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[638] Iniciativas de Corporaciones Colegiales de Arquitectos para facilitar el urbanismo a los municipios

Wed, 22 Jun 2022 10:27:53 +0200

La competencia bicefálica que la legislación vigente en España otorga al urbanismo, por un lado municipal artículo 25.2.a) de la Ley de Bases y por otra autonómica artículo 148 de la Constitución, hace que en muchas ocasiones aparezcan lagunas de interpretación sobre cuestiones urbanísticas entre el legislador autonómico y el municipio que tiene que aplicar esa legislación. Por ello es de agradecer iniciativas como la del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos CACOA, de publicar cuadros aclaratorios sobre la reciente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Iniciativas como esta son perfectamente extrapolables a otras Comunidades Autónomas y a otras Corporaciones Colegiales y desde esta plataforma animamos a ello.

•SENTIDO DE LOS SILENCIOS EN LOS INFORMES SECTORIALES

•SENTIDO DE LOS SILENCIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

•ACTUACIONES DE TRANSFORMACION URBANISTICA Y ACTUACIONES URBANÍSTICAS

•ACTUACIONES EN SUELO RÚSTICO

•EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

[637] Una declaración irresponsable

Tue, 14 Jun 2022 08:34:35 +0200

Hace años, en muchos municipios de España, se construía sin licencia de obras y se le daba autoridad en la materia al denominado maestro de la villa que con unas mínimas directrices aceptadas por todos los vecinos, incluso verbales, iban haciendo que crecieran nuestros pueblos y ciudades.

Todo esto ahora es lógicamente impensable, pero el problema es que en estos últimos años, los procedimientos burocráticos para poder edificar se han ido multiplicado irracionalmente.

Muchos grandes edificios que vemos hoy en día en nuestras ciudades se realizaron desde proyectos arquitectónicos con diez veces menos contenido documental que los actuales, con diez veces menos legislación aplicable y pasando por diez veces menos de procedimientos.

Teniendo todo esto en cuenta, lo que nos tendría que sorprender, no es que una licencia tarde 12 meses en concederse, sino que no tarde 36.

Ahora se quiere proponer que la solución de todos los males pase por la declaración responsable para licencias de obra mayor. No es que me parezca mal, al contrario creo que esa será, junto con la implantación del BIM, el final de todo este proceso.

Con lo que recelo es que se empiece solo por eso y lo que es peor, que todo se quede ahí sin tener en cuenta el necesario fomento de la labor de inspección que debe acompañar a todo este proceso.

Una patada hacia adelante, sin solucionar las circunstancias a las que me he referido anteriormente, simplemente pospondrá el problema, no lo solucionará.

Hará que una corrección que antes se hacía con el ratón de un ordenador se tenga que hacer ahora con una piqueta, que se criminalice a quien denuncie ilegalidades y que en un principio se libere de responsabilidad a la administración local, para después tener ésta que actuar ante hechos consumados.

No se que pensarán de todo esto los bancos que financian, las compañías que aseguran y los registradores que inscriben. Yo si creo en la declaración responsable, pero en una declaración responsable de implantación gradual solo para cierto tipo de actuaciones y como parte de un proceso, no como la panacea inmediata y única de todos los problemas.

Hay que seguir las directrices europeas y pienso que a la larga estos modelos anglosajones tendrán asiento en nuestra sociedad para determinadas situaciones.

No debemos olvidar que, ahora más que nunca, debemos apostar por reducir documentación, legislación y procedimientos, así conseguiremos una declaración responsable, no solo eficaz a corto plazo y aceptada socialmente por todos, sino que tendremos una herramienta útil de futuro, capaz de cambiar nuestra forma de actuar frente a la administración.

Trabajemos para que las declaraciones responsables no se conviertan en declaraciones irresponsables. En declaraciones de licencias de obras diferidas sobre hechos consumados. Trabajemos para que no sigamos manteniendo la misma problemática con la que actualmente nos enfrentamos, pero con el edificio a medio construir. Trabajemos para reducir el contenido documental que se somete a licencia, para reducir la legislación aplicable y para simplificar los procedimientos.

Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España. UAAAP/CSCAE

[636] La movilidad del arquitecto municipal

Tue, 07 Jun 2022 08:18:31 +0200

Como arquitecto municipal, en estos momentos en que se está preparando la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado que de buen seguro nos va a afectar a todos, me gustaría compartir una reflexión sobre mi profesión y sobre la realidad de que la función pública de un arquitecto no se limita sólo al ámbito estatal. De hecho solo el 6,5% lo ejerce en este ámbito. Más de la mitad de los arquitectos que ejercemos en la función pública lo hacemos desde la administración local, encontrándose el resto entre la docencia y la administración autonómica.

Es un hecho incuestionable el trato modélico que en el ámbito estatal se da al arquitecto en la función pública. Exigencia y uniformidad en el acceso a las plazas conduce a profesionales mejor capacitados. El problema es que Estados sólo hay 1 y ayuntamientos en España más de 8.000, y los arquitectos municipales llevamos muchos años soportando 8.000 criterios distintos para acceder a la función pública dentro de la administración local.

No considero un argumento a favor de esta diversidad de criterios la recurrencia a la autonomía local. Ahí tenemos por ejemplo la Ley de Bases de Régimen Local y en concreto su Artículo 92 bis sobre Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional para rebatir que no todo vale a nivel municipal.

