El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, acordado por PSOE-UP y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, ha sido convalidado en el Congreso.

El Gobierno Central presenta este decreto como “solución” a una situación anómala perpetuada durante años, donde miles de trabajadores públicos permanecen en un puesto de forma provisional más allá de los tres años límite que marca la ley. Decreto que hay que desarrollar en proyecto de ley, y que busca in-extremis una salida a la regularización exigida por la Directiva Europea 1999/70/CE.

Que no os engañen. Europa no dice que a un interino haya que nombrarle funcionario sin pasar una oposición.

Que no os engañen. Europa dice que hay que regularizar la plaza que ocupa un interino, no que hay que regalar esa plaza a un interino.

Que no os engañen. Europa no se opone a que la oposición sea el único medio de acceso a un puesto de funcionario.

En la anterior publicación Por un acceso justo a la función pública. No a los privilegios de los interinos, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) defendimos la oposición como único medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.

PLADEPU aboga, en el caso que se valoren los méritos profesionales, se valore toda la experiencia laboral. La experiencia en una Administración Pública y la experiencia en la empresa privada o como autónomo.

PLADEPU insta a los funcionarios de carrera y al personal laboral fijo a que manifiesten su repulsa y oposición, al atropello de sus derechos que pretenden perpetrar intentando funcionarizar a los interinos, mediante en el mejor de los casos, la realización de un concurso o un pseudo concurso-oposición.

La Administración Pública no se vende, se defiende.

Noticia de El Confidencial: Interinos y 'cultura del coladero'.

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El PSOE ha presentado una moción de censura contra el gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), y desde el punto de vista de unos buenos servicios públicos, pensamos que sobran los motivos para desalojar al PP después de 34 años en el poder por argumentos que no tienen que ver con izquierdas o derechas, sino por higiene política.

Del partido Ciudadanos y del Sr. Igea a su cabeza no podemos esperar nada. Ya engañaron a los ciudadanos de esta región hace 2 años, prometiendo regeneración, y lo único que han conseguido es degenerar aún más esta Comunidad Autónoma ¿Dónde ha quedado su intención de limpiar la administración B cuando más bien han ayudado a engrosarla?

Efectivamente, son 34 años de poder del PP en esta región, y la situación no puede ser peor. La principal lacra que sufre Castilla y León es la despoblación, y se ha certificado que el PP no es capaz de detener la sangría poblacional. Es más, hace todo lo posible para que los castellanos y leoneses emigremos a otras zonas. El medio rural agoniza pero se siguen cerrando consultorios médicos o somos la Comunidad Autónoma con más pueblos incomunicados digitalmente.

La administración de Castilla y León es una red de clientelismo, donde no se pone coto a la administración B, y cada día crece y crece más. En el ICE (antigua ADE) trabaja quien quiere, porque hay empleados públicos de esta empresa que no dan un palo al agua. El ITACYL hace las mismas obras que las que realizan los funcionarios de la Consejería de Agricultura. En el SOMACYL utilizan gratis los Ingenieros de Caminos de la Junta de Castilla y León para dirigir sus obras. Y la Fundación Siglo es el desmadre elevado a la enésima potencia. Pero en vez de cerrar estos chiringuitos, que nos salen muy caros a los ciudadanos, se contrata cada día a más personal.

Es una Administración que no cree en los servicios públicos de calidad, como se ha demostrado estos días con la exigencia de retirada de los carteles de escuela pública en los colegios públicos, pero que no han exigido retirar los lazos naranjas en los colegios concertados.

La Administración de Castilla y León no hay por dónde cogerla después de 34 años de gobierno del PP. Está totalmente politizada, donde la práctica totalidad de las plazas entre los niveles 26 y 29 son de libre designación. Somos los funcionarios peor pagados de España. Hay más de 30% de las plazas vacantes. La tasa de interinidad supera el 10%. Un tercio de los funcionarios están en comisión de servicio. Comisiones de servicio que no son públicas, en contra de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, es decir, son ilegales. Hay más de 500 personas que están trabajando para la Administración de Castilla y León en fraude de Ley como personal laboral cuando realizan trabajo de funcionarios. Y siguen sin crearse esas plazas en la RPTs. Hay más de 135 desertores de la tiza, enchufados, que trabajan como funcionarios cuando son personal docente. Los funcionarios llevamos 7 años de media sin un concurso de traslados completo, cuando la Ley exige, al menos, un concurso anual.

Y la guinda a este desbarajuste, es la inmensa corrupción. La perla negra, la trama de las eólicas, el polígono de Portillo, el caso de las embajadas, la Ciudad del Medio Ambiente, los cuestos de Benavente... Un Consejero condenado en firme por corrupción, viceconsejeros y Directores Generales imputados… Corrupción que sale muy cara a los ciudadanos de Castilla y León.

PLADEPU reclamamos una Junta de Castilla y León que gestione los recursos públicos priorizando el servicio al ciudadano y no salvaguardando su propia imagen. Los ciudadanos son la única razón de su existencia y su verdadero cometido. Muchas veces es en lo último en que se piensa, salvo en el momento del voto.

Recién iniciada la campaña de vacunación para prevenir la Covid-19 en Castilla y León, cuya primera etapa está dirigida a residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores, creemos interesante disponer de la máxima información objetiva de la vacuna que se ha empezado a suministrar, la de Pfizer. El siguiente enlace de la Agencia Europea del Medicamentos contiene la ficha actualizada y el prospecto de dicha vacuna:

Ficha técnica oficial de la vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech.

¡Feliz año 2021 y un sistema inmune fuerte y sano!

En los últimos tiempos venimos asistiendo a una campaña mediática, alentada por las centrales sindicales mayoritarias, pero sobre todo por USCAL, donde se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos, sin que dicho personal apruebe la correspondiente oposición. Quieren convertir en funcionarios de carrera a interinos mediante un examen a la carta o un concurso oposición, lo que les proporciona una clara ventaja competitiva frente a otros aspirantes que no han tenido la suerte de ser interinos. En los casos más espeluznantes, se quiere hacer funcionarios de carrera a interinos sin prueba alguna, solo por el mero hecho de ser interinos. Alucinante.

El artículo 23 de la Constitución Española es claro: “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto, las pretensiones de estas organizaciones sindicales son directamente inconstitucionales, y no hay más que hablar del asunto.

Sin embargo, las organizaciones sindicales y los propios interinos alegan que estos trabajadores se encuentran en fraude de ley, y por tanto, deben tener un trato diferente para acceder a ser funcionarios de carrera. Este trato diferente que promulgan, se traduce en tener ventajas competitivas frente al resto de opositores, es decir, saltarse la Constitución Española y perjudicar al resto de opositores que no han trabajado en la Administración. Además, estas organizaciones sindicales exigen que solo se valore la experiencia laboral en la Administración, lo que ya convierte este desaguisado en un circo. Se puede dar la circunstancia, que el famoso cocinero Arzak se quiera presentar a los concurso-oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León, pero como solo ha trabajado en su restaurante de tres estrellas Michelin durante 50 años y ningún año para la Administración, no se le contabilizaría ningún día de experiencia como cocinero en la oposición de cocinero de la Junta de Castilla y León. Demencial.

