9,540.1 millones).

Este incremento es el resultado de una utilización neta de 35 millones de dólares, así como de una variación cambiaria que aumentó el saldo en 22.9 millones de dólares, informó el Banco Central de Honduras.

Por institución deudora, el Gobierno General concentra el 91,3% con 8.763 millones de dólares y el Banco Central el 6,5% con “626.7 millones de dólares”. Las Empresas Públicas no Financieras (ENEE y la ENP) adeudan 187 millones de dólares (2%) y las Instituciones Públicas Financieras (Banhprovi) 21 millones de dólares.
(0.2%).

Los organismos internacionales son los mayores acreedores con $6.751 millones (70,3%) seguido de los comerciales con $1.737 millones (18,1%) y los restantes $1.109 millones (11,6%) a instituciones bilaterales.

Desembolsos y pagos

En enero el gobierno recibió desembolsos por 50.9 millones de dólares, de los cuales 50 millones fueron del BCIE destinados para subsidios a la energía y gas LPG. Mientras el servicio de la deuda externa erogado en el primer mes de 2023 ascendió a 43.8 millones de dólares.

De lo pagado, el 63,7% ($27.9 millones) fue utilizado para pagar costos financieros (intereses y comisiones), $22 millones a acreedores comerciales, $5.5 millones a organismos multilaterales y $0.4 millón a entes bilaterales. El 36,3% ($15.9 millones) restante, se destinó como abono de capital, la mayoría ($12.1 millones) se pagaron a organismos multilaterales, $2.4 millones a acreedores bilaterales y $1.4 millones a comerciales.

Como legado de la anterior administración, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un edificio propio ubicado en la colonia El Trapice, comprado por 188 millones de lempiras a la empresa Inversiones Mafer Sociedad Anónima (MAFERSA).

La adquisición se autorizó en agosto del 2021, Acuerdo Ejecutivo número 037-A-2021, y se concretó a finales del año previo al cambio de gobierno. El edificio estaba en arrendamiento al Sevicio de Administración de Rentas (SAR), cuyas oficinas pasaron al Centro Cívico Gubernamental (CCG).

El contrato lo firmó la ex Procuradora General, Lidia Estela Cardona, con los representantes de MAFERSA, quienes son dueños tabién del edificio contiguo que arrendaban a la ENEE, por más de 10 años a un alto costo público.

Según el Acuerdo Ejecutivo, antes de la compra, se solicitó a la Dirección Nacional de Bienes del Estado la autorización para la adquisición de dichos inmuebles (de manera directa). Esa Dirección emitió la Resolución No. DE-075-2021, el 9 de agosto de 2021, donde se autorizó a la Procuraduría General para “adquirir los inmuebles antes referidos, hasta por un monto de 200 millones 55.620 lempiras (L. 200,055,620.00), de conformidad al avalúo practicado”.

Sin embargo, “como resultado de una negociación se obtuvo una rebaja del valor del inmueble, habiéndose acordado con el vendedor la compra del inmueble por el monto de ciento ochenta y ocho lempiras exactos”.

Es así que se ordenó a la PGR a comparecer ante notario público y suscriba en nombre del Estado de Honduras,
un instrumento público de compraventa con la Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES MAFER S.A. (MAFERSA)”, del edificio denominado “Plaza 99, conformado por dos inmuebles que forman un solo cuerpo, ubicado en la Colonia el Trapiche, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, inscritos bajo las matrículas 359232 y 359246, del sistema de folio real del Instituto de la Propiedad”.

La cantidad de compra de 188 millones se acordó cancelar en dos pagos de 94 millones de lempiras cada uno, a fin de que se trasladara el dominio a favor de la Procuraduría General de la República.

La OCDE no se refirió sobre la investigación al régimen ZOLI

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) suspendió la investigación sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP), al régimen ZEDE en Honduras, tras la derogación de la ley de las Zede a mediados del año pasado. En el nuevo informe no aparece la investigación al régimen ZOLI (Zona Libre), que se anunció en julio de 2022.