Movilidad, promoción interna, cursos para funcionarios en prácticas, formación para unificar criterios, frecuencia en la convocatoria de plazas, temarios y sistema de oposiciones homogéneos,... son conceptos que los arquitectos municipales, salvo contadas excepciones, no podemos disfrutar y que nos hacen mirar con sana envidia a ese 6,5% de nuestros compañeros que se encuentran en la función pública estatal.

Cuando se habla del arquitecto en la función pública local, se debe hablar de competencias derivadas de su formación sobre el territorio y el urbanismo, distintas pero no por ello menos importantes que las competencias sobre el asesoramiento legal o sobre la gestión económica de un municipio. Es curioso observar cómo el cambio competencial que supuso para el urbanismo la instauración del estado de las autonomías hace ya más de 40 años, no se haya visto reflejado desde entonces en ninguna ley de base estatal que favorezca la coordinación de nuestros ayuntamientos con sus comunidades autónomas respecto a dicha cuestión.

A las puertas de presentarse una Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, veo una gran oportunidad para que el Estado, como administración garante de la autonomía local, regule mediante legislación básica, las competencias urbanísticas de interés general atribuidas a los Ayuntamientos y compartidas constitucionalmente con las Comunidades Autónomas.

«Lanzo desde aquí la propuesta de modificar desde la nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, la ley 7/1985 Reguladora de las bases de la administración local (ya hay precedentes con el 92 bis) incluyendo un nuevo artículo al texto, el 92 ter, donde se faculte (no se obligue) a las Comunidades Autónomas a la creación de un cuerpo de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter autonómico dirigidas al control y fiscalización del urbanismo.»

Con este simple gesto de la administración estatal, se conseguiría una mejor coordinación efectiva entre las dos administraciones, la local y la autonómica con competencias en urbanismo. No es esta una propuesta para beneficiar a los arquitectos de la función pública, es una propuesta para mejorar la independencia, calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía.

Lo que acabo de exponer estoy seguro que generará más exigencia y uniformidad en el acceso a las plazas vinculadas al territorio dentro de los ayuntamientos y producirá profesionales mejor capacitados que darán mayor prestigio a las Instituciones y también a las Profesiones que representan.

Termino con un ruego. Si esta próxima Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, no se llega a considerar el tren adecuado para subir esta propuesta, téngase la misma en cuenta para futuros cambios legislativos sobre la Ley 7/1985.

Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España. UAAAP/CSCAE

[635] Microencuesta. Barandillas y CTE

Thu, 19 May 2022 09:18:21 +0200

Cuando en viviendas recién terminadas vemos barandillas escalables en balcones que no cumplen con la normativa de seguridad, ¿Quién crees que es el responsable?
— blogdelaunion (@blogdelaunion) May 19, 2022

[634] Las 100 cuentas más influyentes en twitter de los arquitectos de España

Tue, 17 May 2022 10:31:03 +0200

Desde la UAAAP/CSCAE queremos mostrar nuestro agradecimiento a Top Influencers por incluir una sección de arquitectos de España en su página web donde se recoge una base de datos de las cuentas más influyentes en la red social Twitter y artículos relacionados con el mundo de Internet, la cultura, la tecnología y otros temas de interés.

Incluimos aquí la relación extraída de Top Influencers, a fecha de mayo 2022, de las 100 cuentas más influyentes en Twitter de los Arquitectos de España , basada en el algoritmo de influencia en Twitter. Se incluyen todas las cuentas relacionadas con la profesión como usuarios personales que son arquitectos, estudios de arquitectura, microblogs del sector y Colegios de Arquitectos entre otros muchos.

Descarga del listado en PDF

[633] ¿Qué es lo que puede aportar una marca personal a los trabajadores de la administración?

Thu, 21 Apr 2022 11:41:36 +0200

Si preguntamos a muchas personas que están trabajando en una administración pública posiblemente te responderán que para qué necesitan ellos tener una marca personal, un blog o una cuenta en LinkedIn. El argumento más habitual que se repite es el de «si yo ya tengo trabajo»

Pero es que la marca personal va mucho más allá de conseguir un empleo. La marca personal no es algo que tenemos que dejar arrinconado una vez hemos encontrado trabajo o a lo que no tengamos que dedicarle tiempo si ya lo tenemos.

La marca personal es algo que es inherente a todos nosotros como personas y como profesionales, y el hecho de no contar con una marca personal también es una forma (aunque negativa) de tenerla.

Por tanto, si la marca personal va unida al concepto de profesionales, y las personas que trabajamos en las administraciones públicas somos profesionales, se hace inevitable que todos los aspectos que engloba la marca personal sean aplicables a los funcionarios y funcionarias aunque con las peculiaridades propias de nuestro sector.

¿Qué es lo que puede aportar una marca personal a los trabajadores de la administración?

•Conocer a otros compañeros que trabajan en otras administraciones públicas

•Acceder a contenido de interés

•Nuevas oportunidades profesionales

•Nos permite conocernos mejor como profesionales

•Aprender a utilizar nuevas herramientas

•Dar visibilidad al trabajo que realizamos

•Mejorar nuestra imagen profesional y personal

•Conocer a otros compañeros que trabajan en otras administraciones públicas

Si quieres desarrollar tu marca personal y nos sabes ni cómo hacerlo ni por donde empezar aquí tienes esta guía práctica sobre Marca personal en las administraciones públicas en donde encontrarás todos los pasos que tienes que seguir, los nuevos canales y formatos que puedes utilizar, la importancia del networking o la importancia de la especialización.