Pero volvamos a la legalidad, y al presunto fraude de ley que proclaman algunas centrales sindicales y sus acólitos. Fraude es que cada año no salgan en la oferta de empleo público todas las plazas de interinos, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público y que incumple sistemáticamente la propia Junta de Castilla y León.

Cuando un interino entra a trabajar en la Administración, sabe que es por un tiempo limitado. Y todo lo que pase de dos años trabajando como interino, supone una suerte y privilegio frente a otras personas que están apuntadas en la cola del paro, y por supuesto, en ningún caso supone tener más derecho que otro para ser funcionario de carrera. En vez de estar agradecidos por haber tenido un trabajo durante años, algunos pretenden la cuadratura del círculo, y convertir el privilegio que han disfrutado en un contrato indefinido en la función pública por la cara. Nadie obliga a un interino a prolongar indebidamente su relación laboral con la Administración. Lo que no están contentos, que mañana no vuelvan, que la lista en el paro es muy larga. Pero dudamos que haya muchos casos de funcionarios interinos que hayan dejado su puesto de trabajo para incorporarse al mercado laboral privado.

También alegan los interinos que ahora tienen cargas familiares, y que trabajar y opositar simultáneamente es muy difícil. Pero las decisiones vitales que toma cada persona, no deben perjudicar los derechos de otros opositores. Y a lo mejor, estos interinos no han conocido a funcionarios de carrera que en su momento abandonaron su trabajo para opositar, u otros con menos suerte, que se dejaron las pestañas por las noches porque sus condiciones de vida les impedían poder dejar su trabajo para opositar.

Por ello, desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) exigimos que se cumpla la Constitución, y que únicamente exista la oposición como medio de acceso a la función pública, donde todo todos los españoles puedan en igualdad de condiciones conseguir una plaza de funcionario.

Apoyamos la valoración del tiempo trabajado de los interinos, una vez superada la fase de oposición, entre los méritos para pedir plaza, así como otros méritos como la condición de víctima de violencia de género y horfandad por esta causa.

Y por supuesto, desde PLADEPU estamos en contra de la precariedad laboral y de estas tasas tan impresentablemente altas de interinos que hay en la Junta de Castilla y León. Es difícil dar un servicio público de calidad con estas tasas de temporalidad. Y claro está, a estos interinos, cuando se les ocupe su plaza, se les debe indemnizar por los servicios prestados.

Es necesario controlar el coronavirus, pero sin olvidar que existen también otras dolencias que no estamos diagnosticando ni tratando a tiempo. Y algunas son enfermedades con un alto índice de mortalidad entre la población.

Un tercio de los fallecimientos en este periodo de crisis por el coronavirus han sido por atención sanitaria deficiente o directamente por desatención. Desde marzo hasta julio de este nefasto año, parece que solo existía Covid19, el resto de afecciones desaparecieron como un plumazo. Ya no había ictus, enfermedades cardiovasculares o cáncer, por poner tres ejemplos de enfermedades graves que prácticamente se han abandonado, con desastrosas consecuencias.

¿Por qué el estamento médico no se ha pronunciado sobre el incumplimiento de su código deontológico que dice que el primer contacto con el enfermo tiene que ser con presencia física? Salvo honrosas excepciones, la mayoría se han callado y los centros de salud han impedido el acceso de los pacientes. Todo se hacía por teléfono. Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) solicita la revisión inmediata de los protocolos de acceso a la atención presencial porque dicha decisión administrativa y política está costando vidas, así como la incorporación inmediata de más personal sanitario para afrontar las necesidades sanitarias reales que demanda la población, más allá del virus.

El objetivo de todo médico es intentar curar y si no le dejan, expresarlo a los cuatro vientos, por dignidad. Se echa en falta la voz del estamento médico alertando sobre estos hechos. Ellos son los primeros que deberían denunciar a quienes les impidieron ejercer la medicina. En todos esos casos hay responsables y el silencio es cómplice. El resultado de esta gravísima dejación de funciones sanitarias está siendo agravamientos, cronificaciones e incluso la muerte de pacientes.

Los siguientes ejemplos son solo la punta del iceberg, pero desgraciadamente hay muchos más:

• Fallece de un cáncer con metástasis una palentina de 54 años, tras 6 meses esperando una cita presencial.
• Sacyl oculta el historial de una mujer medicada por teléfono por «vómitos» que murió de cáncer.
• Fallece de cáncer sin lograr una sola cita presencial con su médico.
• Cuando una vida joven se acaba en seis meses.
• Un niño de ocho años muere de peritonitis en Alicante tras acudir cinco veces a urgencias y no recibir apenas tratamiento.

Hay una peticion para firmar en change.org solicitando que se tomen medidas para que los diagnósticos se den a tiempo.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) es consciente de la complejidad de la vuelta al cole y defiende enérgicamente que se haga en condiciones de seguridad para alumnos, profesores y familias.

Reclamamos un espacio de diálogo real para afrontar este reto.

Porque consideramos necesario antes de la vuelta al cole una reunión educación, sanidad y padres para afrontar esta situación. Así como la imperiosa necesidad de implicar a la Consejerías de Familia y de Empleo para adoptar las medidas de conciliación que está situación excepcional reclama.

Todos queremos que nuestros hijos vayan al cole, pero de la manera más segura y no sólo cumpliendo plazos. En la misma dirección; que la burocracia no sea un obstáculo. Diálogo real y abierto para buscar soluciones.

Queremos dar voz a una de las propuestas de acción para que quien lo considere se sume o no en libertad:

Grupo de facebook Derecho a enseñanza sin riesgo en Pandemia

Manifiesto y análisis Vuelta al cole segura.

Queja al Procurador del Común de Castilla y León.

Formulario de adhesión.

Postura oficial: Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021.

Noticia relacionada: Padres exigen una 'vuelta al cole' "segura" en septiembre y la convocatoria del Consejo Estatal de Familias.

Nuestros hijos, nuestros coles, nuestras familias son lo más importante.

NO SIENTO EL NIÑO QUE ENFERMÓ, SINO LAS MALAS MAÑAS QUE APRENDIÓ

El Decreto-Ley 4/2020 de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado en el BOCYL de 19 de junio, supone un atraso de casi 60 años en el tiempo, destruyendo todo lo conseguido en protección del medio ambiente desde 1961, ya que vulnera importantes trámites medioambientales al eliminar los pasos de información y audiencia públicas, desregulando las licencias ambientales y abriendo la veda a actividades insalubres o nocivas.