El Foro de la OCDE sobre las FHTP ha estado realizando revisiones de regímenes preferenciales desde su creación en 1998 con el fin de determinar si los regímenes podrían ser perjudiciales para la base imponible de otras jurisdicciones.

La OCDE alertó a Honduras, en una carta de diciembre del 2021 (después de las elecciones generales) al ministro de Finanzas, Luis Mata, sobre las posibles características perniciosas fiscales de los regímenes ZEDE y Zona Libre (ZOLI).

En julio del año pasado la OCDE publicó su revisión sobre regímenes fiscales preferenciales, incluyendo a Honduras con ambos regímenes.

Sin embargo, el año pasado se derogó la Ley de las Zedes (no ha ratificado) y el gobierno lo comunicó a la OCDE que revisó el tema y en enero anterior comunicó que se suspendió la investigación.

Los señalamientos de la OCDE, en base a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Material Fiscal (MAAC), no se refiere en ningún momento a que el país corra el riesgo de ser un paraíso fiscal, como sostienen las autoridades tributarias que proponen una reforma fiscal con la Ley de Equilibrio Financiero.

En su reunión de noviembre de 2022, la FHTP actualizó conclusiones para 9 regímenes fiscales preferenciales. Además, la FHTP concluyó su segundo proceso anual de monitoreo de la efectividad en la práctica de la requisitos de actividades sustanciales en jurisdicciones impositivas nominales o nulas.

El 5 de enero anterior se publicaron los nuevos resultados de la Revisión de Pares sobre Prácticas Fiscales Perniciosas. De conformidad con estas conclusiones, se consigna el estado de derogado en relación con el régimen ZEDE, ampliando sobre el hecho de que no se prevén derechos adquiridos para el mismo.

Es importante indicar que el FHTP aún no ha emitido un pronunciamiento sobre los demás regímenes fiscales preferentes actualmente vigentes en Honduras, como lo son el régimen ZOLI (incluido dentro de los resultados de julio del 2022), pero no aparece en el nuevo informe.

Las ZEDEs fueron inicialmente contempladas como áreas del territorio hondureño sujetas a un régimen especial dentro del cual los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos. No obstante, el 20 de abril de 2022, el Congreso Nacional hondureño aprobó la derogación total de las ZEDEs en el país y está pendiente de ratificación.

La OCDE y su Foro sobre Practicas Fiscales Perniciosas

La OCDE ha creado el FHTP (Forum on Harmful Tax Practices, o Foro sobre Practicas Fiscales Perniciosas) con el mandato de supervisar y revisar las prácticas fiscales de las jurisdicciones, centrándose en las características de los regímenes fiscales preferenciales con el fin de determinar los que podrían resultar perniciosos o perjudiciales, comprendiendo tres áreas clave:

1. Identificación de características de los regímenes bajo revisión que pudieran facilitar la erosión de la base imponible y el desplazamiento de beneficios y, por lo tanto, tengan el potencial de afectar injustamente a la base imponible de otras jurisdicciones;

2. La revisión y supervisión del marco de transparencia de la Acción 5 mediante el intercambio espontáneo obligatorio entre jurisdicciones;

3. Revisión de los requisitos de actividades sustanciales en jurisdicciones fiscales nula o nominal tributación.

El pasado mes de julio la OCDE publicaba su revisión sobre regímenes fiscales preferenciales, incluyendo conclusiones para 12 de ellos:

Los resultados indican que de forma general las jurisdicciones continúan ajustándose con éxito a los estándares mínimos de la OCDE de forma progresiva, modificando o eliminando aquellos regímenes preferenciales considerados como potencialmente perniciosos.

Cabe señalar que estas conclusiones afectan a cada régimen fiscal determinado de forma aislada (normalmente habilitado para unas actividades y/o zonas concretas), no afectando al sistema tributario de una jurisdicción en su conjunto.