Fuente: Blog de Amalia López Acera

[632] Informes jurídicos para arquitectos municipales

Sun, 10 Apr 2022 09:08:20 +0200

Hay momentos en la vida en los que nos cruzamos con personas brillantes en su profesión a las que admiramos en sus acciones, pero que al acercarnos a ellas se muestran herméticas, prepotentes e inaccesibles. No fue este, ni mucho menos, el caso de Pere-Joan Torrent Ribert.

Su brillantez profesional era palmaria solo con escucharlo, así como su cercanía y generosidad para compartir sus conocimientos. Nunca se jubiló y cuando la edad le obligó a cambiar de trabajo, tuvimos la gran fortuna de que se fijara en nosotros, en los arquitectos municipales.

Pere-Joan asistía con regularidad a nuestras Juntas Directivas en la sede del CSCAE en Madrid y se convirtió desde un primer momento en un referente de conocimiento y de autoridad sobre cualquier materia jurídica relacionada con nuestra profesión para todos los que asistíamos a ellas.

Su implicación con nuestro proyecto fue máxima, y muestra de ello fue por ejemplo, cómo durante 11 años respondió a más de 500 consultas relacionadas con cualquier materia que pudiese afectar al trabajo de un arquitecto dentro de la administración en el foro de nuestro blogdelaunion.

Traemos aquí, como homenaje a nuestro amigo recientemente fallecido, este repositorio de informes jurídicos para arquitectos municipales elaborados por él durante más de una década.

La lectura de estos informes, más allá de que algunos no sean aplicables en su literalidad por cambios legislativos, aportan al arquitecto municipal una visión jurídica global y atemporal de su profesión muy recomendable y a veces, útil para salir airoso de los problemas a los que nos enfrentamos a diario en nuestro trabajo.

Descarga el PDF del libro

[631] Oficinas de apoyo a la rehabilitación de los Colegios de Arquitectos de España

Sat, 09 Apr 2022 09:55:37 +0200

Intervención de la Presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera y de la coordinadora de la Red OAR, Elvira López en la junta directiva de la UAAAP/CSCAE del 08.04.2022, hablándonos sobre las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos de España.

Las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos son un instrumento al servicio de las administraciones locales, de los profesionales y del conjunto de la ciudadanía para facilitar la gestión de las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas y regeneración de barrios y optimizar la ejecución de proyectos con el fin de que el mayor número de familias se beneficie de los fondos y puedan mejorar su calidad de vida.

Con respecto a la colaboración con las administraciones locales donde ejercen su labor profesional los arquitectos municipales destacamos el ofrecimiento de estas oficinas colegiales para apoyar y colaborar con los ayuntamientos en la gestión y tramitación de las ayudas europeas.

En concreto desarrollando las siguientes acciones:

• Colaboración con los técnicos municipales en la elaboración de propuestas para solicitar las subvenciones europeas.

• Colaboración con los técnicos municipales para la elaboración de informes de adecuación de las solicitudes de ayudas.

• Facilitar el trabajo a los ayuntamientos ofreciendo desde los Colegios de Arquitectos, ventanillas únicas, con servicios integrales para ciudadanos/as, profesionales y empresas de su localidad.

• Ofrecimiento de desplazamiento a los ayuntamientos para ofrecerles su asesoramiento.

• Ayuda en la solicitud y procedimientos para la rehabilitación sostenible de edificios de titularidad y uso público.

[630] Por la disciplina preventiva hacia un inventario del suelo rústico renovable

Wed, 09 Mar 2022 18:08:45 +0200

Desde hace muchos años tengo el convencimiento de que el hecho de la proliferación de edificaciones irregulares en suelo rústico es una cuestión de competencias y falta de coordinación entre las administraciones implicadas.

Vaya por delante que nadie cuestiona que las competencias sobre la disciplina urbanística en suelo rústico recaigan sobre los municipios como así queda recogido en el artículo 25.2.a) de la Ley de Bases.

También nos debería quedar claro que las comunidades autónomas asumen las competencias sobre la ordenación del territorio por el artículo 148 de nuestra Constitución aunque la cuestión se empiece a indeterminar cuando en ese mismo artículo y epígrafe se le asignan también competencias de urbanismo y vivienda. Escalas tan distintas hubiesen merecido epígrafes al menos distintos en la ley y con matices diferentes.

La diferencia entre urbanismo y ordenación del territorio cuando se aplica a las edificaciones irregulares en suelo rústico nos plantean una serie de conflictos. Las vías pecuarias no son diferentes cuando atraviesan distintos términos municipales, los arroyos no se desbordan solo hasta un límite administrativo y las parcelaciones y edificaciones irregulares, frecuentemente se nutren de moradores que en muchas ocasiones no tienen como primera residencia el término municipal donde se ubican.

Muchas más situaciones se nos podrían venir a la cabeza como las que acabamos de referir y después de años trabajando en la administración local, he llegado a la conclusión de que cuando hablamos de suelo rustico, solo en el 10% de los casos hablamos de urbanismo y en el 90% lo hacemos de ordenación del territorio, y eso se debería reflejar en la forma de afrontar la disciplina en esas clases de suelos.

Por simple cuestiones estadísticas, siempre hay una de las diecisiete leyes autonómicas de suelo que está en revisión y en estos momentos le ha tocando este cometido a la Comunidad de Andalucía.