Con la disculpa de “eliminar trámites, agilizar los procedimientos y simplificarlos para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la COVID-19”, la Junta de Castilla y León elimina de un plumazo las garantías existentes hasta ahora, en un ejercicio intolerable de despotismo contra toda la ciudadanía de esta maltratada Comunidad Autónoma. Veamos por qué:


1.- Posible vulneración de derechos constitucionales:

Esta desregulación autonómica -aprobada en las Cortes con los votos de PP, Cs y Vox- no ha sido objeto de un proceso previo de participación pública, ni ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, vulnerando derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la información y la participación de la sociedad en los asuntos públicos, siendo contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa.


2.- Eliminación de garantías públicas:

En 2014 la Junta ya suprimió el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, pero ahora completa el desmantelamiento de garantías con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes como trámites previos para la obtención de la licencia municipal, lo que supone una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental del RAMINP o Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población. Esto implica “barra libre” para macro explotaciones ganaderas e industrias alimentarias y una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos. La posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate.


3.- Legalización de actividades ilegales:

Este Decretazo legaliza automáticamente las actividades ilegales con más de diez años en funcionamiento al paso o al hilo de regular la situación de las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias ejecutadas al amparo de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental anuladas judicialmente, tal y como se refleja en la Disposición Adicional Cuarta “Actividades o instalaciones en funcionamiento sin licencia ambiental o comunicación ambiental. Las actividades o instalaciones que no cuenten con una licencia ambiental o no hayan efectuado comunicación ambiental, pero que estén en funcionamiento desde hace al menos diez años, ubicadas sobre un suelo con una catalogación acorde con la actividad desarrollada y cuenten con licencias urbanísticas emitidas por el Ayuntamiento para su desarrollo, se entenderá que disponen de la licencia ambiental o que han efectuado la comunicación ambiental”. Esto se llama aprovecharse de la situación.


4.- Normativa más laxa:

El texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León regula tres regímenes de intervención administrativa para las actividades o instalaciones susceptibles de afectar al medio ambiente, que se concretan de más a menos efectos, en: autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación ambiental. Por medio de este Decretazo pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, lo que implica eximir de dicha licencia a las explotaciones ganaderas (incluidas las macro) e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, y otras actividades que pueden ocasionar molestias considerables que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento, empezando a funcionar sin información pública ni audiencia a los vecinos. Y todo ello, con independencia de que se instalen en un polígono industrial, en un área residencial o incluso en un piso. Estas pueden ser las consecuencias, por mucho que el Decretazo pretenda zanjarlo con eufemismos como “se beneficiarán de la reducción de cargas administrativas y la disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente (…) para reactivar la actividad económica y de estimular el mantenimiento del empleo con el fin de superar la situación de crisis económica”. La justificación de siempre.


5.- Desoye dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia:

Dos veces han tumbado los tribunales los intentos de la Junta de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019, anulaban respectivamente el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y el Decreto 8/2018, de 5 de abril, suponen un contundente rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias. Pero como no hay dos sin tres, este Decretazo viene a desmantelar el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional que suprime “de facto” el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961.

¿Cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco?

Este escrito es una pequeña reflexión de nuestra vida “antes del COVID-19”. Ahora, después de unos días, los “los hilos que no vemos” serán más fuertes y ásperos. La buena noticia es que se pueden cortar; para ello tienes que querer verlos y salir de tu individualismo.

“Estás en el médico para ser atendido. Hay muchas personas esperando contigo. Cabezas bajas, con nervios, quieren entrar, …deseas que los pacientes que están dentro no tarden, así puedes entrar pronto e ir a otro sitio. El médico tiene una lista grande de personas que confían en ser atendidas. Pero, a veces, parece demasiado la espera. No quieres estar tanto tiempo ahí, pero también sabes que atender a un enfermo lleva su tiempo. Y, además, pretendes que a ti también te presten atención. Dentro de todo este estrés, te encuentras enfermo, con pocas fuerzas y con necesidad de cuidados.”

Es un ejemplo de la vida diaria. ¿crees que esto sucede inevitablemente o que es algo premeditado? Quizás todo está pensado y sucede por algo o porque alguien quiere que así ocurra.

Desde los grandes poderes (económico, político, empresarial, etc…), organizan y dirigen nuestra pequeña vida. Lo fundamental es regular a la población que, en las sociedades consumistas o hiperconsumistas como la nuestra, se ha convertido a la “vida” en una “mercancía”.

La organización de nuestra educación, de nuestro trabajo, de nuestros deseos, de nuestra salud, … se realiza desde acciones y discursos que se introducen en la sociedad como “verdades” asumidas por toda la población. Se asumen “planteamientos”, pero no se piensan ni se reflexionan. Una de las “verdades” asumidas desde la población actual es que, la crisis hace que exista poco dinero para invertir en la salud, en cuidados de mayores, en cuidados de niños, etc... Por eso, se acepta que el cuidado de la salud se preste con menos servicios que antes, que tengamos que asumir no tener un médico cuando lo necesitamos, en definitiva, que no tengamos una garantía de cuidados para nuestra vida. La ciudadanía asumimos este panorama como “verdad”, y provoca que las personas no podamos ser diagnosticadas a tiempo, o que no haya un sistema de prevención de enfermedades, o que la mortalidad se incremente. Esto es aceptado, e incluso justificado por nosotros mismos, hasta tal punto que, muchos contratan seguros privados de salud. Esto es una forma de regular las sociedades. Una regulación que se realiza sin ordenar, sin imponer, más bien pareciera que, todo lo realizamos de forma voluntaria.

Se difumina la garantía de que existe un poder garante de la salud, del bienestar y de los cuidados, Las grandes multinacionales y los grandes poderes, con acceso a tecnologías sofisticadas, dirigen la vida y la muerte de las personas. Estos poderes dirigen nuestra vida de muchas formas. Y la ciudadanía, las personas, ¿qué podemos hacer?

Quizás “parar” y “pensar”.

Algunos autores hablan de “necroeconomía”, en el sentido de que una de las funciones del actual sistema económico es producir, a gran escala, una población “superflua”, una población que no tiene necesidad de explotar, solamente tiene que gestionarla. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control.

Otra forma de comportamiento de la economía actual es la explotación de la mano de obra que se produce tanto en el mercado regulado como en el no regulado. El desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de los pensionistas, etc., son efectos de este modelo que sitúa la precariedad en el centro de las relaciones laborales. Otra de las maneras de actuar de nuestra economía es lograr que las personas se vayan de las zonas rurales, aparentemente, de forma voluntaria. Detrás de eso están las grandes políticas que no abastecen de servicios a esas zonas y, la población, sin más remedio, debe abandonar sus hogares. En algunas zonas, esta despoblación y abandono se utiliza para que, grandes multinacionales extraigan recursos naturales a un coste bajo; o se produzca acumulación de terrenos para monocultivos que favorezcan a las grandes compañías.