En el caso de España, la presión de la OCDE fue uno de los principales motivos que derivo en la modificación del régimen de Patent Box en 2015.

En esta ocasión, tres regímenes fiscales han sido considerados como potencialmente perniciosos: Free Economic Zones (Armenia), Information Technology Projects (Armenia), y Export Regime on IT (Pakistán).

En cuanto a los regímenes de Free Trade Zone (Costa Rica), Tax Patent Incentives (Grecia), Astana International Financial Centre (Kazajistán), y Special Economic Zones (Kazajistán) han sido exonerados de la lista de perniciosos, gracias a las modificaciones efectuadas por cada jurisdicción, fortaleciendo los requisitos de sustancia para la aplicación de los mismos.

La reforma tributaria que propone el gobierno con la Ley de Equilibrio Financiero, que eliminaría regímenes especiales, también modifica el tratamiento de los grandes contribuyentes en el reporte de sus rentas, a través del principio de renta mundial, y derogar el secreto bancario de los contribuyentes para el acceso directo de las autoridades tributarias.

Según los economistas, ambas medidas ponen en riesgo las inversiones y los depósitos financieros, ya que manda mensajes de alarma para inversionistas y depositantes de forma innecesaria ya que existen los mecanismos necesarios para combatir la evasión fiscal sin modificar ambas figuras.

Renta mundial, ¿doble tributación?

El gobierno propone “regresar al principio de renta mundial, permitiendo acreditar pago de impuestos en el extranjero”. Honduras aplica actualmente el principio de renta territorial, es decir que se paga impuestos por lo generado en el país.

En el año 2017, con la entrada en vigencia del Código Tributario, Honduras cambió su sistema de renta mundial a renta territorial. Los resultados previos no fueron positivos por falta de mecanismos que evitaran la doble tributación.

Pero ¿qué significa? Con el principio de la renta mundial “toda persona domiciliada o residente en un país pagará impuesto a la renta por todo tipo de ingresos, sean de fuente doméstica o extranjera”. Para los economistas, la renta mundial exhibe el grave problema de la doble tributación y en el peor de los casos buscaría castigar a los ciudadanos que invierten fuera del país.

También hay que tener en cuenta que si Honduras decide imponer tributos sobre los ingresos que un ciudadano obtiene en su territorio y en cualquier territorio extranjero, debe tener presente que los territorios extranjeros estarán regidos por gobiernos que también cobran ee mismo tributo, de lo contrario no habría manera de aplicarlo.

Para los analistas, la renta mundial no es un mecanismo para obtener más ingresos ni para evitar la defraudación fiscal, se trata de un mecanismo para gravar a los ciudadanos por sus ingresos fuera del territorio.

Sin embargo, las autoridades de Finanzas actuales estiman el Estado, en un año, dejó de captar más de 8.696 millones de lempiras en impuestos por las utilidades, debido al principio de “Renta Territorial”.

Secreto bancario ¿fiscal?

En el caso del secreto bancario, establecido en el Código de Comercio de 1950, el Ministro Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, sostiene que el nuevo Código Tributario aprobado en el 2017, “impide acceder a información de transacciones financieras con fines tributarios”. Por esa razón, argumenta, se proponen derogar el secreto bancario para fines tributarios.

Sin embargo, el Código Tributario, en su artículo 72, si permite el acceso a cuentas con fines tributarios, pero a través del ente supervisor (la Comisión Nacional de Bancos y Seguros).

“Cuando se trate de requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, préstamos y créditos y, demás operaciones activas y pasivas, a cargo de los bancos y sociedades financieras, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas naturales o jurídicas, y demás entidades sin personalidad jurídica, que realicen operaciones crediticias, éstos se deben efectuar por conducto de las entidades reguladoras principales. Los requerimientos individualizados deben detallar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate o, bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren; y,”

Los profesionales no pueden invocar el secreto profesional a efecto de impedir una posible comprobación de sus propias situaciones tributarias o aduaneras.