Con sus luces y con sus sombras, esta recién aprobada ley andaluza pretende dar un giro radical, y creo que acertado, a la forma de entender la disciplina en el suelo rustico de nuestra Comunidad. No podía ser de otra manera, las 300.000 edificaciones irregulares que han aparecido en Andalucía durante los últimos 40 años harían ver a cualquiera que el sistema no funcionaba.

No obstante, en mi opinión, la nueva ley andaluza afronta con más determinación la solución de los problemas existentes que la prevención de que no aparezcan otros nuevos. En ese aspecto no es tan "valiente" como por ejemplo la ley gallega que atribuye todas las competencias sobre disciplina en suelo rústico a la Comunidad Autónoma, o la ley aragonesa que con la sola aprobación plenaria de Ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes, actúa de la misma manera, y todo ello, no nos olvidemos bajo el mismo paraguas de la Constitución y de la Ley de Bases de Régimen Local.

Yo soy menos ambicioso y tan solo me conformaría con que al menos en el Reglamento en elaboración que desarrollara la nueva ley andaluza quedara recogida una cuestión que creo de vital importancia para el devenir de la aplicación de la nueva ley en la materia que nos ocupa y para la coordinación de las administraciones implicadas.

Siempre he dicho que la disciplina preventiva es mas recomendable que la punitiva y en ese aspecto, potenciar la figura de los planes de inspección autonómicos y municipales es determinante.

Haciendo un poco de historia legislativa reciente, es curioso constatar como en el artículo 30 bis incorporado en el año 2012 en el reglamento de disciplina urbanística de Andalucía del año 2010 se exigían a los Ayuntamientos la redacción de un Plan Municipal de Inspección Urbanística con la inclusión de un inventario.

Pues bien en el año 2022, diez años después, por ejemplo en la provincia de Sevilla con más de 100 municipios, tan solo en uno de ellos se ha llevado a cabo ese cometido elaborando un documento con aplicaciones GIS de mas de 2.000 fichas inventariadas como el reglamento exigía. Por cierto, extrapolando el coste que ese inventario supuso al municipio, podríamos decir que a la Junta de Andalucía le saldría mas barato el inventario de todo su territorio rústico que a un trabajador que gane 30.000 euros anuales, tomarse un café al año. Una simple regla de tres. Sin embargo ese inventario que el reglamento de disciplina pedía a los planes de inspección municipales no se requería a los planes de inspección autonómicos por lo que estos lógicamente no pasaban de 4 folios donde se declaraban simplemente las prioridades de actuación.

Con los medios tecnológicos de que disponemos en la actualidad, no tiene sentido la elaboración de cerca de 800 inventarios, cada uno con criterios y formas de representación dispares entre si. El inventario del suelo rústico de Andalucía debería ser uno solo, con actualizaciones periódicas y que sirviera de base para la redacción de los planes de inspección municipales y autonómicos.

Quizá cuando tengamos una imagen global de la situación del suelo rústico de Andalucía actualizada cada cierto tiempo, nos daremos cuenta, sin tener que esperar otros cuarenta años, si el modelo elegido para regular la disciplina en la nueva ley funciona o si tenemos que, mas pronto que tarde, ir a por los modelos gallegos o aragoneses.

No pierdo la esperanza y al borrador del Reglamento he propuesto la inclusión de un nuevo punto 2.e)

Artículo 367. Plan General de Inspección Territorial y Urbanística.

1. La Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo elaborará y aprobará un Plan General de Inspección Territorial y Urbanística para el ejercicio planificado de sus competencias en materia de disciplina territorial y urbanística, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los municipios en materia de inspección y disciplina urbanística.

2. El Plan General de Inspección es el documento que establece las líneas genéricas de la actividad inspectora, y tienen por finalidad determinar los objetivos principales y las actuaciones prioritarias para

mejorar la calidad y la eficacia de la disciplina territorial y urbanística al servicio de la ciudadanía, garantizando la objetividad y la imparcialidad de la acción administrativa. Dicho Plan General tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Memoria, que contendrá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados a los objetivos de la actividad inspectora.

b) Objetivos generales, estrategias y líneas prioritarias de intervención de la actividad de inspección de

ordenación del territorio y urbanismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Ámbito temporal, que podrá incluir un Plan de etapas comprensivo del programa de actuación y los

tiempos de realización de cada una de sus fases.

d) Programa de seguimiento y control de las intervenciones realizadas, permitiendo así la evaluación

del cumplimiento del Plan.

e) Inventario con actualización trienal del suelo rústico de Andalucía que contendrá la relación de las edificaciones, asentamientos, parcelaciones y demás actuaciones que deben ser objeto de la potestad de disciplina urbanística o, en su caso, de legalización o reconocimiento, de conformidad con la normativa territorial y urbanística de aplicación con un seguimiento de las alteraciones producidas en todo el suelo rústico de Andalucía, basado en la superposición de ortofotos de distintas fechas con tratamiento GIS.

Los datos obtenidos de dicho inventario servirán de apoyo para la elaboración de los inventarios municipales.

Rafael González Millán. Arquitecto municipal

[629] Los informes sectoriales y el planeamiento general. Cuando la realidad supera a la ficción

Fri, 04 Mar 2022 13:12:34 +0200

Desde la firma por un Ayuntamiento del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de su Plan General hasta la remisión de la documentación a la administración autonómica para su aprobación definitiva han transcurrido 14 años, 9 meses y 21 días de los que 9 años, 5 meses y 21 días se han estado esperando informes sectoriales. (ver)

[628] Arquitectos Next Generation

Mon, 28 Feb 2022 14:33:44 +0200

Los fondos europeos “Next Generation” abren la puerta a un nuevo sector de la construcción basado en la rehabilitación y la regeneración urbana promoviendo una ola de renovación en la que los arquitectos debemos tener un papel protagonista.