Se pueden poner más ejemplos, solamente hay que mirar a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿está pasando lo inevitable o está pasando lo que “alguien quiere que pase”?

La crisis del coronavirus ha demostrado que el sistema sanitario de Castilla y León no estaba preparado, así como tampoco el de ninguna Comunidad Autónoma independientemente de su color político. También deja patente que quienes han resuelto la situación no han sido ni el gobierno central ni la Junta de CyL, no. Han sido trabajadores y trabajadoras del sector sanitario y de cuidados, la mayoría en situación precaria y con sueldos bajos, que han tratado de salvar la crisis sanitaria como han podido, con vocación y creencia en el servicio público. Estas personas lo han conseguido a pesar del gobierno y también a pesar de una parte de la sociedad (normalmente media o alta, el sector instalado) que mira para otro lado frente a la precarización de la administración y su venta al mejor postor; tres pitos les importa la privatización de servicios públicos y allá se hundan la educación o sanidad públicas.

¿Por qué las residencias de ancianos se han convertido en verdaderas morgues de las personas más débiles, no solo por edad, sino por razones económicas? Residencias privatizadas, convertidas en negocio empresarial, subcontratadas a fondos de inversión, que apenas gastan en mantenimiento (y desde luego no en personal cuidadores y enfermeros/as)

¿Por qué un sistema sanitario que presumía de estar entre los cinco primeros del mundo ha caído como un castillo de naipes?

¿Por qué además el desastre es mayor en regiones en las que la sanidad opera como un “mercado sanitario”, en beneficio de empresas privadas que gestionan buena parte del sistema público, faltando camas, UCIs y personal?

¿Por qué Europa ha carecido de todo, suministros, EPIs, reactivos, etc., teniéndolas que importar masivamente de China, precisamente?

¿Qué tipo de crisis ha destapado el coronavirus? ¿Es esta crisis la del desgaste de los sistemas públicos, de unas sociedades endeudadas y proletarizadas, con mayor brecha respecto a esa clase poderosa y bien instalada?

¿Ha sido realmente eficaz el confinamiento total; cabían otras formas menos severas de distanciamiento social y con consecuencias económicas algo menores?

El artículo Sociología (breve) del estado de alarma de Emmanuel Rodríguez nos debe hacer reflexionar.

Gracias a empleados y empleadas públicos se están manteniendo los servicios básicos que necesitan tantas personas en estos tiempos de crisis.

Además del evidente personal sanitario, docente, bomberos o protección civil, también hay mucha plantilla trabajando a destajo para sacar adelante ayudas sociales a los sectores desfavorecidos o los ERTEs, de forma que nadie se quede sin cobrar un mínimo subsidio.

Además hay personal funcionario de información pública y en los registros para poder seguir presentando documentación, otro de apoyo al sector de la agricultura, del medio ambiente o manteniendo las guías sanitarias del ganado. Y muchas personas teletrabajando desde sus domicilios para que a pesar del parón en los plazos, las situaciones burocráticas más esenciales no se pierdan o queden sin respuesta.

En este contexto, os recomendamos el artículo Los probos funcionarios de Juan Carlos Escudier.

Si algo estamos aprendiendo de esta crisis del Covid-19 es que los recortes matan. Lamentablemente estamos pagando los recortes en sanidad con muchas muertes que se podrían haber evitado. A base de lágrimas vemos cómo debemos defender la sanidad pública y no permitir que se desmantele ni una sola cama en hospitales públicos ni ningún puesto profesional. Ya que solo en Madrid se han perdido 2.100 camas.

Sí, tantos años de desmantelar lo público para ponerlo al servicio de empresas está costando vidas, demasiadas vidas, y todo por falta de personal, de medios materiales, equipos de protección o diagnóstico entre otros.

Y para no caer en trampas, hay que fijarse en el gasto sanitario público por habitante. No debemos dejarnos engañar por el baile de cifras: cuando algunos partidos políticos venden que se ha aumentado el gasto en sanidad sin especificar, se refieren al aumento NO en sanidad pública sino en clínicas privadas o en gestión privada de hospitales, lo que supone sobrecostes del 25%.

A las empresas privadas se derivan tratamientos sencillos y las operaciones quirúrgicas menos complicadas que es donde hay negocio y rentabilidad, pero la privada no quiere saber nada de los asuntos graves como es el coronavirus, de triste actualidad.

Así por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid vemos que gastó 921 millones de euros en conciertos con la sanidad privada y solo 32 millones en la pública en el año 2016, reduciéndose la inversión en el mantenimiento de centros públicos en un 77 % lo que provoca que estén “cayéndose a pedazos”.

O sin ir mas lejos, en Castilla y León el nuevo hospital de Burgos supuso un sobrecoste de casi 700 millones de euros sobre el proyecto inicial, una salvajada de la que casualmente participan algunas empresas amigas del PP por estas tierras. PLADEPU hemos colaborado en la recogida de firmas para recuperar el Hospital Universitario de Burgos (de gestión y titularidad privada) para el Sistema Público de Salud y denunciado las consecuencias del negocio de la sanidad privatizada.

La sociedad tiene que hacerse consciente de este desprecio por la salud de las personas de quienes únicamente buscan enriquecerse y hacer negocio con lo que sea. Pero no, la salud no puede ser un negocio y ahora es el momento de defender lo público.

Lo mismo ocurre con externalizar servicios básicos como la producción de mascarillas, respiradores o equipos de protección individual (EPIs) específicos. Según datos de CAS Madrid, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, Alemania es el mayor fabricante europeo de respiradores y ha prohibido su exportación así como de otro tipo de material médico. El cuanto a los equipos de protección, hay muchas quejas de quienes en primera línea se están jugando la vida para salvar otras. No tiene ningún sentido desechar los EPIs tras un uso de pocas horas en lugar de reutilizarlos después de una limpieza y esterilización pero no es posible hacerlo, ya que en la mayoría de los hospitales, los servicios de lavandería y esterilización también han “sido externalizados”, por lo que no asumen dicha tarea. Aquí también se podría ahorrar dinero y garantizar la seguridad de quienes nos cuidan.

O en el caso de los test diagnósticos, absolutamente imprescindibles para evitar colapsar las urgencias y UCIs, ya que la prevención junto al tratamiento, salvan vidas. Otros países nos demuestran que los test son básicos si se quieren parar los contagios. ¿Por qué han tardado mas de dos meses desde el inicio “oficial” de la pandemia en empezar a distribuirse y aún faltan? Pues por falta de abastecimiento.