Y es que el secreto bancario existe en Honduras, pero cuando se refiere a investigaciones por lavado de activos, evasión fiscal, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, corrupción simplemente desaparece, ya que el
país es firmante de la Convención Americana Tributaria y la Convención Interamericana sobre la Corrupción y que las mismas permiten el acceso a información bancaria.

El país también es firmante de la Ley para el Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero (FATCA), de los Estados Unidos. Bajo esta normativa, EE UU puede exigir a las instituciones financieras información como el nombre, los haberes y los ingresos obtenidos por toda persona sujeta al cumplimiento de obligaciones con las autoridades fiscales norteamericanas.

Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economista (CHE), Liliana Castillo las reformas al secreto bancario podría generar fuga de capitales por el temor al manejo de la información financiera.

El Gobierno oficializó el aumento de 1.200 lempiras al salario de los empleados públicos de la administración central en general que será retroactivo desde el mes de enero, pero su pago se podrá recibir hasta el mes de mayo.

Según el Acuerdo Ejecutivo SETRASS 033-2023, pubicado en el Diario Oficial La Gaceta, se aprueba el “ajuste salarial de mil doscientos lempiras (L1,200.00) para el año 2023, a todos los servidores y funcionarios públicos de la Administración Central, sujetos o no al Régimen de Servicio Civil, los contratados temporalmente bajo la modalidad por contrato, incluyendo también aquellos de la modalidad de jornal dentro de la Administración Pública Central“.

Para efectos de cálculo del décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en
concepto de compensación social y vacaciones, se tomarán en cuenta los ajustes salariales acordados en la fecha de
suscripción del “Acta de Entendimiento y Acuerdo Laboral”, suscrito entre los representantes de los empleados públicos y del Gobierno el de febrero del año en curso.

Sobre su aplicación el decreto apunta que “Para todos los efectos legales, presupuestarios y financieros, el ajuste salarial general acordado será efectivo a partir del primero de enero de 2023; por lo que la fecha de aplicación del pago deberá ser a más tardar el 31 de mayo de 2023“.

El aumento para los empleados públicos es menor al del salario mínimo (9,80%) y al que se aplican en las instituciones públcas que tienen sindicato, por ejempleo las instituciones autónomas y las empresas públicas, aunque éstas reporten pérdidas para el Estado.

Un día después de recibir el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) concluyó que se manda un mal mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros y podría llevar a despidos en empresas establecidas que se sientan afectadas.

Aunque la ley no tiene efecto retroactivo y respetaría los beneficios otorgados, el Cohep estima que la aplicación de nuevos cambios en la metodología tributaria podría afectar las estimaciones en ingresos de las compañías en operación.

“Lo que se pretende es no atraer inversiones al país sino alejarlas, lo que se pretende no es generar empleo sino eliminar los puestos de trabajos formales que tiene actualmente el país”, dijo el director del Cohep, Armando Urtecho.

La nueva ley deroga unos 10 regímenes especiales en los que operan las maquilas, los generadores de energía, la agroindustria y el turismo, entre otros sectores.

Santiago Herrera, gerente de Política Económica, fue menos indulgente y consideró las reformas como “una masacre contra las empresas, una masacre contra los mayores empleadores, una masacre contra el pueblo”.

Según las autoridades tributarias, los “privilegios fiscales están ampliamente concentrados en las empresas de mayores ingresos”. En 2021, el 38% de empresas con ingresos superiores a los quinientos millones de lempiras -148 de 393 empresas- no pagaron impuestos por estar adheridas a algún régimen de beneficios fiscales.

En cambio, de 18.838 micro y pequeñas empresas con ingresos iguales o menores a un millón de lempiras apenas el 3,5%, 658 empresas, gozaron de los privilegios fiscales.

Según Urtecho la eliminación de exoneraciones no garantiza transparencia tributaria y envía un mal mensaje a los inversionistas al cambiar toda la estructura fiscal que promueve el país.