Si quieres estar informado y compartir tus experiencias, únete a este grupo de Telegram administrado por blogdelaunion.

https://t.me/arquitectosnextgeneration

[627] Aplicación de nuevas tecnologias a la disciplina urbanistica. Trabajo de campo con dispositivo móvil

Thu, 17 Feb 2022 12:53:24 +0200

•Descarga la aplicación QField para QGIS en tu móvil o tablet.

•Descarga en tu ordenador los dos archivos incluidos en este enlace.

•Sube con cable USB (en breve se podrá hacer desde la nube) esos dos archivos a una carpeta que crees en tu móvil.

•Abre la aplicación, busca la carpeta creada y ejecuta el archivo con extensión .qgs

•Es una aplicación fácil e intuitiva de utilizar.

•No necesita conocimientos de QGIS. Contiene dos temas de fondo: catastro y foto aérea.

•Para ver cada una de las 4 capas existentes mantén pulsado un segundo cada capa.

•Opción de visualización y de edición para ir señalando en el mapa sobre la capa marcada datos de campo.

•Si te interesa, puedes subir posteriormente los datos de campo obtenidos a tu ordenador descargando el complemento QField Sync desde QGIS.

[626] In memoriam. Lluís Comerón: Un arquitecto que quería mejorar nuestra sociedad

Sat, 29 Jan 2022 11:50:16 +0200

Lluís entendía la arquitectura como un servicio a la sociedad y que nuestra responsabilidad es crear el hábitat de todas las actividades humanas. Entendía que debíamos escuchar a nuestra comunidad dándole forma a sus necesidades.

Lluís creía que la vivienda tenía que ser asequible y que era un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entendía que las ciudades tenían que funcionar y ser también bellas. Pensaba que el mundo en el que estábamos había cambiado dramáticamente y que debíamos entenderlo y preverlo.

Para Lluís su profesión era su vida, la respiraba, la protegía porque había que proteger a los que tenían que velar por la calidad de la arquitectura y asumir también las responsabilidades de los errores que se cometían y que se habían cometido, y debíamos establecer un marco que protegiera la ciudad y el medio ambiente para crear un entorno sostenible.

Para ello creó el Observatorio 2030. Creía en la igualdad y encargó, a la Cátedra Unesco de nuestra Escuela, un Plan de igualdad para la profesión de la Arquitectura en España.

Creía en la fuerza de las jóvenes generaciones y en la necesidad de protegerlas. Por eso, cuidó, junto al Ministerio, el trabajo de Europan.

Lluís nos hizo entender la importancia de firmar la Declaración de Davos que entendía que la ‘Baukultur’ era la cultura del entorno construido. Apoyó la Ley de Arquitectura que estaba creando nuestro Gobierno, interviniendo muy activamente en el largo proceso participativo que organizó la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.

Compartí con él su ilusión cuando contribuyó a conseguir que Barcelona fuera, en 2026, la sede de la reunión de la UIA y Capital Mundial, ese año, de la Arquitectura. Él había sido decano del Collegi d’Arquitectes de Catalunya. Y estaba ilusionado con traer a Madrid el Foro Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos 2022 sobre vivienda digna y adecuada. Su tiempo se repartía entre su casa y su estudio de Sant Cugat, con su familia, y su despacho de presidente del CSCAE en nuestra ciudad, que había hecho ya suya.

Lluís era muy generoso con su vida, gracias Laura por compartirlo.

Lluís, que creía en la arquitectura, creía en una profesión unida, en la fuerza de los Colegios, en que su amparo garantizaba la protección a nuestra sociedad.

Lluís entendía la diversidad de los territorios que componían su Consejo y lo que los unía. Oía y entendía todas las necesidades y respetaba las peculiaridades de esa mesa que presidía, y había conseguido convertir lo que había sido un campo de batalla en un hogar compartido.

Lluís había sido un buen profesor de Arquitectura y amaba la enseñanza y entendía que era muy importante que todos los docentes de las escuelas practicaran la profesión que enseñaban. Enmendamos juntos la Ley de Arquitectura, pedimos el apoyo del MITMA y teníamos pendiente ir juntos al Ministerio de Universidades para que lo entendieran.

Lluís entendía que había que ir de la mano escuelas y colegios, los que formamos y los que gobiernan esa profesión única que engloba el conocimiento de la arquitectura, desde la creación, pero también desde la técnica en esa unión en una carrera que asume todas las responsabilidades de la arquitectura.

Lluís creía en los amaneceres, y nos enviaba sus fotografías desde Sant Cugat a través del Instagram @lluiscomeron. Y hemos visto con él hasta el amanecer de su último día.

Manuel Blanco Lage. Director de la ETSAM y presidente de la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España.

Fuente: ABC

Fotografías: Ana Amado

[625] ¿Qué pasaria si un reglamento autonómico urbanístico exigiera el visado del proyecto básico?

Sat, 15 Jan 2022 10:13:03 +0200

Recientemente durante el periodo de consultas previas al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, he realizado una propuesta dentro del foro BPU Andalucía que se ha elevado a la Junta de Andalucía entre otras muchas para su consideración.

