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[625] ¿Qué pasaria si un reglamento autonómico urbanístico exigiera el visado del proyecto básico?

Sat, 15 Jan 2022 10:13:03 +0200

Recientemente durante el periodo de consultas previas al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, he realizado una propuesta dentro del foro BPU Andalucía que se ha elevado a la Junta de Andalucía entre otras muchas para su consideración.

Esta propuesta consiste en incluir en el vigente artículo 12 del reglamento de disciplina sobre normas generales del procedimiento de otorgamiento de licencias de obras un nuevo punto 5 con el siguiente tenor literal “La documentación requerida para el otorgamiento de las licencias urbanísticas que deba ser suscrita por técnico colegiado competente deberá ir visada por el colegio profesional correspondiente.”

Saltan las alarmas. Cuidado, que alguien propone más trabas burocráticas al ya complejo recorrido de una tramitación de licencia de obras. ¿Visar el proyecto básico? ¿Pero esto como puede ser? Si lo que queremos son acortar plazos, ¿A qué viene ahora todo esto?

"Tranquilos, no conseguirán nada", para eso está el Real Decreto 1000/2010 donde el visado de un proyecto básico no tendrá nunca cabida. Un Real Decreto que en su exposición de motivos, aparte de declarar su carácter básico de competencia estatal en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, justifica los supuestos de visado obligatorio en la relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y considerar al visado como el medio de control más proporcionado.

Parémonos aquí, el Estado mediante un Decreto reconoció al visado una utilidad en un tema tan delicado como la seguridad de las personas y sin abrir puertas de Pandora a privatizaciones ni a declaraciones responsables, utilizó un instrumento público aplicado por corporaciones de derecho público para solucionar un problema.

Resulta curioso apreciar cómo el seguimiento de la eficacia de este Decreto se dejó en manos del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, el mismo Ministerio, aunque con distinta denominación, que ahora está poniendo encima de la mesa y con mucha razón otro problema de mucho calado que si bien no afecta a la seguridad de las personas, si afecta a la economía del país como es el retraso en la tramitación de concesión de licencias de obras.

Lo mismo no hay que mirar solamente al Estado para abordar esta problemática. Constitucionalmente las competencias sobre urbanismo están delegadas a las Comunidades Autónomas y estas también están preocupadas por estos retrasos. No seria malo aprovechar las legislaciones autonómicas sobre urbanismo para incorporar acciones que impliquen directamente a los Colegios Profesionales en la agilización de la concesión de licencias de obras.

Como pasa en muchas ocasiones, los ayuntamientos como los verdaderos sufridores de legislaciones que les afectan y en las que participan poco, tienen que leer y releer resquicios en la norma para buscar soluciones a problemas que se podrían regular más fácilmente desde los estamentos legislativos. Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Arquitectos de Sevilla han establecido un convenio de colaboración mediante el cual el visado voluntario del proyecto básico se convierte en un visado útil para la tramitación de licencia de obras. Vamos avanzando, en Andalucía ya sólo quedarían 784 convenios por suscribir.

¿Que pasaría si un reglamento autonómico urbanístico exigiera el visado del proyecto básico?

El Decreto de visado obligatorio hay quien piensa que perjudicó a los Colegios Profesionales. Permitidme que discrepe con matices. Los Colegios siguen cobrando por visar los proyectos de ejecución y la administración les ha excluido del procedimiento de licencias de obras. Una operación perfecta para intereses exclusivamente mercantilistas pero a los Colegios Profesionales les mueven, en este caso, otros motores y si no cómo se explican convenios de colaboración como el de Sevilla.

No creo que se le haga un favor a los Colegios Profesionales exigiéndoles que visen el proyecto básico, que se les pida que se impliquen en los procedimientos de licencias de obras, que colaboren con los ayuntamientos. No es cuestión de normativa básica estatal, ni de Directiva de Servicios, ni de restricciones a la libre competencia, estamos hablando de contar con corporaciones de derecho público, constitucionalmente establecidas, con una estructura territorial históricamente consolidada a lo largo de los años, para favorecer la celeridad de las tramitaciones de licencias de obras.

Quien argumente que el visado de un proyecto básico va a retrasar el procedimiento de licencia de obras creo que se equivoca. Es más, estoy convencido de que esta medida lo agilizará. Basta con analizar plazos de tramitaciones de licencias y plazos de visado para darse cuenta de este hecho. Creo que los Colegios Profesionales han dado ya suficientes muestras de su implicación con la Sociedad para que el legislador entienda que es un lujo que se siga prescindiendo de ellos, aunque tan solo sea con una mínima colaboración, en el procedimiento de concesión de licencias de obras y más aún ante la situación económica a la que nos está abocando la actual crisis sanitaria.

Algunas Comunidades Autónomas vieron en el año 2010 disuadidas sus intenciones de exigir reglamentariamente la obligatoriedad del visado del proyecto básico. En ese conflicto de competencias, una Comunidad Autónoma, la del Principado de Asturias, mantuvo esa obligatoriedad con rango de Ley incluso tras la aparición del Real Decreto sobre visados obligatorios.