Agregó que se está atacando a las grandes empresas al señalar que una empresa que genera 25.000 empleos, no está cumpliendo con el respectivo pago fiscal.

“No sabemos si lo que quiere Marlon (Ochoa, director del SAR) es que esos 25 mil empleos que genera la empresa más grande que tiene el país se vaya para otro lado”, cuestionó el director del Cohep.

Agregó que la premisa del gobierno es que la empresa privada no paga impuestos, después de informar que aumentaron los ingresos en 2022. “Se ha mencionado en la presentación (de la Ley) que no se paga impuestos, que este país lo recibieron quebrado y se mandan mensajes que este país será declarado un paraíso fiscal”, apuntó.

Todos estos mensajes contradictorias harán más difícil la llegada de inversionista, incluso con la propuesta de “Llamado a la Acción”, que promueve Estados Unidos entre empresas de la región y de EE UU para apoyar a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador).

“Si tan mal estamos, si no queremos empresas ni empleos formales, es mejor poner un letrero diciendo que no venga las empresas y todos se vuelvan informales, ese es el mensaje de la presentación del gobierno”, concluyó.

Las autoridades gubernamentales se reunieron por primera vez con el sector privado para “socializar” la mayor reforma fiscal en las últimas décadas que incluye una derogación de regímenes especiales y leyes agregadas que otorgan beneficios fiscales para la inversión privada.

Según el proyecto de ley, en su exposición de motivos, hay un claro fracaso y “abuso” en las exoneraciones tributarias aprobadas para las Zonas Libres (ZOLI), Régimen de Importación Temporal (RIT), Zolitur y hasta en las Asociaciones Público Privadas (APP).

Bajo estas leyes se han creado la mayoría de las medianas y grandes empresas que operan en el país, entre las las maquilas, los call center, energía renovable y térmica, agroindustria, turismo (comidas rápidas, hoteles y restaurantes), transporte terrestre y concesiones gubernamentales APP (carreteras, energía, aeropuertos, puertos y muelles)

Ahora en adelante las empresas tendrían que registrarse en dos nuevos regímenes especiales (Zonas Francas y RINDE), que reduce a cinco años los beneficios fiscales, prorrogables hasta por cinco años más.

Las leyes que serán derogadas

El artículo 16 de la ley propuesta, cumpliendo con el principio de irretroactividad de la ley, sin afectar las exoneraciones otorgadas, se derogan los beneficios fiscales contenidos en las siguientes Leyes:

Ley de Zonas Libres (ZOLI), Decreto No. 356 de 1976, y el Decreto No. 8-2020 de fecha 12 de febrero de 2020 y sus reformas e interpretaciones.

Ley del Régimen de Importación Temporal (RIT), Decreto No. 37- 84 de 1984 y sus reformas; asimismo, el Decreto No. 175-96 de 1996 y sus reformas.

Ley de Fomento Agropecuario, Decreto No. 69 de 1970 y publicado el 25 de febrero de 1971.

Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables contenida en el Decreto No. 70-2007 de 2007 y sus reformas e interpretaciones.

Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales contenida en el Decreto No. 90-2012 de 2015 y publicado en febrero de 2016.

Artículo 14 del Decreto No. 138-2013, contentivo de exoneraciones fiscales para cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera que actúe como desarrolladora, financista, inversionista y/o socia de las empresas que desarrollen y operen proyectos de energía con recursos renovables nacionales y que tengan un contrato de suministro de energía (PPA, por sus siglas en inglés) firmado con la ENEE.

Artículo 23 de la Ley General de la Industria Eléctrica contenida en el Decreto No. 404-2013, que “impide la aplicación de un régimen impositivo extraordinario a empresas del subsector eléctrico”.

Artículo 2 del Decreto No. 119-2016 y su Fe de Errata que contiene beneficios fiscales para el sector agroindustrial.