Esta propuesta consiste en incluir en el vigente artículo 12 del reglamento de disciplina sobre normas generales del procedimiento de otorgamiento de licencias de obras un nuevo punto 5 con el siguiente tenor literal “La documentación requerida para el otorgamiento de las licencias urbanísticas que deba ser suscrita por técnico colegiado competente deberá ir visada por el colegio profesional correspondiente.”

Saltan las alarmas. Cuidado, que alguien propone más trabas burocráticas al ya complejo recorrido de una tramitación de licencia de obras. ¿Visar el proyecto básico? ¿Pero esto como puede ser? Si lo que queremos son acortar plazos, ¿A qué viene ahora todo esto?

"Tranquilos, no conseguirán nada", para eso está el Real Decreto 1000/2010 donde el visado de un proyecto básico no tendrá nunca cabida. Un Real Decreto que en su exposición de motivos, aparte de declarar su carácter básico de competencia estatal en virtud del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, justifica los supuestos de visado obligatorio en la relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas y considerar al visado como el medio de control más proporcionado.

Parémonos aquí, el Estado mediante un Decreto reconoció al visado una utilidad en un tema tan delicado como la seguridad de las personas y sin abrir puertas de Pandora a privatizaciones ni a declaraciones responsables, utilizó un instrumento público aplicado por corporaciones de derecho público para solucionar un problema.

Resulta curioso apreciar cómo el seguimiento de la eficacia de este Decreto se dejó en manos del entonces Ministerio de Economía y Hacienda, el mismo Ministerio, aunque con distinta denominación, que ahora está poniendo encima de la mesa y con mucha razón otro problema de mucho calado que si bien no afecta a la seguridad de las personas, si afecta a la economía del país como es el retraso en la tramitación de concesión de licencias de obras.

Lo mismo no hay que mirar solamente al Estado para abordar esta problemática. Constitucionalmente las competencias sobre urbanismo están delegadas a las Comunidades Autónomas y estas también están preocupadas por estos retrasos. No seria malo aprovechar las legislaciones autonómicas sobre urbanismo para incorporar acciones que impliquen directamente a los Colegios Profesionales en la agilización de la concesión de licencias de obras.

Como pasa en muchas ocasiones, los ayuntamientos como los verdaderos sufridores de legislaciones que les afectan y en las que participan poco, tienen que leer y releer resquicios en la norma para buscar soluciones a problemas que se podrían regular más fácilmente desde los estamentos legislativos. Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Arquitectos de Sevilla han establecido un convenio de colaboración mediante el cual el visado voluntario del proyecto básico se convierte en un visado útil para la tramitación de licencia de obras. Vamos avanzando, en Andalucía ya sólo quedarían 784 convenios por suscribir.

¿Que pasaría si un reglamento autonómico urbanístico exigiera el visado del proyecto básico?

El Decreto de visado obligatorio hay quien piensa que perjudicó a los Colegios Profesionales. Permitidme que discrepe con matices. Los Colegios siguen cobrando por visar los proyectos de ejecución y la administración les ha excluido del procedimiento de licencias de obras. Una operación perfecta para intereses exclusivamente mercantilistas pero a los Colegios Profesionales les mueven, en este caso, otros motores y si no cómo se explican convenios de colaboración como el de Sevilla.

No creo que se le haga un favor a los Colegios Profesionales exigiéndoles que visen el proyecto básico, que se les pida que se impliquen en los procedimientos de licencias de obras, que colaboren con los ayuntamientos. No es cuestión de normativa básica estatal, ni de Directiva de Servicios, ni de restricciones a la libre competencia, estamos hablando de contar con corporaciones de derecho público, constitucionalmente establecidas, con una estructura territorial históricamente consolidada a lo largo de los años, para favorecer la celeridad de las tramitaciones de licencias de obras.

Quien argumente que el visado de un proyecto básico va a retrasar el procedimiento de licencia de obras creo que se equivoca. Es más, estoy convencido de que esta medida lo agilizará. Basta con analizar plazos de tramitaciones de licencias y plazos de visado para darse cuenta de este hecho. Creo que los Colegios Profesionales han dado ya suficientes muestras de su implicación con la Sociedad para que el legislador entienda que es un lujo que se siga prescindiendo de ellos, aunque tan solo sea con una mínima colaboración, en el procedimiento de concesión de licencias de obras y más aún ante la situación económica a la que nos está abocando la actual crisis sanitaria.

Algunas Comunidades Autónomas vieron en el año 2010 disuadidas sus intenciones de exigir reglamentariamente la obligatoriedad del visado del proyecto básico. En ese conflicto de competencias, una Comunidad Autónoma, la del Principado de Asturias, mantuvo esa obligatoriedad con rango de Ley incluso tras la aparición del Real Decreto sobre visados obligatorios.

Transcribo aquí algunos párrafos del informe que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en el año 2011 argumentó para mantener en su Comunidad Autónoma la exigencia vía ley autonómica del visado del proyecto básico a raíz de la aparición del Real Decreto 1000/2010.