Igual está pasando con la hidroxicloroquina: parece que funciona en algunos casos de Covid-19 y las existencias en los hospitales españoles están prácticamente a cero, así como es escasa la posibilidad de conseguir comprarlo en el mercado internacional ya que India, mayor productor mundial, que era quien abastecía al mercado español, ha prohibido la exportación de su molécula. De forma que en estos momentos no hay capacidad para fabricarla en el estado español ni tampoco para conseguirla fuera. Con éste y otros ejemplos, se hace necesaria la creación de un sistema de farmacia público como sector estratégico, para hacer frente a emergencias y a los chantajes de las multinacionales. Todas estas denuncias de CAS están aquí.

En este mundo globalizado para bien o para mal (más bien esto último), la privatización de la salud en las altas esferas nos afecta a esta pequeña escala de nuestro país, ciudad o pueblo. Nos han usurpado las instituciones públicas a todo nivel para ponerlas al servicio del capital y los mercados, como se puede leer en este articulo donde el ex director del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, el señor German Velásquez explica que la OMS está secuestrada por los intereses privados de la Big Farma, industrias farmacéuticas y multinacionales disfrazadas de Fundaciones.

¿Quizás es una locura dejar en manos de corporaciones las medidas que se deben tomar en una crisis mundial tachada de pandemia, esto no es mejor que se haga en una institución genuinamente pública?

Ojalá cuando salgamos de este desastre, la sociedad tome nota de la importancia de unos servicios sanitarios públicos por ser un derecho fundamental y no permita que ese derecho nos sea robado nunca más.

Respuesta a incorporación de liberados sindicales en Talavera de la Reina

La Platadorma en Defensa de lo Público (PLADEPU) quiere denunciar la postura de los liberados sindicales sanitarios y médicos de las centrales USCAM, CSIF, UGT, CCOO, USO, SATSE, CESM y USO en Talavera de la Reina, Toledo, tras conocer una carta infame donde consideran que no está convenientemente justificada su incorporación a activo con la crisis del Covid-19, ya elevada a categoría de pandemia. Parece ser que esto no es suficiente emergencia para ellos.

En Castilla y León es sorprendente que hayan esperado tanto tiempo muchos liberados para unirse y que les hayan escudado hasta hoy. Afortunadamente la mayoría han respondido al llamamiento y solo unos pocos han buscado mil excusas para escaquearse, como refleja El Norte de Castilla en la noticia La Junta llama a 266 liberados sindicales para incorporarse en puestos sanitarios regionales.

Con la que está cayendo, quienes se ponen de perfil dan una respuesta absolutamente despreciable, indigna de la profesionalidad de la mayoría de los sanitarios y que merece contestación. Estamos viendo falta de personal y de medios, hospitales colapsados o a punto de desbordarse y con sus profesionales extenuados. Incluso médicos/as en su jubilación que se reintegran al trabajo o estudiantes de últimos cursos que se forman a marchas forzadas y se les contrata; pero sin embargo estos "compañeros" no ven necesario pasar a la situación de activo.

Por suerte son un grupúsculo vergonzoso pero mínimo dentro del gran colectivo sanitario y de todas las personas maravillosas que trabajan en hospitales y centros de salud, quienes están dejándose la piel para cuidarnos y evitar muertes.

Una reflexión final: ojalá que de ésta, al fin toda la población entienda la importancia de un buen sistema público de salud y salga a la calle a defenderlo cada vez que pretendan nuevas privatizaciones de hospitales y otros desmantelamientos de servicios públicos. Asimismo, que esta crisis nos abra los ojos y exijamos dar marcha atrás para que todo lo que fue usurpado a lo publico y privatizado, vuelva a ser público de nuevo, una vez demostrado que es el pilar de la Sanidad.

Acabamos de conocer una mala noticia: últimoCero deja de publicar contenidos por falta de respaldo económico suficiente. Solo las aportaciones individuales de muchas personas sirven para eludir la censura que supone la ausencia o concentración de grandes anunciantes, privados o institucionales, y este apoyo para mantener un medio libre sostenido por sus lectores, no ha sido posible.

Cuando un periódico o plataforma digital desaparece, es algo muy malo para la libertad de información, pero aún resulta peor en el caso de ultimoCero.com, porque era especial... desde el principio y durante estos 7 años de andadura, ha estado del lado de colectivos, plataformas y asociaciones que eran silenciadas en el resto de medios de comunicación. Sacaba a la luz las denuncias incómodas que nadie más publicaba, con total libertad y verdadero rigor informativo, sin mordazas ni candados, comprometiéndose con la defensa del derecho de tod@s a acceder a la información al margen de su capacidad económica. 

últimoCero siempre tuvo un espacio para las acciones y denuncias de PLADEPU en defensa de lo público, apoyando las demandas contra Juan Vicente Herrera en la Junta de Castilla y León y poniendo el foco en la pérdida de derechos de 80.000 empleadas y empleados públicos de la Comunidad, de quienes el PP se ha reído durante 30 años y ahora continúa haciéndolo en coalición con Ciudadanos, los de la regeneración democrática. 

Es una pena que no haya habido más compromiso por parte de colectivos a quienes últimoCero ha servido informativamente cada día, el de funcionari@s y empleadas y empleados públicos.

Seguimos convencidos de que el modelo periodístico del presente es digital, pegado a la realidad local de cada territorio, en el contexto de una sociedad global interconectada. Pero, sobre todo, financiado con las aportaciones individuales que sumadas garantizan la necesaria libertad informativa. Solo esa garantía de independencia puede combatir el discurso uniforme de las contadas corporaciones económicas que dictan el discurso que ellos mismos presentan como “realidad”.

Muchas gracias Germán, Gaspar y Fernando por vuestro compromiso, valentía y tesón, que no cae en saco roto. Dejáis un hueco imposible de llenar. Desde PLADEPU os pedimos perdón por quizás no haber estado a la altura y ojalá esto sea solo un hasta pronto.

EN UNA ACTUACIÓN MAFIOSA IMPIDIENDO EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE UN ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS

Los funcionarios autonómicos de la Junta de Castilla y León somos los peor pagados de España. No tenemos carrera profesional. No tenemos un concurso de traslados anual, aunque así lo exige la Ley. Nuestras RPT son un desastre. Y por supuesto, somos de las pocas administraciones que tenemos 37,50 horas semanales.

¿Y qué han hecho los sindicatos pactistas, CSIF, CCOO y UGT, en estos últimos años? Pues han tenido el cuajo de ser cómplices de que no se convocase la mesa sectorial de la función pública en los últimos 8 años. Mientras los docentes y sanitarios tienen sus propias mesas de negociación, a los funcionarios y laborales se les ha usurpado este derecho. Conclusión. Los sanitarios y docentes tienen carrera profesional y concurso de traslados anual. Los funcionarios no. Y los laborales tampoco la carrera profesional. Hasta en las negociaciones de las RPT de funcionarios han intervenido sanitarios y docentes, y no la tercera fuerza sindical de funcionarios más votada. Demencial y vergonzoso, pero cierto.

Pero claro, después de esta actitud y con estos resultados nefastos, los sindicatos pactistas saben que así no pueden presentarse a las elecciones del año 2020. ¿Qué pueden contar a los funcionarios de sus gestiones en los últimos 4 años..?

Por eso, ahora están tan reivindicativos. Quieren la resolución del concurso de traslados de funcionarios y las 35 horas, como mal menor. Por eso, CSIF está realizando una campaña de presión brutal para que la Junta resuelva el concurso, aunque sea a costa de degradar las condiciones de los funcionarios y el gran coste en indemnizaciones para las arcas de Castilla y León que supondrá la resolución de este concurso cuando los jueces declaren ilegal el catálogo de puestos tipos. Un lavado de cara de gran irresponsabilidad.

Pero no sólo esto. En teoría van de defensores de los funcionarios, pero no respetan la autonomía de las órganos específicos que representan a los funcionarios. El colmo de la desvergüenza se ha producido cuando los 3 sindicatos pactistas boicotearon la reunión de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales con el Consejero de Presidencia el pasado 31 de octubre. Reunión aprobada por el Pleno de la Junta de Personal y solicitada el 10 de septiembre. En un primer momento pretendieron retorcer el reglamento de la Junta de Personal para impedir la reunión. No pudieron. Después amenazaron a su Presidente y Secretario para que no fueran. No lo consiguieron. Finalmente, 10 minutos antes de la reunión, llamaron al Consejero de Presidencia advirtiéndole que si se reunía con la Junta de Personal la huelga del 6 N era inevitable. Han leído bien. Los 3 sindicatos pactistas chantajearon al mismísimo Consejero de Presidencia con la huelga general si se reunía con un órgano de representación de los funcionarios. Ni en Sicilia ocurren estas cosas. Esto es lo que les importan los funcionarios a los dirigentes de estos tres sindicatos. CSIF, CCOO y UGT se creen con la patente de corso para decidir cuándo hablar y de qué con la Administración. Ni los representantes directos de los funcionarios pueden sentarse a hablar con la Administración sin el consentimiento de estos tres sindicatos.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) sentimos una gran vergüenza al publicar estas líneas, especialmente por los votantes y afiliados de pie de los citados sindicatos. Y hemos esperado a que finalizara la jornada de huelga de hoy para hacerlo. Pero esta actuación mafiosa de su cúpula se tenía que conocer.

1) Gobierno nuevo, problemas viejos:

Desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) constatamos que el supuesto cambio de gobierno en CyL no ha sido tal, puesto que realmente sigue dirigiendo la Junta CyL el Partido Popular, ahora junto con Ciudadanos. Parece que la ola de externalizaciones, privatizaciones y recortes en la administración de la Junta va a continuar, salvo que presentemos batalla. El panorama se presenta duro, nadie ha hablado de evertir el proceso de reducción de plantilla con la convocatoria de nuevas oposiciones para aumentar y rejuvenecer el personal (que en los últimos años se ha reducido en más de 4.000 personas y no para de envejecer). A pesar de la anunciada disolución de la fracasada Fundación Villalar (que esperamos se haga lo antes posible) estamos aún muy lejos de acabar con la administración “B” paralela y sus chiringuitos. Las declaraciones contradictorias del nuevo consejero de transparencia, Igea, expresando primero que no se pueden volver a implantar las 35 horas por falta de presupuesto y diciendo al cabo de unos días, que es imposible por falta de profesionales, ha desatado la ira entre todos los funcionarios que ya no se creen sus mentiras.

Somos conscientes de que hay dinero, tan solo está mal distribuido, dedicándose a partidas que nada tienen que ver con la Función Pública. Todo indica que PPCs pretenden seguir adelgazando Administración, porque su objetivo son unos servicios públicos privatizados y vendidos al mejor postor, quieren acabar con una administración al servicio de la ciudadanía, que sea libre de intereses políticos y con el funcionariado independiente de sus dirigentes, solo sometido a la legalidad.

2) 35 horas, menos es más:

Dinero hay solo con todo lo que se han ahorrado en estos años al implantar las 37 horas y media, ya que se han evitado cientos de contrataciones e interinidades. Ahora que las condiciones económicas son buenas, por dignidad debemos exigir recobrar nuestros derechos perdidos, ya hemos hecho suficiente sacrificio.

Debemos plantarnos para que no se sigan riendo de nosotr@s y exigir las 35 horas y todo lo que implica.

Las 35 horas son mucho más que recuperar nuestro tiempo perdido. Implica recuperar unos 3.500 puestos de trabajo de los que se han recortado estos años. Implica evitar el proceso de reducción de plantilla que quieren realizar desde todos los flancos. Un flanco es imponernos más horas de trabajo y otro es la huida hacia adelante que está perpetrando la Junta con el simulacro de concurso abierto y permanente. Planteamos qué medidas podemos hacer para plantar cara y recuperar las 35 horas. PLADEPU apoyaremos todas las movilizaciones en este sentido vengan de los sindicatos grandes, de los minoritarios o de la iniciativa particular. Medidas que llevaremos a cabo:

• Recuperar los viernes de negro, empezando el 8 de noviembre. Esos viernes en vez de consumir en el rato del café, nos concentramos de negro a la puerta de nuestro centro.
• Una versión alternativa es los viernes hacer movilizaciones largas, de 13 a 15 horas, recurriendo a las bolsas de horas que tienen los diferentes sindicatos. Son paros encubiertos de 2 horas para dar a entender que no estamos conformes y que vamos a continuar mientras esto no se arregle.
• Otras que se nos ocurran.

En cualquier caso lo importante es comunicar a la opinión pública que el aumento de horas implica una precarización del servicio y peores condiciones laborales que al final vamos a pagar tod@s, puesto que a la larga supone pocas plazas en oposiciones futuras, con la consabida falta de oportunidades para la juventud -no olvidemos que la Junta CyL es la principal fuente de trabajo al ser la mayor empresa de nuestra comunidad autónoma- o bien ofertas de empleo público congeladas indefinidamente.

3) Concurso de traslados, un paso adelante y dos para atrás:

PLADEPU lleva años alertando de que la Junta debería atajar el despropósito del Catálogo de Puestos Tipo (CPT) cuanto antes, en vez de seguir con esta huida hacia adelante que no lleva a nada. Desde el momento que el concurso de 2014 escatimaba 1.300 plazas que dejaba fuera de acceso - algo de lo que alertó el sindicato CGT- las reglas del juego ya estaban pervertidas y todo lo que derivara de allí sería un fraude, máxime añadiéndole el posterior Catálogo de Puestos Tipo. A partir de ahí la bola de nieve no ha hecho más que crecer y crecer, con unos 40 recursos en total, al catálogo de puestos tipo, a las RPT y al concurso de traslados que ha derivado de todo lo anterior.

Creemos que no es tan difícil revertir este proceso, en 3 o 6 meses la Junta de Castilla y León podría resolverlo retirando el recurso presentado a la sentencia que anula el catálogo de puestos tipo, de este modo dejaría sin efecto dicho recurso y los que derivan de él, es decir los recursos a la RPT y al último concurso. La situación se retrotraería a diciembre de 2014, con lo cual solo habría que volver a rehacer ese concurso antiguo con todas las plazas robadas en su momento a los funcionarios/as. Los méritos de todas las personas que han concursado están perfectamente estudiados así que en la era de la informática éste sería un trabajo muy sencillo.

La Junta CyL no predica precisamente con el ejemplo, ya que incumple de forma reiterada la legalidad que tan duramente impone a la ciudadanía. Sus dirigentes se han considerado por encima del bien y del mal, creyéndose inmunes a los juzgados. Pero no siempre se salen con la suya y a la cascada de sentencias en contra de sus concursos, CPT y RPT, se une ahora el reciente Auto del Juzgado número 1 de Valladolid por el que se estima la suspensión del concurso abierto y permanente de 11 de abril de 2019 y se deja sin efecto la vista que estaba fijada para el 26 de noviembre de este año. Esto es "de facto" una suspensión del concurso. Con una argumentación contundente que la Junta no puede desoír, salvo que quiera enfangar más judicialmente los derechos del funcionariado.

Medidas que se pueden llevar a cabo:

• Redactar un escrito pidiendo que se resuelva el concurso, más consecuente que el de CSIF, explicando por qué el concurso no puede seguir adelante tal y como está ahora, totalmente lastrado. Cómo es posible revertir el proceso y sacar un concurso legal y con todas las plazas a las que tenemos derecho en menos de 6 meses y recogiendo firmas para que así se haga. Es decir la misma iniciativa de dicho sindicato pero con un texto totalmente distinto.
• Demandar por la vía penal al actual Consejero y demás responsables de función pública, si no llevan a efecto todo lo aquí planteado. Por un lado es cierto que ellos no son los responsables de este desastre, ya que el equipo de gobierno que lo perpetró fue otro diferente, pero por otro es cierto que aceptaron voluntariamente ser sus sucesores. Esta mala voluntad de la Junta nos va a repercutir si no se soluciona y ya son bastantes los años que lo hemos sufrido.
• Proponer a la Junta de Personal de Servicios Centrales de funcionarios de la Junta de Castilla y León que reclame al Presidente de la JCyL por escrito una respuesta a la siguiente pregunta: ¿La JCyL va a resolver definitivamente el concurso de méritos que actualmente está en la fase de resolución provisional? ¿En qué fecha? Una respuesta clara ante la incertidumbre e impaciencia de los funcionarios más que justificadas.

Compendio de noticias.

Descarga el cartel aquí

El aumento a las 37,50 horas semanales ocurrió dentro de un paquete de medidas de ahorro, no para que trabajemos más horas, ni para secuestrarnos tiempo para la vida personal. Lo hicieron para eliminar puestos de trabajo. El resultado de tanto recorte es una brutal pérdida de calidad en enseñanza, sanidad, servicios sociales, dependencia, centros de educación especial, etc.

Por lo tanto, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) vamos a exigir recuperar nuestro derecho de las 35 horas, que la Junta está incumpliendo, junto a los puestos de trabajo perdidos y no ofertados mediante oposiciones.

Y os animamos a TOD@S, sin siglas, a reivindicarlo en concentración de Viernes de negro el próximo viernes 18 de octubre a las 13:00 en la plaza del Milenio.

Tras unos minutos de concentración, nos trasladaremos al salón de actos del edificio próximo que alberga las Consejerías de Economía y Hacienda, donde celebraremos asamblea abierta y participativa con el siguiente orden del día:

1. Gobierno nuevo, problemas viejos.
2. 35 horas = 3.500 nuevos empleos públicos.
3. Concurso de traslados, un paso para adelante y dos para atrás.

Los permisos para poder llevar a cabo este acto (concentración, sala y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. en la Junta de Castilla y León en Valladolid, a la que agradecemos su colaboración. Todos tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad asamblea / salida sindical; se entregará justificante).

Desde PLADEPU animamos a todos los Empleados Públicos a aprovechar esta oportunidad de acudir de forma conjunta y sin divisiones a una asamblea donde promoveremos un debate constructivo y unitario, por lo público, por nuestra dignidad y por nuestros derechos. Reenvía esta información a tus contactos.

  ¡¡DEFIENDE LO PÚBLICO, ES DE TODOS!! ¡ES TUYO!!
Material de apoyo: Carteles PLADEPU.

Fractura hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo

Los recursos naturales públicos expoliados a espaldas del público.

La autorización a la minería energética da pie al temido fracking.

Recientemente hemos conocido la última modificación de la Ley de Urbanismo 5/1999 de Castilla y León tras ser publicada en el BOCyL el pasado 26 de marzo. Hasta aquí todo podría ser normal, se trataría de una modificación más. Sin embargo, leyendo el Boletín se llega a la conclusión de que nada más lejos de la realidad; esta modificación en verdad implica cambios de gran calado que se han llevado a cabo en un tiempo récord en las Cortes de Castilla y León sin plantear un debate social ni permitir la participación pública de las personas y los colectiva pesar de que afectará al medio ambos, iente, puesto que supone eliminar de un plumazo las anteriores restricciones a la minería energética y no energética. Además de permitir proyectos mineros nada más que con una autorización excepcional de uso de suelo rústico (emitida por la propia Junta), en suelos protegidos donde hasta ahora no se podían desarrollar este tipo de proyectos.

Y ello a pesar de que ya hay herramientas jurídicas a nivel de normativa para realizar la extracción de áridos y canteras, de otro tipo de minería y de aguas minerales. Viene reflejado en el Decreto 22/2004, el cual detalla todas las actividades extractivas. Entonces, ¿por qué esta "modificación" exprés? El Partido Popular con la connivencia de Ciudadanos parecen querer eliminar las trabas jurídicas y los controles democráticos y ambientales para desbloquear ciertos proyectos mineros especulativos de alto impacto, concretamente en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Da la sensación de que intentan saltarse los informes preceptivos del Consejo de Urbanismo, de los Ayuntamientos, de las Consejerías de la Comunidad Autónoma, del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social, de los Servicios Jurídicos de la Junta, del Consejo de Cooperación Local o evitar la información pública y la participación de toda la ciudadanía. Se nos está evitando a la sociedad el poder opinar sobre algo de suma importancia, porque no ha habido periodo de exposición pública.