Ley de Fomento al Turismo (LFT), Decreto No. 68-2017 y sus reformas.

Decreto No. 100-2017 del 2020 y sus reformas que contienen beneficios fiscales para el sector del transporte terrestre.

Decreto No. 92-2021 que contiene la ampliación de beneficios fiscales para la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR).

Ley de Promoción y Fortalecimiento del Mercado de la Industria Eléctrica contenida en el Decreto No. 123-2021.

Ley de Promoción de la Alianza Público Privada contenida en el Decreto No. 143-2010 y sus reformas e interpretaciones.

Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, contenida en el Decreto No. 51-2011 y sus reformas.

También se eliminará artículos relacionados a beneficios fiscales incluidos en otra leyes fiscales, incluida la Ley de Eficiencia, Ley de Responsabilidad Fiscal, relacionados a garantías de importación, ventas de exportadores en el mercado local, impresión, distribución y venta de formularios aduaneros y marchamos, precios de transferencia y prescripción de las
obligaciones tributarias.

La Secretaría de Finanzas hizo una evaluación de las exoneraciones tributarias de la última década y el valor monetario que dejo de percibir el Estado a cambio de la generación de empleo y desarrollo económico que se esperaba con incentivos fiscales.

Según Finanzas, cuyos datos son incluido en la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, unas 25 grupos económicos, a través de 142 empresas, acumularon más de 30 mil 791 millones de lempiras, el 66,76% de la totalidad de las exoneraciones fiscales aprobadas entre 2019 y 2021.

De los grupos empresariales 13 son internacionales y 12 nacionales. El principal grupo internacional aglutina a 13 empresas que habrían dejado de pagar “5.192 millones de lempiras, el 11,26%” del total de exoneraciones.

Un grupo hondureño aglutina a nueve empresas y las exoneraciones suman “4.411 millones (9,57%)”. Mientras 2.643 empresas, medianas y pequeñas, recibieron beneficios por un total de 15.329 millones de lempiras.

Según Finanzas, se trata de una “distorsión” en la aplicación de las leyes de regímenes especiales que se aprobaron con el objetivo de generar empleo y desarrollo socioeconómico, pero que no han dado el resultado esperado y por eso serán eliminados.

La institución financiera asegura que estos grupos se consolidaron bajo los beneficios de las leyes Zoli, RIT, APP, Zolitur y Energía Renovable, regímenes aprobados hace 47 años (Zoli) y 39 años (RIT), por ejemplo, y encontraron casos que incumplen los compromisos de generación de empleo, violan el límite de ventas nacionales, las garantías no se pueden
ejecutar, se exonera empresas que no están ligadas a la actividad turística, etc.

El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, dijo que el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria tiene tres objetivos: el primero es detener los abusos en los regímenes de exoneraciones fiscales a través de la opacidad tributaria, el segundo es implementar medidas para incrementar los impuestos existentes, y la tercera intención es evitar que el país sea declarado paraíso fiscal.

Los pasivos de la estatal de energía eléctrica siguen alza a pesar de cerrar el 2022 en su peor situación financiera histórica. En enero anterior, la deuda aumentó a “99.426 millones de lempiras”, según el informe financiero firmado por las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La deuda, que cerró el año pasado en 98.508 millones (un alza de 8.361 millones en relación al 2021), creció más de 900 millones de lempiras en enero, el mes de nuevas contrataciones de “personal técnico” para reducir las pérdidas de energía y mejorar las finanzas de la estatal.

De acuerdo al informe financiero, firmado por el Ministro de Energía, Erick Tejada Carbajal, la deuda con entidades financieras, en especial la interna, supera los 77.000 millones de lempiras, el 76% de los pasivos totales, además de unos “17.050 millones de lempiras en deuda con proveedores (en especial generadores de energía)”, además de otros pasivos.

En enero la partida que más creció, en 1.041 millones de lempiras, fue la del endeudamiento interno a corto y largo plazo que pasó de 6.336 millones de lempiras en diciembre a 7.378 millones en enero anterior.