.../…También es importante destacar la referencia contenida en los Acuerdos adoptados por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE nº 254, 20/10/2010) y por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Canarias (BOE nº 258, 25/10/2010)". En ambos acuerdos se recoge expresamente que en interpretación del artículo 13 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ambas partes coinciden en interpretar que el contenido del Real Decreto sobre Visado Obligatorio "constituye una norma de mínimos que en nada afecta a la competencia de la Comunidad Autónoma para regular las condiciones de delegación o contratación con los colegios profesionales u otras entidades, cuando lo estime conveniente para la salvaguarda de la seguridad de los derechos de los consumidores, de las funciones de control y supervisión así como las de comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, relativa a los trabajos profesionales y a los proyectos técnicos".../...
.../...Como se recoge en la Circular emitida por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón de fecha 25 de Noviembre de 2010 " ... resultaría arbitrario que la Administración del Estado diese un alcance interpretativo diferente para las Comunidades Autónomas distintas a Canarias y Cataluña, siempre que el nivel competencia! sea equivalente al de estas dos Comunidades Autónomas. No se justificaría una interpretación diferente que pudiese incurrir en un trato desigual, por lo que consideramos que los Acuerdos referidos en los párrafos anteriores resultan de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón".../…
.../...A la vista de todo ello, y teniendo en cuenta asimismo que el Tribunal Constitucional ha reconocido el amplio margen que tienen las Comunidades Autónomas en base a su competencia exclusiva en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio en diferentes sentencias (entre otras, STC 61 /97, 275/2000, 164/2001 , ... ), se considera que la norma básica que constituye el Real Decreto 1000/2010 establece un común denominador normativo aplicable con carácter general en todo el territorio nacional, pero teniendo un carácter de mínimo común que la norma autonómica puede desarrollar para introducir sus propias peculiaridades en materias de su competencia.../…
.../...Las Comunidades Autónomas han venido ejerciendo, según sus respectivos Estatutos de Autonomía, sus competencias en materia de Urbanismo y Vivienda, estableciendo normativas que inciden especialmente en el proceso de edificación, y en particular, en aspectos referentes a la tramitación administrativa, a la función pública que implica la concesión de licencias, a la seguridad de la edificación, y a las garantías para los consumidores y usuarios, vinculando en múltiples ocasiones dicha tramitación al ejercicio de la función de visado colegial.../…
.../...En este sentido, el legislador asturiano, al exigir que el proyecto en base al cual se expida la licencia este visado, pretende contribuir a salvaguardar las garantías que para la Administración y los consumidores y usuarios deben observarse en dicho procedimiento urbanístico. A este respecto, también contribuye a evitar una mayor demora y costes añadidos, los retrasos que conllevarían la subsanación de posibles deficiencias y la resolución misma de la licencia y la percepción por los Ayuntamientos de los ingresos correspondientes a los impuestos sobre construcciones y obras, y otras tasas vinculadas a la concesión de licencias.../…
.../...Por todo ello, se considera que resulta vigente y aplicable lo dispuesto tanto en el Artículo 229 del Decreto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias (Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias), como en el Artículo 573, apartados 1 y 4, y concordantes del Decreto del Principado de Asturias 278/2007, de 4 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en adelante ROTU, en cuanto a la necesidad de que el Proyecto Técnico en el que se base la solicitud de licencia deberá disponer del correspondiente visado colegial.../…

En Andalucía la referencia a los visados se hace a nivel reglamentario y tengo la convicción de que si se incorpora al nuevo reglamento de Andalucía la propuesta que he expuesto al principio de este escrito, se incidirá sobre una causa endémica del problema de los retrasos de las tramitaciones de licencias de obras en muchos municipios como es la unificación de criterios y la organización de la documentación presentada.

Visando la documentación requerida para el otorgamiento de las licencias urbanísticas será mas fácil la unificación de criterios y la organización de la documentación presentada porque colegios de arquitectos hay muchos menos que municipios en Andalucía... y en el resto de España.

Obviamente tendríamos que hablar de un visado renovado dentro de los márgenes legales que se contemplan en la Ley de Colegios Profesionales, pero si la legislación como hasta ahora exime al visado de la participación en el procedimiento de otorgamiento de licencias de obras, no creo que el visado cambie y no olvidemos que si queremos que las cosas cambien no podemos seguir haciendo siempre lo mismo.

(PD. Este artículo no va dirigido a aquellos municipios donde las licencias de obras se otorgan en plazos razonables)

Rafael González Millán. Presidente de la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España

[624] Feliz año 2022

Fri, 31 Dec 2021 10:43:18 +0200

[623] El sistema de actuación por cooperación como sistema apagafuegos

Wed, 29 Dec 2021 09:12:41 +0200

Creo que todos tenemos claro que el sistema de actuación preferido por todas las legislaciones autonómicas de España, que traten sobre la materia, para la ejecución de actuaciones sistemáticas para la urbanización del suelo es el de compensación.

Y es lógico que esto sea así por cuestiones obvias, pero de vez en cuando aparecen problemas en las Juntas de Compensación que hacen que nos encontremos con urbanizaciones inacabadas, con cargas urbanísticas caducadas y que trastocan las expectativas de desarrollo económico y de bienestar de un municipio.

Todas las Juntas de Compensación empiezan con mucha fuerza al menos por parte de los propietarios que las impulsan, se aprueban bases y estatutos, se aprueban proyectos de reparcelación, se aprueban proyectos de urbanización e incluso se empiezan las obras pero...

Y entonces la administración actuante utiliza la legislación de que dispone, leyes y reglamentos, y busca soluciones. Y solo encuentra un camino, el cambio del sistema de actuación de compensación a cooperación.

Considero, y ese es el motivo de este artículo que las legislaciones autonómicas debieran poner más énfasis en la regulación del sistema de actuación por cooperación aunque este, junto con el de expropiación se consideren residuales en detrimento del sistema "estrella" que es el de compensación.