Esta modificación legislativa, que en realidad es un cambio de gran calado en las normas, se ha llevado a cabo sin ningún periodo de información pública y en resumen lo que hace es abrir la veda, puesto que no garantiza la ausencia de extracciones mineras en espacios protegidos, en suelos de protección natural o en suelos de protección arqueológica. 

La ley se debatió en las sesiones de las Cortes del 12 de diciembre de 2018 y 20 de febrero y 13 de marzo de 2019, únicos documentos a los que tenemos acceso la ciudadanía sobre este tema. En los Diarios de Sesiones, en todo momento vemos como el Sr. Cruz García del PP se refiere a regularización y categorización del suelo. En sus intervenciones recalca que se trata de actividad extractiva no energética. En la página 11307 del Diario de Sesiones lo deja patente con estas palabras: "...en esta Cámara hubo un compromiso claro de que no tendría cabida el fracking en esta Comunidad y que fue un acuerdo que todos los grupos sustentamos en el Plan Director de Promoción Industrial, y por eso hemos querido dejarlo claro en el texto [..] esa minería energética es la que genera una mayor preocupación en el entorno donde se aplica...". La posición de Ciudadanos es aún peor, la única restricción que plantean es una regulación para que la actividad minera en suelos con protección natural no sea energética. Para el resto, ancha es Castilla, nunca mejor dicho.

Pues bien, todo lo debatido se queda en agua de borrajas cuando vemos el Boletín Oficial del 26 de marzo de 2019 cómo queda modificado el artículo 23: "En suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalan reglamentariamente, atendiendo al interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:[..]
b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así como construcciones e instalaciones de vinculadas a las mismas".

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) conoce muy bien las imposiciones de la Junta de Castilla y León, pero lo de esta Ley de Urbanismo es sumamente grave por cómo se ha hecho, a escondidas, y por todo el daño que puede implicar para el medio rural y natural de nuestra Comunidad. Por ello, con la celebración del día de la Comunidad, queremos hacer patente este atropello a nuestra Comunidad y ayudar a evitarlo.

LLEGÓ LA HORA DE PLANTAR CARA A LA ADMINISTRACIÓN Y SALIR A LA CALLE.

PLADEPU CONVOCA ASAMBLEA ABIERTA Y CONCENTRACIÓN PERMANENTE LOS DÍAS 26 Y 27 PRÓXIMOS EN VALLADOLID, DELANTE DE LAS CORTES ENTRE LAS 9:00 Y LAS 22:00 HORAS

La sentencia 47/19 del pasado día 20 de marzo, dictada por Francisco Javier Zatarain, Magistrado-juez del Juzgado de la Contencioso-Administrativo Nº 3 de Valladolid, ha sido contundente: anula el concurso abierto y permanente de personal funcionario por considerarlo no conforme a derecho. Y esto ha sucedido después de cuatro sentencias anteriores que anularon el Catálogo de Puestos Tipo y los dos autos que paralizaron parcialmente el concurso.

Descarga el cartel de la convocatoria aquí

En la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), desde los inicios de este proceso demencial en el que lleva inmersa la Administración varios años con el apoyo y beneplácito de los sindicatos CSIF, CC.OO. y UGT, hemos denunciado las malas artes, la opacidad y las deficiencias de este “retoque” de lo que ellos entienden por carrera profesional de los funcionarios. Hemos convocado asambleas en las que hemos trasmitido a los funcionarios nuestras dudas, opiniones e incertidumbres; hemos denunciado en los medios de comunicación las manipulaciones y el engaño que suponen los Puestos Tipo, la nueva RPT y el propio concurso de traslados, cuyo fin ha sido levantar una pantalla tras la que se ocultan los tejemanejes que tienen como objetivo colocar a un número nada desdeñable de “asesores y afines” en los puestos con mayor nivel y mejores emolumentos en previsión de las catástrofes electorales que se avecinan.

Afortunadamente el Juez ha sido claro y ha puesto de manifiesto la incapacidad de esta Administración para reorganizar y regular la carrera profesional de los empleados públicos, con el aval y ayuda, eso sí, de los sindicatos mayoritarios, quienes ahora emprenden la huída, y en lugar de hacer una autocrítica profunda sobre el papel que han jugado en todo este embrollo y sinsentido, se dedican a desdecirse e incluso, como hace UGT, a acusar a los Letrados de este desaguisado por haber recurrido el concurso en lugar de “haber sido los garantes de que las normas negociadas no fuesen anuladas en las vías jurisdiccionales correspondientes”. CC.OO. se ha desmarcado de las RPT y en la última reunión donde se amañó el Catálogo de Puestos Tipo utilizando el formalismo de pasarlo de Acuerdo a Decreto, se negó a ratificarlo porque quedaban desautarizados en el recurso contencioso–administrativo que presentaron contra las RPT actuales, no porque piensen que el origen de todos estos despropósitos está en el propio Catálogo de Puestos Tipo.

Aprovechando los últimos plenos de las Cortes, la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) convocamos a todo el personal dependiente de Administración General de la Junta de Castilla y León en Valladolid, así como el personal dependiente de los Organismos Autónomos de la Junta de Castilla y León en Valladolid, a: Concentración y Asamblea autorizadas de empleados públicos el martes 26 de marzo a las 13:00h en la explanada las Cortes de Castilla y León, para:

• Exigir la inmediata retirada de los recursos que la Junta ha presentado contra las 4 sentencias que declaran nulo de pleno derecho el catálogo de puestos tipo.
• Derogar las RPTs derivadas del CPT y reponer la plena vigencia de las anteriores.
• Exigir la convocatoria inmediata de concurso de traslados con todas las plazas que estaban vacantes en julio de 2017.
• Derogar la última “contra-reforma” de la Ley de Función Pública de C. y L.
• Derogar el segundo intento mediante decreto del C.P.T.

Los permisos para poder llevar a cabo este acto (concentración y asamblea) los ha facilitado la sección sindical de C.G.T. Administraciones y Serv. Públicos de Burgos, a la que agradecemos su colaboración. Todos tenemos derecho a asistir, con independencia del lugar donde trabajemos: 2 horas más el tiempo necesario para el desplazamiento de ir y volver del lugar de trabajo hasta la asamblea (fichad asamblea / salida sindical; se entregará justificante).

Desde PLADEPU animamos a todos los Empleados Públicos a aprovechar esta oportunidad de acudir de forma conjunta y sin divisiones a una asamblea donde promoveremos un debate constructivo y unitario, por lo público, por nuestra dignidad y por nuestros derechos. Reenvía esta información a tus contactos.

  ¡¡DEFIENDE LO PÚBLICO, ES DE TODOS!! ¡ES TUYO!!
Noticia en El Norte de Castilla: Los tribunales tumban por cuarta vez el concurso de funcionarios de la Junta de Castilla y León.