Transcribo aquí algunos párrafos del informe que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en el año 2011 argumentó para mantener en su Comunidad Autónoma la exigencia vía ley autonómica del visado del proyecto básico a raíz de la aparición del Real Decreto 1000/2010.

.../…También es importante destacar la referencia contenida en los Acuerdos adoptados por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE nº 254, 20/10/2010) y por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Canarias (BOE nº 258, 25/10/2010)". En ambos acuerdos se recoge expresamente que en interpretación del artículo 13 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ambas partes coinciden en interpretar que el contenido del Real Decreto sobre Visado Obligatorio "constituye una norma de mínimos que en nada afecta a la competencia de la Comunidad Autónoma para regular las condiciones de delegación o contratación con los colegios profesionales u otras entidades, cuando lo estime conveniente para la salvaguarda de la seguridad de los derechos de los consumidores, de las funciones de control y supervisión así como las de comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, relativa a los trabajos profesionales y a los proyectos técnicos".../...
.../...Como se recoge en la Circular emitida por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón de fecha 25 de Noviembre de 2010 " ... resultaría arbitrario que la Administración del Estado diese un alcance interpretativo diferente para las Comunidades Autónomas distintas a Canarias y Cataluña, siempre que el nivel competencia! sea equivalente al de estas dos Comunidades Autónomas. No se justificaría una interpretación diferente que pudiese incurrir en un trato desigual, por lo que consideramos que los Acuerdos referidos en los párrafos anteriores resultan de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón".../…
.../...A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta asimismo que el Tribunal Constitucional ha reconocido el amplio margen que tienen las Comunidades Autónomas en base a su competencia exclusiva en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio en diferentes sentencias (entre otras, STC 61 /97, 275/2000, 164/2001 , ... ), se considera que la norma básica que constituye el Real Decreto 1000/2010 establece un común denominador normativo aplicable con carácter general en todo el territorio nacional, pero teniendo un carácter de mínimo común que la norma autonómica puede desarrollar para introducir sus propias peculiaridades en materias de su competencia.../…
.../...Las Comunidades Autónomas han venido ejerciendo, según sus respectivos Estatutos de Autonomía, sus competencias en materia de Urbanismo y Vivienda, estableciendo normativas que inciden especialmente en el proceso de edificación, y en particular, en aspectos referentes a la tramitación administrativa, a la función pública que implica la concesión de licencias, a la seguridad de la edificación, y a las garantías para los consumidores y usuarios, vinculando en múltiples ocasiones dicha tramitación al ejercicio de la función de visado colegial.../…
.../...En este sentido, el legislador asturiano, al exigir que el proyecto en base al cual se expida la licencia este visado, pretende contribuir a salvaguardar las garantías que para la Administración y los consumidores y usuarios deben observarse en dicho procedimiento urbanístico. A este respecto, también contribuye a evitar una mayor demora y costes añadidos, los retrasos que conllevarían la subsanación de posibles deficiencias y la resolución misma de la licencia y la percepción por los Ayuntamientos de los ingresos correspondientes a los impuestos sobre construcciones y obras, y otras tasas vinculadas a la concesión de licencias.../…
.../...Por todo ello, se considera que resulta vigente y aplicable lo dispuesto tanto en el Artículo 229 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias (Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias), como en el Artículo 573, apartados 1 y 4, y concordantes del Decreto del Principado de Asturias 278/2007, de 4 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en adelante ROTU, en cuanto a la necesidad de que el Proyecto Técnico en el que se base la solicitud de licencia deberá disponer del correspondiente visado colegial.../…

En Andalucía la referencia a los visados se hace a nivel reglamentario y tengo la convicción de que si se incorpora al nuevo reglamento de Andalucía la propuesta que he expuesto al principio de este escrito, se incidirá sobre una causa endémica del problema de los retrasos de las tramitaciones de licencias de obras en muchos municipios como es la unificación de criterios y la organización de la documentación presentada.

Visando la documentación requerida para el otorgamiento de las licencias urbanísticas será mas fácil la unificación de criterios y la organización de la documentación presentada porque colegios de arquitectos hay muchos menos que municipios en Andalucía... y en el resto de España.

Obviamente tendríamos que hablar de un visado renovado dentro de los márgenes legales que se contemplan en la Ley de Colegios Profesionales, pero si la legislación como hasta ahora exime al visado de la participación en el procedimiento de otorgamiento de licencias de obras, no creo que el visado cambie y no olvidemos que si queremos que las cosas cambien no podemos seguir haciendo siempre lo mismo.

(PD. Este artículo no va dirigido a aquellos municipios donde las licencias de obras se otorgan en plazos razonables)

Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España

[624] Feliz año 2022

Fri, 31 Dec 2021 10:43:18 +0200

[623] El sistema de actuación por cooperación como sistema apagafuegos

Wed, 29 Dec 2021 09:12:41 +0200

Creo que todos tenemos claro que el sistema de actuación preferido por todas las legislaciones autonómicas de España, que traten sobre la materia, para la ejecución de actuaciones sistemáticas para la urbanización del suelo es el de compensación.

Y es lógico que esto sea así por cuestiones obvias, pero de vez en cuando aparecen problemas en las Juntas de Compensación que hacen que nos encontremos con urbanizaciones inacabadas, con cargas urbanísticas caducadas y que trastocan las expectativas de desarrollo económico y de bienestar de un municipio.