(VEA: ENEE realiza segunda emisión de bonos)

El endeudamiento externo e interno a largo plazo supera los 58.629 millones y a corto plazo los 18.216 millones (17.795 millones al cierre de diciembre), incluyendo los intereses por pagar.

La “buena noticia” es que las pérdidas del primer mes del año fueron de 214 millones de lempiras, menor a los 483 millones reportados en enero del año pasado.

Sin embargo, el déficit acumulado de la ENEE aumentó a “76.241 millones de lempiras” (70.228 millones de lempiras en diciembre de 2022).

La deuda con los proveedores sigue en alza y pasó de 16.384 millones de lempiras en diciembre (14.699 millones en 2021) a “17.050 millones de lempiras”.

Los resultados financieros de enero dejan poco confianza en la recuperación de la ENEE a mediano plazo, como pregona el gobierno.

Una compra de 32 ambulancias realizará la Secretaría de Salud tras lograr la reorientación de 4.3 millones de dólares de un préstamo otorgado por el BCIE al gobierno anterior, para la compra de vacunas contra el covid-19.

Se trata del Plan Nacional de introducción de vacuna contra el COVID-19, una operación por 35 millones de dólares, que según el Banco Centroamericano de Integración Económico, llegó a su fin exitosamente tras la compra de 4.4 millones de vacunas y quedaron fondos sin ejecutar.

“Los recursos provienen de la reorientación por $4.39 millones de un financiamiento del BCIE para respaldar el Plan Nacional de introducción de vacuna contra el COVID-19, el cual finalizó exitosamente su implementación beneficiando a la población hondureña a través de la adquisición y aplicación de 4.4 millones de dosis de vacunas”, explicó el ente financiero.

Las ambulancias a comprar estarán “completamente equipadas para la labor que se realiza en 16 departamentos del país”. Según la entidad financiera, en coordinación con la Secretaría de Salud se iniciará con el proceso de adquisición de las unidades, para dotar de 19 ambulancias a 16 establecimientos del primer nivel de atención y 13 ambulancias a 8 hospitales pertenecientes al segundo nivel de atención. 

Las unidades médicas representarán un incremento del 14% de ambulancias disponibles en la red de establecimientos de salud pública. El préstamo es a 20 años plazo con cinco de gracia, es decir que no se pagará en la presente administración.

El impulso económico del país, o la readecuación de deudas, seguirá impulsada por endeudamiento tanto a nivel central como municipal. Prueba de ello es la apertura del Congreso Nacional para avalar el endeudamiento por 91 millones de lempiras para la Alcaldía de Choluteca.

Según la decisión legislativa, Decreto número 148-2022, argumenta que el Departamento de Choluteca, es sede de una fuerte actividad de agroexportaciones del país (frutas, camarones y azúcar) y Choluteca, es el “eje de las actividades de apoyo empresarial de la banca, los servicios de salud y el comercio interno regional”.

Y aunque esta municipalidad recibe desembolos anuales, al igual que el resto de comunas, el Congreso autorizó la negociación “para que pueda suscribir un convenio de crédito con una institución bancaria del sistema financiero nacional”, hasta por 91 millones de lempiras.

El préstamo sería destinado a los rubros de: “Proyectos de pavimentación, adquisición de maquinaria, alcantarillado sanitario, mercado Municipal y readecuación de deudas a un plazo de veinte (20) años“.

Esta readecuación de deuda se negociaría “con una tasa de interés anual máxima de 10%, con la forma de amortizar mediante pagos trimestrales de capital más intereses, una garantía fiduciaria municipal, salvo que existan mejores condiciones para el pago del convenio de crédito”.

Firman el decreto, el presidente en funciones del Congreso, Luis Redondo, el Secretario Carlos Zelaya, la Secretaria Luz Smith. Por el Poder Ejecutivo la Presidenta Xiomara Castro y Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada.