Humedal Chinchaycocha. Foto: Waldir Giraldo / SPDA

Escribe: Francisco Rivasplata / Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

En el Perú existen más de 18 millones de hectáreas de humedales (entre amazónicos, altoandinos y costeros)[1]. Su importancia radica no solo en ser el soporte de vida, sino también en brindar servicios de regulación hídrica, de aprovisionamiento y servicios culturales a favor, principalmente, de las poblaciones locales.

A continuación, revisaremos cuáles son los avances normativos en Perú y los desafíos que aún existen para que la protección legal de estos espacios esté consolidada.

1. Avance en la protección normativa

La protección legal de los humedales tiene su base en la Ley General del Ambiente (artículo 99), la cual reconoce a los humedales como ecosistemas frágiles; es decir, ecosistemas que “poseen ciertas características o recursos singulares con baja capacidad de retornar a sus condiciones originales e inestable ante eventos impactantes causados por el ser humano o la naturaleza, que producen en el mismo una profunda alteración en su estructura y composición”[2].

Nuestra legislación se ha ocupado de dotar de competencias a ciertas entidades sobre dichos ecosistemas. El Ministerio del Ambiente (Minam), por ejemplo, es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional de la gestión integral de los humedales. Asimismo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) es la entidad encargada de aprobar la lista de ecosistemas frágiles y de establecer las condiciones para el uso de los recursos. Por otro lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos, dentro del cual se encuentran los humedales. Como se puede observar, estas entidades públicas ejercen distintas competencias, lo cual significa que su coordinación y cooperación es vital para una gestión sostenible de los humedales.

Si bien el marco legal general en nuestro país exige la protección y conservación de los humedales determinando competencias a diferentes entidades, en el 2021, el Decreto Supremo 006-2021-MINAM consolidó un marco multisectorial para la gestión de estos ecosistemas, reconociendo su fragilidad y designando al Minam como la entidad que lidera su gestión de manera integrada.

Posteriormente, en el 2024, se aprobó la Ley 32099, Ley para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales” («Ley de Humedales»), cuyo reglamento fue aprobado en enero del 2025, mediante Decreto Supremo 002-2025-MINAM. Esta norma marca un hito en la protección de los humedales, pues fortalece el enfoque integral y descentralizado de su gestión, establece las infracciones en caso se identifiquen actividades prohibidas que amenacen a los humedales, sus componentes o sus bienes asociados, y contiene los alcances para la identificación de las zonas de amortiguamiento de los humedales, las que deberán ser delimitadas por los gobiernos locales.

Estas normas fortalecen el reconocimiento legal de los humedales y su importancia ecosistémica, al tiempo que establecen una gestión articulada entre las autoridades nacionales, regionales y locales, con participación activa de las comunidades y actores locales.

Alto Nanay. Foto: SPDA / ARA

2. Más allá de su reconocimiento: instrumentos operativos aún no reportan avances

La Ley de Humedales establece la necesidad de contar con documentos técnicos y administrativos para operativizar la gestión efectiva y eficiente sobre los humedales. Entre dichos documentos se encuentran:

Lineamientos para la elaboración de los planes de gestión integral de humedales, un instrumento que tiene como objetivo orientar a los gobiernos subnacionales en la planificación de medidas de conservación, protección y uso sostenible.
Protocolo de actuación interinstitucional para la protección y conservación de los humedales, el cual es es clave para fortalecer las coordinaciones entre las entidades con competencias en la gestión de humedales frente a infracciones, monitoreo y sanciones.
Criterios ambientales para la determinación de las zonas de amortiguamiento de humedales, que tiene como objetivo determinar las actividades permitidas, considerando el Plan de Gestión Integral de Humedales.

Estos instrumentos buscan superar uno de los mayores vacíos legales del pasado: la ausencia de mecanismos claros para que las distintas instituciones involucradas en la gestión de humedales actúen de forma coordinada. Sin embargo, a la fecha, no se han reportado avances en su elaboración, aun cuando su aprobación estaba determinada tanto en la Ley de Humedales, como en su reglamento para el primer semestre del 2025.

Asimismo, está pendiente la actualización y/o aprobación de los cuadros de tipificación y sanciones de parte de las entidades de fiscalización ambiental, en este caso, de parte de la ANA y Serfor, con el objetivo de adecuarse a la nueva normativa.

3. Un pronunciamiento clave para fortalecer la protección de los humedales de alta montaña

En 2025, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) aprobó la “Declaración sobre la urgente preservación de los humedales de alta montaña en Latinoamérica y en otras regio...

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