Todas las Juntas de Compensación empiezan con mucha fuerza al menos por parte de los propietarios que las impulsan, se aprueban bases y estatutos, se aprueban proyectos de reparcelación, se aprueban proyectos de urbanización e incluso se empiezan las obras pero...

Y entonces la administración actuante utiliza la legislación de que dispone, leyes y reglamentos, y busca soluciones. Y solo encuentra un camino, el cambio del sistema de actuación de compensación a cooperación.

Considero, y ese es el motivo de este artículo que las legislaciones autonómicas debieran poner más énfasis en la regulación del sistema de actuación por cooperación aunque este, junto con el de expropiación se consideren residuales en detrimento del sistema "estrella" que es el de compensación.

Se debería legislar sobre el proyecto de cooperación según en que momento este apareciera, no es lo mismo un sistema de cooperación implantado desde el principio por el planeamiento que un sistema de cooperación que aparezca por incumplimiento de plazos y dentro de este incumplimiento, aquel que aparezca con la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación y urbanización, incluso con la urbanización a medio terminar.

Traigo un ejemplo que explica el problema que surge en los ayuntamientos cuando se enfrentan a una redacción de articulado cuanto menos confusa e interpretable. Aunque afecta a la Comunidad autónoma de Andalucía, creo que será fácilmente entendible por los lectores de otras Comunidades.

Leamos el artículo 123.2 "Características del sistema de actuación por cooperación" de la recientemente derogada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, eliminado en la nueva Ley para ser tratado en un futuro desarrollo reglamentario:

"2. Al determinar la actuación por el sistema de cooperación, la Administración deberá regular el procedimiento al que han de ajustarse los propietarios para abonar los gastos de urbanización y gestión, bien en metálico o mediante aportación de aprovechamiento lucrativo. Los gastos de gestión del sistema no podrán ser superiores al diez por ciento de los gastos previstos para la urbanización.
A tal efecto, en el acuerdo de aprobación del sistema de cooperación se requerirá a los propietarios interesados para que, en plazo de 15 días, opten expresamente por la forma en que abonarán los gastos.
Los propietarios que no hubieren efectuado dicha opción, o que rechazaran el sistema, quedan vinculados al régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámite. La misma regla se aplicará cuando se trate de propietario único y cuando el sistema de cooperación se imponga como sustitución del de compensación, en cuyo caso no será precisa la práctica de requerimiento alguno."

Le puede surgir a alguien la duda, que esperemos que el reglamento de la nueva ley lo resuelva, de cómo tiene que actuar el Ayuntamiento cuando el sistema de cooperación se impone como sustitución del de compensación por incumplimiento de plazos por parte de una junta de compensación, con cargas de urbanización caducadas, para terminar la urbanización y que según ese artículo no sería preciso requerir a los propietarios interesados para que, en plazo de 15 días, opten expresamente por la forma en que abonarán los gastos.

En el caso de tener ya aprobados los proyectos de reparcelación y de urbanización, tendríamos tres interpretaciones posibles del artículo:

A. Aunque no fuese preciso la práctica de requerimiento alguno, que el Ayuntamiento acordase en el acuerdo de cambio de sistema dar la opción mediante requerimiento de abonar los gastos de urbanización y gestión, bien en metálico o mediante aportación de aprovechamiento lucrativo y que con los resultados obtenidos se procediese a redactar un nuevo proyecto de reparcelación.
B. Que al haberse producido el incumplimiento no quedara otra opción al Ayuntamiento que vincular a todos los propietarios al régimen de aportación forzosa mediante reparcelación.
C. Que no se haga ningún requerimiento y que los costes de la urbanización que falta por ejecutar se distribuirán entre todos los propietarios en proporción al aprovechamiento de sus respectivas fincas recogido en el proyecto de reparcelación ya aprobado, solicitándoles el pago anticipado de las cantidades a cuenta de dichos costes por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, debiéndose efectuarse este en el plazo de un mes desde el requerimiento que se formule por la Administración actuante y que transcurrido dicho plazo, la Administración pudiese proceder a la exacción de las cuotas por la vía de apremio.

¿Con cuál nos quedamos? Yo ya lo tenía claro con la legislación ahora derogada. ¿No se que opinan los lectores? Espero que el nuevo reglamento que se está preparando sobre Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía aclare, al que aún le puedan surgir dudas, que camino tomar.

Rafael González Millán. Arquitecto municipal

[622] Conoce la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España UAAAP/CSCAE

Tue, 21 Dec 2021 14:24:27 +0200

Aprovechando la generosa invitación del Colegio de Arquitectos de Jaén para participar en su Asamblea General de 2021 hemos intentado explicar en un video de 6 minutos, los últimos 12 años de esfuerzos de la UAAAP/CSCAE para dar a conocer a la Sociedad el trabajo de los Arquitectos de las Administraciones Públicas de España.

La UAAAP es una agrupación de representantes de Colegios de Arquitectos vinculados con las Administraciones Públicas, constituida en Madrid en 1990 en el marco y bajo la tutela del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

[621] Feliz Navidad

Fri, 17 Dec 2021 09:03:44 +0200

[620] Sobre la Hoja de Estadística de la Edificación

Wed, 15 Dec 2021 14:21:09 +0200

Fondos europeos Next Generation.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas

Cuando se pretende por parte de la Administración que incluyamos en nuestros proyectos arquitectónicos documentos del CTE que justifiquen por ejemplo la exigencia básica de protección contra el radón en recintos cerrados de los edificios, se nos queda cara de circunstancias cuando nos percatamos que en más de 50 años, solo se ha sido capaz de cambiar de la Hoja de Estadística de la Edificación, el escudo, el color y el formato de díptico a tríptico.

Hoja de Estadística de la Edificación 1970

Hoja de Estadística de la Edificación 1990

Hoja de Estadística de la Edificación 2021

[619] Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación

Tue, 14 Dec 2021 22:47:35 +0200

Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación, impulsada por la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA, para el desarrollo del Anexo I del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Dirección General de Vivienda y Suelo.

El documento ha sido elaborado por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - CSIC, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

Descarga de la publicación

[618] Fondos europeos Next Generation. Seminario PIREP Local: Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

Tue, 14 Dec 2021 08:56:13 +0200

Video del seminario informativo "Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos: PIREP Local", celebrado el pasado 1 de diciembre de 2021.

Conviene recordar que la información recogida en esta presentación es de carácter provisional y preliminar, al no haberse completado aún la tramitación de la Orden Ministerial que, una vez aprobada, regulará las bases de la convocatoria correspondiente. Se prevé que esta Orden Ministerial vea la luz en febrero de 2022.

•Presentación utilizada en el seminario por D. Iñaqui Carnicero, Director General de Agenda Urbana y Arquitectura.

•Apoyo de los Colegios de Arquitectos al Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

[617] Beneficios de la colaboración de las administraciones locales y los colegios de arquitectos con las comunidades autónomas para la tramitación de subvenciones europeas de rehabilitación de viviendas

Sat, 06 Nov 2021 20:40:11 +0200

A la vista de recientes noticias publicadas referentes a que más del 60% de las ayudas cifradas en 7.000 millones que anunció el Gobierno dirigidas a la restauración (bares y restaurantes) para hacer frente a la pandemia pueden perderse en el camino, no deja de preocuparme el hecho de que esta historia se repita, aunque por diferentes motivos, con la aparición sobre el escenario de las nuevas subvenciones europeas generadas por la pandemia bajo las directrices de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España y que movilizará hasta 6.820 millones entre 2021 y 2023.

Si algo caracteriza a ese tipo de subvenciones es el plazo tan reducido para el que se convocan y la complejidad de la documentación que hay que aportar para poder acceder a las mismas. Y eso sin olvidar que muchos de los destinatarios de esas subvenciones serán ciudadanos con escasos conocimientos de la tramitación burocrática de estos procedimientos y que pueden sufrir las consecuencias de estas circunstancias.

La gestión de las subvenciones entre Europa, Estado y Comunidades Autónomas, no me cabe la menor duda que será impecable, donde ya tengo más temor es de como van a llegar esas subvenciones al ciudadano de a pie.

Me pregunto qué participación van a conceder las Comunidades Autónomas a las administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) y a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público cuyos técnicos están directamente implicados en las actuaciones subvencionables bajo el paraguas de la LOE.

El apoyo de asesoramiento al ciudadano de los Colegios Profesionales, representantes de los técnicos que después van a tener que elaborar documentación necesaria para la obtención de la subvención, me parece muy necesario y en especial el de los Colegios de Arquitectos como representantes de los profesionales competentes al 100% de abordar tareas de rehabilitación de viviendas. La visión transversal que estos profesionales pueden ofrecer a un particular o administración local sobre la superposición de distintas subvenciones que pueden afectar a un inmueble, edificio o barrio no debería de ser menospreciada por las Comunidades Autónomas.

Siempre he creído que el concepto de transparencia dentro de la administración no solo debe radicar en dar respuestas a las preguntas que esta reciba, sino también en responder al ciudadano aunque no medie pregunta alguna, por lo que siempre es recomendable, y más en estos momentos de pandemia, adelantarse a los acontecimientos. Siendo ya público desde hace unos meses el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, creo que las Comunidades Autónomas tendrían que haberse puesto ya en contacto directo con la suficiente antelación con las administraciones locales y con los colegios profesionales implicados para ir elaborando una hoja de ruta encaminada a informar al ciudadano de lo que ya está aquí.

Cuando me refiero a contacto directo no me refiero solo a contactos con la FEMP y los Consejos Profesionales a nivel nacional que se queden solo en eso y que no se concreten en una carta dirigida por cada Presidente de Comunidad Autónoma a los alcaldes de todos los municipios de España y a cada Decano de los Colegios Profesionales implicados para concretar líneas de colaboración.

Muchas de las subvenciones previstas van a ir dirigidas a personas que nunca antes habían solicitado una, y será muy difícil que estas personas puedan conocer todo el potencial que les ofrece el paquete de ayudas previsto por el Gobierno sin un asesoramiento cualificado, próximo y personalizado, y cuando hablo de personalizado no me refiero a marque 1…, marque 2…, marque 3.

El miedo a enfrentarse a unos formularios aparecidos en un Boletín Oficial, el hastío por los requerimientos recibidos por defectos en el procedimiento y la falta de información recibida por el ciudadano sobre actuaciones que pueden o que no pueden acogerse a la subvención puede hacer que muchos de los 6.820 millones previstos de adjudicar se queden en el cajón.

No será suficiente para acogerse a estos fondos europeos para cambiar por ejemplo las ventanas de una vivienda con una declaración responsable aún cuando este procedimiento sea de hecho válido cuando no afecta a dinero público.

Los informes técnicos para licencias de obras o las supervisiones municipales para declaraciones responsables serán necesarias y complementarias con las supervisiones autonómicas para la aprobación de las subvenciones. No tendría mucho sentido duplicar el esfuerzo de las administraciones implicadas simplemente por no informar y por no formar a los técnicos municipales en las especificidades de estos programas de ayuda.

Sería recomendable un contacto de las Comunidades Autónomas con los más de 8.000 ayuntamientos de España, no solo con los de mayor población, sería recomendable un contacto de las Comunidades Autónomas con las Diputaciones, articuladoras de los pequeños municipios y sería recomendable un contacto de las Comunidades Autónomas con los Colegios Profesionales implicados, sobre todo con los de arquitectos, por la transversalidad de competencias de esta profesión frente a todos los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Soy conocedor que ya hay Comunidades Autónomas trabajando en esta línea, colaborando con Colegios de Arquitectos y Municipios para la implantación de oficinas de rehabilitación pero no es esta una acción generalizada.

Las Comunidades Autónomas no cumplirán con la responsabilidad que tienen encomendada en todo este proceso con la sola publicación en su Boletín Oficial de una convocatoria de ayudas. En otras circunstancias esto podría ser suficiente pero en las que estamos atravesando con la pandemia, no.

La colaboración entre administraciones y colegios profesionales debería comenzar desde la propia elaboración de los formularios de subvención y modelos estandarizados de proyectos técnicos requeridos para facilitar la presentación de la documentación y facilitar así su tramitación, porque me temo que no van a existir medios humanos suficientes en la administración para tramitar tanto proyecto sujeto a subvención.

Desearía fervientemente que cuando se lea este artículo, la redacción del mismo quedase obsoleta porque todo lo que en él se solicitaba ya se hubiese realizado y que ya estuviesen cubiertos los 6.820 millones de las subvenciones antes de que se acabara el plazo para solicitarlas.

Ojalá cuando venga Europa a abrir el cajón para recoger el dinero sobrante de las subvenciones, se lo encuentre vacío y utilizado convenientemente en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

No quisiera finalizar está comunicación, efímera en sus objetivos, sin extraer de ella unas conclusiones de esperanza mirando hacia el futuro.

En esta ocasión, más que nunca, se debiera hacer presente el recurrente binomio de crisis y oportunidad. La innovación tecnológica y cultural que suponen los fondos europeos para el plan de rehabilitación de viviendas debe venir para quedarse y mantenerse sustentada en cuatro sólidos pilares:

•El empleo de nuevas tecnologías

•La colaboración eficiente entre administraciones

•La formación a los profesionales

•La información a los ciudadanos

Rafael González Millán. Arquitecto. Presidente de la UAAAP/CSCAE

Comunicación presentada en las XIII Jornadas CGPJ-CSCAE. Bilbao, 3-6 Noviembre 2021

[616] Cuando un arquitecto municipal asiste a una mesa de contratación

Sat, 30 Oct 2021 07:30:12 +0200

Aunque el procedimiento de contratación de la Administración sea eminentemente jurídico, en muchas ocasiones los arquitectos municipales participamos en mesas de contratación como miembros con derecho a voto y quizá también en demasiadas ocasiones nos dejamos llevar por las indicaciones de los miembros jurídicos de la mesa, cuando no por las de los miembros políticos sin consultar los antecedentes del expediente.

Asistimos a ver que nos encontramos, móvil en mano y deseando que acaben, a mesas de contratación que poco tienen que ver con nuestro trabajo diario, de asuntos tan peregrinos para nosotros como la compra de un camión de basura y muchas veces nos preguntamos si el político nos elige porque no hay otro técnico o porque mientras menos sepamos del tema mejor.

No olvidemos que nuestra responsabilidad en la mesa, sea del tema que sea, es la misma que la de cualquier otro miembro y no será esta la primera vez que escuchemos de un político la repetida frase de "yo hice lo que me dijo el técnico" cuando en la mesa quien llevaba la voz cantante era precisamente ese político, pero en el acta de la mesa eso no se refleja.

Muchos cursos de perfil jurídico se hacen sobre la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público pero pocos dirigidos a arquitectos con perfil técnico.

Por eso es de agradecer que la Fundación Fidas hayan incluido dentro de su plan de formación 2021-2022 un curso sobre licitaciones en el mercado de la contratación pública de formación teórico-práctica principalmente destinada a personal técnico de ayuntamientos, otra administraciones o empresas públicas.

Desgraciadamente es un curso solo presencial lo que limita mucho la asistencia al mismo pero nos ha parecido interesante traerlo aquí para su difusión y para que sirva como modelo a seguir por otras instituciones.

Para los estéis cerca y queráis asistir presencialmente al curso probad a solicitar que vuestra administración os lo subvencione, a ver que excusa os ponen para negarse. Os recomendamos que solo le enseñéis el programa del curso y no este post.

[615] Audiencia e información pública del anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura

Wed, 27 Oct 2021 12:35:04 +0200

Los trámites de audiencia e información pública tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

En este enlace de la web del Ministerio podrán participar ciudadanos, organizaciones y asociaciones que consideren conveniente hacer llegar sus observaciones al legislador sobre el anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura que estará sometida a consulta pública hasta el día 18 de noviembre de 2021 a través del formulario que se incluye en el enlace.

Si lo veis conveniente podéis incluir en los comentarios de esta entrada un resumen de las sugerencias que incluyáis en el formulario.

Ir al texto del anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura

Ir a la web del Ministerio

[614] Servicio de consultas del CTE

Fri, 20 Aug 2021 08:58:40 +0200

Cuando un reglamento como es el CTE, es aprobado por un Consejo de Ministros y es publicado en el BOE, la capacidad de interpretación del mismo por parte del Ministerio que lo promueve es muy limitada ya que lo sustantivo del mismo es el cuerpo de su regulación y las prescripciones que establece, de modo que la aplicación del mismo está sujeta a los principios generales del derecho y su interpretación última correspondería a los jueces, y no al Ejecutivo.

No obstante lo anterior, el Ministerio suele emitir Documentos con comentarios y Documentos de Apoyo de mucha utilidad en línea con la práctica habitual de lo que hacen otros departamentos Ministeriales, para procurar arrojar luz sobre los criterios subyacente en el propio reglamento, fundamentalmente aportando cuestiones de tipo técnico.

Asimismo, durante 6 años (2012-2018), desde el Ministerio se vino respondiendo de forma individualizada a las consultas sobre aplicación del CTE que este recibía. Estas respuestas eran publicadas por blogdelaunion permitiendo el acceso a las mismas por parte de otros profesionales.

Las contestaciones a las consultas formuladas no tenían un carácter en ningún caso reglamentario, pero si el gran valor de reflejar la posición del Ministerio, basada en la experiencia y praxis de sus técnicos.

El éxito de esta iniciativa fue incuestionable.

•1.221 consultas respondidas

•1.743 suscripciones por e-mail

•1.558.163 entradas registradas

De un día para otro, ese magnifico servicio que facilitaba al profesional la aplicación de una documentación tan compleja como era el CTE fue suspendido por el Ministerio.

Parecería como si el Ministerio no quisiera sentar "jurisprudencias" que se volvieran en su contra en los juzgados cuando la interpretación no favoreciera objetivos determinados. No debiera ser el enfoque de un reglamento, que intenta ser de fácil aplicación por los profesionales, el que los propios impulsores y redactores del mismo eviten aclarar cuestiones que dicho sea de paso no tendrían que producirse si el texto original no diese lugar a tantas consultas.

Desde la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España UAAAP/CSCAE pedimos al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que reconsidere la posibilidad de reactivar el servicio de consultas sobre el CTE que tan buen servicio ofreció a todos los profesionales implicados durante el tiempo que estuvo operativo.

[613] El visado del proyecto básico. Cuando lo voluntario es útil

Fri, 06 Aug 2021 10:48:51 +0200

El visado de un proyecto básico de arquitectura para obtener de licencias de obras es voluntario. Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

Los pagos a los ayuntamientos para la obtención de las licencias de obras pueden llegar hasta el 3,60 % del presupuesto de ejecución material de la obra.

El coste medio del visado de un proyecto básico se puede estimar en el 0,20 % de ese presupuesto.

Conviene recordar que los costes del visado corresponden al promotor y que a ese mismo promotor cada mes de retraso en el otorgamiento de una licencia de obras le supone un encarecimiento de un 1,00 % del presupuesto de ejecución material de la obra POR VIVIENDA Y POR MES.

(Datos extraídos de la Exposición de motivos, apdo. VIII del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía para una repercusión media del coste de ejecución de una vivienda de 150.000 euros).

Como conclusión, si el visado fuese útil para agilizar la concesión de licencias de obras, con los datos aquí expuestos, creemos que el promotor vería rentable el pago del visado voluntario de un proyecto básico.

La colaboración entre Colegios de Arquitectos y Ayuntamientos para la agilización de licencias de obras se hace cada vez más necesaria. https://youtu.be/cpTV4CAssCQ

[612] Cambios en la suscripción por correo electrónico a blogdelaunion

Wed, 04 Aug 2021 17:37:04 +0200

Estimado/a seguidor/a:

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[611] Los informes sectoriales en la tramitación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística

Thu, 24 Jun 2021 09:05:29 +0200

Los informes sectoriales deberían incorporarse a los instrumentos de planificación territorial y urbanística con mucha más antelación de lo que lo hacen en la actualidad (bucle negativo) incluso durante la fase de redacción del documento, para considerar las determinaciones de dichos informes desde el principio (bucle positivo) y dejando el actual procedimiento de informe sectorial a un mera comprobación del cumplimiento de lo informado en su momento.

Incorporar un acto administrativo de admisión a trámite de dichos instrumentos por parte del órgano sustantivo que obligara a los órganos sectoriales a emitir informes antes de la aprobación inicial, posibilitaria al redactor junto con los técnicos de la administración, ir elaborando un documento consensuado con todos los agentes sectoriales que tan solo pudiese retroceder en su tramitación por causa de las alegaciones, dándole de esta manera mayor celeridad al procedimiento y favoreciendo de paso la participación ciudadana.

[609] Jornada sobre el arquitecto en la función pública

Tue, 01 Jun 2021 12:29:27 +0200

El próximo jueves 3 de junio de 2021 a las 10:00 horas, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, desde el Instituto de Formación Continua y su Escuela de Opositores, organizan una Jornada Informativa gratuita en streaming de dos horas de duración en colaboración con la Secretaría General de Función Pública, sobre el arquitecto en la función pública.

En la Jornada se ofrecerán diferentes puntos de vista sobre el Arquitecto en la Función Pública de la mano de distintos ponentes especializados y, en muchos casos, desarrollando este tipo de funciones.

Se trata de una Jornada en la que se destacará la importancia de una formación y preparación de calidad del futuro arquitecto en la función pública, con la intención de desarrollar su actividad profesional, entre otras, dentro del cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

Además, se podrán conocer diferentes puntos de vista de arquitectos de la Función Pública en activo que contarán su trayectoria profesional desde el inicio de su formación como opositores hasta la actualidad con diferentes grados de experiencia. Todos ellos, darán una visión panorámica de las posibilidades y trayectorias diversas que la Función Pública ofrece.

PROGRAMA DE LA JORNADA
1. Inauguración.
•Sigfrido Herráez - Decano del COAM.
•Lluis Comerón – Presidente CSCAE.
•Teresa Martínez de Marigorta - Vocal Asesora de la Dirección General de la Función Pública.
2. Plan de Captación de Talento.

•Teresa Martínez de Marigorta - Vocal Asesora de la Dirección General de la Función Pública.
3. Experiencias de Arquitectos en la Función Pública.•Angel Montero - Subdirector General de Coordinación de Edificaciones Administrativas. Patrimonio del Estado.
•Javier Martín Ramiro - Director General de Vivienda y Suelo. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
•Raquel de Andrea Vicente - Subdirectora Adjunta de Coordinación y Gestión Administrativa. Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda.
•Rocío Morales Esteban - Jefa de Unidad de Inspección Centralizada. Dirección General del Catastro.
4. Coloquio.
•Iván Cabrera Fausto - Presidente Conferencia de Directores de Escuela.
•Rafael González Millán - Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España.
•Moisés Castro Oporto - Decano COACantabria. Coordinador de la UAAAP/CSCAE.
5. Cierre de la jornada.
•Teresa Martínez de Marigorta - Vocal Asesora de la Dirección General de la Función Pública.

Inscripción

[610] Carta de un arquitecto municipal a un ministro

Tue, 01 Jun 2021 07:59:34 +0200

Fuente

Carta a D. Miquel Iceta. Ministro de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España

Estimado Sr. Ministro:

Como arquitecto municipal que soy, en estos momentos en que se está preparando la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado que de buen seguro nos va a afectar a todos, me gustaría compartir con usted una reflexión sobre mi profesión y sobre la realidad de que la función pública de un arquitecto no se limita sólo al ámbito estatal. De hecho solo el 6,5% lo ejerce en este ámbito. Más de la mitad de los arquitectos que ejercemos en la función pública lo hacemos desde la administración local y el resto entre la docencia y la administración autonómica.

El atreverme a escribirle esta carta quizá se deba a la constatación del trato modélico que en el ámbito estatal se da al arquitecto en la función pública. Exigencia y uniformidad en el acceso a las plazas conduce a profesionales mejor capacitados que dan prestigio a la Institución y también a la Profesión. El problema es que Estados sólo hay 1 y ayuntamientos en España más de 8.000, y los arquitectos municipales llevamos muchos años soportando 8.000 criterios distintos para acceder a la función pública dentro de la administración local.

No considero un argumento a favor de esta diversidad de criterios la recurrencia a la autonomía local. Que se consulte por ejemplo la Ley de Bases de Régimen Local y en concreto su Artículo 92 bis sobre Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional para rebatirlo.

Movilidad, promoción interna, cursos para funcionarios en prácticas, formación para unificar criterios, frecuencia en la convocatoria de plazas, temarios y sistema de oposiciones homogéneos,... son conceptos que los arquitectos municipales, salvo contadas excepciones, no podemos disfrutar y que nos hacen mirar con sana envidia a ese 6,5% de nuestros compañeros que se encuentran en la función pública estatal.

Cuando se habla del arquitecto en la función pública local, se debe hablar de competencias, pero no solo de las profesionales, sino también de las institucionales sobre el territorio y el urbanismo, distintas pero no por ello menos importantes que las competencias sobre el asesoramiento legal o sobre la gestión económica de un municipio. Es curioso observar cómo el cambio competencial que supuso para el urbanismo la instauración del estado de las autonomías hace ya más de 40 años, no se haya visto reflejado desde entonces en ninguna ley de base estatal que favorezca la coordinación de nuestros ayuntamientos con sus comunidades autónomas respecto a dicha cuestión.