Se debería legislar sobre el proyecto de cooperación según en que momento este apareciera, no es lo mismo un sistema de cooperación implantado desde el principio por el planeamiento que un sistema de cooperación que aparezca por incumplimiento de plazos y dentro de este incumplimiento, aquel que aparezca con la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación y urbanización, incluso con la urbanización a medio terminar.

Traigo un ejemplo que explica el problema que surge en los ayuntamientos cuando se enfrentan a una redacción de articulado cuanto menos confusa e interpretable. Aunque afecta a la Comunidad autónoma de Andalucía, creo que será fácilmente entendible por los lectores de otras Comunidades.

Leamos el artículo 123.2 "Características del sistema de actuación por cooperación" de la recientemente derogada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, eliminado en la nueva Ley para ser tratado en un futuro desarrollo reglamentario:

"2. Al determinar la actuación por el sistema de cooperación, la Administración deberá regular el procedimiento al que han de ajustarse los propietarios para abonar los gastos de urbanización y gestión, bien en metálico o mediante aportación de aprovechamiento lucrativo. Los gastos de gestión del sistema no podrán ser superiores al diez por ciento de los gastos previstos para la urbanización.
A tal efecto, en el acuerdo de aprobación del sistema de cooperación se requerirá a los propietarios interesados para que, en plazo de 15 días, opten expresamente por la forma en que abonarán los gastos.
Los propietarios que no hubieren efectuado dicha opción, o que rechazaran el sistema, quedan vinculados al régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámite. La misma regla se aplicará cuando se trate de propietario único y cuando el sistema de cooperación se imponga como sustitución del de compensación, en cuyo caso no será precisa la práctica de requerimiento alguno."

Le puede surgir a alguien la duda, que esperemos que el reglamento de la nueva ley lo resuelva, de cómo tiene que actuar el Ayuntamiento cuando el sistema de cooperación se impone como sustitución del de compensación por incumplimiento de plazos por parte de una junta de compensación, con cargas de urbanización caducadas, para terminar la urbanización y que según ese artículo no sería preciso requerir a los propietarios interesados para que, en plazo de 15 días, opten expresamente por la forma en que abonarán los gastos.

En el caso de tener ya aprobados los proyectos de reparcelación y de urbanización, tendríamos tres interpretaciones posibles del artículo:

A. Aunque no fuese preciso la práctica de requerimiento alguno, que el Ayuntamiento acordase en el acuerdo de cambio de sistema dar la opción mediante requerimiento de abonar los gastos de urbanización y gestión, bien en metálico o mediante aportación de aprovechamiento lucrativo y que con los resultados obtenidos se procediese a redactar un nuevo proyecto de reparcelación.
B. Que al haberse producido el incumplimiento no quedara otra opción al Ayuntamiento que vincular a todos los propietarios al régimen de aportación forzosa mediante reparcelación.
C. Que no se haga ningún requerimiento y que los costes de la urbanización que falta por ejecutar se distribuirán entre todos los propietarios en proporción al aprovechamiento de sus respectivas fincas recogido en el proyecto de reparcelación ya aprobado, solicitándoles el pago anticipado de las cantidades a cuenta de dichos costes por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, debiéndose efectuarse este en el plazo de un mes desde el requerimiento que se formule por la Administración actuante y que transcurrido dicho plazo, la Administración pudiese proceder a la exacción de las cuotas por la vía de apremio.

¿Con cuál nos quedamos? Yo ya lo tenía claro con la legislación ahora derogada. ¿No se que opinan los lectores? Espero que el nuevo reglamento que se está preparando sobre Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía aclare, al que aún le puedan surgir dudas, que camino tomar.

Rafael González Millán. Arquitecto municipal

[622] Conoce la Unión de Arquitectos de las Administraciones Públicas de España UAAAP/CSCAE

Tue, 21 Dec 2021 14:24:27 +0200

Aprovechando la generosa invitación del Colegio de Arquitectos de Jaén para participar en su Asamblea General de 2021 hemos intentado explicar en un video de 6 minutos, los últimos 12 años de esfuerzos de la UAAAP/CSCAE para dar a conocer a la Sociedad el trabajo de los Arquitectos de las Administraciones Públicas de España.

La UAAAP es una agrupación de representantes de Colegios de Arquitectos vinculados con las Administraciones Públicas, constituida en Madrid en 1990 en el marco y bajo la tutela del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

[621] Feliz Navidad

Fri, 17 Dec 2021 09:03:44 +0200

[620] Sobre la Hoja de Estadística de la Edificación

Wed, 15 Dec 2021 14:21:09 +0200

Fondos europeos Next Generation.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas

Cuando se pretende por parte de la Administración que incluyamos en nuestros proyectos arquitectónicos documentos del CTE que justifiquen por ejemplo la exigencia básica de protección contra el radón en recintos cerrados de los edificios, se nos queda cara de circunstancias cuando nos percatamos que en más de 50 años, solo se ha sido capaz de cambiar de la Hoja de Estadística de la Edificación, el escudo, el color y el formato de díptico a tríptico.

Hoja de Estadística de la Edificación 1970

Hoja de Estadística de la Edificación 1990

Hoja de Estadística de la Edificación 2021

[619] Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación

Tue, 14 Dec 2021 22:47:35 +0200

Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente para la rehabilitación, impulsada por la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA, para el desarrollo del Anexo I del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Dirección General de Vivienda y Suelo.

El documento ha sido elaborado por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - CSIC, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

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