A las puertas de presentarse una Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, veo una gran oportunidad para que el Estado, como administración garante de la autonomía local, regule mediante legislación básica, las competencias urbanísticas de interés general atribuidas a los Ayuntamientos y compartidas constitucionalmente con las Comunidades Autónomas. Sería tan sencillo como modificar desde esta nueva Ley, la ley 7/1985 Reguladora de las bases de la administración local (ya hay precedentes) incluyendo un nuevo artículo al texto, el 92 ter, donde se faculte a las Comunidades Autónomas a la creación de un cuerpo de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter autonómico dirigidas al control y fiscalización del urbanismo.

Con este simple gesto de la administración estatal, se conseguiría una mejor coordinación efectiva entre las dos administraciones con competencias en urbanismo. No es esta una propuesta para beneficiar a los arquitectos de la función pública, es una propuesta para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía.

Lo que acabo de exponerle estoy seguro que generará más exigencia y uniformidad en el acceso a las plazas vinculadas al territorio dentro de los ayuntamientos y producirá profesionales mejor capacitados que darán mayor prestigio a las Instituciones y también a las Profesiones que representan. Llevamos 14 años esperando esta Ley y desearía que no tuviésemos que esperar otros 14 más para solucionar la cuestión que aquí le expongo.

Reciba un cordial saludo

Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España. UAAAP/CSCAE

[608] El Plan General de Marbella o como sobreponerse a las adversidades (merecidas o inmerecidas)

Tue, 11 May 2021 06:46:09 +0200

Mucho se ha escrito sobre la odisea que en que los últimos años se ha visto inmerso el Ayuntamiento de Marbella con referencia a su urbanismo municipal. Nuestro breve objetivo aquí no es el de manifestar ningún juicio de valor al respecto, sino mas bien el de recoger datos cronológicos de sus acertadas recientes actuaciones, que sirvan a otros ayuntamientos de España para sobreponerse a circunstancias adversas similares, merecidas o inmerecidas, y que desde su responsabilidad municipal puedan seguir mirando hacia adelante sin pausas para lamentarse, pero también sin prisas para obviar acciones tan importantes y tan legales como son la participación ciudadana y los criterios medioambientales, sin tener que esperar en este caso a la aprobación de una próxima ley autonómica en la que basar la aprobación inicial del documento. Hay mucho urbanismo que hacer antes de la aprobación inicial de un PGOU. Participar no es sólo alegar.

".../... nuestra intención es poder realizar la aprobación inicial del nuevo Plan General bajo el paraguas de la nueva ley que está gestionando el Gobierno andaluz, La LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía .../..."
Ángeles Muñoz. Alcaldesa de Marbella
Fuente

02/2010 •Aprobación del PGOU

10/2015 •Anulación PGOU 2010 por el Tribunal Supremo

12/2015 •Protocolo de actuación municipal a la vista de la anulación

12/2017 •Aprobación texto refundido PGOU 1986

05/2018 •Criterios y objetivos del nuevo PGOU

05/2018 •Modificación del PGOU 1986

07/2018 •Adaptación PGOU 1986 a la ley autonómica

11/2018 •Dictamen jurídico urbanístico sobre la situación generada tras la nulidad

10/2019 •Medidas de coordinación y participación-publicidad activa

12/2019 •Consulta pública previa del nuevo PGOU (Ley 39/2015)

07/2020 •Aprobación Avance nuevo PGOU

09/2020 •Remisión al órgano ambiental del Documento Inicial Estratégico (DIE)

01/2021 •Fin del plazo de sugerencias y alternativas al Avance del nuevo PGOU

09/2021 •Aprobación Estudio de Impacto Ambiental

[607] Presencia de las Organizaciones Colegiales de Arquitectos de España en Twitter. Segundo trimestre 2021

Mon, 10 May 2021 07:16:37 +0200

Fuente: SparkScore

[606] Encuesta sobre elementos susceptibles de provocar contaminación visual en conjuntos históricos

Thu, 18 Mar 2021 13:18:08 +0200

La contaminación visual o perceptiva constituye, sin lugar a dudas, una de las amenazas que con mayor incidencia están afectando en nuestros días al patrimonio histórico. La sociedad contemporánea, con sus avances y novedades tecnológicas, que persiguen obtener una mayor comodidad en todos los terrenos de la vida, ha traído consigo la obligación de incorporar en la ciudad unos elementos que, si bien es cierto resultan elementales para el desarrollo de unos servicios sin los cuales sería difícil imaginar nuestro día a día, ponen sobre la mesa un duro debate en el que se sitúan frente a frente la conservación del patrimonio histórico y las formas de vida de la ciudad actual. Conseguir el equilibrio entre ambas partes y llegar a posiciones consensuadas y asumidas por la ciudadanía se convierte en uno de los objetivos que nuestra sociedad tiene el deber de cumplir. Lograr el desarrollo sostenible entre historia y presente, tecnología y patrimonio, debe ser el reto de las políticas patrimoniales del s. XXI.

Fuente: Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva (PDVP) del Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla)

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